El Municipio ganó otro juicio por apremio contra infractores de tránsito que no pagaron la multa por conducir bajo los efectos del alcohol impuesta por el Juzgado de Faltas.

Al caso que reveló La Opinión sobre un joven de 31 años que tenía que pagar 191 mil pesos y ahora debe una suma millonaria por los intereses y costas, se sumó otro de una infractora en situación similar.

El caso ocurrió a fines de mayo de 2022, cuando la infractora tenía 22 años. El acta de los inspectores que practicaron el control de alcoholemia reveló que tenía 1,49 gramos por litro de alcohol en sangre.

La joven no hizo objeción alguna a la falta imputada ni hizo efectivo el pago voluntario, por lo que la jueza de Faltas dictó sentencia. 

La sanción impuesta fue el pago de mil unidades fijas, lo que en ese momento sumaba 172 mil pesos, además de inhabilitación para conducir por un año.

El plazo para el pago de la multa venció en noviembre de 2022. El Tribunal de Faltas emitió el título ejecutivo y la Subsecretaría Legal y Técnica llevó el caso al Juzgado Civil y Comercial n.° 1. El juez Hernán Prat dictó sentencia favorable al Municipio.

La infractora fue condenada a pagar el costo actualizado de la multa. Con la última actualización de la unidad fija, el monto quedó en 2.215.000 pesos más gastos administrativas, intereses y costas del proceso.

Un infractor de tránsito fue condenado por el Juzgado de Faltas, pero como no pagó la multa impuesta la Municipalidad fue a la Justicia Civil para reclamarle por la vía de apremio y ganó el juicio, por lo que ahora deberá pagar una suma millonaria.

Al infractor, que ahora tiene 31 años, le labraron un acta el 1 de agosto de 2023 por circular sin cédula verde, sin seguro y con 0,8 mg/l de alcohol en sangre. En todo el territorio provincial rige la "tolerancia cero".

Por alcoholemia positiva, le secuestraron el automóvil y la infracción pasó al Juzgado de Faltas, que el 22 de enero de 2024 dictó sentencia firme.

El infractor fue condenado a pagar 650 unidades funcionales, que a la fecha de la sentencia inicial ascendía a alrededor de 191 mil pesos. La multa venció en febrero y nunca la pagó. Antes tampoco se había presentado para el pago voluntario o para efectuar descargo.

En marzo pasado, a dos años de la multa impuesta sin cobrar, la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta fue a la Justicia Civil y Comercial por la vía de apremio a reclamar la deuda y el juez Hernán Prat le dio la razón.

El magistrado consideró debidamente probado el reclamo del Municipio y condenó al infractor a pagar las 650 unidades fijas, que ahora cuestan 1896 pesos cada una, lo que implica que el monto a abonar asciende a más de 1.200.000 pesos, a lo que debe sumarse intereses y costas.

El demandado nunca respondió ni fijó domicilio procesal. El Municipio había pedido, como medida cautelar, que le embargaran bienes para hasta que pague la deuda.

Por Javier Hernán Silva — Abogado y escribano

Las preguntas que todos hacen (y pocas veces se responden bien)

Cuando fallece un ser querido, la familia enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también una serie de interrogantes jurídicos para los que nadie está preparado. El juicio sucesorio —ese proceso mediante el cual se determina quiénes heredan y cómo se distribuyen los bienes del fallecido— genera dudas que se repiten con llamativa regularidad en los consultorios de los abogados. Este artículo intenta responderlas con honestidad y sin tecnicismos innecesarios.

Es la primera pregunta que surge, casi siempre acompañada de cierta angustia. La respuesta tranquilizadora es que en Argentina no existe un plazo de caducidad para iniciar el proceso sucesorio. El derecho a heredar no “vence”.

Sin embargo, la ausencia de plazo no significa que sea conveniente demorar indefinidamente. Cada año que pasa sin iniciar la sucesión acumula consecuencias prácticas concretas: los impuestos inmobiliarios siguen corriendo a nombre del causante, los bienes no pueden venderse ni transferirse legalmente, los herederos no pueden disponer de cuentas bancarias ni inversiones, y los trámites se vuelven más complejos a medida que los documentos se desactualizan o los testigos fallecen. En términos simples: no hay multa por demorar, pero sí un costo que crece silenciosamente con el tiempo.

Antes de responder quién hereda en cada caso concreto, conviene distinguir dos categorías que el Código Civil y Comercial regula de manera diferente.

Los herederos legítimos son aquellos que la ley designa con independencia de la voluntad del causante: descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, organizados en órdenes excluyentes. Entre ellos, los descendientes, ascendientes y cónyuge revisten además el carácter de herederos forzosos: la ley les garantiza una porción del patrimonio —la porción legítima— que ningún testamento puede reducir ni suprimir.

Los herederos testamentarios, en cambio, son los que el causante designa expresamente mediante testamento válido. Puede serlo cualquier persona, familiar o no, siempre que esa designación no avance sobre la porción legítima de los herederos forzosos. Distinto es el legatario, quien no recibe una parte del patrimonio sino un bien o suma determinados, y en principio no responde por las deudas del causante.

Ambas categorías pueden coexistir: un causante puede tener herederos forzosos y al mismo tiempo disponer por testamento del tercio de libre disposición a favor de quien desee.

Esta pregunta esconde uno de los malentendidos más arraigados: la creencia de que si el fallecido no dejó testamento, sus bienes pasan al Estado. Esto es absolutamente falso en casi todos los casos.

