En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El juicio contra el dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y seis exempleados de la firma Rey Distribución por los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, entró en su etapa definitiva. 

Tras seis jornadas de producción de prueba y a más de cuatro años de la detención de Cabaleyro —Fernando Espíndola eligió el juicio abreviado—, la etapa testimonial concluyó el lunes con las declaraciones de un perito de parte, una psicóloga y un oficial de policía. 

Durante estas últimas exposiciones, la defensa —exempleados— a cargo del doctor Gabriel Ruiz dejó entrever su estrategia principal: sostener que los pagos o acuerdos económicos entre el empleador y el sindicato pueden constituir una infracción laboral bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el delito penal de extorsión.

Con ese escenario y con la presencia en el recinto de la senadora provincial y abogada Florencia Arietto, el martes a las 10.00 el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 2 dio inicio a la etapa de alegatos. 

El turno de la parte acusadora dejó en evidencia la gravedad de los cargos que enfrenta el líder sindical. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron para Cabaleyro una condena de 10 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La querella fue todavía más severa. La Asociación Anti Bloqueo, que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de Arietto, exigió para el dirigente sindical una pena de 15 años de prisión, manteniendo la solicitud de inhabilitación por una década para ocupar cargos. Por su parte, la defensa a cargo del doctor Gugger pidió la absolución de su representado. 

En cuanto a la situación de los seis extrabajadores de la distribuidora sampedrina, las partes acusadoras pidieron una pena de tres años de ejecución condicional. Sin embargo, en línea con el planteo técnico esbozado durante los testimonios, el doctor Ruiz adelantó que solicitará la absolución total de sus defendidos.

En el marco de la causa, se viralizó una comunicación telefónica entre el intendente Cecilio Salazar, que en su declaración dijo que intentó actuar como mediador, y Cabaleyro. 

Cuando el jefe comunal fue a declarar, el audio se reprodujo en la sala y encendió las alarmas de una negociación paralela, en clave sindical, para desbaratar el accionar judicial que había emprendido la fiscal Viviani cuando ordenó el desalojo.

Luego de que las defensas finalizaran el uso de la hora estipulada para exponer sus argumentos —incluyendo a los doctores Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación de Cabaleyro—, solo resta que el Tribunal delibere. Según los plazos procesales, el veredicto que definirá la situación judicial de todos los implicados se dará a conocer el miércoles 14. 

El juicio por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y Distribuidora Rey por el bloqueo de la planta y extorsión a la empresa, comenzó esta semana con cinco extensas jornadas en los tribunales de San Nicolás.

Este sábado en Sin Galera, la periodista de El Norte, Silvia D’Angelo, quien cubrió las audiencias, contó todos los detalles del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey, ya que Fernando Espíndola, que cumple prisión domiciliaria, quedó afuera del debate oral tras optar por un juicio abreviado. 

La periodista repasó los momentos claves de cada audiencia, que tras esta semana se encamina a la etapa de los alegatos y la definición. 

La primera jornada estuvo centrada en la declaración de Gustavo Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, que declaró durante más de cinco horas. “Fue el único testimonio del día”, comentó D'Angelo. 

La periodista de judiciales, relató que Gustavo sostuvo que los reclamos del sindicato comenzaron aproximadamente en 2017 y que, desde entonces la empresa comenzó a recibir pedidos de dinero equivalentes a un sueldo mensual. Además, mencionó que desde el Sindicato les exigían dinero adicional durante épocas electorales. 

“Cansados de los aprietes, fue lo que él dijo, decidieron dejar de pagar y ahí fue donde comenzaron los reclamos más fuertes y el famoso bloqueo”, relató D' Angelo.

En la segunda audiencia declararon los contadores de la empresa, donde la contadora de la empresa, Patricia Butti, declaró que las pérdidas por el bloqueo de la planta fueron de alrededor de $ 13.500.000, a valores de 2021.   

También habló el contador de la empresa, Víctor Grabovieski, reconocido por ser quien entregó la famosa caja de Chocolino con el dinero, cuya declaración, según D' Angelo no fue tan precisa. “Él dice que él no vio el contenido del dinero”, señaló. 

El abogado de la empresa, el Dr. Daniel Spirópulos también se presentó para dar su testimonio. En su declaración señaló que se actuó bajo presión debido a que los reclamos de Camioneros no eran lícitos. 

Durante la tercera jornada declaró Ariel Rey, cuyo testimonio estuvo cargado de emoción y además, se refirió a las pérdidas por el bloqueo que al día de hoy serían de 370 millones de pesos. 

 "Ariel Rey se quebró, lloró en varios momentos. Él fue justamente quien dijo que elSindicato le pedía plata, que específicamente Fernando Espíndola le pedía plata para el kiosquito de Cabaleyro", conto Silvia. 

En el cuarto día, la periodista de El Norte contó que hubo dos testimonios que se perdió, pero lo más relevante fue la declaración del proveedor de servicios de mantenimiento, que contó que en dos oportunidades fue testigo de la entrega de sobres con dinero para el Sindicato de Camioneros. 

Finalmente, D'Angelo relató cómo se vivió la quinta audiencia que contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar. 

En su declaración, el jefe comunal indicó que su rol en el conflicto fue sólo el de hacer de mediador y contactar a Camioneros y la Firma Rey para que dialoguen. Además, afirmó que desconocía el bloqueo de la planta durante el 22 al 26 de febrero, pese a las imágenes y videos públicos que mostraban la situación. 

