Por Jonathan Daniel Monsalvo

San Pedro es una ciudad con historia, con recursos naturales, con una ubicación estratégica y, fundamentalmente, con una población trabajadora que todos los días se esfuerza por salir adelante. Sin embargo, resulta inevitable preguntarnos qué ciudad estamos construyendo y hacia dónde estamos caminando como comunidad.

En los últimos tiempos, nuestra ciudad viene mostrando una serie de problemáticas que merecen una discusión seria, responsable y, sobre todo, urgente. No se trata de diferencias partidarias ni de intereses personales. Se trata de la calidad de vida de nuestros vecinos, del funcionamiento de las instituciones y del futuro que queremos para San Pedro y todas sus localidades.

Uno de los hechos que más preocupación genera es el deterioro del clima institucional dentro del Honorable Concejo Deliberante. Los reiterados enfrentamientos, las discusiones personales, las denuncias y los episodios de violencia entre representantes elegidos por el voto popular dejan una imagen profundamente preocupante.

El Poder Legislativo municipal tiene una función fundamental: representar a los ciudadanos, controlar al Departamento Ejecutivo, debatir las problemáticas de la comunidad, elaborar ordenanzas y buscar soluciones para los vecinos.

Un concejal no llega a una banca para convertirla en un escenario de enfrentamientos personales. Llega porque existe una ciudadanía que depositó su confianza en él para que trabaje por el interés colectivo.

Las diferencias políticas son legítimas y necesarias en una democracia. Lo que no puede naturalizarse es que esas diferencias terminen en agresiones, amenazas o enfrentamientos físicos.

Cuando el debate pierde calidad, cuando las instituciones quedan atrapadas en disputas personales y cuando las sesiones dejan de ser espacios de construcción, quienes terminan perdiendo son los ciudadanos.

San Pedro necesita un Concejo Deliberante a la altura de las circunstancias, con representantes que comprendan la responsabilidad que asumieron y que devuelvan a la política su verdadero sentido: servir a la comunidad.

Otro de los problemas que atraviesa nuestra comunidad es la preocupación creciente de los vecinos por la inseguridad, los robos, los hechos de violencia y las situaciones vinculadas con el consumo y la comercialización de drogas.

Cada familia tiene derecho a vivir tranquila. Cada trabajador tiene derecho a regresar a su casa sin temor. Cada joven, cada adulto mayor y cada vecino tiene derecho a caminar por su barrio sin sentir que su seguridad está permanentemente amenazada.

No podemos acostumbrarnos a que las personas deban modificar sus horarios, evitar determinadas calles o permanecer encerradas por miedo a ser víctimas de un delito.

La inseguridad no se resuelve únicamente con patrulleros ni con operativos ocasionales. Necesitamos una política de seguridad integral, sostenida y coordinada entre el Municipio, la Policía, la Justicia y las autoridades provinciales.

Hace falta planificación territorial, prevención del delito, mayor presencia en los barrios, iluminación adecuada, recuperación de los espacios públicos, investigación de los circuitos de comercialización de drogas y acompañamiento a las víctimas.

Pero también debemos comprender que el problema de las drogas no puede abordarse solamente desde lo policial. Detrás de las adicciones existen familias que necesitan ayuda, jóvenes que necesitan oportunidades y personas que requieren tratamientos profesionales y acompañamiento para recuperar sus vidas.

San Pedro necesita fortalecer sus dispositivos de prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, con recursos profesionales, espacios adecuados y programas que acompañen tanto a quienes atraviesan una problemática de consumo como a sus familias.

La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿existe un plan integral, con objetivos concretos, recursos asignados y resultados públicos para enfrentar estas problemáticas? La seguridad de los sampedrinos no puede depender de respuestas improvisadas.

La infraestructura urbana es otro aspecto que requiere atención y planificación.

El deterioro de las calles, los baches, los problemas de mantenimiento, las dificultades en los caminos rurales y los reiterados reclamos por el funcionamiento de los servicios públicos muestran que todavía existen necesidades importantes sin resolver.

Uno de los ejemplos más preocupantes es la situación de la red cloacal. Los desbordes de aguas servidas, los malos olores y las demoras en las respuestas a los reclamos vecinales no son cuestiones menores. Estamos hablando de salud pública, higiene y dignidad para las familias.

No podemos considerar normal que un vecino tenga que convivir durante días con líquidos cloacales frente a su vivienda o, peor aún, dentro de ella.

También debemos hablar de la calidad de las obras públicas. Una obra no puede evaluarse únicamente por el anuncio de su comienzo, por una fotografía de su inauguración o por el dinero que se destinó a realizarla. Una obra debe evaluarse por su utilidad, su calidad, su durabilidad y el beneficio concreto que genera para la población.