Cuando no hay testamento, se aplica la sucesión intestada, que es el sistema legal mediante el cual el Código Civil y Comercial establece quiénes son los herederos y en qué proporción heredan. El orden de prelación es claro: primero los descendientes (hijos, nietos), luego los ascendientes (padres, abuelos), y finalmente los colaterales (hermanos, sobrinos). El cónyuge concurre junto con los descendientes y los ascendientes según reglas específicas.

El Estado solo hereda en última instancia, cuando no existe ningún heredero en ninguno de esos órdenes. Es una situación verdaderamente excepcional.

Este punto genera conflictos cada vez con mayor frecuencia. Mucha gente asume que quien convivió muchos años con el fallecido tiene los mismos derechos hereditarios que un cónyuge. Sin embargo, el Código Civil y Comercial es terminante: el conviviente supérstite no tiene vocación hereditaria. No figura en ninguno de los órdenes sucesorios que establecen los artículos 2424 a 2443. El hecho de que el CCCN haya regulado la unión convivencial otorgándole importantes efectos jurídicos no se tradujo en derechos hereditarios. Esa fue una decisión legislativa deliberada y expresa.

Lo que sí tiene el conviviente supérstite es el derecho real de habitación del artículo 527: si carece de vivienda propia habitable, puede permanecer en el inmueble sede de la unión por un plazo máximo de dos años. Es una tutela asistencial y temporaria, no un derecho hereditario. Tampoco deben descartarse, según el caso, acciones fundadas en el enriquecimiento sin causa o en los pactos de convivencia celebrados durante la unión.

La única herramienta para proteger al conviviente ante un eventual fallecimiento es el testamento: a través de él, el causante puede disponer del tercio de libre disposición —o de la totalidad del patrimonio si no tiene herederos forzosos— en su favor. La planificación testamentaria no es un trámite para el futuro lejano. Puede marcar la diferencia entre dejar a un ser querido amparado o desamparado.

Otro mito muy extendido. La respuesta es no: el testamento no elimina el proceso judicial, aunque sí puede simplificarlo y orientarlo.

El testamento debe ser presentado ante el juez, quien debe verificar su autenticidad y validez formal. Además —y esto es fundamental— el testamento tiene un límite legal infranqueable: la porción legítima. El Código garantiza a los herederos forzosos (hijos, padres, cónyuge) una parte del patrimonio que el testador no puede desconocer. Si el testamento avanza sobre esa porción, puede ser impugnado judicialmente.

El testamento es una herramienta muy valiosa para organizar el destino de los bienes, expresar voluntades sobre el tercio de libre disposición, incluir legados específicos, o —como señalamos antes— proteger al conviviente que de otro modo quedaría sin amparo hereditario. Pero no es una llave mágica que evita el proceso sucesorio.

Sí, es posible renunciar a la herencia, y en ciertos casos puede ser la decisión más prudente. Si el fallecido tenía deudas que superan el valor de los bienes, aceptar la herencia podría generar preocupación en los herederos… aunque aquí hay una buena noticia que muchos desconocen.

Los artículos 2280 y 2317 del Código Civil y Comercial establecen que los herederos responden por las deudas del causante solo hasta el valor de los bienes hereditarios recibidos (intra vires hereditatis). A diferencia del régimen anterior, este principio opera de pleno derecho: no es necesario solicitarlo expresamente. El heredero no puede quedar en peor situación patrimonial que la que tenía antes de heredar.

Sin embargo, esta protección no es absoluta. El artículo 2321 del mismo Código establece que el heredero responde con sus propios bienes —es decir, pierde el beneficio y pasa a responder ultra vires— cuando incurre en alguna de estas conductas: no realiza el inventario dentro de los tres meses contados desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente, oculta fraudulentamente bienes de la sucesión omitiéndolos del inventario, o enajena bienes hereditarios sin que el precio obtenido ingrese a la masa.

En síntesis: la ley protege al heredero de buena fe, pero sanciona con responsabilidad ilimitada a quien actúa con deslealtad hacia los acreedores del causante. De todas formas, si las deudas son significativas o hay incertidumbre sobre el pasivo, es recomendable hacer un inventario cuidadoso antes de aceptar y, en casos extremos, evaluar la renuncia.

Sí, los menores de edad son plenamente capaces de heredar. Lo que no pueden hacer es actuar por sí mismos en el proceso judicial: deben estar representados por sus padres o tutores, y en determinadas circunstancias el Ministerio Público —el asesor de menores— interviene para velar por sus intereses.

Esta representación obligatoria agrega pasos al proceso, especialmente cuando hay decisiones que implican disposición de bienes del menor —como una partición o una venta— para lo cual puede requerirse autorización judicial específica. No es un obstáculo insalvable, pero sí un factor que los herederos adultos deben tener en cuenta al planificar el trámite.

El juicio sucesorio no es un trámite menor ni puramente burocrático: es el proceso mediante el cual se transmite el patrimonio de una vida entera. Las dudas que genera son comprensibles y legítimas. Conocer de antemano las respuestas a estas preguntas frecuentes permite afrontar el proceso con mayor serenidad, tomar mejores decisiones y evitar los errores más comunes que suelen complicar innecesariamente lo que podría resolverse de manera ordenada.