Silvia contó que durante su testimonio se reprodujeron audios de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, en los que se escuchaba a Salazar mantener conversaciones vinculadas al conflicto.

Finalmente, respecto a los seis exempleados de Distribuidora Rey, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez, acusados por su participación en los bloqueos de la planta, la periodista comentó:

“Mi sensación es que van a quedar, digamos que los van a declarar absueltos, los van a absolver porque prácticamente no se habló de ellos”. 

Mientras tanto el juicio a Camioneros por la extorsión y bloqueo a la firma Rey continuará durante los próximos días en los tribunales de San Nicolás, con los últimos testimonios y camino a la etapa de alegatos y posteriormente la definición de la Justicia. 

«Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas», sostuvo tras brindar su testimonio ante la Justicia", ese fue el resumen de los casi 20 minutos que Salazar dijo haber estado en la sala de audiencias en la quinta jornada del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey.

La Opinión se comunicó con el Jefe Comunal para obtener declaraciones de primera mano y pese a que en febrero de 2022 el  bloqueo a la planta de la familia Rey en calle Bonorino cobró repercusión pública local y nacional, sostuvo que no tenía constancia de que la firma estuviese impedida de operar. Por entonces, Rey Distribución era proveedora de los alimentos de los comedores escolares y mantenía contratos de provisión en plena pandemia con acopio de mercadería en un galpón alternativo sobre el Camino Lucio Mansilla.

Desde la sala del Tribunal las conclusiones fueron diferentes, puesto que se reprodujeron audios que mantuvo Salazar con Cabaleyro.

 «Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción», se escuchó en uno de esos registros respecto de la orden que impartió al Comisario Juan Ramón Catalano cuando nadie imaginaba que la Fiscal María del Valle Viviani se iba a hacer presente en el lugar para liberar la entrada.

Lo cierto es que en los registros quedó claro que el intendente de San Pedro estuvo casi una hora declarando y cuando la defensa de Rey y la fiscalía pudieron interrogarlo se vivieron momentos de tensión porque no pudo explicar el motivo por el que le pedía al comisario que no deje constancia de un bloqueo porque era una protesta. 

Por la mañana, el Tribunal tomó declaración a la titular de la Secretaría de Trabajo, Dra. Sofía Rotundo. Su intervención en ese momento se limitó a dejar constancia de los reclamos que efectuaban los trabajadores: el cuerpo de baños que en un plazo determinado la empresa construyó en un terreno frente al depósito.

La quinta jornada culminó minutos antes de las 16.30 y la tarea continuará al menos hasta el 8 de octubre.

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Los Tribunales de San Nicolás fueron sede este martes de la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

En el inicio de la audiencia, la contadora de la firma Rey Distribución brindó un detallado informe sobre el perjuicio económico sufrido por la compañía durante el piquete y medida de fuerza llevado adelante por la organización gremial a la vez que según indicó el abogado de los trabajadores, Gabriel Ruiz reconoció que los empleados estaban declarados dentro del marco de empleados de comercio y que sus recibos de sueldo eran por media jornada ya que no eran literalmente choferes. De allí surgen las diferencias que se reclaman en favor de los seis trabajadores.

La contadora Patricia Butti sostuvo que se constató una pérdida de unos $ 13.500.000, a valores de febrero de 2021, que traducidos al valor dólar de entonces, significaron más de 140 mil dólares. Todo motivado por el bloqueo que paralizó las actividades de la firma sampedrina a lo largo de cinco días consecutivos, entre el 22 y el 26 de ese mes.

Después del testimonio que posibilitó darle relevancia a las implicancias de la medida adoptada por el gremio, llegó el turno de la declaración de la perita de la Asesoría Pericial, cuyo rol en la audiencia fue la examinar “la validez de los montos exigidos por el gremio y posteriormente abonados por los titulares de la distribuidora”. Tal como informó La Opinión, la pericia es concluyente si se toma como base lo que estipula el convenio del gremio Camioneros y no el de Comercio.

En este caso, lo actuado por la profesional tuvo como finalidad precisar si la deuda reclamada por los representantes sindicales se encuadraba dentro de las normativas existentes o si fue una extorsión contra los empresarios, que sustenta las bases de este juicio.

En la primera jornada, durante más de cinco horas, se pudo escuchar a Gustavo Rey, quien aparece a cargo de la empresa local. En la segunda, además de los contadores comenzó la declaración de Ariel Rey que continuó en la mañana de hoy. Para las próximas jornadas se esperan los testimonios de las partes citadas por los abogados y estiman que no habrá conclusiones hasta la semana próxima.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Desde la celda en la que está detenido desde marzo de 2025 y tras conocer la sentencia que lo condenó a seis años de cárcel por venta de drogas, Miguel Ángel Briceño aseguró que es inocente y que su condena "tiene fecha de vencimiento".

Briceño posteó un mensaje en redes sociales, acompañado de la noticia publicada por La Opinión respecto del juicio oral y público que se desarrollo en San Nicolás y cuyo resultado será apelado por sus abogadas, las penalistas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

"Mi condena tiene fecha de vencimiento. Que celebren la presunta victoria. Existe la verdadera justicia divina, eso lo tengo claro", dijo el dueño del restaurante El Clan, cuyo nombre le dio identidad pública a la causa.

