Tras la publicación de los honorarios regulados por la Justicia para todos los letrados que intervinieron en el litigio por la recuperación de los terrenos costeros de avenida España al 700, los exasesores letrados de la Municipalidad de San Pedro acreditaron por escrito su renuncia al cobro. 

Del mismo modo procedió la fiscala de Estado que tenía más de 13 millones adjudicados por mandato judicial.

A varios la aclaración les pareció “absurda”, pero como “lo que abunda no daña” ya están las notificaciones que informan que esas liquidaciones no corresponden. 

A la nota en la que el abogado Juan Benseny recordó su trabajo en ese expediente durante la gestión de Pablo Guacone le siguió el escrito que el actual Juez de Paz y exfuncionario municipal José Macchia remitió al juzgado.

La misma acción deben acreditar la abogada y concejala Paola Basso por 4.365.900 pesos y el exdirector de Asesoría Letrada Ricardo Uguet, a quien le fijaron 881.915 en concepto de 42,12 jus.

“Señor juez: Dr. José Ignacio Macchia por derecho propio con demás datos denunciados en esta causa, en actos caratulados: “CALOGNE RAÚL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO Y OTROS/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, en trámite bajo el n°102.484, antes V.S. respetuosamente digo: 1- Que habiendo recibido cédula de notificación a mi domicilio electrónico del Poder Judicial y advertido el alcance de la resolución puesta en conocimiento, vengo a señalar que corresponde dejar sin efecto la regulación al suscripto habida cuenta que no corresponde percibir honorarios, debiendo estarse al texto del art. 203 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, Dto ley N°6.769/58, lo que así Señor Magistrado solicito sea resuelto”, dice textualmente la comunicación al juzgado”.

Luego de que La Opinión develara en una nota las sumas millonarias que debían pagarse a los abogados que defendieron los intereses de la Municipalidad en la causa que se inició en pos de recuperar la propiedad de los terrenos sobre Avenida España, el Dr. Juan Benseny aclaró su posición respecto a los montos que la justicia asignó a quienes actuaron en representación de los intereses sampedrinos.

"Mi actuación se limitó allá por el año 2010, yo fui durante 4 meses más o menos director de Asesoría Letrada", explicó Benseny que además aseguró que no tiene "derecho a cobrar" por la labor prestada, ya que durante ese tiempo percibía el sueldo que le correspondía por intervenir en "todos los juicios" en los que estuviera "involucrada la Municipalidad".

Tal es la obligación de los funcionarios de esa área, defender, vigilar y proteger la legalidad de los actos de gobierno y velar por el patrimonio público.

Consultado por su situación y los de los abogados Paola Basso, Ricardo Uguet y José Macchia, el letrado indicó que la Municipalidad puede notificarle al juez a qué abogado "no le corresponde el pago de honorarios". Esa es una obligación que no debe ser postergada a fin de que no se concreten los pagos o en el futuro puedan reclamarse. 

Benseny recordó además que tras su gestión, continuó en representación del municipio en juicios que tramitaban en Capital Federal por contar con una matrícula para desempeñarse en esa jurisdicción. Aclaró que cuando asumió el Dr. Ramón Salazar le informó sobre una decena de juicios que quedaron pendientes y que debían contar con seguimiento, ya que también él estaba radicado en CABA para poder ejercer como abogado.

Finalmente, explicó que él no pretende percibir lo estipulado y que considera que "la Municipalidad no va a pagar" las sumas dispuestas por la justicia. En su caso la justicia le reguló un importe de 1.746.360 pesos  como pago por la labor desempeñado. 

La disputa legal entre el Gobierno local y los habitantes de los terrenos comenzó en 2004 y la sentencia definitiva del juez Hernán Prats favoreció a quienes ocupan más de 100 metros desde la sede de Agrupación Mallorca hacia la zona del Tiro Federal.

El Dr. Juan Benseny no es el único, también la Fiscal de Estado, cuyos honorarios resultaron superiores a los 12 millones de pesos, desestimó la percepción por su actuación pública. 

Los terrenos que las familias del ex contratista municipal Raúl Eduardo Calonge, su esposa Mirta Foyo, de la martillera María Marta Hidalgo y su hijo, el concejal Juan Cruz González y que el resto de los mencionados en el fallo: Norma Di Napoli, Natalia Andrea Morán, María Graciela Calonge, Lucia Vellón y Amelia Suárez reclamaron como propios tras haber edificado varias viviendas y aducir derechos posesorios, nunca más serán de los sampedrinos. 

El litigio que comenzó en el año 2004 y sobre el que la concejal y ex Asesora Letrada Paola Basso advirtió en mayo de 2023, había quedado sin seguimiento, escribió su capítulo final en la justicia tras la determinación de los honorarios que le corresponden a cada letrado. Los inmuebles fueron tasados en 72.000.000 de pesos y sobre esa base que fue estimada en noviembre de 2023 ahora hay que liquidar lo que le toca a cada uno. En junio de 2023, el municipio había anunciado una apelación.