Ante cualquier situación concreta, la consulta con un profesional del derecho sigue siendo la mejor inversión.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Perder a un ser querido nunca es fácil. A la tristeza se suma, muchas veces, un cúmulo de trámites legales que nadie quiere enfrentar. Entre ellos, el juicio sucesorio, un procedimiento indispensable para poder disponer de los bienes que dejó la persona fallecida. Aunque pueda sonar complejo o distante, lo cierto es que entender su funcionamiento te ahorra tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Mi idea con este artículo es mostrarte qué es, cómo funciona y por qué es clave contar con asesoramiento especializado, en un lenguaje accesible, humano y directo. Porque cuando se trata de tu patrimonio y tu familia, la claridad es poder.

El juicio sucesorio es el proceso legal mediante el cual se determina quiénes son los herederos, qué bienes integran la herencia y cómo deben distribuirse.

No se trata de un simple trámite: sin sucesión no se pueden vender propiedades, transferir autos, cobrar saldos bancarios ni regularizar nada a nombre de los herederos.

El expediente se inicia ante el juez del último domicilio del fallecido (el que figura en su documento), y puede ser:

• Intestado (cuando no hay testamento)

• Testamentario (cuando sí existe un testamento válido)

Ambos tienen pasos similares y el mismo objetivo: ordenar la transmisión del patrimonio.

Aunque cada sucesión es distinta, todas atraviesan una estructura común. Imaginemos el proceso como un camino:

1-. Identificación de los herederos y bienes

Se presenta la documentación que acredita quiénes son los herederos y qué bienes dejó el causante (el fallecido).  Esto se hace con actas, títulos, informes registrales y demás documentos.

2-. Inventario y valuación

El patrimonio se detalla y valúa: inmuebles, vehículos, cuentas, créditos, deudas, todo.

Esta etapa evita conflictos y garantiza transparencia.

3-. Declaratoria de herederos o aprobación del testamento

Es la resolución judicial que “blanquea” legalmente quiénes heredan. Sin esto, no se puede avanzar.

4. Partición

Finalmente, se adjudican los bienes. Si todos están de acuerdo, es muy sencillo. Si no, interviene el juez mediante una Partición Judicial.

Si existió matrimonio válido, el cónyuge supérstite tiene derecho a continuar viviendo en el último hogar conyugal. El beneficio es de carácter vitalicio.

Este derecho es vital y muchas veces desconocido.

Un testamento permite organizar la herencia, pero no podés disponer libremente del 100 por ciento de tu patrimonio.

Los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge) siempre tienen una porción legítima que debe respetarse. La legítima es la porción de la herencia que la ley reserva para los herederos forzosos (descendientes, ascendientes y cónyuge), de la cual el testador no puede disponer libremente. Esto significa que, aunque una persona pueda hacer un testamento, debe respetar una parte mínima para sus familiares más cercanos, garantizando así que reciban una cuota de los bienes que la ley reserva para ellos.

En materia sucesoria, la diferencia entre un trámite ordenado y un conflicto interminable suele estar en la calidad del acompañamiento profesional. Un abogado realmente especializado no sólo conoce el Código Civil y Comercial: maneja los tiempos, prevé escenarios y cuida el patrimonio familiar con estrategia y precisión.

Una sucesión mal llevada no solo demora años: cuesta dinero, desgasta vínculos y complica operaciones inmobiliarias.

El juicio sucesorio no es un problema si está bien encaminado desde el primer paso.

El secreto es simple: organización, asesoramiento profesional y decisiones informadas. Cuidar tu herencia es cuidar tu familia.

Se desarrolló este miércoles en los Tribunales de San Nicolás la larga jornada de audiencia por el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que asesinó a su pareja, Guadalupe Estigarribia, de 21 años, en un complejo de Cabañas de Baradero.

El martes que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 dará a conocer el veredicto, que todo indica será condenatorio contra el femicida, puesto que los elementos de prueba son suficientes para ello.

El juicio comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana con el desfile de los testigos de Fiscalía y los peritos médicos y de Policía Científica que trabajaron en la violenta escena del crimen.

Luego de un receso al mediodía, retomaron el debate, que terminó pasadas las 16.30 con los alegatos del fiscal Hernán Granda, que pidió prisión perpetua por femicidio.

El defensor oficial Joaquín Castro  hizo un planteo de inimputabilidad en procura de que se contemplen circunstancias extraordinarias de atenuación y le apliquen una pena de 10 años de cárcel.

La jornada de debate fue dura para los presentes. El testimonio de la familia de Guadalupe Estigarribia respecto de la violencia a la que sometía de manera constante Mussing a la joven en el marco de su relación fue respaldada por el personal profesional del área de Género de Tres de Febrero, distrito donde vivían.

La víctima había tenido acompañamiento durante las semanas previas al femicidio y su caso era considerado "de alto riesgo" por las diversas situaciones a las que había sometido, en un contexto de adicciones a las drogas por parte de Mussing.

Durante la audiencia los presentes tuvieron que ver fotografías de la escena del crimen y del hallazgo del cuerpo que dieron cuenta del grado de violencia con el que se produjo el asesinato.

Las pericias que le practicaron a Mussing en el Hospital de Baradero apenas lo trasladaron tras ser detenido sostuvieron que comprendía la criminalidad de sus actos.

La defensa oficial, que asumió el caso porque la defensora particular renunció en los días previos al juicio, señaló que debería tenerse en cuenta la problemática el consumo excesivo de estupefacientes.

