El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta, se refirió este sábado en Sin Galera a la disputa que su gremio mantiene con el Gobierno de Cecilio Salazar desde el año pasado, cuando tras una serie de medidas de fuerza hubo resoluciones que terminaron en la Justicia.

Acosta y su esposa, Luciana Pavón Duarte, que comparte la conducción del sindicato con él, habían sido notificados para presentarse en su puesto de trabajo, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

Como no lo hicieron, el Gobierno dejó de pagarles los sueldos. Acosta aclaró que él comenzó a cobrar tras la retención de los salarios de diciembre y enero, pero ella "sigue sin cobrar".

La situación derivó en una causa que tramita en el fuero laboral y que se suma a los planteos que el sindicato hizo en la Justicia penal ante la falta de transferencia de las retenciones a afiliados y contra el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta.

"Nosotros denunciamos falsificación de documento y lo caratularon por incumplimiento de funcionario público", dijo sobre esa causa. A Porta lo acusan de "modificar" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para no reconocer la licencia gremial mediante la que Acosta y Pavón Duarte no cumplen horario en el Municipio.

El Gobierno sostiene que ese convenio colectivo "nunca fue homologado por el Ministerio de Trabajo ni figura en el registro" correspondiente, por lo que entienden que no es de aplicación efectiva, a pesar de que el propio intendente encabezó el acto de firma, en 2016.

"El conflicto comienza cuando hicimos una medida de fuerza porque queríamos un poco más del 10 por ciento para fin de año para los trabajadores", dijo Acosta en relación a la disputa.

En ese marco, agregó: "El intendente se enojó por eso y nos pidió que volvamos a trabajar". Señaló que él no cumple horario en la Municipalidad desde 2009, fecha desde la que lidera el gremio, porque tiene "licencia gremial a cargo del Municipio".

"Nosotros estamos haciendo todos los reclamos", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta en Sin Galera.

Uno de los planteos está relacionado con la falta de pago de las retenciones a los afiliados de la cuota sindical. Aunque los descuentos figuran en el recibo de sueldo, el gremio no recibe las transferencias.

Por ello, señaló Acosta, denunciaron "malversación de fondos" y cuestionó: "El año pasado al partido Fe le pagaron todo, todos los meses. A los trabajadores, no".

"No nos pagan las retenciones del sindicato, nos quiere sacar la casa de los trabajadores, el intendente tiene una postura de patrón de estancia", cuestionó Acosta.

"Nosotros fuimos a la justicia. Nosotros no somos esclavos del gobierno de turno. Tenemos derechos. Cuando los intendentes no cumplen, tenemos que hacer medidas de fuerza y si no, ir a la Justicia", señaló el sindicalista.

"Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. La estamos pasando mal, pero no vamos a dar el brazo a torcer", dijo sobre la falta de pago del sueldo de su pareja.

"Si el gobierno cumpliera con la ley como corresponde, nosotros no estaríamos haciendo todo esto. La nueva ley nos permite firmar convenios colectivos de trabajo, y todavía así no nos cumplen, no sólo en San Pedro, sino en toda la provincia", señaló.

El conflicto desatado entre el Gobierno municipal y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte tiene ahora una causa penal, tras la denuncia de los gremialistas.

El matrimonio que conduce ese sindicato denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" a funcionarios del gabinete y la Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, quien será investigado por el caso.

Todo tiene que ver con la decisión del Gobierno de no pagarles el sueldo a Acosta y a Pavón Duarte luego de que les exigieran que retomen sus labores como empleados municipales, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano, y no lo hicieran.

Los sindicalistas aducen que el Gobierno "modificó" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para hacer efectiva la retención de sus haberes por no presentarse a trabajar.

Por su parte, el Gobierno sostiene que ese convenio invocado "no está vigente", por lo que el concepto de "licencia gremial con goce de haberes" no correspondería y debería ser la organización gremial la que les pague, en lugar del Estado local, en cuyo caso deberían cumplir con su trabajo.

La disputa también tiene una causa en el fuero Laboral, donde Acosta y Pavón Duarte presentaron una demanda en cuyo marco el Tribunal interviniente rechazó una medida cautelar urgente para que les repongan los sueldos.