"La justicia argentina está reflejada en este veredicto", aseguró Briceño y sostuvo: "Soy inocente de la acusación".

Briceño envió "bendiciones para los que eligieron tapar", en alusión a quienes él mismo denunció durante el juicio por "armar" la causa en su contra.

"Soy inocente y muchos lo saben, no solamente hablo de familia, sino la misma justicia, funcionaros públicos, pero es más fácil callar y condenar a una sola persona civil que ir contra ellos mismos", cuestionó.

"Si la misma Justicia no toma de raíz la corrupción, menos lo podremos demostrar nosotros", dijo y señaló que no le pesan los seis años y medio de cárcel que tiene por delante.

"Al menos luché para demostrar la falsa acusación, pero hoy me doy cuenta que una mano lava la otra y dos lavan la cara", dijo en su posteo.

"Bendiciones les mando a las personas que decidieron ocultar la verdad. En mi caso no se hizo justicia humana,  pero existe la justicia divina y no tengo duda alguna. No solamente conspiraron contra mi persona, también existe una familia detrás de mí y soy fiel creyente", finalizó.

Miguel Ángel Briceño fue acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo desde el restobar El Clan, utilizado "como pantalla". En la causa hay otros involucrados que eligieron ser sometidos a juicio abreviado.

Este lunes, desde las 8.00 de la mañana, se desarrolla en San Nicolás la primera audiencia del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La primera jornada es de selección del jurado, 12 vecinos de la región que tendrán la responsabilidad de establecer si la acusada es culpable o no de un asesinato.

El martes, ya con el jurado elegido, habrá alegatos de apertura y comenzarán a pasar los testigos que declararán en el juicio, lo que incluye peritos, profesionales de la salud y efectivos policiales. Se espera que las audiencias se extiendan al menos hasta el jueves.

Solís llegó al debate oral y público detenida con prisión preventiva desde que una pericia sobre la autopsia estableció que Marcel no podría haberse autoinfligido las heridas que le causaron la muerte.

La acusación es por homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible, en caso de culpabilidad, es la prisión perpetua. Para que la imputada sea declarada culpable debe haber unanimidad en el jurado.

Por eso la tarea del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a la familia de Marcel, será la de exponer un cuadro de situación que no deje dudas en los 12 vecinos de la región seleccionados para el juicio.

Por su parte, la abogada de Solís, Antonela Travesaro, llega con el plan de persuadir al jurado acerca de la inocencia de Solís o al menos con la intención de sembrar la duda respecto de la acusación de homicidio.

Cuando la policía llegó a la finca Sonho Verde, alertada por la propia Solís, Marcel estaba en una de las dependencias desnudo y en un charco de sangre, con un cuchillo cerca de él.

En el lugar había una gran cantidad de drogas y ella fue detenida bajo la acusación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes. Cinco días después, la liberaron.

La autopsia había señalado, inicialmente, que se trataría de una muerte producida por lesiones autoinfligidas, pero luego una pericia firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció la participación de terceros.

Pili Solís dijo que habían consumido cucumelo y que ella salió a caminar durante horas mientras duraba el "viaje" de los hongos alucinógenos y que al regresar encontró muerto a Marcel.

Aunque luego el informe toxicológico no reveló la presencia de psilocibina, la abogada de Solís sostiene su relato porque "no tenían las técnicas ni los reactivos específicos para buscar esa droga".

Hay pericias que Travesaro pondrá de relieve en defensa de su asistida, como la falta de huellas de Solís en el cuchillo hallado en la escena o el hecho de que no tendría la fuerza necesaria para cometer un crimen de estas características.

Fiscalía y la querella procurarán sostener que si Marcel murió por acción de terceros la victimaria no podría ser otra que su pareja, porque era los únicos que estaban en el campo.

El jurado ciudadano deberá ponderar cada una de las pruebas que aparezcan, más los testimonios y alegatos que se expongan durante el debate, para decidir si en la muerte de Marcel hubo un homicidio y si la responsable es o no Marisel "Pili" Solís.

Seguirá detenida camino al juicio Marisel "Pili" Solís, acusada de homicidio agravado por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 en junio de 2024.

Así lo resolvieron los jueces de la sala I del Tribunal de Casación Penal en La Plata, donde la defensa de la acusada había presentado un recurso en procura de lograr el beneficio de arresto domiciliario.

Solís está detenida con prisión preventiva desde que la pericia médica sobre la autopsia señalara que Marcel no podría haberse autoinfligido las lesiones que le provocaron la muerte.

Su abogada defensora, Antonela Travesaro, había solicitado que la imputada fuera alojada en su casa a la espera del juicio por jurados en la que se resolverá si es culpable o inocente de la muerte del joven uruguayo, que era su pareja.

El juez de Garantías había accedido al beneficio, pero el fiscal Vicente Gómez y la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, apelaron esa decisión y lograron revocarla.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de mantener presa a Solís, su defensa fue a Casación, donde también mantuvieron la decisión de que permanezca detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que es necesario mantener presa a Pili Solís ante "la persistencia de los peligros procesales" que derivaron en el dictado de prisión preventiva.

Los argumentos esgrimidos por su defensa en relación al cuidado de su hija de 14 años no alcanzaron. Por el contrario, el Tribunal de Casación ponderó los planteos de Gómez y Sanjurjo.