Alejandro Mussing y Guadalupe Estigarribia habían llegado a Baradero el miércoles 17 de abril del año pasado para pasar el fin de semana en un complejo de cabañas de la zona de Colonia Suiza.

Esa misma noche, él fue a comprar drogas. La escena del crimen fue descubierta el sábado por la mañana, cuando el dueño del complejo de cabañas detectó que salía agua de la que había alquilado la pareja y no respondían a los llamados a la puerta.

Cuando la policía llegó, el lugar estaba destrozado. Mussing estaba en la cama, inconsciente, con el cuchillo con el que mató a la joven en la mano y diversas lesiones autoinfligidas.

El cuerpo de Guadalupe Estigarribia tenía signos de putrefacción, lo que reveló que habían pasado varias horas desde el asesinato. Tenía una gran cantidad de lesiones en la cabeza y el rostro como fracturas, cortes, hematomas.

El miércoles comenzará en San Nicolás el juicio oral y público contra Alejandro Mussing, un hombre de 34 años acusado de cometer femicidio contra su pareja, de 21, en Baradero.

Mussing está detenido tras haber sido hallado el sábado 20 de abril de 2024 en una cabaña de un complejo turístico de Colonia Suiza tendido en la cama con cortes en el cuerpo y un cuchillo en la mano.

En el piso yacía sin vida su pareja, Guadalupe Estigarribia, asesinada con el arma blanca que tenía en su poder Mussing. Adentro de la cabaña estaba todo destrozado, señal de que ella intentó defenderse.

Mussing y Estigarribia habían llegado en moto un miércoles por la noche a Baradero desde la localidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde vivían.

El sábado a la tarde, el propietario del complejo turístico que habían alquilado llamó a la policía porque del interior salía agua y nadie respondía. Al ingresar, hallaron la escena del crimen. La puerta estaba cerrada por dentro.

Las pericias psicológicas establecieron que Mussing comprendía la criminalidad de sus actos. Cargaba con serios problemas de adicción y apenas llegó a Baradero había ido a comprar drogas en Baradero.

El imputado tenía denuncias por violencia de género, lo que agravó su situación procesal. Al juicio llega asistido por la Defensoría Pública, porque la abogada particular que contrató renunció.

La defensora privada no logró revertir la prisión preventiva que le dictaron a Mussing, que nunca declaró en la causa porque siempre hizo uso de su derecho a no hacerlo, incluso en varias ocasiones en las que trasladado a Baradero desde el penal donde está alojado.

Aunque el delito prevé como pena posible la prisión perpetua, puesto que se trata de un femicidio, la abogada había planteado la posibilidad de un juicio abreviado, que denegaron porque no corresponde.

El cuerpo de la víctima presentaba más de 10 puñaladas, hundimiento y fractura del hueso frontal, pérdida de piezas dentales, entre otras lesiones.

Cuando la policía entró a la cabaña, todo indica que habían pasado varias horas desde el asesinato. Hasta el sábado no llegaban otros turistas, por eso nadie escuchó nada.

La Municipalidad de San Pedro afronta una demanda en el fuero Civil por parte de la familia del nene sobre el que cayó una placa de mármol en la plaza Constitución, quienes reclaman una indemnización por casi 34 millones de pesos.

La familia del niño, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, fue a la Justicia con una pretensión indemnizatoria por  incapacidad, daño moral, estético y psicológico, y por gastos médicos y de farmacia.

En la demanda, el abogado que los representa planteó que la placa se cayó como "consecuencia del deterioro de la estructura de hierro que la sostenía" y consideró que estaba "en evidente mal estado" por "falta de mantenimiento".

En ese sentido, señalaron que habría "negligencia de la Municipalidad de San Pedro en el cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de los espacios públicos", lo que implica una "omisión" de la responsabilidad de proteger"la indemnidad de los vecinos".

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta respondió la demanda y sostuvo que es llamativo que se hayan presentado a la Justicia un año después del episodio, al tiempo que consideró que el planteo "no tiene ningún tipo de asidero legal o sostén".

Por un lado, Porta pidió al juez interviniente la nulidad de la demanda porque considera que es "prematura e inadmisible" porque no se agotó la vía administrativa previa.

Pero además niega todos los hechos y, fundamentalmente, que la caída de la placa haya estado relacionada con el deterioro de la estructura. 

Sostuvo que el Municipio no es "reponsable directa o directamente" de lo ocurrido y hasta consideró que al no haber actuaciones administrativas o judiciales previas, el hecho sólo se sostiene por el relato de la familia.

El accidente ocurrió el 4 de julio de 2024 antes del ingreso de los estudiantes de la escuela primaria 1, alrededor de las 13.00. 

El niño fue asistido en el Polo de Salud ubicado frente a la plaza y luego una ambulancia del Same 107 lo trasladó a la Guardia de Pediatría.

La semana que viene habrá un desfile de testigos por Fiscalía camino al juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, que ya tiene fecha para el debate en Tribunales.

Será bajo la modalidad de juicio técnico y no por jurados, es decir que el Tribunal ponderará los elementos de prueba para establecer si los imputados son condenados o absueltos.

Está previsto que el juicio se desarrolle durante dos jornadas: martes 12 y miércoles 13 de agosto próximos.

Así, los imputados Francisco Vlaeminck y Daiana Franco conocerán el veredicto sobre su culpabilidad cuando el Tribunal disponga darlo a conocer tras el debate.

