La disputa por la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires tuvo este jueves una tensa jornada, en  medio de una interna del peronismo que se dirime a cielo abierto.

Entre la sesión en la Legislatura —cuyos detalles cubrió desde el lugar de los hechos LaNoticia1.com— y la expectativa por el acto de Kicillof, apareció la publicación de un documento denominado "carta abierta a la militancia", en la que el cristinismo y el massismo pidieron elecciones concurrentes: "Una sola nación, una sola provincia, una sola elección".

El documento contiene adhesiones de una gran cantidad de dirigentes: intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, rectores universitarios, integrantes del PJ y sindicalistas, es decir dirigentes que tienen representación otorgada vía elecciones.

En San Pedro, las adhesiones fueron pocas. El documento salió una semana después de que 46 intendentes, entre ellos Cecilio Salazar, pidieran el desdoblamiento de las elecciones, por lo que adherir al planteo del cristinismo y el massismo implicaba un posicionamiento contrario.

Dos concejales del bloque oficialista suscribieron su adhesión: Tamara Vlaeminck, máxima referente local de La Cámpora y miembro de la mesa seccional; y Juan Cruz González, de Nuevo Encuentro, que lidera Sabbattella y que tiene como senadora firmante del proyecto de ley de elecciones concurrentes a Laura Clark.

Además, aparecen las adhesiones de sindicalistas locales: Juan Cruz Acosta, de los Municipales; Julio Montes, de Uecara; Emmanuel Olmos, de Luz y Fuerza; y Horacio Azzoni, de Uocra —que además preside el PJ local—, cuyo concejal, Cristian Leguizamón, no adhirió.

Tampoco aparece la adhesión de Martín Baraybar, que tiene responsabilidades en el Smata regional pero además es secretario de Gobierno de Salazar. 

Por ejemplo su compañero de gremio Tito Sanzio, intendente de Baradero, sí firmó, como lo hizo el secretario general del sindicato de mecánicos, Ricardo Pignanelli, que a su vez es uno de los vicepresidentes del PJ nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de esa tensión, la Legislatura provincial tratará la semana que viene el proyecto de ley de suspensión de las Paso y, eventualmente, la posibilidad de un llamado a elecciones concurrentes.

Con la disputa actual, es decir sin que al final del camino haya un acuerdo entre las partes en conflicto, el peronismo tendría dos listas, con o sin Paso. 

En San Pedro, Tamara Vlaeminck y Juan Cruz González ya se posicionaron: aunque forman parte del bloque que responde a Salazar —les tocará defender la Rendición de Cuentas 2024—, que se reivindica un hombre de Kicillof, en la disputa interna eligieron a Cristina.

La "carta abierta a la militancia" dice que es necesario que las elecciones pongan de relieve el enfrentamiento con las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, al que califican de "típico programa de ajuste y endeudamiento".

Por su parte, el documento que firmaron 46 intendentes la semana pasada para respaldar el desdoblamiento tiene como argumento los cambios que implica la boleta única de papel a nivel nacional y "que los bonaerenses puedan debatir con la profundidad necesaria el destino de la provincia".

La presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Candelaria Cuscuela por vacaciones de Pablo Vlaeminck, recibió una solicitud para que convoque con urgencia a la Comisión de Seguridad, que preside Juan Cruz González.

En esta ocasión se formalizó mediante una nota, luego de la marcha realizada el miércoles último, cuando un grupo numeroso de manifestantes expresó el descontento con la situación de inseguridad que se padece en las últimas semanas.

En días anteriores hubo ediles que hicieron la petición al presidente titular, Pablo Vlaeminck, pero no tuvieron la respuesta esperada. Después llegó la convocatoria a la protesta y desde el Concejo Deliberante tampoco hubo señales, por lo cual la oposición ahora arremetió con “urgencia” para tratar el tema.

“La situación de San Pedro demanda el debate y la búsqueda de soluciones mediante la participación del Departamento Legislativo y sus herramientas”, expresa el pedido.

En simultáneo, el concejal Martín Rivas, presentó un pedido de informes. Allí señala la intensificación de los diversos delitos donde “nada resulta indemne a la acción delictiva, muchas veces impune” y detalla la frondosa cantidad de hechos, como “estafas y ciberdelitos -incluyendo la muy reciente aún en proceso de investigación y con miles de damnificados-; asaltos a mano armada en la vía pública, modalidad escruche; violación de domicilios con robo de elementos diversos; robos de autos, sus baterías y ruedas; robos cotidianos de motocicletas, bicicletas, celulares; actos de violencia barrial, agresiones y rapiñas con armas blancas; accidentes de tránsito recurrentemente protagonizados por conductores de motos desprovistos de casco, sin patente ni seguros; reyertas callejeras, sucesos presumiblemente originados en el consumo de estupefacientes; agresiones y demás hechos lamentables con gravísimas consecuencias”.