Los sindicalistas habían señalado que no cobrar sus salarios afecta la subsistencia de la familia que tienen en común y que la decisión del Gobierno es "persecutoria" porque apareció en medio de un conflicto gremial.

El juez Quadranti no hizo lugar a las pretensiones de los gremialistas y rechazó la cautelar, por lo que el Gobierno quedó habilitado para mantener la suspensión del pago de los sueldos mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta anunció para este jueves un paro por 24 horas, coincidente, como la semana pasada, con el que anunciaron los médicos de Cicop.

La convocatoria que lanzó Acosta entre sus afiliados es por "incumplimiento de recategorizaciones, pases a planta, ropa adecuada más campera".

Además, piden "aumento salarial" y señalaron que el 15 de mayo estaba prevista una reunión que finalmente no tuvo lugar. 

ATE y UPCN no informaron a sus afiliados acerca de medida de fuerza alguna, por lo que solo los que forman parte del STM están en condiciones de hacer paro, aunque ya la semana pasada el acatamiento fue mínimo.

Este miércoles habrá un nuevo paro de los profesionales de la salud y otros incluidos en carrera médica hospitalaria. Además, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Juan Cruz "Mono" Acosta también convocó a una medida de fuerza para el mismo día.

Los médicos de Cicop llevarán adelante el cuarto paro de 24 horas semanal consecutivo en el marco del reclamo del pago de las actualizaciones salariales adeudadas, a lo que suman pedidos por recategorizaciones y "condiciones laborales dignas".

La medida de fuerza fue convocada "ante la falta de respuestas concretas" por parte del Gobierno municipal. Entre las 9.00 y las 11.00 estarán en el hall del Hospital para juntar firmas para acompañar una carta dirigida al gobernador Axel Kicillof.

Está previsto que el mandatario provincial llegue a San Pedro el viernes, por lo que esperan entregarle esa nota "con el objetivo de visibilizar la grave situación que atraviesa el sistema de salud municipal de San Pedro y la falta de respuestas a los reclamos de sus trabajadores", informó Cicop.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, que el viernes pasado hizo paro ante las demoras en el pago de los salarios, convocó a una medida de fuerza para este miércoles.

El paro es "por los incumplimientos del Municipio en recategorizaciones, pases a planta, ropa, hostigamiento y persecución, bonificaciones adeudadas, llamado a paritarias y seguridad e higiene", informó Acosta a sus afiliados.

El anuncio del Gobierno municipal acerca de que este mes, una vez más, pagará los sueldos de los trabajadores fuera de término provocó una medida de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

"Hemos tomado la decisión de ir al paro de actividades para el día viernes", informaron a los afiliados. La decisión fue tomada porque el Municipio anunció que los sueldos se verán reflejados en las cuentas de los empleados el sábado, dos días después del plazo de ley,  que vence este jueves.

"Otro mes que pagan fuera de término sin importarles el daño que le hacen a cada trabajadoras y trabajadores con los intereses que generan el pago fuera de término", cuestionó Acosta.

Para el pago de los salarios el Gobierno solicitó autorización a Provincia para una asistencia financiera que funciona como un descubierto bancario que luego se cubre con los recursos que llegan de coparticipación.

La medida de fuerza convocada por el STM no obtuvo hasta el momento adhesión por parte de ATE, el sindicato mayoritario entre los municipales, ni de UPCN.

Tras la intimación cursada en diciembre por parte del Gobierno al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Juan Cruz “Mono” Acosta, y a la secretaria de Finanzas del gremio, su esposa, Luciana Pavón Duarte, para que vuelvan a sus puestos de trabajo, ante la falta de cumplimiento el Municipio dejó de pagarles los sueldos.

Ambos sindicalistas fueron al Juzgado Laboral 3 para reclamar por la situación, aunque el Tribunal, mientras resuelve la cuestión de fondo, rechazó una medida cautelar urgente, por lo que seguirán sin percibir sus salarios.

En medio del conflicto entre la Municipalidad y el STM por el cierre de la paritaria 2025 por decreto, el Gobierno intimó a Acosta a volver al Corralón y a Pavón Duarte a hacer lo propio como trabajadora social de Desarrollo Humano.