Si todo marcha como está previsto, el último día del juicio será el del aniversario del crimen, cuando se cumplan dos años de aquel domingo de elecciones en que Naiara fue asesinada.

Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género es la acusación que afronta Francisco Vlaeminck y homicidio simple, Daiana Franco. En el caso de Mario Franco, padre de Daiana, está acusado de encubrimiento.

El cuerpo de Naiara fue hallado el 17 de agosto por un pescador que divisó un tambor de 200 litros que flotaba en el río. Adentro estaba el cadáver de la joven de 25 años, envuelto en un mantel y con varias puñaladas.

La investigación de la fiscala María del Valle Viviani permitió establecer que el domingo de las elecciones primarias de 2023 Naiara salió en su moto —que no fue encontrada, por cierto— de su casa y nunca volvió.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron el trayecto hasta la casa de su expareja, Francisco Vlaeminck, quien convivía con su novia de entonces, Daiana Franco, y el bebé de ambos, en Primera Junta y Bottaro.

De ese domicilio, Naiara salió sin vida. Viviani estableció que la trasladaron en el auto del padre de Daiana Franco hasta el río, donde arrojaron el tambor que contenía su cuerpo.

El fiscal Vicente Gómez decidió cerrar la instrucción de la investigación del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que apareció en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, identificada como Sonho Verde.

Gómez recibió la causa luego de que la Fiscalía General apartara a María del Valle Viviani del caso. Tras estabelcer contacto con el expediente y tomar declaraciones testimoniales, resolvió solicitar la elevación a juicio.

Ahora, el Juzgado de Garantías interviniente debe ponderar los planteos del fiscal y definir la solicitud para que la causa pase a la órbita de un Tribunal Oral en lo Criminal para el debate.

Marisel "Pili" Solís llegará detenida, con doble conforme porque Casación ratificó la decisión de Cámara de rechazar la prisión domiciliaria, tal como habían planteado tanto Viviani como la abogada particular de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena posible en caso de condena es la de prisión perpetua.

La situación de Pili Solís es comprometida, sobre todo luego de que la pericia toxicológica echara por tierra su principal coartada, relacionada con el consumo de drogas alucinógenas.

Ella dijo que tomaron cucumelo, que en medio del “viaje” caminó durante horas por el campo y que al regresar lo encontró a Marcel en un baño de sangre. Los análisis revelaron que ninguno había consumido hongos, como relató la acusada.

La Justicia condenó a 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores a Ricardo Espíndola, hermano del sindicalista de Camioneros, Fernando Espíndola, acusado de abusar de la nieta de su pareja, de 7 años.

Fiscalía y Defensoría acordaron juicio de trámite abreviado para evitar el debate oral y público, con una década de cárcel como pena máxima posible a aplicar.

El Tribunal lo halló culpable del abuso reiterado y dictó la sentencia. Ahora, como tiene algunos problemas de salud, deberán definir si continúa detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás o lo benefician con arresto domiciliario.

Espíndola tiene 67 años. Lo detuvieron en agosto del año pasado en su casa, ubicada en Lavalle al 100, tras la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, un año después de que fuera denunciado.

La niña relató ante el personal profesional de la asesoría pericial los vejámenes a los que fue sometida por Espíndola, que incluían la exhibición de material pornográfico.

Ricardo Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, exconcejal que está detenido con arresto domiciliario en el marco de una causa que investiga el pedido de coimas a una empresa para "dejarlos trabajar".

Además, Fernando Espíndola fue acusado por sus sobrinos de abusar sexualmente de ellos cuando eran adolescentes y convivían en la misma casa.

Esa causa prescribió por el paso del tiempo y al menos una de las víctimas aguarda la posibilidad de que el caso se ventile en el marco de los denominados juicios por la verdad.

La Justicia analizará en juicio abreviado la causa por abuso sexual que tiene como imputado a Ricardo Antonio Espíndola, hermano de Fernando Espíndola, sindicalista de Camioneros detenido por una causa de coimas y también denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos.

Espíndola, de 67 años, fue detenido en agosto del año pasado en su casa de Lavalle al 100, tras ser denunciado por abusar sexualmente de la nieta de su pareja, de 7 años, en reiteradas ocasiones.

La Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos y Defensoría Oficial N° 2 que coordina Joaquín Castro acordaron que la causa tramite bajo la modalidad de juicio abreviado, con una pena de 10 años de prisión, que el imputado aceptó.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 debe notificar a las víctimas y convocar a la audiencia en la que dictará sentencia, lo que todo indica demorará alrededor de 20 a 30 días.

Ricardo Antonio Espíndola está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Lo detuvieron en agosto del año pasado, luego de la declaración bajo el sistema de cámara Gesell. La denuncia había sido radicada en mayo de 2024.

En su relato, ante las psicólogas de la asesoría pericial, la niña víctima contó los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada y que incluían la exhibición de material pornográfico.

La fiscal Viviana Ramos anunció en Sin Galera que después de Semana Santa se realizará el juicio por jurado de Griselda Fasce, imputada del homicidio de Ángel Cañete, ocurrido el 6 de noviembre de 2022.

Ramos indicó que durante la etapa se probará si la muerte de Cañete se produjo por autolesiones o si fue Fasce quien las produjo.

Aquel día Cañete y Fasce habían compartido un almuerzo familiar, motivado por el cumpleaños de 15 de una sobrina. Allí la pareja discutió por unas bromas que hizo él y se retiraron a su casa.