Rivas requiere una intervención de la Municipalidad “mucho más eficaz, a los efectos de que el logro de un manejo de la situación aporte tranquilidad a los vecinos, sobre la base de los medios económicos comprometidos con esta finalidad”.

Asimismo, pretende que el Departamento Ejecutivo explique el plan de seguridad, las acciones planificadas conforme al mapa del delito, y así es, cuál es la estadística de ilícitos, sus características y los efectos correspondiente a los años 2023 y 2024.

“¿Cuál es la estimulación para lograr la participación ciudadana?”, pregunta. Por el momento, ante los acontecimientos, la única intervención de la gente solo ha sido mediante una marcha, incentivada por la falta de respuesta a una problemática creciente y cada día más preocupante.

El jueves estaba todo listo para que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza para prohibir fumar en espacios públicos con actividades deportivas o educativas, una propuesta del concejal Daniel Creus.

Sin embargo, en la reunión de Labor Legislativa previa a la sesión en la que el dictamen se había incluido en el orden del día, la presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela, pidió no tratarlo sobre tablas y devolverlo a las comisiones, a pesar de que ya había pasado por dos.

Es que Creus se enojó porque le recortaron el proyecto original en la comisión de Seguridad que preside su compañero de bloque Juan Cruz González y puso el grito en el cielo, al punto de advertir que no votaría el expediente así como estaba, lo que hubiera desatado un conflicto en plena sesión.

"Vamos a terminar de redondearla", dijo Creus ante la consulta de La Opinión sobre el pase a Comisión. Fue antes de que comience la sesión del jueves, en pleno recinto, donde le tocó sentarse al lado de Juan Cruz González.

Respecto de la necesidad de alcanzar consensos para aprobar un proyecto viable —el original era tan restrictivo que proponía prohibir fumar en los espacios abiertos de los clubes—, señaló: "Es mi primer año —aunque fue electo en 2021, estuvo de licencia— no lo había observado anteriormente, pero puede ser".

Cuando se lo consultó sobre los recortes que sufrió el expediente, con una risa nerviosa que no ocultó su disgusto, respondió: "Preguntale al presidente de la comisión de Seguridad", que es Juan Cruz González.

"Hay algunos puntitos que en el Ejecutivo querían ver, queremos estar seguros de ajustar, el año que viene veremos de avanzar en ese sentido", dijo, componedor González.

"Lo más difícil que tiene el Concejo, y la gimnasia que uno debe adquirir, es la búsqueda de consensos. Cuando los proyectos se complejizan, tenemos que tratar de buscar una manera de que se dé un paso en el sentido a lo que se busca, que en este caso es sobre lo dañino que es el huno de cigarrillo incluso al aire libre", explicó sobre la labor en comisión.

"No siempre las cosas salen como nosotros queremos", dijo González sobre los recortes del proyecto. 

La interna en el bloque y con funcionarios del Ejecutivo no fue tan amable. El tema ya venía caldeado desde principios de año. Creus se enojó y en Palacio se enojaron con él.

"Cuando presentó el proyecto no le preguntó a nadie", dijo uno de los pocos que se sienta en la mesa chica de Cecilio Salazar para tomar decisiones importantes. "Así que quedó dormido, a la espera de ver qué se podía hacer para mejorarlo", agregó.

A Creus no le gustó que el expediente durmiera y apuró el trámite.

 Es que el jueves fue la última sesión del año. Por eso resolvió el dictamen en la comisión que él preside, la de Salud, y salió tal como había sido presentado., que incluía hasta sanciones que obligaban a "concurrir al consultorio especializado en cesación tabáquica del Hospital municipal", que coordina el propio Creus.

Sin embargo, cuando llegó a Seguridad, en el Gobierno llamaron la atención sobre el tema. En Palacio no querían avanzar con el proyecto original porque era demasiado restrictivo para aprobarlo sin un consenso amplio ya no en el Concejo sino en la sociedad.

"Era inviable, demasiados actores para ponerse de acuerdo. Para esas cosas hay que trabajar mucho, no es presentar un proyecto porque yo creo que las cosas son así. La política es otra cosa, a veces es difícil entenderlo para todos", dijo un experimentado hombre del Gobierno, cercano al intendente.