Sin embargo, ninguno de los dos retomó sus tareas, bajo el argumento de que tienen "licencia gremial con goce de haberes", lo que el Municipio cuestiona abiertamente.

En la Justicia, ambos plantearon que el Gobierno hace "persecución" contra ellos por su rol de sindicalistas y que no pagarles los sueldos desde hace diciembre comporta "un hecho de extrema gravedad".

Ello se complica aún más teniendo en cuenta que están unidos en matrimonio, por lo que conforman un núcleo familiar, lo que implica que la falta de pago de sus sueldos, que tienen "naturaleza alimentaria", afecta su subsistencia, al tiempo que comporta un importante recargo de intereses sobre sus deudas.

Sin embargo, el juez Walter Rubén Quadranti decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que mientras se resuelve la cuestión de fondo Acosta y Pavón Duarte siguen sin percibir sus haberes.

Los sindicalistas advirtieron en su demanda que la decisión del Gobierno es persecutoria en tanto se produce en medio de un conflicto gremial, a pesar de que durante todo el tiempo anterior a esa fecha el Municipio les mantuvo la licencia con goce de haberes sin problemas.

Al igual que el STM, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 48 horas por la falta de pago de salarios y advirtió que la medida podría extenderse si no hay respuestas.

Desde el gremio informaron que el viernes evaluarán cómo continuar, en función de si se acredita o no el sueldo.

“Si depositan antes, se levantará el paro; de lo contrario, se analizarán nuevas medidas”, señalaron.

La decisión se da en línea con el llamado a un paro por tiempo indeterminado del Sindicato de Trabajadores Municipales informado por el dirigente Juan Cruz “Mono” Acosta.

En paralelo, desde el Municipio indicaron a La Opinión que el plazo legal para el pago vence este miércoles, pero que se encuentran a la espera de una autorización de descubierto del Banco Provincia para poder depositar el viernes y que los haberes estén disponibles el sábado. Hasta el momento, desde UPCN no se difundió información oficial al respecto. 

Tras los feriados por Semana Santa, este miércoles es el cuarto día hábil de abril, por lo que es el plazo límite que tiene el Gobierno para pagar a los empleados municipales.

Desde el Ejecutivo confirmaron a La Opinión que están en proceso de autorización de un descubierto en el Banco Provincia para hacer efectivo el pago.

En ese marco, el secretario de Economía Roberto Borgo informó que estiman que los sueldos serán depositados el viernes para la programación correspondiente e impactarán en las cuentas de los empleados el sábado.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales advirtieron que si no cobran el sueldo en tiempo y forma, habrá medidas de fuerza. "Si no depositan hoy, mañana hay paro", dijo a La Opinión el dirigente Juan Cruz "Mono" Acosta.

El sindicalista había remitido un mensaje a sus afiliados por la mañana para anunciar "paro por tiempo indeterminado hasta que paguen los sueldos" porque "hoy es el último día hábil que tienen legalmente para depositar"."Aparte estamos reclamando que entreguen ropa, recategorización, aumento salarial y más, sin tener respuestas", les dijo. Desde ATE no hubo comunicación alguna hacia los afiliados respecto al tema.

En el Gobierno entienden que si la medida de fuerza es informada al Ministerio de Trabajo con la anticipación correspondiente, no podrían hacer mucho porque saben que pagarán fuera de la fecha límite.

Pero también saben que para pagar hay que llevar adelante un proceso del que se ocupan empleados de planta que tienen esa responsabilidad, más allá de los funcionarios políticos. 

"Yo de mi parte, no puedo pedir a nadie que trabaje mientras se está en medida de fuerza", dijo Borgo y cuestionó: "Lo que pasa es que el que no trabaja, no sufre".

En es marco, destacó que el personal de su área recibe malos tratos por las tasas, por las deudas con los proveedores, son los que se ocupan de gestionar adelantos de las aplicaciones de cobro electrónico, etc.

“Se van tres horas después del cierre porque los sistemas de transferencia se recargan o para llegar a depositar recaudación fuera de horario porque, si no, no llegamos”, agregó.

