A 18 años del accidente en el que Miguel, un joven turista de 17 años sufrió graves secuelas tras caer por las barrancas en enero de 2008, la Justicia dejó firme la responsabilidad parcial de la Municipalidad de San Pedro por una indemnización que supera los 700 millones de pesos. 

El caso volvió a tomar relevancia esta semana luego de conocerse la actualización del monto indemnizatorio reclamado por la familia, que anteriormente era de tan sólo 7 millones. 

En Sin Galera, los abogados Gustavo Racimora y Pilar Telenti Teniente repasaron el largo recorrido judicial que comenzó en 2009 y que tuvo un fallo favorable en primera instancia, que luego fue revertido por la Cámara Contencioso Administrativa y que finalmente fue revisado por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. 

“Se dictó una sentencia favorable a nuestro cliente, con responsabilidad directa de la Municipalidad”, afirmaron. 

Según explicaron, la Corte consideró que hubo una “ponderación inadecuada” de las pruebas por parte de la Cámara y confirmó la responsabilidad del Municipio de San Pedro por la falta de señalización de peligro en las barrancas y poca iluminación, ya que el siniestro sucedió de noche. 

"Lo dice en el fallo definitivo que la baranda era franqueable. Había poca iluminación y no había una señalización que te indicará el peligro", señalaron. 

El accidente tuvo lugar en enero de 2008 cuando el joven llegó a la ciudad con un grupo de amigos, todos menores de edad, que se encontraban visitando la zona de las barrancas. 

Tras el siniestro, en el que cayó de alrededor de 4 metros de altura, el adolescente sufrió un traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral, por lo que fue internado de urgencia en el Hospital Fiorito, donde permaneció durante 6 meses. 

En la actualidad y luego de múltiples intervenciones quirúrgicas, Miguel se encuentra en silla de ruedas y padece una hemiparesia izquierda, lo que provoca una disminución motora en sus brazos, piernas y rostro. 

Finalmente, respecto al monto millonario de la indemnización, los abogados señalaron que ese dinero contempla las diversas necesidades con las que Miguel debe vivir desde el siniestro. Además, señalaron que está sujeto a actualizaciones. 

"Contempla que Miguel necesita pañales, que va a necesitar silla de ruedas de por vida, que Miguel tiene un tratamiento psicológico, que su mamá también lo necesita, que para sus tratamientos necesita movilizarse por un medio de transporte no público, que Miguel necesita, además, medicación de por vida”, finalizaron. 

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó el rechazo del cese de prisión preventiva que la defensa particular de Marisel "Pili" Solís había interpuesto en el marco de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavie González Jorge, el joven uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

El abogado Gustavo Moreno había pedido a la Justicia que le ponga fin a la detención de Solís tras el análisis que la Asesoría Pericial de La Plata hizo sobre las fotografías de las manos y brazos de Marcel.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías no se hizo eco de la solicitud y la denegó, por lo que Moreno apeló y ahora la Cámara se expidió en el mismo sentido, es decir que rechazó el cese de la medida y Pili Solís seguirá detenida.

Entre sus argumentos, el abogado de la imputada había planteado, una vez más, la sospecha relacionada con la presunción de que las heridas de Marcel habrían sido "autoinfligidas", algo que descartó la pericia sobre la autopsia.

Pero además, había señalado que Marcel no habría sentido dolor porque estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, puesto que Solís sostuvo en su declaración que ambos habían consumido hongos del tipo cucumelo.

La Cámara se apoyó en los resultados de la pericia toxicológica, que estableció que ni Marcel ni Pili Solís habían consumido drogas alucinógenas, lo que echó por tierra la coartada de la acusada.

Marisel "Pili" Solís seguirá detenida en el anexo femenino de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, imputada del delito de homicidio agravado por el vínculo, que contempla como única posibilidad de pena la prisión perpetua.

La fiscala Viviana Ramos caratuló como estafa una situación que se originó adentro mismo de la fiscalía y que tiene como protagonistas a dos personas que se desempeñan a diario en el lugar pero no son trabajadoras que dependen del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia fue radicada por una de las mujeres que cumple funciones como policía en la dependencia judicial y que había comenzado a desarrollar tareas allí el primer día de julio.

Lo inusual del caso es que la persona imputada por delito de estafa, que tiene 22 años y está domiciliadad en San Pedro, también se desempeña en la dependencia como personal de limpieza por medio de una empresa que la propia Fiscalía General contrató por medio de una licitación.

la persona imputada también cumple funciones en la dependencia como personal de limpieza

La damnificada advirtió lo que le estaba sucediendo cuando el sábado por la tarde recibió una comunicación de la empresa Mercado Libre donde la consultaban sobre si habilitaba a una persona de la quien aportaron nombre y apellido para efectuar dos compras de 1590 y 930 pesos en distintos comercios de la ciudad utilizando la tarjeta de crédito.

Además de responder en forma negativa, la víctima comenzó a verificar qué era lo que estaba sucediendo porque tuvo la cuenta vacía hasta el primer día de julio que fue cuando le depositaron el sueldo. Allí fue cuando advirtió que le habían efectuado compras por un valor cercano a los 28 mil pesos con la tarjeta de débito.

Lo asombroso del caso fue que al obtener los datos personales de la presunta estafadora se pudo establecer que se trataba de su compañera de trabajo, que, en algún momento del día había logrado extraer desde la mochila de la damnificada los datos de sus tarjetas y DNI para efectuar diversas acciones ilegales.

se pudo establecer que se trataba de su compañera de trabajo

La Policía, por orden de la Fiscalía N° 11, efectuó un allanamiento en el domicilio de la acusada, en Obligado al 1500, y secuestró dos celulares que serán peritados para seguir sumando pruebas a la causa. La mujer no se encontraba en el domicilio pero se aprehendió a la hermana, de 30 años, quien mientras se desarrollaba el operativo en su casa amenazó al testigo.   

A la vez, mientras la causa toma su curso instructivo, la trabajadora fue relevada de su puesto en la dependencia judicial por parte de la empresa que la había incorporado.