Un joven de 24 años fue detenido en la mañana de este viernes por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) local, en el marco de un operativo llevado adelante en la intersección de las calles Bottaro y Simonino.

Durante la identificación del individuo, los uniformados constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de captura activo emitido en enero del corriente año. Todo en el marco de una causa judicial caratulada como “Hurto”.

La medida había sido solicitada por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Nicolás, por lo que, una vez confirmada la vigencia de la orden, el sujeto fue inmediatamente aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

Tras cumplimentarse estas actuaciones, las autoridades judiciales determinarán los pasos a seguir con el imputado.

Durante la mañana de este sábado, un individuo de 31 años quedó detenido en la Comisaría cuando fue a preguntar el motivo por el que la policía lo estaba buscando. Está acusado de delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías n.º 3, a cargo de la jueza María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”.

Además, la acusación tiene el agravante de que el individuo era encargado de la guarda de la víctima, mediando una convivencia preexistente.

La causa comenzó en 2025 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la madre de la víctima, que fue pareja del acusado.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el avance de las actuaciones judiciales permitió reunir elementos considerados trascendentes para solicitar la detención del acusado, medida que finalmente fue otorgada por la Justicia de Garantías nicoleña.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones n.°11, a cargo de Viviana Ramos.

Tras cumplimentarse las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de directivas judiciales respecto de su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria y definir posteriormente su lugar de alojamiento definitivo.

A partir de la denuncia radicada por una mujer el jueves último, personal policial llevó adelante un allanamiento que permitió recuperar parte de los elementos robados y derivó en la aprehensión de un hombre de 55 años.

Según se informó, la denunciante constató en horas del mediodía que autores ignorados habían ingresado a su domicilio de calle La Laguna al 2300, previo forzar la puerta del lavadero. Del interior sustrajeron herramientas de mano, electrodomésticos y chapas.

Tras el trabajo investigativo realizado por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, los efectivos lograron establecer que los objetos podrían encontrarse en una vivienda de la zona. Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás.

El procedimiento se concretó en un domicilio de calle Cucit al 900, donde se procedió al secuestro de 13,99 gramos de marihuana compacta, 368 gramos de cogollos de la misma sustancia, 12 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 2,82 gramos, además de cinco baldes y cinco cucharas de albañil, una chapa, una amoladora, un hacha sin mango y una maza de albañil, elementos vinculados al hecho denunciado.

Como resultado del operativo, se aprehendió a un individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial.

Por último, el magistrado de turno, que dispuso la notificación de la causa y su posterior libertad.

Personal del Gabinete Criminológico de la Estación Policial Comunal, a partir de los elementos probatorios reunidos, logró certificar la autoría de un hecho por parte de masculino denunciado días atrás por una vecina de 33 años.

En consecuencia, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, la cual se llevó a cabo en un domicilio ubicado en inmediaciones a Fray Cayetano José Rodríguez y Javier Rivero.

En el lugar reside un menor de 17 años, a quien se le secuestraron dos armas de fuego tipo revólver: una calibre 32 largo y otra calibre 22 largo, ambas con municiones.

Interviene la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación de la causa, que se originó por disparos de arma de fuego por un caso de amenazas, además del secuestro de los elementos hallados y la posterior entrega del menor a su progenitora.

Efectivos de la Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron adelante, en la noche del viernes, dos allanamientos simultáneos en nuestra ciudad.

En los domicilios residían personas oriundas de Paraguay, que eran objeto de una investigación por presunta comercialización de drogas.

La causa fue tramitada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7, a cargo de María del Valle Viviani, quien tras reunir elementos de prueba contundentes, solicitó las órdenes de allanamiento al juez Luis Pratti, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de San Nicolás.

La pesquisa se había iniciado tras una denuncia anónima al 911, que alertaba sobre la venta de estupefacientes al menudeo en la zona. A partir de esto, la fiscal convocó al personal especializado, que mediante tareas de inteligencia identificó a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad paraguaya, que comercializaban drogas desde dos viviendas linderas ubicadas en una cortada de la calle Caseros.

Con la autorización judicial, los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea. En los operativos se logró el secuestro de más de 30 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, una balanza de precisión, más de $ 300.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el armado de dosis y tres teléfonos celulares.