La Opinión consignó, por entonces, que los vecinos contaron que escucharon gritos desde adentro de la casa, provenientes de una discusión entre ambos. “A él lo vieron en la calle pidiendo auxilio, con un cinturón en la pierna, intentando detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca. Un vecino lo ayudó y convocaron a una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital”.

La lesión de Cañete fue letal por un corte que recibió en la pierna derecha, además de otras dos heridas cortantes en el tobillo y la rodilla que le produjeron una importante pérdida de sangre.

Casi un año después de la muerte de Cañete, en septiembre de 2022 fue detenida Griselda Fasce, sospechada de haber tenido responsabilidad en las lesiones de su pareja, que le provocaron la muerte, que finalmente ocurrió 20 días después en el Sanatorio de la Unión Obra Metalúrgica (UOM), de San Nicolás.

Luego, en enero de 2023, Fasce recuperó la libertad, a la espera del juicio que se cumplirá en los próximos días.

La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro convocó a una charla que brindará el fiscal Juan Patricio Murray, a 10 años de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región que se desarrollaron en la ciudad.

La cita es el viernes a las 19.30 en el Salón Dorado de la Municipalidad, recinto que ofició de sede para las audiencias que comenzaron en noviembre de 2014 en el marco de la magacausa Saint Amant II.

La causa, que llevaba el nombre del excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, ventiló los hechos de torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones que tuvieron lugar en la región. 

Fue el segundo juicio de la zona por delitos de la dictadura cívico militar. El tercero, el Saint Amant III, tuvo varios casos sampedrinos que surgieron de las audiencias locales. En la actualidad está en marcha el cuarto.

Juan Patricio Murray, actual secretario letrado de la Procuración General de la Nación,  auxiliar Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal y excoordinador de la Unidad Amia en reemplazo del fallecido Alberto Nisman, era fiscal de San Nicolás y se ocupó de la investigación que permitió condenar a genocidas en la zona.

Las audiencias en San Pedro permitieron tener de primera mano los testimonios de las víctimas locales sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, de amigos, compañeros de militancia y familiares de ellos y de quienes sufrieron desapariciones forzadas.

Incluso de esas audiencias se desprendieron otras causas vinculadas a delitos de lesa humanidad puesto que durante las declaraciones surgieron nuevos elementos de prueba.

Tras esas audiencias, el excoronel Manuel Fernando Saint Amant, máximo responsable militar de la región, fue condenado a prisión perpetua al igual que Antonio Bossie, Norberto Ferrero y el expolicía sampedrino Daniel Fernando Quintana.

Edgardo Antonio Mastandrea recibió 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena; Carlos Enrique Rocca, 12 años; el excomisario baraderense Roberto Horacio Guerrina, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena.

Por su parte, Clementino Rojas fue condenado a 4 años de prisión, Juan Alberto González a 3 años y seis meses; y Julio Alberto Almada, Miguel Ángel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia a 3 años de prisión.

Las condenas dieron cuenta de que en la región, bajo el accionar del Área Militar 132 a cargo de Saint Amant y los suyos, hubo un actuar represivo que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado dispuesto sistemáticamente por los usurpadores del poder público en marzo de 1976.

Las declaraciones que se escucharon en las audiencias dejaron establecidos múltiples delitos cometidos, todos probados, que son parte del plan sistemático de violencia instalada: secuestros ilegales, robo de bienes de los detenidos, torturas de toda índole y vejaciones, asesinatos y desapariciones forzosas.

La posibilidad de un juicio abreviado con una pena máxima de cuatro años para los acusados del asesinato de Adolfo Vallejos tiene un escollo: la familia de la víctima no está de acuerdo. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás informó a la hermana de Vallejos acerca de lo convenido entre Fiscalía y Defensa, pero la mujer se expresó en contra.

Así, la Justicia deberá ahora sumar esa opinión para resolver sobre la admisibilidad de un trámite abreviado con esa pena como máxima posible, bajo la calificación de "homicidio en ocasión de riña", como fue propuesto.

Si los jueces deciden no admitir esa posibilidad, Ricardo Ontivero, Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez deberán afrontar un juicio por jurados con prisión perpetua como única pena posible en caso de ser condenados por "homicidio agravado por promesa remuneratoria", es decir asesinato por encargo o sicariato, tal la carátula original.

La acusación inicial sostenía que Ricardo Ontivero había contratado a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

Ontivero se enteró y comenzó a amenazar a Vallejos para que se vaya, según aseguró Marilín Molina, una joven que dijo que le había "comprado" una fracción del terreno a Vallejos y que residía en el lugar.

En la causa hay una testigo que refirió que mientras conversaba con Vallejos pasó Ontivero y lo amenazó de muerte. Que discutieron y le dijo al viejo “esta noche te vamos a hacer cagar”.

“Esta noche la casa es mía porque contraté a cuatro para matar al viejo”, atestiguó esa mujer que le dijo Ontivero. Ese sábado,  Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez lo acompañaron para sacarlo de la casa, lo golpearon con una maza y lo mataron de una puñalada.

Tras la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de San Nicolás, esta semana será clave para los acusados del crimen de Adolfo Vallejos cometido en mayo del año pasado en Villa Igoillo.