Para Creus, el proyecto fue "censurado" y el dictamen que iban a llevar a sesión era "una bazofia" que él no estaba dispuesto a acompañar y menos en silencio.

Esos conceptos deslizó a sus compañeros de bloque, muy molesto porque en otros temas se alcanzaban consensos rápidos y sin discutir demasiado, pero a su proyecto lo podaron tanto que, para él, perdió sentido. 

El año que viene se verá, porque hasta el 1 de marzo no hay más sesiones ordinarias. Así que, como dijo Tato Bores y citó Creus: “Mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, la neurona atenta, vermouth con papas fritas… y ¡Good Show!”.

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Juan Cruz González dejó la presidencia del bloque oficialista a Candelaria Cuscuela

Resúmen parte policial Un joven de  24 años fue detenido por la policía en inmediaciones de la comisaría. Registraba pedido de captura activa desde el año 2019 por incumplimiento de restricción perimetral ordenado por el Juzgado de Familia San Nicolas. Personal policial trasladó desde Nieto de Torres al 800 a un joven de 25 años quien poseía dos “bochas” de cocaína. Personal de Gabinete criminológico realizó un allanamiento en Basavilbaso al 600, donde secuestro un Tv de 42”. El mismo fue ordenado por la justicia por un robo en Bozzano al 1100.   En la noche del martes efectivos de la comisaría y del gabinete criminológico realizaron un operativo de saturación en distintos barrios de la ciudad. En 11 de Septiembre y Bv. Moreno, interceptaron un vehículo con tres personas a bordo. Secuestraron un revólver calibre 38 cargado con dos cartuchos intactos y un arma blanca. Una mujer de 24 años y dos varones de 23 y 26 años de edad fueron trasladados a la comisaría por posrtación ilegal de arma de fuego.El rodado en el que circulaban no poseía documentación.      -Sumate a nuestro canal de Youtube sin galera lili berardi, suscribite y formá parte de nuestra comunidad.-Este sábado en Sin Galera sorteamos esperá el llamado de Lilí y ganá.-Para publicar tu reclamo o pedido enviá mensajes de audio, texto o fotos al 3329 47 99 58. -En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes-También en Tik Tok y Facebook-Siempre atentos en el 4-20-100 -En nuestro sitio web podés suscribirte “El periodismo que nosotros hacemos, existe porque lo pagás vos”.-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno. Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion—------------------------------------------------ 

El bloque Unión por la Patria, que responde en el Concejo Deliberante al oficialismo del intendente Cecilio Salazar, cambió las autoridades y Juan Cruz González dejó de conducir la bancada, lugar que ahora ocupa Candelaria Cuscuela.

El edil de Nuevo Encuentro tuvo a su cargo la presidencia del bloque desde diciembre de 2021, tras las elecciones de ese año —asumió en 2019, cuando acompañó en la lista a Ester Noat—, y fue revalidado en la conducción cuando asumieron los nuevos concejales, a fines de 2023.

Había reasumido la presidencia hace seis meses, a pesar de que es concejal suplente que ocupa la banca por licencia de Alfredo Carrasco, jefe de Gabinete del Gobierno, quien encabezó la lista de Salazar y es el primero en la línea sucesoria.

“Nada polémico, asumí porque me pidieron que me haga cargo de reordenar la nueva composición. Siendo que soy un concejal suplente, entendí que es momento de que continúe otra compañera”, dijo el edil anta la consulta de La Opinión sobre el cambio.

En ese marco, aseguró que su rol como titular de la bancada oficialista era de “transición” hasta que se produjera ese “reordenamiento” al que refirió.

Candelaria Cuscuela, que llegó al Concejo en 2021 de la mano de La Cámpora, organización a la que dejó de pertenecer para recostarse en el partido Fe, tuvo un rol protagónico en las sesiones desde el año pasado.

Por un lado, porque le tocó presidir comisiones de relevancia, como la de Peticiones; por el otro, porque sus compañeros de bloque no son demasiado propensos a asumir la defensa de los proyectos o a responder en los debates.

Ahora le toca conducir el bloque que completan Tamara Vlaeminck, Rita Leguizamón, Soledad Llull, Cristian Leguizamón, Matías Franco y Daniel Creus.

Juan Cruz González tuvo algunas dificultades operativas por su trabajo como empleado de Pami, trabajo que lo obligó a, por ejemplo, “renunciar” a la dieta (entre comillas porque cobra dos tercios sin descuentos de cargas sociales).