Con los elementos reunidos, considerados como elementos probatorios, se dispuso el secuestro de todo lo incautado y la aprehensión de los dos investigados.

La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Una orden de allanamiento, emitida por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, fue ejecutada por el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación Policial Comunal San Pedro.

Este procedimiento se llevó a cabo tras la exhaustiva investigación realizada en los días anteriores, que permitió certificar la ubicación del domicilio del autor de un hecho de hurto.

La Fiscalía Nº 11 intervino en esta causa, solicitando la correspondiente autorización para llevar a cabo el allanamiento.

Los uniformados se trasladaron hasta la calle Juan B. Cucit, al 800, donde identificaron al morador, un masculino de 29 años de edad. Durante la diligencia, se logró el secuestro de un teléfono celular que resultó de interés probatorio para la causa en cuestión.

En continuidad con las pesquisas relacionadas con otro episodio violento, que involucró disparos de arma de fuego, se establecieron dos domicilios adicionales de individuos vinculados al caso. Como consecuencia de esta información, se gestionaron nuevas órdenes de allanamiento. Así, el personal del GTO, junto con efectivos de la comisaría, se dirigieron a una finca ubicada en la calle Liniers al 1200, donde se identificó a otro masculino de 33 años de edad.

En este segundo procedimiento se incautó una escopeta recortada, calibre 16, acompañada de cuatro cartuchos intactos, lo que refuerza la seriedad de las investigaciones en curso.

“Hace pocos días estuve con Axel (Kicillof) y me dio la estadística de los homicidios en la provincia. Le dije esos no son los que tenés, hay muchos más. Te los están escondiendo”, contó Guillermo Britos, actual intendente de Chivilcoy y exmiembro de la Policía de la Provincia, en Sin Galera con Lili Berardi.

Cuando se lo consultó sobre la situación de inseguridad que se padece, sostuvo que “las herramientas están. Falta la voluntad política de hacerlo”.

La muerte Kim, la niña de 7 años brutalmente asesinada en La Plata, fue el detonante de un enfrentamiento político entre el presidente Milei y el gobernador Kicillof. “En lugar de pelearse tienen que trabajar juntos. Las fuerzas federales deben operar en la provincia. Tiene que haber gendarmes y prefectos. Esto está mucho más allá de lo electoral y lo político. A la gente le interesa que no le maten un familiar, y si lo hicieron que lo resuelvan. Hoy esto no existe”.

“Lo hablábamos hace 25 años, mientras no exista un límite para quienes delinquen, no habrá solución. La Provincia tiene una puerta giratoria no solo para los menores, sino para todos. Mientras ocurra no hay manera de solucionarlo. No se puede liberar a un chico de 17 años como lo que sucedió con el caso Kim. Si seguimos así no hay solución”, expresó el excomisario en referencia a los tiempos en los que desempeñaba en la ciudad de San Pedro y cuando quisieron removerlo de su cargo por “tener a un menor reincidente tres horas demorado en la Comisaría”. La población se movilizó para defenderlo e impedirlo y obligó al Ministerio a dar marcha..

“El delito debe resolverse con manos firmes. Si un juez de Garantías libera a quien que comete un delito grave, hay que hacerle un jury”, sostuvo Britos. De igual manera mantuvo el criterio para la fiscal que días antes había liberado a uno de los autores del hecho: “No sé quién es, pero ojalá la echen”. 

El jefe comunal pidió “deszaffaronizar la Justicia. Muchos tienen esta teoría, que hizo que se defienda más al delincuente que a la víctima. Dejó de ser garantismo, pasó a ser abolicionismo”.

“Si en otros lugares se pudo resolver, por qué no en la provincia de Buenos Aires. Hay modelos para copiar”, indicó. También reclamó otra actitud del Procurador de la Provincia, quien “debe bajarle línea clara a los fiscales. La gente pide mano dura”.

Al ser consultado por el índice de homicidios en Chivilcoy reveló que hubo tres en nueve años y medio de gestión y “ninguno en ocasión der robo”, una cifra que San Pedro ya equiparó en dos meses de 2025.