Pasados los 30 días desde que a fines de febrero el Gobierno intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta a restituir el edificio de San Martín 580, sede histórica del gremio, todo indica que la disputa se dirimirá en la Justicia.

El Sindicato respondió la carta documento y sostuvo que la sede es "la casa de los trabajadores" y que la construyeron" con sus "propias manos", por lo que la van a "defender" ante el embate del intendente.

Si el Gobierno insiste con que ese edificio es del Estado municipal y lo quiere utilizar para otra cosa, deberá avanzar en la Justicia con un juicio de desalojo, porque el gremio no está dispuesto a irse así como así.

"Ni con el Ejército me sacan de la sede que es de los y las trabajadoras", aseguró Acosta.

"No tienen nada, la sede le pertenece al sindicato", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta ante La Opinión y aseguró que están preparados para, eventualmente afrontar la situación en sede judicial.

El plazo de la carta documento pasó. Ahora, si el Gobierno quiere recuperar el inmueble  para "destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal", como dijo en la carta documento, deberá ir a la Justicia.

El Gobierno de Cecilio Salazar canceló una parte de la deuda que mantiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que informó a sus afiliados que retoman algunos de los beneficios que habían sido cortados a raíz de la demora en el pago por parte de la Municipalidad.

El gremio comunicó a sus afiliados que "a partir de mañana, 31 de marzo se reanudan con los convenios" con un reconocido comercio del rubro alimenticio que tiene sucursales en los barrios.

Esos convenios permiten a los empleados municipales comprar en esos comercios y pagar recién al mes siguiente, cuando la Municipalidad les descuenta, de acuerdo al código del Sindicato, el monto.

Ese dinero que el Municipio retiene luego lo transfiere al gremio, que es el que tiene el acuerdo con el comercio para ofrecer ese beneficio a los afiliados. Como el Gobierno no depositaba, habían cortado el beneficio, que ahora repusieron.

Desde el Ejecutivo informaron a La Opinión que cancelaron "una parte" y que están "intentando" hacer lo propio con todas las deudas con proveedores que mantiene el Estado local para su funcionamiento cotidiano.

Desde el Sindicato de Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta informó que lo cancelado asciende al "25 por ciento de la deuda" y que este pago no implica que el gremio ceda en los reclamos que mantiene.

"No cumplen con los derechos, ni a paritarias llaman y ya hicimos presentaciones en la Municipalidad y el  Ministerio de Trabajo", cuestionó Acosta.

En el marco del conflicto que mantienen el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno de Cecilio Salazar por deudas que el Municipio tiene con el gremio en concepto de retenciones sindicales, el sindicalista Juan Cruz Acosta lanzó una sugestiva advertencia a horas del acto de apertura de sesiones del Concejo, donde el intendente brindará su mensaje anual.

"Adivinen cuántos micros vienen para las 19.00. Hoy está para alquilar balcones", dijo "el Mono" en un posteo en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los trabajadores municipales. 

Esa es la hora en la que hablará Salazar en el Salón Dorado y el posteo no puede hacer referencia a otra cosa que a una movilización hacia la Municipalidad.

Además, en un posteo previo, también referido al mensaje anual del intendente, Acosta señaló: "¿Se hablará hoy de la plata que se están robando?", en clara alusión a los más de 180 millones de pesos que el Municipio no transfirió a su sindicato.

"Esperemos que sí", se respondió el gremialista y agregó: "Ahí vamos a estar para hacerle recordar" al mandatario comunal respecto de esa deuda, que provocó el corte de servicios y beneficios que tenían los afiliados.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato", había dicho Acosta en el programa Lo Que Importa, que Sandra Dombrecht conduce de lunes a viernes a las 9.30 por el canal de YouTube Sin Galera TV.

Luego de sus declaraciones, el Gobierno envió una carta documento al Sindicato que conduce Acosta para intimarlo a que restituya al Municipio el inmueble donde funcionó históricamente el gremio, en San Martín 580, propiedad del Estado local.

La tensión entre el Gobierno de Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó a escalar a punto tal que tras la amenaza de una demanda penal, el municipio resolvió intimar mediante carta documento al gremio para que abandone el edificio de calle San Martín y Uruguay.  