 La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad.

Están los que cobrarán por perder y el que cobra por ganar, más los beneficiados con los sucesivos fallos y ventajas que no todos los que usurpan tienen la dicha de concretar. Efectivamente, la usurpación mayor y emblemática quedó plasmada a la vista de toda la ciudadanía. La Avenida España al 700 será para siempre y para todas las generaciones un símbolo de todo lo que está mal y puede ser justificado por negligencia, inoperancia o hasta por complicidad. Cuando se ven estos resultados, sobrevienen las dudas del verdadero afán que anima al funcionario público a la hora de defender los intereses de la población. 

Para el abogado de las familias que lograron pasar de la usurpación a ser propietarios, la justicia dispuso el pago de 13.365.000 pesos más 230,22 jus (unidad de medida que sirve como guía para los distintos trabajos que realiza un abogado) a un valor de 19.546 que totalizan otros 4.484.692 pesos. 

Si el letrado es responsable inscripto habrá que adicionarle el 21% de IVA. En total: 17.849.692 pesos. Corresponde porque es quien ganó el litigio y logró probar que los ocupantes podían hacer valer sus derechos.

La concejal y abogada Paola Basso al igual que todos los que desempeñaron durante las gestiones de Barbieri, Guacone, Giovanettoni y Salazar como asesores letrados será compensada de acuerdo a los tiempos en los que le tocó actuar. La justicia reguló para ella 4.365.900 pesos como compensación a su desempeño. Claro que este y todos los montos de funcionarios que cobraron su sueldo para resguardar los intereses de la comuna podrían ser apelados, algo que aún este medio no ha podido confirmar.

Le sigue el Dr. Juan Benseny, quien se desempeñó en esa asesoría durante el gobierno de Pablo Guacone. Para él fue regulado el importe de 1.746.360 pesos. Durante el siguiente mandato ese cargo quedó en manos del Dr. José Macchia que ahora es Juez de Paz de la ciudad. A él le corresponden 873.180 pesos más 42,15 jus que equivalen a 823.863. Para Ricardo Uguet, el monto fue fijado en 42.12 jus, por un total de 881.915 pesos. 

A la Fiscal de Estado, María Hiraldo le corresponden 9.355.500 pesos más 161.15 jus que equivalen a otros 3.149.837 pesos.

El arquitecto que tuvo a su cargo mensurar los terrenos y darles el valor acorde a su valuación primaria fue designado por sorteo y se llama Aníbal Julio Velasco. Por su tarea le corresponde cobrar 3.600.000 pesos a los que habrá que adicionarles el IVA.

Sin el impuesto al valor agregado, los sampedrinos tendrán que abonar como mínimo lo que corresponde a Bengolera, Hiraldo y Velasco que suman: 33.957.029 pesos. Si no se apelan los honorarios regulados a los abogados de la municipalidad, habrá que sumar 7.862.355 pesos. 

Ya no hay otras instancias para cursar y el privilegio de ocupar o simular derechos posesorios en la costanera acaba de sentar otro antecedente que derivará en una serie de actuaciones que esperan el mismo desenlace. Por solo pensar en los más recientes, ¿quién podrá ahora decirle a un intruso en un terreno fiscal o de la costa o de las islas sin catastrar que debe desalojarlos?

Como si fuese poco, hay concesiones que se hicieron a la iglesia y terminaron en manos privadas como “la casita de las monjas” que fue vendida con toda su documentación pero que estaba destinada a otros fines.

 Después el Tiro Federal, cuyos permisos se extendieron en otro siglo y hoy exhiben moles de cemento en pleno paseo costanera. 

Mansa Lyfe, también perdido a manos de Luz y Fuerza, Pesca y Casting, en manos de un grupo de “asociados” a los que el puerto nunca termina de desalojar y hasta el Paseo Público donde quien lo desea edifica una guardería de botes sólo porque se siente con derecho a apropiarse de un cuerpo de sanitarios que pertenecía a todos los sampedrinos. 

Pues bien, después de este resumen y catarsis por “todo lo que no volverá al igual que nuestra bella laguna” sobrevienen las deudas que todos y cada uno de los contribuyentes habremos de pagar de acuerdo a los honorarios que reguló la justicia sin que que en el Concejo Deliberante al menos dos de sus integrantes se disculpen por ser parte de esta vergonzosa situación.

Juan Cruz González es concejal de Unión por la Patria y ahora es dueño de una de las propiedades por las que litigó contra la comuna. Paola Basso, la concejal afiliada a la Unión Cívica Radical que cumple doble mandato porque aún no renunció al anterior, percibirá sus honorarios por haber “defendido” al Municipio al igual que otros funcionarios que por lo visto, fracasaron.

En mayo de 2023, durante el programa Sin Galera, se anunció el fallo favorable en el juicio Municipalidad de San Pedro C/Calonge Raúl y otros S/acción de restitución.