En cuanto al rol de la policía, comentó que los comisarios “siguen el lineamiento que le bajan desde el Ministerio de la Seguridad. Tienen prohibido hablar con los medios y la gente quiere sabe qué sucede y qué hacen”. De hecho, el ex Jefe Regional José Ferrari fue sometido a juicio por haber utilizado imágenes de un camarógrafo privado para esclarecer el caso del secuestro de Diego Bernardotti en la que fue considerada una clara maniobra política, en tiempos de campaña y ascenso de Francisco De Narváez.

Funcionarios del Gobierno municipal fueron recibidos este martes en San Nicolás por los jueces de Garantías del Departamento Judicial al que pertenece San Pedro.

Las autoridades locales habían solicitado una audiencia con los magistrados tras las marchas por inseguridad y para "expresar la profunda inquietud por la reiterada liberación de delincuentes que son detenidos y rápidamente puestos en libertad".

El Gobierno informó a través de un escueto comunicado —en el que no dio detalles sobre las respuestas que recibieron por parte de los magistrados— que "se expuso la situación actual del Municipio, se plantearon las principales problemáticas y se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con los fiscales y el procurador".

En los pasillos judiciales se sabe que los jueces Ricardo Prati, Román Parodi y María Eugenia Maiztegui suelen repetir ante los funcionarios de los Ejecutivos municipales que los Juzgados de Garantías intervienen una vez consumados los delitos y que deben apegarse a lo que establece la ley.

En reuniones de este tipo, los jueces suelen evitar tecnicismos para exponer su mirada sobre una problemática que tiene diversas aristas y en las que los niveles nacional, provincial y municipal de Gobierno tienen responsabilidades que no pueden eludir, sobre todo en materia preventiva y de intervención social.

Una de esas responsabilidades es la que está relacionada con los lugares de detención. En el Poder Judicial saben que, incluso con la Ley de Reiterancia aprobada, para detener personas con prisión preventiva hay que tener dónde.

El pabellón 8 de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, por poner apenas un ejemplo, tiene 102 personas donde debería haber 40 y dos duchas para toda la población. Esa cárcel tiene en total alrededor de 900 presos con lugar para 358.

El Ministerio de Justicia bonaerense es el responsable de las cárceles provinciales y el de la Nación, de las nacionales. El Ministerio de Seguridad, por su parte, es el que debe resolver el problema de las comisarías, la mayoría de la zona con calabozos clausurados por malas condiciones para albergar presos.

Ello provoca, por ejemplo, que detenidos sampedrinos sean trasladados a sitios alejados como Luis Pardo en su momento a Suipacha o los cómplices del ex Uatre Kiko Cáceres a La Madrid y Laprida.

Ello implica móviles de la Comisaría o de la DDI que deben gastar combustible y disponer personal para llevarlos al sitio de alojamiento, traerlos en caso de declaración y volver a trasladarlos cuando haya cupo en una cárcel. "Son más baratas las obras", aseguran quienes conocen los números de cerca.

Los jueces fueron receptivos a los planteos de los funcionarios, pero también expusieron con claridad cuál es su rol y cuál es el que le corresponde a los gobiernos.

Además, pondrán a disposición del Municipio una serie de datos que permitirán planificar la intervención preventiva que el Gobierno local puede llevar adelante en conjunto con la Policía de Seguridad.

"Desde el gobierno municipal continúan las gestiones y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante las necesidades de la comunidad", difundió el área de prensa municipal.

El Gobierno municipal remitió este viernes una nota a los tres jueces de Garantías que tienen competencia en San Pedro para solicitarles una audiencia en el marco de los reclamos ciudadanos por inseguridad, que el miércoles encabezaron una segunda multitudinaria marcha en lo que va del año.

Con el propio intendente Cecilio Salazar a la cabeza —a pesar de que está de licencia por vacaciones hasta el 10 de marzo—, el Municipio envió la solicitud a Román Parodi, Ricardo Prati y María Eugenia Maiztegui, los magistrados en cuestión.

"El objetivo de esta solicitud es expresar la profunda inquietud por la reiterada liberación de delincuentes que son detenidos y rápidamente puestos en libertad", señalaron desde el Gobierno.