La querella había señalado que la hija de Solís podía permanecer bajo el cuidado de otros familiares y que su traslado a la finca Sonho Verde, donde ocurrieron los hechos, implicaba un "peligro de fuga" inminente, teniendo en cuenta la proximidad del debate oral y los recursos económicos con los que cuenta la acusada.

El juicio oral y público con jurado ciudadano contra Pili Solís comenzará el lunes 22 de junio en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que se extenderá al menos por cuatro jornadas.

El jurado deberá decidir si es culpable o no del delito de homicidio agravado, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la prisión perpetua.

El Municipio ganó otro juicio por apremio contra infractores de tránsito que no pagaron la multa por conducir bajo los efectos del alcohol impuesta por el Juzgado de Faltas.

Al caso que reveló La Opinión sobre un joven de 31 años que tenía que pagar 191 mil pesos y ahora debe una suma millonaria por los intereses y costas, se sumó otro de una infractora en situación similar.

El caso ocurrió a fines de mayo de 2022, cuando la infractora tenía 22 años. El acta de los inspectores que practicaron el control de alcoholemia reveló que tenía 1,49 gramos por litro de alcohol en sangre.

La joven no hizo objeción alguna a la falta imputada ni hizo efectivo el pago voluntario, por lo que la jueza de Faltas dictó sentencia. 

La sanción impuesta fue el pago de mil unidades fijas, lo que en ese momento sumaba 172 mil pesos, además de inhabilitación para conducir por un año.

El plazo para el pago de la multa venció en noviembre de 2022. El Tribunal de Faltas emitió el título ejecutivo y la Subsecretaría Legal y Técnica llevó el caso al Juzgado Civil y Comercial n.° 1. El juez Hernán Prat dictó sentencia favorable al Municipio.

La infractora fue condenada a pagar el costo actualizado de la multa. Con la última actualización de la unidad fija, el monto quedó en 2.215.000 pesos más gastos administrativas, intereses y costas del proceso.

Un infractor de tránsito fue condenado por el Juzgado de Faltas, pero como no pagó la multa impuesta la Municipalidad fue a la Justicia Civil para reclamarle por la vía de apremio y ganó el juicio, por lo que ahora deberá pagar una suma millonaria.

Al infractor, que ahora tiene 31 años, le labraron un acta el 1 de agosto de 2023 por circular sin cédula verde, sin seguro y con 0,8 mg/l de alcohol en sangre. En todo el territorio provincial rige la "tolerancia cero".

Por alcoholemia positiva, le secuestraron el automóvil y la infracción pasó al Juzgado de Faltas, que el 22 de enero de 2024 dictó sentencia firme.

El infractor fue condenado a pagar 650 unidades funcionales, que a la fecha de la sentencia inicial ascendía a alrededor de 191 mil pesos. La multa venció en febrero y nunca la pagó. Antes tampoco se había presentado para el pago voluntario o para efectuar descargo.

En marzo pasado, a dos años de la multa impuesta sin cobrar, la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta fue a la Justicia Civil y Comercial por la vía de apremio a reclamar la deuda y el juez Hernán Prat le dio la razón.

El magistrado consideró debidamente probado el reclamo del Municipio y condenó al infractor a pagar las 650 unidades fijas, que ahora cuestan 1896 pesos cada una, lo que implica que el monto a abonar asciende a más de 1.200.000 pesos, a lo que debe sumarse intereses y costas.

El demandado nunca respondió ni fijó domicilio procesal. El Municipio había pedido, como medida cautelar, que le embargaran bienes para hasta que pague la deuda.

Por Javier Hernán Silva — Abogado y escribano

Las preguntas que todos hacen (y pocas veces se responden bien)

Cuando fallece un ser querido, la familia enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también una serie de interrogantes jurídicos para los que nadie está preparado. El juicio sucesorio —ese proceso mediante el cual se determina quiénes heredan y cómo se distribuyen los bienes del fallecido— genera dudas que se repiten con llamativa regularidad en los consultorios de los abogados. Este artículo intenta responderlas con honestidad y sin tecnicismos innecesarios.

Es la primera pregunta que surge, casi siempre acompañada de cierta angustia. La respuesta tranquilizadora es que en Argentina no existe un plazo de caducidad para iniciar el proceso sucesorio. El derecho a heredar no “vence”.

Sin embargo, la ausencia de plazo no significa que sea conveniente demorar indefinidamente. Cada año que pasa sin iniciar la sucesión acumula consecuencias prácticas concretas: los impuestos inmobiliarios siguen corriendo a nombre del causante, los bienes no pueden venderse ni transferirse legalmente, los herederos no pueden disponer de cuentas bancarias ni inversiones, y los trámites se vuelven más complejos a medida que los documentos se desactualizan o los testigos fallecen. En términos simples: no hay multa por demorar, pero sí un costo que crece silenciosamente con el tiempo.

Antes de responder quién hereda en cada caso concreto, conviene distinguir dos categorías que el Código Civil y Comercial regula de manera diferente.

Los herederos legítimos son aquellos que la ley designa con independencia de la voluntad del causante: descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, organizados en órdenes excluyentes. Entre ellos, los descendientes, ascendientes y cónyuge revisten además el carácter de herederos forzosos: la ley les garantiza una porción del patrimonio —la porción legítima— que ningún testamento puede reducir ni suprimir.