Tras la asunción de Javier Milei, levantó la licencia que mantuvo durante los cuatro años previos, teniendo en cuenta que ocupa un lugar en el Concejo como suplente.

Así, todo indica que su trabajo le impediría continuar en la conducción, aunque durante seis meses estuvo al frente y le tocó defender, por ejemplo, la Rendición de Cuentas, entre otros proyectos que generaron debates con la oposición.

Presidir el bloque implica no sólo conducir a los otros ediles de la bancada en la tarea legislativa cotidiana sino también establecer vínculos con presidencia y con la oposición, así como con el Ejecutivo.

González seguirá como edil mientras Carrasco esté de licencia y con la presidencia de comisiones relevantes, como Presupuesto, Servicios Públicos y Seguridad.

La decisión de dejar la conducción del bloque que responde al intendente Cecilio Salazar en manos de Candelaria Cuscuela fue informada formalmente por González al Concejo el viernes pasado, a las 13.00, a través de una nota que ingresó por Mesa de Entradas.

Luego de que La Opinión develara en una nota las sumas millonarias que debían pagarse a los abogados que defendieron los intereses de la Municipalidad en la causa que se inició en pos de recuperar la propiedad de los terrenos sobre Avenida España, el Dr. Juan Benseny aclaró su posición respecto a los montos que la justicia asignó a quienes actuaron en representación de los intereses sampedrinos.

"Mi actuación se limitó allá por el año 2010, yo fui durante 4 meses más o menos director de Asesoría Letrada", explicó Benseny que además aseguró que no tiene "derecho a cobrar" por la labor prestada, ya que durante ese tiempo percibía el sueldo que le correspondía por intervenir en "todos los juicios" en los que estuviera "involucrada la Municipalidad".

Tal es la obligación de los funcionarios de esa área, defender, vigilar y proteger la legalidad de los actos de gobierno y velar por el patrimonio público.

Consultado por su situación y los de los abogados Paola Basso, Ricardo Uguet y José Macchia, el letrado indicó que la Municipalidad puede notificarle al juez a qué abogado "no le corresponde el pago de honorarios". Esa es una obligación que no debe ser postergada a fin de que no se concreten los pagos o en el futuro puedan reclamarse. 

Benseny recordó además que tras su gestión, continuó en representación del municipio en juicios que tramitaban en Capital Federal por contar con una matrícula para desempeñarse en esa jurisdicción. Aclaró que cuando asumió el Dr. Ramón Salazar le informó sobre una decena de juicios que quedaron pendientes y que debían contar con seguimiento, ya que también él estaba radicado en CABA para poder ejercer como abogado.

Finalmente, explicó que él no pretende percibir lo estipulado y que considera que "la Municipalidad no va a pagar" las sumas dispuestas por la justicia. En su caso la justicia le reguló un importe de 1.746.360 pesos  como pago por la labor desempeñado. 

La disputa legal entre el Gobierno local y los habitantes de los terrenos comenzó en 2004 y la sentencia definitiva del juez Hernán Prats favoreció a quienes ocupan más de 100 metros desde la sede de Agrupación Mallorca hacia la zona del Tiro Federal.

El Dr. Juan Benseny no es el único, también la Fiscal de Estado, cuyos honorarios resultaron superiores a los 12 millones de pesos, desestimó la percepción por su actuación pública. 

Los terrenos que las familias del ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge, su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y que el resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez reclamaron como propios tras haber edificado varias viviendas y aducir derechos posesorios, nunca más serán de los sampedrinos. 

El litigio que comenzó en el año 2004 y sobre el que la concejal y ex Asesora Letrada Paola Basso advirtió en mayo de 2023, había quedado sin seguimiento, escribió su capítulo final en la justicia tras la determinación de los honorarios que le corresponden a cada letrado. Los inmuebles fueron tasados en 72.000.000 de pesos y sobre esa base que fue estimada en noviembre de 2023 ahora hay que liquidar lo que le toca a cada uno. En junio de 2023, el municipio había anunciado una apelación.

 La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad.

Están los que cobrarán por perder y el que cobra por ganar, más los beneficiados con los sucesivos fallos y ventajas que no todos los que usurpan tienen la dicha de concretar. Efectivamente, la usurpación mayor y emblemática quedó plasmada a la vista de toda la ciudadanía. La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad. Cuando se ven estos resultados, sobrevienen las dudas del verdadero afán que anima al funcionario público a la hora de defender los intereses de la población. 