En una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, se intima al “inmediato desalojo y reintegro del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle San Martín entre calles Uruguay y María A. de Gomendio”

La gestión Salazar sostiene que el sindicato carece de un título válido o instrumento legal que autorice la ocupación actual, calificando la situación como una “ocupación sin causa jurídica que justifique la tenencia del inmueble”

El plazo otorgado para integral la sede sindical fue fijado en treinta días corridos desde la recepción de la intimación para que el gremio desocupe totalmente las instalaciones. 

En caso de negativa, la Municipalidad advirtió que iniciará acciones judiciales por desalojo y reclamará daños y perjuicios, incluyendo el cobro de un “canon locativo retroactivo por el uso indebido del inmueble”.

También el texto refiere que la comuna pretende recuperar el inmueble para  “destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal”.

En otro párrafo aclara que en el plazo previsto el sindicato debe “restituir el bien en perfectas condiciones de uso, hacer entrega de llaves, documentación y cualquier elemento perteneciente al Municipio y dejar el inmueble libre de personas y cosas”. El conflicto está desatado y escribirá nuevos capítulos a partir del viernes, cuando se decida si finalmente se arremete con una demanda penal para el recupero de los fondos que se reclama en nombre de los trabajadores.

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Tras la difusión de decenas de rumores que confirman la ruptura de relaciones entre Cecilio Salazar y el dirigente de uno de los gremios municipales, Juan Cruz Acosta, atraviesa horas decisivas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó que radicará una denuncia penal porque el municipio retiene los aportes que se descuentan de los recibos de sueldo de los trabajadores y no los deposita en las cuentas de la organización desde hace cuatro meses.

Aducen que el ejecutivo municipal mantiene una deuda de aproximadamente 180 millones de pesos con la institución. 

Según indicó Acosta en declaraciones al programa “Lo Que Importa” son cerca de 350 afiliados del gremio, quienes han sufrido el corte de servicios y beneficios en comercios locales, incluyendo supermercados y librerías. El dirigente dijo además que debido a la falta de estos recursos, el sindicato no pudo realizar la entrega anual de guardapolvos para los hijos de los trabajadores ante el inicio de las clases.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato".

Agregó que frente al silencio de la administración municipal a los sucesivos reclamos realizados, la Federación de sindicatos municipales ha tomado nota y evalúan una denuncia penal contra el Intendente por el presunto delito de malversación de fondos. Asimismo confirmó que se han realizado presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas y se han enviado notificaciones legales a las áreas de Hacienda y Contaduría del municipio.

"Te dicen que no hay plata en la municipalidad, pero sí tenés plata para gastar más de 200 millones de pesos en eventos que han hecho".

En otro tramo de la entrevista realizada por Sandra Dombretch en el canal de You Tube Sin Galera, cuestionó que la comuna invierta más de lo que les debe para espectáculos al mismo tiempo en que suspendieron los pagos. Las consecuencias se verán a corto plazo porque hay proveedores que quieren cobrar al sindicato que tendrá que acreditar los motivos por los cuales no pueden afronar los pagos.

En una larga sesión, el Gobierno de Javier Milei logró en Senado de la Nación  media sanción al proyecto de reforma laboral, en medio de una manifestación frente al Congreso que incluyó incidentes con los manifestantes y represión policial.

En San Pedro, el intendente Cecilio Salazar expresó su adhesión al rechazo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió antes de la tensa jornada en Buenos Aires.

El Sindicato de  Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, que había convocado a un paro contra el proyecto de Milei, le salió al cruce y lo trató de "caradura".

"Este proyecto no es más que un intento por precarizar las condiciones de vida de las y los trabajadores", dijo Salazar en un posteo en redes sociales en los que compartió el posicionamiento del Gobierno bonaerense ante la reforma laboral. "Sin embargo, hay un pueblo organizado que peleará por sus derechos", agregó el intendente.

"La hipocresía no tiene límites. Cuando ya creía haber visto todo, leí un posteo de un político que dice ser peronista en contra la reforma laboral y la precarización de los trabajadores, siendo que su gobierno se caracteriza por un incumplimiento sistemático de los derechos", cuestionó Juan Cruz "Mono" Acosta.