Los herederos testamentarios, en cambio, son los que el causante designa expresamente mediante testamento válido. Puede serlo cualquier persona, familiar o no, siempre que esa designación no avance sobre la porción legítima de los herederos forzosos. Distinto es el legatario, quien no recibe una parte del patrimonio sino un bien o suma determinados, y en principio no responde por las deudas del causante.

Ambas categorías pueden coexistir: un causante puede tener herederos forzosos y al mismo tiempo disponer por testamento del tercio de libre disposición a favor de quien desee.

Esta pregunta esconde uno de los malentendidos más arraigados: la creencia de que si el fallecido no dejó testamento, sus bienes pasan al Estado. Esto es absolutamente falso en casi todos los casos.

Cuando no hay testamento, se aplica la sucesión intestada, que es el sistema legal mediante el cual el Código Civil y Comercial establece quiénes son los herederos y en qué proporción heredan. El orden de prelación es claro: primero los descendientes (hijos, nietos), luego los ascendientes (padres, abuelos), y finalmente los colaterales (hermanos, sobrinos). El cónyuge concurre junto con los descendientes y los ascendientes según reglas específicas.

El Estado solo hereda en última instancia, cuando no existe ningún heredero en ninguno de esos órdenes. Es una situación verdaderamente excepcional.

Este punto genera conflictos cada vez con mayor frecuencia. Mucha gente asume que quien convivió muchos años con el fallecido tiene los mismos derechos hereditarios que un cónyuge. Sin embargo, el Código Civil y Comercial es terminante: el conviviente supérstite no tiene vocación hereditaria. No figura en ninguno de los órdenes sucesorios que establecen los artículos 2424 a 2443. El hecho de que el CCCN haya regulado la unión convivencial otorgándole importantes efectos jurídicos no se tradujo en derechos hereditarios. Esa fue una decisión legislativa deliberada y expresa.

Lo que sí tiene el conviviente supérstite es el derecho real de habitación del artículo 527: si carece de vivienda propia habitable, puede permanecer en el inmueble sede de la unión por un plazo máximo de dos años. Es una tutela asistencial y temporaria, no un derecho hereditario. Tampoco deben descartarse, según el caso, acciones fundadas en el enriquecimiento sin causa o en los pactos de convivencia celebrados durante la unión.

La única herramienta para proteger al conviviente ante un eventual fallecimiento es el testamento: a través de él, el causante puede disponer del tercio de libre disposición —o de la totalidad del patrimonio si no tiene herederos forzosos— en su favor. La planificación testamentaria no es un trámite para el futuro lejano. Puede marcar la diferencia entre dejar a un ser querido amparado o desamparado.

Otro mito muy extendido. La respuesta es no: el testamento no elimina el proceso judicial, aunque sí puede simplificarlo y orientarlo.

El testamento debe ser presentado ante el juez, quien debe verificar su autenticidad y validez formal. Además —y esto es fundamental— el testamento tiene un límite legal infranqueable: la porción legítima. El Código garantiza a los herederos forzosos (hijos, padres, cónyuge) una parte del patrimonio que el testador no puede desconocer. Si el testamento avanza sobre esa porción, puede ser impugnado judicialmente.

El testamento es una herramienta muy valiosa para organizar el destino de los bienes, expresar voluntades sobre el tercio de libre disposición, incluir legados específicos, o —como señalamos antes— proteger al conviviente que de otro modo quedaría sin amparo hereditario. Pero no es una llave mágica que evita el proceso sucesorio.

Sí, es posible renunciar a la herencia, y en ciertos casos puede ser la decisión más prudente. Si el fallecido tenía deudas que superan el valor de los bienes, aceptar la herencia podría generar preocupación en los herederos… aunque aquí hay una buena noticia que muchos desconocen.

Los artículos 2280 y 2317 del Código Civil y Comercial establecen que los herederos responden por las deudas del causante solo hasta el valor de los bienes hereditarios recibidos (intra vires hereditatis). A diferencia del régimen anterior, este principio opera de pleno derecho: no es necesario solicitarlo expresamente. El heredero no puede quedar en peor situación patrimonial que la que tenía antes de heredar.

Sin embargo, esta protección no es absoluta. El artículo 2321 del mismo Código establece que el heredero responde con sus propios bienes —es decir, pierde el beneficio y pasa a responder ultra vires— cuando incurre en alguna de estas conductas: no realiza el inventario dentro de los tres meses contados desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente, oculta fraudulentamente bienes de la sucesión omitiéndolos del inventario, o enajena bienes hereditarios sin que el precio obtenido ingrese a la masa.

En síntesis: la ley protege al heredero de buena fe, pero sanciona con responsabilidad ilimitada a quien actúa con deslealtad hacia los acreedores del causante. De todas formas, si las deudas son significativas o hay incertidumbre sobre el pasivo, es recomendable hacer un inventario cuidadoso antes de aceptar y, en casos extremos, evaluar la renuncia.

Sí, los menores de edad son plenamente capaces de heredar. Lo que no pueden hacer es actuar por sí mismos en el proceso judicial: deben estar representados por sus padres o tutores, y en determinadas circunstancias el Ministerio Público —el asesor de menores— interviene para velar por sus intereses.

Esta representación obligatoria agrega pasos al proceso, especialmente cuando hay decisiones que implican disposición de bienes del menor —como una partición o una venta— para lo cual puede requerirse autorización judicial específica. No es un obstáculo insalvable, pero sí un factor que los herederos adultos deben tener en cuenta al planificar el trámite.