Para el abogado de las familias que lograron pasar de la usurpación a ser propietarios, la justicia dispuso el pago de 13.365.000 pesos más 230,22 jus (unidad de medida que sirve como guía para los distintos trabajos que realiza un abogado) a un valor de 19.546 que totalizan otros 4.484.692 pesos. 

Si el letrado es responsable inscripto habrá que adicionarle el 21% de IVA. En total: 17.849.692 pesos. Corresponde porque es quien ganó el litigio y logró probar que los ocupantes podían hacer valer sus derechos.

La concejal y abogada Paola Basso al igual que todos los que desempeñaron durante las gestiones de Barbieri, Guacone, Giovanettoni y Salazar como asesores letrados será compensada de acuerdo a los tiempos en los que le tocó actuar. La justicia reguló para ella 4.365.900 pesos como compensación a su desempeño. Claro que este y todos los montos de funcionarios que cobraron su sueldo para resguardar los intereses de la comuna podrían ser apelados, algo que aún este medio no ha podido confirmar.

Le sigue el Dr. Juan Benseny, quien se desempeñó en esa asesoría durante el gobierno de Pablo Guacone. Para él fue regulado el importe de 1.746.360 pesos. Durante el siguiente mandato ese cargo quedó en manos del Dr. José Macchia que ahora es Juez de Paz de la ciudad. A él le corresponden 873.180 pesos más 42,15 jus que equivalen a 823.863. Para Ricardo Uguet, el monto fue fijado en 42.12 jus, por un total de 881.915 pesos. 

A la Fiscal de Estado, María Hiraldo le corresponden 9.355.500 pesos más 161.15 jus que equivalen a otros 3.149.837 pesos.

El arquitecto que tuvo a su cargo mensurar los terrenos y darles el valor acorde a su valuación primaria fue designado por sorteo y se llama Aníbal Julio Velasco. Por su tarea le corresponde cobrar 3.600.000 pesos a los que habrá que adicionarles el IVA.

Sin el impuesto al valor agregado, los sampedrinos tendrán que abonar como mínimo lo que corresponde a Bengolera, Hiraldo y Velasco que suman: 33.957.029 pesos. Si no se apelan los honorarios regulados a los abogados de la municipalidad, habrá que sumar 7.862.355 pesos. 

Ya no hay otras instancias para cursar y el privilegio de ocupar o simular derechos posesorios en la costanera acaba de sentar otro antecedente que derivará en una serie de actuaciones que esperan el mismo desenlace. Por solo pensar en los más recientes, ¿quién podrá ahora decirle a un intruso en un terreno fiscal o de la costa o de las islas sin catastrar que debe desalojarlos?

Como si fuese poco, hay concesiones que se hicieron a la iglesia y terminaron en manos privadas como “la casita de las monjas” que fue vendida con toda su documentación pero que estaba destinada a otros fines.

 Después el Tiro Federal, cuyos permisos se extendieron en otro siglo y hoy exhiben moles de cemento en pleno paseo costanera. 

Mansa Lyfe, también perdido a manos de Luz y Fuerza, Pesca y Casting, en manos de un grupo de “asociados” a los que el puerto nunca termina de desalojar y hasta el Paseo Público donde quien lo desea edifica una guardería de botes sólo porque se siente con derecho a apropiarse de un cuerpo de sanitarios que pertenecía a todos los sampedrinos. 

Pues bien, después de este resumen y catarsis por “todo lo que no volverá al igual que nuestra bella laguna” sobrevienen las deudas que todos y cada uno de los contribuyentes habremos de pagar de acuerdo a los honorarios que reguló la justicia sin que que en el Concejo Deliberante al menos dos de sus integrantes se disculpen por ser parte de esta vergonzosa situación.

Juan Cruz González es concejal de Unión por la Patria y ahora es dueño de una de las propiedades por las que litigó contra la comuna. Paola Basso, la concejal afiliada a la Unión Cívica Radical que cumple doble mandato porque aún no renunció al anterior, percibirá sus honorarios por haber “defendido” al Municipio al igual que otros funcionarios que por lo visto, fracasaron.

En mayo de 2023, durante el programa Sin Galera, se anunció el fallo favorable en el juicio Municipalidad de San Pedro C/Calonge Raúl y otros S/acción de restitución.

