La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, intimó al intendente municipal Cecilio Salazar, y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, a que expliquen las demoras en responder un requerimiento de ciudadanos, en el marco de un amparo vinculado al acceso a la información referente al arbolado público en la ciudad.

La presentación judicial fue interpuesta por la abogada Karina Cecilia Rivet, quien en junio pasado manifestó la imposibilidad de continuar con su investigación sobre un tema ambiental, amparada por diversas leyes, que considera “fundamental para el mantenimiento de un entorno saludable”.

Rivet fundamentó su solicitud en el derecho de acceso a la información pública, con el argumento de que no deben existir motivos o intereses particulares que limiten este acceso. 

El pedido de información, presentado el 15 de abril, contaba con el respaldo de más de 200 firmas de vecinos, lo que obligaba al Municipio a responder en un plazo de 30 días hábiles.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, optaron por interponer un recurso de amparo, asistidos técnicamente por María Andrea Ortiz, quienes señalaron que esta omisión constituye una violación de las normativas establecidas en las Leyes 25.675 y 25.831.

Finalmente, la jueza Fulgheri requirió a Salazar y Vlaeminck que expliquen los motivos de su demora. 

Desde la parte demandante lamentaron haber tenido que recurrir a instancias judiciales para obtener información solicitada.

En el marco del conflicto judicial con la empresa Arcor por el destino de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, pidió a Fiscalía que le remita sus actuaciones.

La magistrada solicitó a la fiscala María del Valle Viviani que le envíe el expediente penal que tramita bajo su órbita desde que el 13 de febrero las familias tomaron posesión de las viviendas, con autorización municipal, que les habia entregado las llaves.

Este paso de la jueza es parte de lo solicitado por el abogado Daniel Spirópulos en representación de la Municipalidad en el escrito elevado al Contencioso Administrativo para que revea la medida cautelar vigente, que anuló el sorteo y obligó a la Municipalidad a no avanza en el proceso de adjudicación de las viviendas.

Spirópulos aseguró en su escrito que "el ingreso a las viviendas de los vecinos preadjudicatarios mediante la entrega de las llaves de las que se encontraban con las aberturas exteriores instaladas por parte del Municipio, ha sido necesaria a los efectos de lograr la protección de los bienes públicos y los derechos adquiridos en el proceso de adjudicación".

Sostuvo que "el ingreso y custodia de las viviendas" por parte de los preadjudicatarios "tiene por objetivo primordial" neutralizar el riesgo de usurpación latente del barrio.

"La medida de no innovar tal como se encuentra resuelta en el proceso, resulta contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos preadjudicatarios de las viviendas", señaló el abogado en su escrito, por lo que pidió "una medida cautelar distinta" a la vigente, "teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza e importancia de los derechos en juego".

El Gobierno municipal informó en conferencia de prensa los pasos a seguir luego de la medida cautelar que resolvió la jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri y que “invalidó”, así lo dice el fallo, el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri.

Los secretarios de Gobierno, Martín Baraybar; de Obras, Javier Silva; y de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, fueron los encargados de los anuncios y de responder las consultas de periodistas en el Palacio municipal.

Baraybar anunció que cuando la Justicia los notifique formalmente —la notificación virtual ya fue cursada—, el área de Asesoría Letrada se encargará de la apelación correspondiente para que la Cámara resuelva si mantiene el fallo que suspendió los efectos del listado de participantes del sorteo y el proceso de preadjudicación que se puso en marcha luego.

“Tenemos claro que las cuestiones legales han sido cubiertas por parte de la municipalidad por lo cual sabemos que esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”, sostuvo el secretario de Gobierno.

Además de apelar el fallo judicial, el Gobierno volverá a abrir un canal de diálogo con la empresa Arcor, que fue a la Justicia para plantear que los terrenos que donó y donde se construyen las viviendas eran para relocalizar vecinos que ocupan tierras de su propiedad en el barrio Bajo Puerto.

La falta de entendimiento previo al sorteo provocó que Arcor fuera a la Justicia y que la jueza dictara la resolución que reveló La Opinión este miércoles. De todas maneras, Baraybar ratificó la posición inicial del Gobierno: “Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”.

Tras la conferencia de prensa, Desarrollo Humano envió un mensaje a los preadjudicatarios que resultaron sorteados para informarles que el lunes, a las 10.30 en el club Independencia, habrá una reunión “para brindarles información directa y responder todas las inquietudes”. Al encuentro fueron convocados los beneficiarios titulares y los suplentes.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Gobierno reconoció que el decreto con el listado no fue publicado en tiempo y forma, tal como planteó la jueza en su resolución, pero aseguró que el procedimiento para el sorteo no forma parte del programa de viviendas sino que fue “una decisión política” del Ejecutivo.

“Nosotros entendemos que la cuestión de fondo no se resuelve en la publicación o no de un decreto de personas que van a ir a un sorteo”, dijo Baraybar y reafirmó la posición del Municipio: “Sabemos que la razón nos asiste en todo el procedimiento”.

“Estamos absolutamente convencidos de que apenas las viviendas se terminen y se cumplan los seguimientos administrativos que corresponden para la adjudicación vamos a poder adjudicar las casas”, dijo el funcionario para dar cuenta de que confían en que la resolución judicial será favorabl y llegará antes del plazo previsto para la entrega de las viviendas, es decir antes de las elecciones.

El secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento Javier Silva, quien participó de las reuniones con Arcor y hasta les dijo a los concejales oficialistas que él se les “paró de manos” y que la empresa se iba a “llevar un susto”, contó que esos encuentros fueron “en buenos términos” y que no hubo entendimiento porque las partes tienen posiciones encontradas respecto de la cuestión de fondo.

La empresa reclama que esas tierras que donó a través de una ordenanza de 2004 están destinadas a la segunda etapade relocalización de vecinos del Bajo Puerto, tras la primera, de 2007, con la costrucción del denominado “barrio Arcor”, y que el Gobierno no podría haber confeccionado otro listado ni sortear esas unidades habitacionales.

Sostiene que esa donación con cargo sigue vigente en todos los términos de la ordenanza, que hasta dice que la firma multinacional tiene la potestad de reclamar la devolución de las tierras en caso de incumplimiento.

“Estábamos bastante de acuerdo”, dijo Silva y agregó: “No nos poníamos de acuerdo en el cumplimiento del cargo de la donación, que el Municipio entiende que ya lo tenía cumplido y Arcor dice que no, que hay cumplimiento parcial”.