El juicio sucesorio no es un trámite menor ni puramente burocrático: es el proceso mediante el cual se transmite el patrimonio de una vida entera. Las dudas que genera son comprensibles y legítimas. Conocer de antemano las respuestas a estas preguntas frecuentes permite afrontar el proceso con mayor serenidad, tomar mejores decisiones y evitar los errores más comunes que suelen complicar innecesariamente lo que podría resolverse de manera ordenada.

Ante cualquier situación concreta, la consulta con un profesional del derecho sigue siendo la mejor inversión.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Perder a un ser querido nunca es fácil. A la tristeza se suma, muchas veces, un cúmulo de trámites legales que nadie quiere enfrentar. Entre ellos, el juicio sucesorio, un procedimiento indispensable para poder disponer de los bienes que dejó la persona fallecida. Aunque pueda sonar complejo o distante, lo cierto es que entender su funcionamiento te ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Mi idea con este artículo es mostrarte qué es, cómo funciona y por qué es clave contar con asesoramiento especializado, en un lenguaje accesible, humano y directo. Porque cuando se trata de tu patrimonio y tu familia, la claridad es poder.

El juicio sucesorio es el proceso legal mediante el cual se determina quiénes son los herederos, qué bienes integran la herencia y cómo deben distribuirse.

No se trata de un simple trámite: sin sucesión no se pueden vender propiedades, transferir autos, cobrar saldos bancarios ni regularizar nada a nombre de los herederos.

El expediente se inicia ante el juez del último domicilio del fallecido (el que figura en su documento), y puede ser:

• Intestado (cuando no hay testamento)

• Testamentario (cuando sí existe un testamento válido)

Ambos tienen pasos similares y el mismo objetivo: ordenar la transmisión del patrimonio.

Aunque cada sucesión es distinta, todas atraviesan una estructura común. Imaginemos el proceso como un camino:

1-. Identificación de los herederos y bienes

Se presenta la documentación que acredita quiénes son los herederos y qué bienes dejó el causante (el fallecido).  Esto se hace con actas, títulos, informes registrales y demás documentos.

2-. Inventario y valuación

El patrimonio se detalla y valúa: inmuebles, vehículos, cuentas, créditos, deudas, todo.

Esta etapa evita conflictos y garantiza transparencia.

3-. Declaratoria de herederos o aprobación del testamento

Es la resolución judicial que “blanquea” legalmente quiénes heredan. Sin esto, no se puede avanzar.

4. Partición

Finalmente, se adjudican los bienes. Si todos están de acuerdo, es muy sencillo. Si no, interviene el juez mediante una Partición Judicial.

Si existió matrimonio válido, el cónyuge supérstite tiene derecho a continuar viviendo en el último hogar conyugal. El beneficio es de carácter vitalicio.

Este derecho es vital y muchas veces desconocido.

Un testamento permite organizar la herencia, pero no podés disponer libremente del 100 por ciento de tu patrimonio.

Los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge) siempre tienen una porción legítima que debe respetarse. La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva para los herederos forzosos (descendientes, ascendientes y cónyuge), de la cual el testador no puede disponer libremente. Esto significa que, aunque una persona pueda hacer un testamento, debe respetar una parte mínima para sus familiares más cercanos, garantizando así que reciban una cuota de los bienes que la ley reserva para ellos.

En materia sucesoria, la diferencia entre un trámite ordenado y un conflicto interminable suele estar en la calidad del acompañamiento profesional. Un abogado realmente especializado no sólo conoce el Código Civil y Comercial: maneja los tiempos, prevé escenarios y cuida el patrimonio familiar con estrategia y precisión.

Una sucesión mal llevada no solo demora años: cuesta dinero, desgasta vínculos y complica operaciones inmobiliarias.

El juicio sucesorio no es un problema si está bien encaminado desde el primer paso.

El secreto es simple: organización, asesoramiento profesional y decisiones informadas. Cuidar tu herencia es cuidar tu familia.

Se desarrolló este miércoles en los Tribunales de San Nicolás la larga jornada de audiencia por el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que asesinó a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21 años, en un complejo de Cabañas de Baradero.

El martes que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer el veredicto, que todo indica será condenatorio contra el femicida, puesto que los elementos de prueba son suficientes para ello.

El juicio comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana con el desfile de los testigos de Fiscalía y los peritos médicos y de Policía Científica que trabajaron en la violenta escena del crimen.

Luego de un receso al mediodía, retomaron el debate, que terminó pasadas las 16.30 con los alegatos del fiscal Hernán Granda, que pidió prisión perpetua por femicidio.

El defensor oficial Joaquín Castro  hizo un planteo de inimputabilidad en procura de que se contemplen circunstancias extraordinarias de atenuación y le apliquen una pena de 10 años de cárcel.

La jornada de debate fue dura para los presentes. El testimonio de la familia de Guadalupe Estigarribia respecto de la violencia a la que sometía de manera constante Mussing a la joven en el marco de su relación fue respaldada por el personal profesional del área de Género de Tres de Febrero, distrito donde vivían.

La víctima había tenido acompañamiento durante las semanas previas al femicidio y su caso era considerado "de alto riesgo" por las diversas situaciones a las que había sometido, en un contexto de adicciones a las drogas por parte de Mussing.