"Salarios de hambre, trabajadores en negro cobrando 150.000 mil pesos por mes en una absoluta precarización y flexibilización laboral, como también quitando derechos adquiridos y mucho mas", enumeró el sindicalista y disparó: "¿Se puede ser tan caradura?".

Acosta recordó que "desde hace años que se viene solicitando el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, de los pases a planta permanente,  bonificaciones adeudadas, entrega de ropa, y más, muchos más derechos incumplidos".

La Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal  del Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Macarena Kunkel, convocó al Gobierno local y a los sindicatos para este jueves a una audiencia virtual para intermediar en el conflicto por el cierre de la paritaria por decreto.

Provincia había pedido al Ejecutivo los expedientes administrativos generados durante la negociación paritaria y decidió tomar intervención, también a partir de un pedido que habría elevado uno de los sindicatos, el STM que conduce Juan Cruz Acosta.

La audiencia se desarrolla en medio del segundo día del paro por 72 horas que convocaron el STM y ATE, una medida de fuerza que tuvo acatamiento dispar y que en algunos casos en lugar de "paro" tuvo "retención de tareas" en ciertas áreas, aunque en muchas otras las jornadas laborales se cumplían de manera normal.

En la audiencia, el intento de acercar las partes que pueda hacer Provincia se encontrará con el escollo de que para el Gobierno local la paritaria 2025 está cerrada y para los sindicatos el 10 por ciento otorgado es insuficiente.

Juan Cruz Acosta llamó a los afiliados a continuar con el paro o la retención de tareas, retención que él mismo hizo desde que el miércoles se presentó en el Corralón. 

Se lo había exigido el Ejecutivo, que informó que se había presentado a trabajar, aunque Acosta aseguró que fue “a acompañar a los trabajadores” en el marco de la medida de fuerza y que sigue “en comisión de servicio” para el Sindicato.

Los funcionarios del gabinete recibieron un instructivo con el procedimiento a implementar para controlar el acatamiento al paro "para resguardo administrativo y legal del Municipio". 

En el marco del conflicto sindical desatado tras la decisión del Gobierno municipal de otorgar 10 por ciento de aumento por decreto para cerrar la paritaria 2025, autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales encabezaron una conferencia de prensa.

Juan Cruz Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, son secretario general y tesorera, respectivamente, del gremio. Ambos son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos y apropiación indebida de bienes del sindicato, denuncia que aseguraron "es política".

Respecto de esa causa, informaron que no fueron notificados por la Justicia y que cuando así suceda van "a demostrar" que las acusaciones no son fundadas. Uno de los puntos de la denuncia está relacionada con la compra de un vehículo que fue inscripto a nombre de Acosta y por el que se entregó en parte de pago otro rodado del gremio.

El sindicalista explicó que en ese momento hicieron esa inscripción a su nombre para salvaguardar los bienes de la organización, porque tenían un juicio laboral en marcha. 

"Está en las actas de comisión directiva que lo íbamos a hacer así y después se puso a nombre del sindicato", aseguró, con la cédula verde del Vento a nombre del gremio que lo ratifica.

Además, Acosta y Pavón Duarte se refirieron a la intimación del Gobierno para que se presenten a trabajar y aseguraron que están "en comisión de servicios" para el sindicato, avalados por el convenio colectivo de trabajo. "Lo firmó el intendente y está vigente", aseguraron.

También respondieron preguntas relacionadas con la exigencia del Ejecutivo para que presenten declaraciones juradas de las tasas de interés sobre las operaciones crediticias, que afiliados aseguran tienen "tasas usurarias", por encima de lo que establece la normativa, que indica que no deben superar las del Banco Nación.

Acosta y Pavón Duarte sostuvieron que el sindicato sólo oficia de "intermediario" con una mutual con la que tienen convenios para los préstamos en efectivo y la compra de electrodomésticos, con tasas que define esa organización de acuerdo a su posición en el mercado.