Además, expresaron su respaldo al proyecto para la denominada "Ley de Reiterancia", que busca establecer como motivo de prisión preventiva la existencia de otra causa penal en trámite, requisito que se sumaría al peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El mensaje de Salazar a los jueces de Garantías está relacionado con lo que comúnmente se conoce como "puerta giratoria" y que, según señala el texto remitido por el intendente, "genera una sensación de impunidad y pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos".

Sobre la "Ley de Reiterancia", señalaron que "se solicita al Poder Legislativo avanzar con la sanción definitiva" del proyecto, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde el peronismo de Unión por la Patria al que pertenece Salazar votó en contra.

Esa es una solicitud que el Municipio puede hacer formalmente vía Resolución del Concejo Deliberante, donde no ingresó propuesta alguna al respecto por parte del intendente ni de los concejales oficialistas u opositores.

"Esta normativa es fundamental para evitar que personas con múltiples antecedentes delictivos sean liberadas reiteradamente", dice el comunicado del Gobierno, que mezcla allí situaciones de “reincidencia” con las de “reiterancia”.

Para el Ejecutivo local, esa ley permitirá fortalecer "la lucha contra el delito" y brindará "mayor tranquilidad a nuestra comunidad, ya que son los intendentes y, sobre todo nuestros vecinos, los que sufren la liberación permanente de delincuentes en la ciudad, que deberían estar detenidos".

“Desde el equipo de gobierno de la Municipalidad de San Pedro continuará el compromiso de implementar acciones preventivas para reforzar la seguridad de nuestros vecinos, gestionando además, todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestra ciudad.”, indicaron.

"Sin embargo, es fundamental que los Poderes Legislativo y Judicial comprendan la urgencia de adecuar las leyes e implementar acciones concretas para abordar esta problemática", señalaron desde el Gobierno de Salazar.

La situación de Marisel “Pili” Solís, la mujer de 47 años acusada por el crimen de su pareja el 9 de junio de 2024, se complica cada día más. A medida que avanza la investigación surgen nuevos datos y la apertura de su celular habla de algo más que del consumo recreativo de hongos alucinógenos. Sin embargo y en línea con lo que ya había decidido el Juez Ricardo Prati, se consideró que las drogas secuestradas no calificaban como dispuestas para su “comercialización”, sino para “tenencia simple”.

El pedido de prisión preventiva elevado por la Fiscal María del Valle Viviani, en presencia de la imputada y su abogado defensor, no dejó dudas y ahora la familia de Marcel Xavier González Jorge procura que se conozcan más detalles de una investigación que, por muchos motivos, se vio demorada porque los resultados de la primera autopsia hablaban de un suicidio.

Aún así, la insistencia y la contratación de una perito de parte para discutir esos resultados, la abogada Sofía Sanjurjo, logró demostrar que aquel domingo en la finca Sonho Verde se había perpetrado un sangriento crimen. Un homicidio en el que cuesta creer que sólo haya participado una mujer por el modo en que se encontró el cadáver y el tipo de heridas que presentaba. El dato más llamativo reside en los signos de defensa -los peritos coincidieron en detallar- en los nudillos de una de las manos de Marcel. Hay otro detalle que la abogada presentó en la audiencia: un audio en el que la víctima relataba cómo Solís lo apuntó con una escopeta tras una discusión en el mes de marzo. 

Eso no es todo, en la decisión del Juez Prati también se vuelve sobre la tenencia de drogas y el expediente indica que en ese lugar encontraron: 14 bolsas con cogollos que pesaban 1.631 gramos, una caja de zapatos con cogollos con 321 gramos, 1 frasco con cogollos 33 gramos, otro frasco con 31 gramos y 3 plantines. También secuestraron una caja plástica azul con tres bandejas que contenían hongos, presumiblemente alucinógenos. Además, había elementos para el cultivo, pero la cantidad no fue suficiente para configurar la “Tenencia con fines de comercialización”.

Se sabe que resta un trabajo importante en la investigación porque la apertura del celular de Solís tiene conversaciones reveladoras, que van en línea con la hipótesis del asesinato del uruguayo de 33 años, al que había conocido en una ceremonia de Ayahuasca organizada en enero de 2024, en Uruguay. También fue clave el cruce de los testimonios del exmarido de la detenida, quien llegó aquella tarde tras recibir su llamado porque “su novio se había suicidado”.