Antes de que comience la primera reunión de la comisión de Presupuesto, con el secretario de Economía Roberto Borgo en el Concejo Deliberante, el presidente del bloque oficialista, Juan Cruz González, aseguró a La Opinión que esperan alcanzar acuerdos con la oposición que permitan aprobar las ordenanzas fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos para el año que viene.

Reconció que el tiempo para el análisis será escaso y argumentó que "tiene que ver con la realidad de nuestro país", que "afecta a todos los municipios para el tratamiento de estos expedientes, que son el corazón y la proyección del año que viene".

"La impositiva viene con un aumento del 100 %, muy por debajo de lo que nos ha pasado en 2023 y ya podemos decir que muy por debajo de lo que va a ocurrir en 2024", dijo sobre el incremento en los tributos municipales que propuso el Gobierno para 2024.

"Hay que ser muy austeros y ver cómo se corrigen las cuestiones económicas en el 2024, esperando que mejore, más allá de las cuestiones políticas entendemos que la necesidad es que las cosas nos salgan bien", señaló sobre la situación económica en general.

González dijo que comparte con la oposición que el tiempo de análisis es corto y aseguró que le gustaría que el tratamiento hubiese sido distinto. "Pero hay cuestiones como llegar a un balottagge, que ya implica un corrimiento en algunas discusiones y ni hablar de la incertidumbre producida en el impasse hasta que asumió el nuevo presidente", consideró.

"Va a ser un año duro, las cuestiones económicas que se vienen viendo reflejan eso y el presupuesto acompaña eso, un 2024 que no sé si va a ser austero o complicado, esperemos que no, pero todo pareciera indicar que va a ser un año difícil", analzó sobre el futuro.

Consultado sobre la expectativa de acuerdo con la oposición, indicó: "Siempre confiamos y trabajamos en la búsqueda de consenso, a veces por cuestiones políticas o por diferencia de pensamiento no se logra dar, pero la discusión y el trabajo en comisión tiene que ver con la búsqueda de consenso más allá de si tenés los votos o no".

En la década del 90 quien desempeñaba tareas de remoción en el basural logró quedarse con un predio al pie de la barranca en zona privilegiada. Así, un pequeño sector se transformó con el tiempo en motivo de un largo pleito y una expansión edilicia que dio lugar a que otros vecinos lograran probar primero la posesión y ahora la propiedad de una gran porción de la costa.

Se trata de las familias de el ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge y su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y del resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez.

Hace pocas semanas la ex Asesora y ahora Concejal Paola Basso recordó una serie de acciones que habían quedado pendientes de decisión judicial y seguimiento cuando dejó su cargo. Este era uno de ellos, pero desde que el lugar fue usurpado y las edificaciones crecieron, pasaron varias gestiones de gobierno: Pángaro, Barbieri, Guacone y Salazar padre e hijo. Durante todo ese tiempo el litigio por la recuperación se mantuvo en favor de los sampedrinos.

Si bien los antecedentes se remontan a fines de la década del 80, el “error” que desencadenó el resultado adverso se cometió en 2017, cuando se modificó la definición de un bien público municipal por un bien privado. Sucedió en ocasión del recupero de todas las superficies costeras que van desde Mallorca al Tiro Federal a excepción del lugar que pertenece al obispado donde funcionó durante mucho tiempo la Dirección de Turismo Municipal. El estacionamiento de Pescadores es una concesión provincial y el resto era patrimonio público municipal y por ende propiedad de todos los vecinos de San Pedro.

El sábado por la mañana, el móvil de Sin Galera, recorrió el lugar y trazó la dimensión que se logró merced al avance de murallas y cercos que ampliaron el pequeño sector que ocupaban los habitantes originarios en pequeñas viviendas. De hecho, el primer litigante, Raúl Eduardo Calonge había comprado en el año 1987 los derechos posesorios a una familia de apellido Caffieri.

Desde el lugar, el periodista Rafael Flaiman explicó los alcances del fallo sobre el que además restan por fijar los honorarios de los abogados ya que serán fijados en relación a la valuación de los predios.

El litigio que tuvo su primer antecedente en diciembre del año 2004, entra ahora en el ritmo de las notificaciones y los derechos que puedan esgrimir todos aquellos que han construido en la zona. Otro capítulo triste para una ciudad que en lo que va del año ya sufrió dos impactos que involucran distracciones imperdonables: los terrenos de Arcor en la zona del Bajo Puerto y este sector estratégico para el turismo y la recreación.

Entre sus promesas de campaña en 2015, Cecilio Salazar había prometido pasar con la topadora por toda la costa para recuperar predios. No fue el único.