"Nosotros sólo somos agentes de retención", dijo y confirmó que el dinero que la Municipalidad retiene a los afiliados es transferido al sindicato para que pague a la mutual. En ese marco, señaló que el Gobierno "está atrasado" respecto de los pagos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales ratificó el paro por 72 horas que se desarrollará durante miércoles, jueves y viernes en reclamo de reapertura de la negociación paritaria. "Lo decidieron los trabajadores y trabajadoras, que no llegan a fin de mes", señalaron.

En ese marco, pidieron al Gobierno de Cecilio Salazar "que no sea libertario", en alusión a Milei y cuestionaron: "Estamos peleando contra la reforma laboral y la empiezan a aplicar ellos en el Municipio".

"Nos interesa aclarar todo para que se vea el juego sucio que está haciendo el Gobierno. Sacan todo justo ahora, justo en el conflicto", dijo Acosta. "Intentan desestimar el reclamo", sostuvo Pavón Duarte. 

"Cuando nos atacan a nosotros, no atacan sólo al Mono y a Luciana, atacan a los más de 300 afiliados del sindicato", aseguró Pavón Duarte durante la extensa conferencia de prensa en la que respondieron las preguntas de la prensa.

Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, tesorera del gremio, son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos de los afiliados, lo que incluye acusaciones de falsificación de firmas y hasta de apropiación indebida de bienes.

Acosta informó a La Opinión que en la conferencia de prensa se referirán a ese tema y a la intimación que el Gobierno hizo para ambos respecto de que se presenten en sus puestos de trabajo.

La hora de la conferencia de prensa indica que los sindicalistas harán caso omiso a la notificación, puesto que según el Gobierno en ese momento deberían estar él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

"Estoy tranquilo, hay una investigación, sí, pero tenemos todo para demostrar que eso no es así", dijo Acosta sobre la denuncia penal sobre el presunto desvío de fondos. "Mañana vamos a explicar todo, porque podemos demostrarlo legalmente, para que todo quede en claro", aseguró.

Sobre las notificaciones que cursó el Gobierno, el sindicalista dijo que sucede "como la otra vez", en alusión a otro conflicto laboral. "Cuando uno hace medidas de fuerza y pelea por los derechos de los trabajadores, se enojan y mandan notificaciones", señaló.

"Quieren contrarrestar las medidas de fuerza, que fueron un éxito y es lamentable porque cuando eso sucede es porque el trabajador y la trabajadora la están pasando mal. Entonces no les gusta y tratan de desviar el conflicto", consideró Acosta.

En comunicación con sus afiliados, el sindicalista dijo que "el Municipio quiere desvirtuar las medidas de fuerza que venimos haciendo para obtener un salario mejor, siguen sin entender la necesidad que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, que no llegan a fin de mes".

"Estamos tranquilos, porque sabemos de dónde venimos y quiénes somos, así que sigan en pie de lucha", dijo Acosta y ratificó ante sus afiliados el paro convocado para miércoles, jueves y viernes.

En medio del conflicto con los sindicatos municipales, que convocaron a un paro por 72 horas en rechazo del cierre de la paritaria por decreto, el Gobierno municipal intimó a sindicalistas para que cumplan su jornada b.

Aunque ya lo había hecho en 2016 y luego avaló que no trabaje en el Corralón, donde revista, el Municipio envió la notificación a Juan Cruz Acosta, secretario general del STM, para que se presente este martes a las 8.00 en su puesto de trabajo que depende de la Secretaría de Servicios Públicos.

De la misma manera, enviaron intimación a su pareja, la trabajadora social Luciana Pavón Duarte, tesorera del STM que también está de licencia gremial, cobra su salario municipal de carrera médico hospitalaria como personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y no trabaja para el Estado local.

En las intimaciones, el Gobierno les informó que si no se presentan en día y horario asignados, la falta será considerada "sin causa justificada" y como "abandono de cargo", lo que podría comportar sanciones.

Juan Cruz Acosta es empleado municipal categoría 20, agrupamiento técnico, con régimen de 48 horas semanales y percibe un sueldo bruto de alrededor de 1.700.000 pesos.

Luciana Pavón Duarte es categoría s/f asistente de carrera médico hospitalaria, también con 48 horas semanales, y su sueldo bruto asciende a alrededor de 1.600.000 pesos.