Es que el Tribunal debe decidir sobre la admisibilidad del juicio por trámite abreviado acordado entre el fiscal subrogante Vicente Gómez y los defensores, a propuesta del oficial Joaquín Castro, con un cambio de carátula que reduce significativamente la pena en expectativa.

Si los jueces admiten el abreviado, serán juzgados con los elementos que obran hasta ahora en el expediente por "homicidio en ocasión de riña", con acuerdo de pena máxima de cuatro años de cárcel.

De lo contrario, de mantenerse la carátula original de "homicidio agravado por promesa remuneratoria", es decir asesinato por encargo o sicariato, la única posibilidad de condena es con prisión perpetua.

La acusación inicial sostenía que Ricardo Ontivero había contratado a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

Ontivero se enteró y comenzó a amenazar a Vallejos para que se vaya, según aseguró Marilín Molina, una joven que dijo que le había "comprado" una fracción del terreno a Vallejos y que residía en el lugar.

En la causa hay una testigo que refirió que mientras conversaba con Vallejos pasó Ontivero y lo amenazó de muerte. Que discutieron y le dijo al viejo “esta noche te vamos a hacer cagar”.

“Esta noche la casa es mía porque contraté a cuatro para matar al viejo”, atestiguó esa mujer que le dijo Ontivero. Ese sábado,  Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez lo acompañaron para sacarlo de la casa, lo golpearon con una maza y lo mataron de una puñalada.

“Gaspar fue derivado antes del mediodía a Buenos Aires con una doble fractura de cráneo en una ambulancia de alta complejidad porque su estado de salud era crítico”, decía el reporte publicado en La Opinión el 7 de Mayo de 2023. 

Tenía por entonces 17 años y fue agredido a la salida de una fiesta en el Club Paraná en zona de Almafuerte y Novillo en la mañana de un domingo. Cuando fue al Hospital le suturaron la herida y regresó a su casa y cuando concurrió junto a su padre a radicar la denuncia se descompensó, sufrió convulsiones y comenzó su tránsito hacia el calvario que se extendió por varios días hasta que se recuperó de la cirugía que le practicaron. 

Casi en paralelo comenzó la investigación y la aparición de registros de videos permitió establecer e identificar a quienes habían participado de la agresión. En principio se caratuló como “Tentativa de Homicidio” y más tarde se transformó en “Lesiones Graves”. 

La defensa del agresor había solicitado el sobreseimiento, pero en la tarde del martes 2 de enero, la mamá de Gaspar remitió a La Opinión, la novedad: elevaron a juicio la causa y desestimaron la posibilidad de desincriminar a quien lesionó a su hijo.

“Que poner en juego, arruinar o terminar con una vida no sea gratis”, Mercedes Utges, la mamá de Gaspar.

“Comparto con ustedes la notificación por elevacion a juicio de la causa de lesiones graves a Gaspar. Luego de 8 meses bastante dificiles, en los que pasamos por diferentes etapas, comenzamos este año 2024 agradecidos de tener a Gaspar con nosotros, valorando más que nunca la vida y ahora con la esperanza de poder creer en la justicia”, dijo Mercedes Utges en su mensaje.

“Mientras aguardamos con mucho optimismo que se cumplan los plazos para la operación de craneoplastia que le permita a Gaspar seguir recuperando su vida, o volver a tenerla lo más parecida a lo que era antes de la agresión confiamos en que el/los responsables pagarén por lo que hicieron”, indicó.

Por último reflexionó: “que esta mala experiencia sirva de ejemplo para que no haya más casos similares” y agradeció en nombre de la familia:  “a todos los que estuvieron, están y estarán cerca; hacen más fácil este proceso”.

La resolución firmada por el Juez de Garantías Román Parodi, dice textualmente que “por encontrarse justificada la existencia del hecho y existir elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener que el mencionado (N. de la R.: expresa el nombre del menor imputado) sea autor penalmente responsable”… solicita a la Cámara de Apelaciones la remisión a Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de esa departamental. 

La periodista Silvia D’Angelo de la redacción el Diario El Norte de San Nicolás cubrió este martes la primera audiencia del juicio a Lucas Fernández como autor material detenido y a Adrián “Cachaca” Guzmán, imputado como cómplice del homicidio de Milcíades Lencina.

Hay más de cuarenta testigos citados a prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La periodista logró hablar con el hermano de Milcíades quien desde un principio mantuvo su disconformidad con la investigación y que el verdadero asesino está libre.

“Esperamos que se haga justicia, ya pasó mucho tiempo. Creemos que el asesino de mi hermano no está preso, si no que está en la calle, en libertad. El test de la parafina le dio positivo a otra persona y no a Fernández. Sostengo que no se investigó como corresponde”, dijo José Luis Lencina.

“El acusado fue señalado a punta de dedo. El culpable siempre anduvo en la calle. Esperamos que el verdadero asesino quede detenido porque fue llamado como testigo. No puedo asegurar que Fernández no tuvo ninguna participación porque yo no estaba ahí pero lo que sé es que no tenía pólvora en las manos”.”, agregó.

“Supongo que se abrirá otra investigación. Presenté videos y grabaciones de este otro hombre donde él cuenta como mata a mi hermano y no quedó detenido, solo en un primer momento lo apresaron y enseguida lo soltaron. Ahora esperamos que todo se esclarezca, que sepamos quien fue el que mató a Milcíades y que se haga justicia”, sostuvo José Luis Lencina consultado por el medio colega.