Durante la audiencia los presentes tuvieron que ver fotografías de la escena del crimen y del hallazgo del cuerpo que dieron cuenta del grado de violencia con el que se produjo el asesinato.

Las pericias que le practicaron a Mussing en el Hospital de Baradero apenas lo trasladaron tras ser detenido sostuvieron que comprendía la criminalidad de sus actos.

La defensa oficial, que asumió el caso porque la defensora particular renunció en los días previos al juicio, señaló que debería tenerse en cuenta la problemática el consumo excesivo de estupefacientes.

Alejandro Mussing y Guadalupe Estigarribia habían llegado a Baradero el miércoles 17 de abril del año pasado para pasar el fin de semana en un complejo de cabañas de la zona de Colonia Suiza.

Esa misma noche, él fue a comprar drogas. La escena del crimen fue descubierta el sábado por la mañana, cuando el dueño del complejo de cabañas detectó que salía agua de la que había alquilado la pareja y no respondían a los llamados a la puerta.

Cuando la policía llegó, el lugar estaba destrozado. Mussing estaba en la cama, inconsciente, con el cuchillo con el que mató a la joven en la mano y diversas lesiones autoinfligidas.

El cuerpo de Guadalupe Estigarribia tenía signos de putrefacción, lo que reveló que habían pasado varias horas desde el asesinato. Tenía una gran cantidad de lesiones en la cabeza y el rostro como fracturas, cortes, hematomas.

El miércoles comenzará en San Nicolás el juicio oral y público contra Alejandro Mussing, un hombre de 34 años acusado de cometer femicidio contra su pareja, de 21, en Baradero.

Mussing está detenido tras haber sido hallado el sábado 20 de abril de 2024 en una cabaña de un complejo turístico de Colonia Suiza tendido en la cama con cortes en el cuerpo y un cuchillo en la mano.

En el piso yacía sin vida su pareja, Guadalupe Estigarribia, asesinada con el arma blanca que tenía en su poder Mussing. Adentro de la cabaña estaba todo destrozado, señal de que ella intentó defenderse.

Mussing y Estigarribia habían llegado en moto un miércoles por la noche a Baradero desde la localidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde vivían.

El sábado a la tarde, el propietario del complejo turístico que habían alquilado llamó a la policía porque del interior salía agua y nadie respondía. Al ingresar, hallaron la escena del crimen. La puerta estaba cerrada por dentro.

Las pericias psicológicas establecieron que Mussing comprendía la criminalidad de sus actos. Cargaba con serios problemas de adicción y apenas llegó a Baradero había ido a comprar drogas en Baradero.

El imputado tenía denuncias por violencia de género, lo que agravó su situación procesal. Al juicio llega asistido por la Defensoría Pública, porque la abogada particular que contrató renunció.

La defensora privada no logró revertir la prisión preventiva que le dictaron a Mussing, que nunca declaró en la causa porque siempre hizo uso de su derecho a no hacerlo, incluso en varias ocasiones en las que trasladado a Baradero desde el penal donde está alojado.

Aunque el delito prevé como pena posible la prisión perpetua, puesto que se trata de un femicidio, la abogada había planteado la posibilidad de un juicio abreviado, que denegaron porque no corresponde.

El cuerpo de la víctima presentaba más de 10 puñaladas, hundimiento y fractura del hueso frontal, pérdida de piezas dentales, entre otras lesiones.

Cuando la policía entró a la cabaña, todo indica que habían pasado varias horas desde el asesinato. Hasta el sábado no llegaban otros turistas, por eso nadie escuchó nada.

La Municipalidad de San Pedro afronta una demanda en el fuero Civil por parte de la familia del nene sobre el que cayó una placa de mármol en la plaza Constitución, quienes reclaman una indemnización por casi 34 millones de pesos.

La familia del niño, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, fue a la Justicia con una pretensión indemnizatoria por  incapacidad, daño moral, estético y psicológico, y por gastos médicos y de farmacia.

En la demanda, el abogado que los representa planteó que la placa se cayó como "consecuencia del deterioro de la estructura de hierro que la sostenía" y consideró que estaba "en evidente mal estado" por "falta de mantenimiento".

En ese sentido, señalaron que habría "negligencia de la Municipalidad de San Pedro en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos", lo que implica una "omisión" de la responsabilidad de proteger"la indemnidad de los vecinos".

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta respondió la demanda y sostuvo que es llamativo que se hayan presentado a la Justicia un año después del episodio, al tiempo que consideró que el planteo "no tiene ningún tipo de asidero legal o sostén".

Por un lado, Porta pidió al juez interviniente la nulidad de la demanda porque considera que es "prematura e inadmisible" porque no se agotó la vía administrativa previa.

Pero además niega todos los hechos y, fundamentalmente, que la caída de la placa haya estado relacionada con el deterioro de la estructura. 

Sostuvo que el Municipio no es "reponsable directa o directamente" de lo ocurrido y hasta consideró que al no haber actuaciones administrativas o judiciales previas, el hecho sólo se sostiene por el relato de la familia.

El accidente ocurrió el 4 de julio de 2024 antes del ingreso de los estudiantes de la escuela primaria 1, alrededor de las 13.00. 

El niño fue asistido en el Polo de Salud ubicado frente a la plaza y luego una ambulancia del Same 107 lo trasladó a la Guardia de Pediatría.