Ambos no concurren a sus puestos de trabajo porque tienen licencia gremial. A pesar de que la legislación establece que en los casos de "comisión de servicio" a disposición del sindicato es la organización gremial la que debe pagarles el sueldo, la Municipalidad siempre les abonó el salario.

Ahora, en medio del conflicto y transitando el décimo año de mandato, Salazar decidió que ambos sindicalistas se presenten a trabajar. 

En el Gobierno tienen una herramienta legal válida: si no se presentan a trabajar, no tienen por qué pagarles el sueldo.

Ambos sindicalistas del STM no cumplen con su jornada laboral como sí hacen los integrantes de la comisión directiva de los otros dos gremios municipales, ATE y UPCN.

Acosta y Pavón Duarte, además, son investigados en la Justicia en el marco de una causa penal que busca establecer si son responsables del presunto desvío de fondos del sindicato que incluiría falsificación de firmas y apropiación indebida de bienes.

Fiscalía avanza en la investigación de una causa penal que procura establecer si Juan Cruz Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, cometieron delitos como secretario general y tesorera, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Una denuncia radicada en sede fiscal analiza diversas gestiones que encabezaron ambos como referentes del STM que podrían estar relacionados con la comisión de delitos vinculados al desmanejo de fondos de los afiliados.

“El mono” Acosta es empleado municipal del Corralón, pero hace años que no trabaja porque está al frente del sindicato. 

Pavón Duarte, por su parte, es una trabajadora social que fue incluida en carrera médico hospitalaria sin concurso y cuando estaba de licencia psiquiátrica, tiempo que aprovechó para recibirse de abogada.

Tras la denuncia, la fiscala María del Valle Viviani dispuso una serie de diligencias que implicaron el secuestro de documentación relacionada con las finanzas del Sindicato, cuya sede tiene lugar de operaciones en San Martín 580.

La Justicia procura establecer si Acosta y Pavón Duarte como autoridades del gremio, produjeron maniobras relacionadas con presuntas falsificaciones de firmas y adquisición de bienes a nombre del sindicato que terminaron en el patrimonio de ellos.

Los hechos denunciados habrían comenzado cuando falleció el reconocido miembro del sindicato Cristian "el rengo" Culicinio. Desde entonces, habrían ocurrido una serie de episodios que, presuntamente manejados por Acosta y Pavón Duarte, habrían implicado desvío de fondos del gremio.

Uno de los hechos denunciados señala que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) compró un vehículo Volkswagen Suran que habría sido adquirido a la hija de Culicinio y que estaba a nombre del sindicato, pero que fue utilizado como parte de pago para comprar un Vento que está a nombre de Juan Cruz Acosta.

Las presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del STM incluirían desvío de fondos, pagos no autorizados y otras acciones relacionadas con el manejo irregular de las chequeras del sindicato, lo que implicaría la falsificación de firmas.

El Gobierno municipal otorgó el 10 por ciento de aumento por decreto a los trabajadores municipales y el intendente destacó ante La Opinión la decisión de funcionarios y concejales de no percibir el porcentaje, como un "gesto político" en el contexto económico actual.

En ese marco, Cecilio Salazar dijo a este medio que "sería bueno también que los sindicalistas no percibieran este aumento" y les pidió que se sumen al  gesto", ya que "cobran muy buenos sueldos".

"Me parece que sería un gesto muy importante para todos los trabajadores municipales que los dirigentes, que tienen muy buen sueldo también, tampoco perciban el aumento, como una muestra de ser verdaderamente representativos de sus trabajadores, a los cuales dicen defender", dijo Salazar.

Los sindicatos municipales convocaron este martes a un paro y retención de tareas para miércoles y jueves, tras el fracaso de las distintas instancias de negociación paritaria.

El STM de Juan Cruz Acosta rechazó el 10 por ciento de aumento para el sueldo de diciembre y pidió 150 mil pesos al básico a pagar en tres cuotas iguales.

Por su parte, ATE pidió un 15 por ciento de aumento en dos cuotas, la primera del 10 % en diciembre y la segunda del 5 % en enero.