Para Prati no surgieron dudas respecto del homicidio y aunque no fue concluyente, indicó que en esta etapa, y por las pruebas que ofreció la fiscalía, no se observa la participación de terceras personas.

La decisión judicial indica que Maricel “Pili” Solís deberá ser ingresada al pabellón femenino, “preferentemente de la Unidad Penal N° 3” de San Nicolás, y en caso de no contar con cupo suficiente ser derivada al establecimiento carcelario más cercano a su domicilio. 

El jueves en horas del mediodía el Dr. Ricardo Pratti recibió a los abogados defensores y a la Fiscal María del Valle Viviani en la audiencia pactada para decidir la suerte de Maricel “Pili” Solís.

Está señalada como la autora material del homicidio de Marcel Xavier González Jorge, en una finca rural de su propiedad en la zona de Villa Sarita, el domingo 9 de junio de 2024. Aunque en principio y tras la primera autopsia la Fiscal había abonado a la hipótesis de un suicidio, la familia de la víctima -que se enteró de su muerte un mes y medio después- siempre sospechó y exigió una investigación más profunda.

Así, el 28 de noviembre de 2024, en una reunión entre la perito de parte designada por la Dra. Sofía Sanjurjo en representación de la familia del uruguayo y el Jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, arribaron a la conclusión de que se trataba de un asesinato.

En diciembre, Maricel “Pili” Solís fue detenida y trasladada desde la “Estancia Sonho Verde” en Villa Sarita a la Comisaría de San Pedro y luego a otra dependencia en la ciudad de Rojas. Días después contrató como abogado defensor al Dr. Gustavo Moreno para que se le permita transcurrir en su domicilio el trámite del juicio.

La audiencia que se citó para el jueves 16 de enero en la OGA (oficina de Gestión y Audiencias), marca el punto de partida para esa decisión. La fiscalía solicitó la prisión preventiva y un nuevo peritaje sobre el cuerpo. Ese segundo pedido le valió el reproche del abogado de Solís, puesto que le resultaba contradictorio que reclame la privación de la libertad de su defendida cuando aún alberga alguna duda sobre la conclusión de los peritos que descartaron de plano el suicidio.

Todo lo dicho y actuado fue en presencia de la madre y el hermano de la acusada, de los abogados defensores, el juez y de manera virtual, la madre de Marcel desde su domicilio en los Estados Unidos.

La defensa de Marcel, por su parte, mostró las circunstancias en las que se desarrolló la investigación y la batalla de la familia para reabrir la causa y demostrar que la víctima de 33 años había vivido episodios complicados en su relación de pareja. También desechó que la droga encontrada en el campo perteneciera a Marcel, como intentó sugerir la acusada tras intentar justificar que no dio aviso a la familia del fallecido porque entendió que de esa tarea se ocuparía la policía.

Las organizaciones de vecinos que desde hace tiempo vienen haciendo planteos relacionados con el abordaje de la problemática de inseguridad pidieron reunirse con los jueces de Garantías que intervienen en la causas de San Pedro.

Par ello, elevaron una nota al intendente interino Ramón Salazar en el que solicitan que gestione el encuentro con los tres magistrados que actúan en la órbita del Departamento Judicial de San Nicolás, de la que depende el distrito.

La idea es reunirse con Ramón Salazar y con los jueces Román Parodi, Ricardo Prati y María Eugenia Maiztegui para “expresarles las realidades que impactan en nuestra sociedad”, señalaron en la nota que ingresó este viernes por Mesa de Entradas de la Municipalidad.

“Entendemos que el trabajo mancomunado y comprometido del Municipio, las fuerzas de seguridad, la Justicia, los organismos encargados de atender y conetner las problemáticas sociales y las insituciones sampedrinas es fundamental revertir esta problemática que transversaliza a toda nuestra ciudadanía en su conjunto”, señañaron en el texto.

La nota está firmada por vecinos autoconvocados, el Centro de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de Viveristas, Caproem y el Foro de Seguridad local, todas organizaciones que tienen representantes en las reuniones convocados por el Gobierno por la ola de inseguridad desde enero.