La semana que viene habrá un desfile de testigos por Fiscalía camino al juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, que ya tiene fecha para el debate en Tribunales.

Será bajo la modalidad de juicio técnico y no por jurados, es decir que el Tribunal ponderará los elementos de prueba para establecer si los imputados son condenados o absueltos.

Está previsto que el juicio se desarrolle durante dos jornadas: martes 12 y miércoles 13 de agosto próximos.

Así, los imputados Francisco Vlaeminck y Daiana Franco conocerán el veredicto sobre su culpabilidad cuando el Tribunal disponga darlo a conocer tras el debate.

Si todo marcha como está previsto, el último día del juicio será el del aniversario del crimen, cuando se cumplan dos años de aquel domingo de elecciones en que Naiara fue asesinada.

Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género es la acusación que afronta Francisco Vlaeminck y homicidio simple, Daiana Franco. En el caso de Mario Franco, padre de Daiana, está acusado de encubrimiento.

El cuerpo de Naiara fue hallado el 17 de agosto por un pescador que divisó un tambor de 200 litros que flotaba en el río. Adentro estaba el cadáver de la joven de 25 años, envuelto en un mantel y con varias puñaladas.

La investigación de la fiscala María del Valle Viviani permitió establecer que el domingo de las elecciones primarias de 2023 Naiara salió en su moto —que no fue encontrada, por cierto— de su casa y nunca volvió.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el trayecto hasta la casa de su expareja, Francisco Vlaeminck, quien convivía con su novia de entonces, Daiana Franco, y el bebé de ambos, en Primera Junta y Bottaro.

De ese domicilio, Naiara salió sin vida. Viviani estableció que la trasladaron en el auto del padre de Daiana Franco hasta el río, donde arrojaron el tambor que contenía su cuerpo.

El fiscal Vicente Gómez decidió cerrar la instrucción de la investigación del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que apareció en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, identificada como Sonho Verde.

Gómez recibió la causa luego de que la Fiscalía General apartara a María del Valle Viviani del caso. Tras estabelcer contacto con el expediente y tomar declaraciones testimoniales, resolvió solicitar la elevación a juicio.

Ahora, el Juzgado de Garantías interviniente debe ponderar los planteos del fiscal y definir la solicitud para que la causa pase a la órbita de un Tribunal Oral en lo Criminal para el debate.

Marisel "Pili" Solís llegará detenida, con doble conforme porque Casación ratificó la decisión de Cámara de rechazar la prisión domiciliaria, tal como habían planteado tanto Viviani como la abogada particular de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena posible en caso de condena es la de prisión perpetua.

La situación de Pili Solís es comprometida, sobre todo luego de que la pericia toxicológica echara por tierra su principal coartada, relacionada con el consumo de drogas alucinógenas.

Ella dijo que tomaron cucumelo, que en medio del “viaje” caminó durante horas por el campo y que al regresar lo encontró a Marcel en un baño de sangre. Los análisis revelaron que ninguno había consumido hongos, como relató la acusada.

La Justicia condenó a 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores a Ricardo Espíndola, hermano del sindicalista de Camioneros, Fernando Espíndola, acusado de abusar de la nieta de su pareja, de 7 años.

Fiscalía y Defensoría acordaron juicio de trámite abreviado para evitar el debate oral y público, con una década de cárcel como pena máxima posible a aplicar.

El Tribunal lo halló culpable del abuso reiterado y dictó la sentencia. Ahora, como tiene algunos problemas de salud, deberán definir si continúa detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás o lo benefician con arresto domiciliario.

Espíndola tiene 67 años. Lo detuvieron en agosto del año pasado en su casa, ubicada en Lavalle al 100, tras la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, un año después de que fuera denunciado.

La niña relató ante el personal profesional de la asesoría pericial los vejámenes a los que fue sometida por Espíndola, que incluían la exhibición de material pornográfico.

Ricardo Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, exconcejal que está detenido con arresto domiciliario en el marco de una causa que investiga el pedido de coimas a una empresa para "dejarlos trabajar".

Además, Fernando Espíndola fue acusado por sus sobrinos de abusar sexualmente de ellos cuando eran adolescentes y convivían en la misma casa.

Esa causa prescribió por el paso del tiempo y al menos una de las víctimas aguarda la posibilidad de que el caso se ventile en el marco de los denominados juicios por la verdad.

La Justicia analizará en juicio abreviado la causa por abuso sexual que tiene como imputado a Ricardo Antonio Espíndola, hermano de Fernando Espíndola, sindicalista de Camioneros detenido por una causa de coimas y también denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos.

Espíndola, de 67 años, fue detenido en agosto del año pasado en su casa de Lavalle al 100, tras ser denunciado por abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de 7 años, en reiteradas ocasiones.

La Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos y Defensoría Oficial N° 2 que coordina Joaquín Castro acordaron que la causa tramite bajo la modalidad de juicio abreviado, con una pena de 10 años de prisión, que el imputado aceptó.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 debe notificar a las víctimas y convocar a la audiencia en la que dictará sentencia, lo que todo indica demorará alrededor de 20 a 30 días.

Ricardo Antonio Espíndola está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Lo detuvieron en agosto del año pasado, luego de la declaración bajo el sistema de cámara Gesell. La denuncia había sido radicada en mayo de 2024.

En su relato, ante las psicólogas de la asesoría pericial, la niña víctima contó los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada y que incluían la exhibición de material pornográfico.