El caso de la banda de policías que actuaba en la región cuyo juicio tendrá a algunos efectivos en debate oral y a otros en trámite abreviado, tuvo a un sampedrino involucrado: Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, quien fue investigado y sobreseído por falta de pruebas.

Camino a la elevación a juicio de una investigación que comenzó cuando un delincuente perdió un celular al momento de escapar tras un robo, el fiscal Patricio Múgica Díaz consideró que no había elementos probatorios suficientes para endilgarle participación en los hechos investigados.

La falta de pruebas de cargo idóneas fue fundamental para que el santalucense quedara afuera de la investigación que ahora va a juicio y el juez Román Parodi dispuso "sobreseer totalmente a Juan Ramón Reinoso en orden a los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública".

A su vez, además de la causa penal Reinoso enfrentó un sumario administrativo ante la  Auditoría General de Asuntos Internos, donde también fue sobreseído y evitó así una sanción, lo que le permitió continuar trabajando, como hasta hoy, como efectivo de la Policía Bonaerense.

Juan Reinoso había sido detenido por la Policía Federal el 21 de septiembre de 2023, cuando la Justicia ordenó alrededor de 25 allanamientos en toda la región. Un mes más tarde, recuperó la libertad por falta de mérito para la prisión preventiva.

En su declaración dijo que con la única persona de las involucradas en los hechos con los que tuvo contacto fue con Lucas Artioli, el jefe de calle de Ramallo sindicado como cabecilla de la banda investigada, porque habían sido compañeros y mantenían vínculo laboral cuando ocurrían hechos relacionados entre Baradero, su nuevo destino, y Ramallo.

En 2022, Artioli le mandó mensajes por WhatsApp para comentarle que tenía un cupo de horas Cores disponible para la Comisaría de Baradero, por si le interesaban. Tenía que hablar con un tercero, con quien no se comunicó porque "no quería tener inconvenientes".

Reinoso declaró que nunca le pidieron dinero por horas Cores y que las que cumplió siempre fueron controladas por planilla y libro por parte de la encargada de la oficina administrativa y el jefe de la policía de Baradero.

En la causa obraban tres transferencias de dinero de Artioli a la cuenta de Reinoso, quien señaló en su declaración que esos montos correspondían a una suma que el sindicado como jefe de la banda de policías delincuentes le debía, pero que nada tenía que ver con retorno de horas Cores o algún tipo de actividad ilícita.

Las medidas de prueba producidas en el marco de la investigación que lleva a la banda a juicio respaldaron la declaración de Reinoso, lo que motivó la solicitud de Fiscalía de sobreseer totalmente al santalucense, a lo que el juez de Garantías Román Parodi accedió.

El fiscal Patricio Múgica Díaz llevará a juicio a los policías y civiles involucrados en la banda que lideraba el exjefe de calle de la Bonaerense en Ramallo Lucas Rubén Artioli y que tuvo al sampedrino Juan Ramón Reinoso, oriundo de Santa Lucía, entre los involucrados.

La semana pasada, cuando iba a desarrollarse el juicio oral, aparecieron propuestas ante el Tribunal para que algunos de los acusados sean juzgados mediante trámite abreviado, reveló El Norte.

Los imputados eran en total ocho policías y tres civiles, entre los que están quienes irán a debate y los que eligieron la modalidad abreviada. Entre los últimos, el propio Artioli, señalado como cabecilla de la banda. Además hubo efectivos que quedaron fuera de sospecha, entre ellos Reinoso.

Los demás están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, entre ellos robos a mano armada con encapuchados y privación ilegítima de la libertad; hurtos; custodias no registradas y manejo discrecional de horas adicionales (Core) a cambio de retornos, cobrados vía transferencias en billeteras virtuales.

La sospecha es que fueron parte de una serie de robos cometidos en la región y además hay otro grupo, vinculado a este, a quienes acusaron de vender droga que se quedaban de operativos.

El fiscal Múgica Díaz comenzó la investigación en julio de 2022 cuando analizó un celular que un grupo de delincuentes había olvidado al escapar tras cometer un robo.

La tarea investigativa logró mapear la estructura delictiva y un año después se ordenaron 25 allanamientos. En ese marco, un comisario se quitó la vida antes de que lo allanaran y dejó un video en el que reconocía ser parte de la banda "del teniente primero Artioli".

Entre esos allanamientos, uno tuvo lugar en Santa Lucía, en la casa del oficial Juan Ramón Reinoso, vecino de esa localidad de San Pedro que se desempeñaba en Baradero y además es abogado.

A Reinoso ese día lo detuvo la Policía Federal, encargada de los procedimientos. Fue involucrado en la trama relacionada con el cobro de "changas" de custodia sin aviso a los superiores y en el manejo discrecional de horas adicionales, pero no aparece en la causa relacionada con la venta de drogas. 

Juan Ramón Reynoso fue sobreseído tanto en la causa penal como en el expediente administrativo ante Asuntos Internos.

Tras dos largas audiencias, este viernes se desarrollaba en San Nicolás la última ronda de testimonios en el juicio por jurados contra los policías Rodrigo Velázquez y Emanuel González por la muerte de Germán López García.

El jueves pasaron por la sala, ante el Tribunal y el jurado ciudadano, testigos de la parte acusadora, con los fiscales Hernán Granda y Rubén Darío Giagnorio al frente, cuyos relatos fueron relevantes respecto de cómo sucedieron los hechos.

Además de Granda y Giagnorio, participa del juicio personal de la Dirección de política contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, que acompaña a la familia de Lópes García.

Durante la audiencia hubo que requerir que retiraran a familiares de los policías imputados porque se escuchaban voces mientras los testigos prestaban declaración. Además, al menos dos personas que ofrecieron testimonio señalaron haber sido llamados por terceras personas, vinculadas con la defensa de los acusados, para decirles que “no era necesario” que fueran a testificar.

Además, prestaron testimonios los médicos que lo atendieron, quienes ratificaron que las lesiones que le provocaron la muerte fueron causadas por golpes contundentes que no podrían haber sido accidentales.

Este viernes, durante la tercera jornada del debate, declararán efectivos policiales y otros testigos propuestos por la defensa para, una vez terminada la ronda de testimonios, las partes expongan sus alegatos finales.

Luego, el jurado ciudadano deberá deliberar para establecer su veredicto respecto de la culpabilidad o no de los dos policías acusados de haber propinado una golpiza a Germán López García que le provocó la muerte 25 días después del hecho, internado en el Hospital.

El domingo 2 de mayo, alrededor de las 20.00, un móvil policial llegó a su vivienda para acompañar a una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 que había sido requerida porque Elisa Lencina, su esposa, se había descompensado.

La mujer estaba en un primer piso y hubo que requerir presencia de Bomberos para bajarla. En la puerta de su casa, Germán Lópes García discutió con médicos y policías. Un efectivo resultó herido con una tijera de podar. Él fue trasladado al Hospital en un patrullero, con un “traumatismo abdominal”.

Su familia acusó a la policía de propinarle “una golpiza” que “le rompió todo por dentro”. Tras siete intervenciones quirúrgicas y 25 días de internación, el albañil falleció.