El 3 de junio de 2020, Sebastián Milcíades Lencina, de 28 años murió tras una balacera mortal que se desató cuando estaba en la puerta de su casa y desde una moto le dispararon. La primera hipótesis y los reiterados antecedentes de conflictos hablaron en principio de un ajuste de cuentas.

Aquella tarde, Lencina fue trasladado al Hospital donde estuvo internado por las graves lesiones que le provocaron dos de los tres disparos por los que fue alcanzado.

El jurado está integrado por 12 ciudadanos y presidido por la jueza María Elena Baquedano. Ellos tendrán la misión de establecer la veracidad de las declaraciones de los más de cuarenta testigos y dar a conocer el veredicto, probablemente durante la jornada de hoy.

Durante la primera jornada y tras la selección de los integrantes del jurado, la fiscala Viviana Ramos pronunció su alegato con el que entiende está aprobada la autoría del crimen y advirtió a los presentes para que no desvíen su atención hacia una hipótesis intencionada de la defensa del acusado para desviar la responsabilidad a una tercera persona.

Pasaron seis días desde el veredicto que absolvió de culpa y cargo a Maximiliano Dutra, luego de permanecer casi dos años detenido, acusado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y sustracción o retención de persona con el fin de menoscabar su integridad sexual”.  

Dutra fue detenido en octubre de 2021 y recordando ese momento su padre confesó que nunca pensó “que iba a pasar casi dos años” hasta que se demuestre su inocencia.

Aseguró que durante las audiencias vio y escuchó cómo se les indicaba a los testigos y a la presunta víctima que tenían que declarar para culpabilizar a su hijo. Luego hizo hincapié en que “el daño ya está hecho” y apuntó a la responsabilidades en la denuncia y las demoras judiciales por lo que hoy les toca vivir: “Ella sabía muy bien los hechos y no tenía nada para llegar a un juicio, podría haber parado todo”.

La angustia ahora está centrada en el futuro de su hijo. “Maxi se va de casa”, dijo y sostuvo que “ha quedado marginado”. “¿Dónde encuentra trabajo acá?”, preguntó mientras anunciaba que emprenderán acciones reparatorias y esclarecedoras. El testimonio completo en Sin Galera TV.

Maximiliano Dutra estuvo privado de su libertad durante un año, ocho meses y 24 días, acusado de haber perpetrado un delito aberrante. El sábado por la mañana en Sin Galera, su abogado defensor logró ordenar lo sucedido aquella noche del 4 de Octubre de 2021 cuando una mujer dijo en principio haber sido secuestrada, drogada y abusada.

Primero cayó la acusación de privación ilegítima de la libertad ya que las comunicaciones telefónicas premitieron establecer que habían acordado previamente un encuentro. Meses después le fue negado un examen de ADN que más tarde resultaría decisivo para demostrar que las muestras peritadas no se correspondían con el acusado; por último la investigación toxicológica también fracasó ya que no se encontraron restos de drogas en los análisis de quien dijo haber sido su víctima. Tampoco había alcohol en sangre.

“Al ser una víctima mujer, una fiscal mujer, una jueza de garantías mujer, y al haber llegado al debate judicial con una jueza mujer”, reflexionó el letrado “el caso fue analizado en la perspectiva de género”. Por qué fue a buscarla a Baradero, qué hicieron cuando llegaron a San Pedro, las cámaras de seguridad de la parrilla donde comieron, los momentos previos a la llegada al domicilio del acusado y los entretelones del trámite judicial fueron revelados durante el reportaje de un caso emblemático respecto a los procesos que incluyen tratamiento con perspectiva de género.

El Tribunal de San Nicolás que intervino en el juicio por jurados en el que fue Roberto Branto Ayala fue hallado culpable del homicidio de Nelson Lillo resolvió este lunes aplicarle una condena de 48 años de prisión que deberá cumplir en una cárcel de máxima seguridad.

El jurado ciudadano que ponderó las pruebas en su contra durante el debate oral y público lo había declarado culpable. Luego, en la correspondiente audiencia de cesura, los fiscales Marcelo Manso y Hernán Granda junto a la abogada Marisa López Bravo, patrocinante de la familia Lillo, pidieron 35 años, mientras que el abogado defensor había solicitado una pena de 10 años para el condenado.

El fiscal Marcelo Manso destacó en diálogo con La Opinión que “no hay muchas penas con esta cantidad de años, son muy pocas” y explicó: “El Código Penal admite como pena máxima los 50 años de prisión. Aquí la pena única es de 48, muy importante”.

Branto Ayala fue declarado culpable de homicidio agravado por ser la víctima un agente de las fuerzas de seguridad, de robo calificado, de portación ilegal de arma de guerra y de intento de robo a mano armada por haber querido asaltar a un automovilista cuando huía tras el tiroteo con la policía en el que mató al joven efectivo Nelson Lillo.

La pena de 48 años de prisión que le aplicaron unifica los delitos por los que purgaba condena y aquellos por los que ahora fue sentenciado. Además, el Tribunal tuvo en cuenta no sólo los hechos cometidos por los que fue juzgado sino que tuvo presente la condición de reincidente de Branto Ayala, cuya trayectoria delictiva es importante.

Ladrón de bancos e integrante de una banda de secuestradores extorsivos, el ahora condenado por el asesinato de un policía en un tiroteo tras asaltar a un camión repartidor afuera de un supermercado había cometido ese delito en condición de evadido del penal donde debería haber estado tras las rejas.