El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

Un detenido que fue acusado por su expareja de abusar de la hija adolescente de ella aceptó someterse al trámite de juicio abreviado, con una pena máxima posible de hasta 12 años de prisión efectiva.

Alojado en la Unidad Penal 3 de San Nicolás desde que lo detuvieron el 18 de febrero de 2025, firmó el abreviado por recomendación de la Defensoría Oficial que lo asiste.

La defensa consideró que la pena que se le podría aplicar en un juicio oral y público podría ser mucho más alta que la de 12 años como máximo que acordaron con Fiscalía para el abreviado.

El acusado, de 56 años, fue denunciado por su expareja, quien dejó asentado en la Comisaría de la Mujer el relato de su hija, de 16 años, relacionado con situaciones de abuso sexual con acceso carnal.

Entre la víctima y el acusado hay mensajes de WhatsApp que resultaron comprometedores y que fueron parte de los elementos probatorios que permitieron dictarle prisión preventiva al imputado.

Desde la cárcel, el acusado envió una carta a La Opinión en la que asegura que en su caso hubo una "falsa denuncia" y cuestionó a la Justicia.

"Yo las ayudaba incondicionalmente, tanto a la chica como a la madre", dijo en la nota y aseguró: "Dios, la chica y yo sabemos que no es verdad. Yo, de mi parte, tengo la conciencia tranquila y duermo en paz".

"Pueden mentirle a jueces, fiscales y abogados, pero a nuestro Padre Celestial, no", dijo y agregó: "Lo mejor que puedo desearles es que busquen y conozcan a Dios y cambien sus vidas, así Él las puede perdonar".

"Sepan que la cárcel es un lugar muy duro, aunque yo estoy fuerte interiormente porque no cometí el delito del que se me acusa", señaló en la carta. 

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás dictó sentencia en el caso Salvador Eirín y declaró culpable de homicidio preterintencional a Walter de Araujo Otero, acusado en el caso.

Como había adelantado La Opinión, la causa se resolvió en juicio abreviado y el imputado fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que tras la audiencia recuperó la libertad, luego de permanecer casi un año y medio detenido.

La pena aplicada es la mínima para este tipo de delitos, teniendo en cuenta la falta de antecedentes del acusado, cuyos abogados, Karina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación penal, lo que favoreció su situación procesal.

De Araujo Otero había sido acusado inicialmente de homicidio simple y fue condenado por homicidio preterintencional, una figura que implica que la agresión que derivó en la muerte de Salvador Eirín no tenía como fin matar.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín, de 32 años, murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Será resuelto por la vía del juicio de trámite abreviado el caso de Salvador Eirín, el joven de 32 años que falleció tras sufrir un ACV días después de protagonizar una pelea con Walter de Araujo Otero, alías “el brasilero”, que era su amigo y permanece detenido.

De Araujo Otero había sido inicialmente acusado de homicidio simple, pero sus abogados defensores, Carina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación a homicidio preterintencional, una figura que tiene en cuenta que no hubo intención de causar la muerte.

Así, la fiscalía que conduce Viviana Ramos y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo para ir a juicio abreviado, cuya audiencia tendrá lugar el 17 de julio próximo y en la que el Juzgado establecerá si el acusado es culpable o no del delito del que se lo acusa.

Si hay condena, la pena que se le aplicará será la mínima para ese tipo de delitos, establecida en tres años de prisión, de ejecución condicional. Así lo acordaron fiscalía y defensa.  Detenido desde hace un año y medio, aguardaba resolución de Casación sobre el planteo de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Walter de Araujo Otero fue detenido identificado como la persona con la que Salvador se había peleado unos días antes de su fallecimiento. Estaba acusado de homicidio.

Su defensa presentó una pericia a cargo del médico y abogado Daniel Creus que consideró que "el deceso y la pelea" eran "hechos separados". Finalmente, lograron que la calificación sea distinta a la original y que De Araujo no sea acusado de haber tenido intenciones de matar a Eirín.

Así, el juicio abreviado es por homicidio preterintencional, una calificación que implica que si bien fue el autor de una agresión que derivó luego en la muerte, no tenía como fin ese resultado.

El homicidio preterintencional aparece cuando "el medio empleado por el autor" no debía "razonablemente" causar la muerte del agredido, aunque se trató de una acción que fue llevada adelante para causar daño.

La condena por transporte de drogas que recibieron el exgerente de Coplac Rafael Rodrigues y su cómplice, Nicolás Acuña Acevedo, fue innovadora respecto de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite celeridad en la administración de Justicia.

Ambos fueron detenidos el 18 de marzo cuando los interceptaron en ruta 1001 a bordo de un Toyota Corolla en el que llevaban escondido un ladrillo de un kilo de cocaína de máxima pureza.

Dos meses y medio después, en los primeros días de junio, el Juzgado Federal de San Nicolás que conduce Carlos Villafuerte Ruzo los condenó a cuatro años de prisión efectiva y dos años de prisión condicional, respectivamente.

El juicio fue a través de la institución del trámite abreviado, acordado entre el abogado de los imputados, Hugo Lima (h) y el fiscal federal Matías di Lello.

"El Estado consiguió la condena de dos personas. Uno salió en libertad y otro tuvo una pena menor", destacó Lima en diálogo con La Opinión y puso de relieve la importancia de la celeridad en los procesos judiciales.

"Aquí encontraron un kilo de cocaína de extrema pureza escondida en el auto. No había mucho que discutir, sino encontrar la mejor forma. Aprovechamos la posibilidad del juicio abreviado, lo pautamos, el juez lo homologó y dictó sentencia, en menos de tres meses", destacó.

Lima logró la pena mínima para Rodrigues, en un delito que tiene una escala que va de 4 a 15 años de prisión. La presunción de participación en una cadena de comercialización mayor podría haberle jugado en contra. Su condición de adicto y la falta de otros elementos de prueba favorecieron la consideración como "simple transportador" de la droga.

Apenas detenidos, Rodrigues y Acuña Acevedo fueron trasladados a la cárcel de Devoto. Desde allí contactaron a Lima y mantuvieron audiencias virtuales para el desarrollo del proceso. El brasileño quedó alojado en esa dependencia y el otro recuperó la libertad tras la condena.

"A la hora del acuerdo, les dije que no había mucho más para hacer. Ellos se dan cuenta, tenían toda esa droga encima, escondida en el auto, bajo el torpedo, la casa donde encontraron la plata era de Rodrigues, no había mucho para discutir", reconoció Lima.

Para el abogado, el proceso fue exitoso en la medida en que obtuvo penas menores para sus asistidos y "el Estado logró dos condenas". La sentencia no es apelable por haberse tramitado en juicio abreviado.

"Esto se achicó de un proceso de tres años a tres meses, todo el desgaste, escritos, gente, recursos, todo eso se ahorró, por eso el procedimiento fue muy innovativo", destacó Lima.