Cuando una obra presenta deficiencias, cuando los materiales o la ejecución no cumplen con las condiciones necesarias o cuando una intervención termina generando nuevos problemas, corresponde revisar responsabilidades y exigir explicaciones.

Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos. Por eso, cada peso invertido debe estar acompañado de controles, transparencia, planificación y rendición de cuentas.

San Pedro necesita un programa serio de infraestructura que contemple calles, desagües, red cloacal, agua potable, iluminación, mantenimiento de espacios públicos, accesibilidad y caminos rurales. Y ese programa debe incluir también a Río Tala, Gobernador Castro, Santa Lucía, Vuelta de Obligado y las demás zonas del partido.

No podemos pensar el futuro de San Pedro sin hablar de la salud pública.

Nuestro Hospital Emilio Ruffa y los centros de atención primaria necesitan una política de fortalecimiento permanente, con insumos, medicamentos, equipamiento, profesionales y condiciones adecuadas para brindar atención.

También debemos avanzar en una política de salud mental que contemple infraestructura propia, atención interdisciplinaria, prevención, acompañamiento e internación cuando corresponda. La salud mental y las adicciones necesitan respuestas concretas, no solamente discursos.

Por otro lado, nuestros jóvenes necesitan oportunidades reales de formación, capacitación, empleo y desarrollo. No alcanza con pedirles que se alejen de las drogas o de la violencia si como sociedad no somos capaces de ofrecerles alternativas para construir un proyecto de vida.

Necesitamos vincular la educación con el trabajo, fortalecer la formación en oficios, acompañar a quienes quieren emprender y generar condiciones para que las empresas y los comercios locales puedan crecer y contratar trabajadores.

Nuestra ciudad tiene un enorme potencial productivo, comercial, turístico, agropecuario e industrial.

Tenemos el río, tierras productivas, actividad portuaria, comercios, pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, una población con capacidad de trabajo.

Sin embargo, ese potencial necesita planificación y una política de desarrollo que permita generar empleo, atraer inversiones, fortalecer la producción local y promover oportunidades para las nuevas generaciones.

No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que irse de San Pedro porque no encuentran posibilidades de trabajar o desarrollarse.

Tampoco podemos seguir administrando las dificultades sin discutir un proyecto de ciudad a mediano y largo plazo.

Necesitamos una administración municipal que planifique, que establezca prioridades, que informe qué recursos tiene, cómo los utiliza y cuáles son los resultados que espera alcanzar.

La transparencia no debe ser una promesa electoral: debe ser una práctica cotidiana de gobierno.

*Es momento de que los ciudadanos recuperemos nuestra voz

Frente a esta realidad, considero que ha llegado el momento de que los sampedrinos nos detengamos a reflexionar.

No podemos permanecer indiferentes mientras se deteriora la convivencia, mientras las instituciones pierden credibilidad y mientras los problemas cotidianos de nuestros barrios siguen esperando respuestas.

Tampoco debemos permitir que nuestras preocupaciones sean utilizadas únicamente como herramientas de campaña electoral.

La ciudadanía tiene que recuperar su protagonismo. Necesitamos vecinos comprometidos, instituciones abiertas, organizaciones sociales, comerciantes, trabajadores, profesionales, jóvenes y adultos mayores participando de una misma discusión: qué San Pedro queremos y qué estamos dispuestos a hacer para construirlo.

De cara al año 2027, tenemos una oportunidad para exigir algo más que promesas. Tenemos que exigir un proyecto de gobierno serio, responsable y posible, con objetivos claros en seguridad, salud, educación, infraestructura, producción, empleo, desarrollo social y transparencia institucional.

Un proyecto que no se limite a administrar los problemas, sino que tenga la decisión y la capacidad de resolverlos.

No se trata de estar en contra de una persona, de un partido o de un sector político. Se trata de estar a favor de San Pedro.

Porque nuestra ciudad no necesita más enfrentamientos, necesita diálogo. No necesita más improvisación, necesita planificación. No necesita dirigentes preocupados por sus disputas personales, necesita representantes comprometidos con la gente.

San Pedro nos pertenece a todos. Su presente nos compromete y su futuro nos necesita.

Es hora de alzar la voz, de organizarnos, de participar y de exigir que quienes tienen responsabilidades públicas estén a la altura de lo que la ciudadanía merece.

No debemos resignarnos a vivir en una ciudad donde el miedo, el deterioro y la falta de respuestas se conviertan en parte de nuestra vida cotidiana.

Todavía estamos a tiempo de construir una ciudad mejor, con oportunidades, seguridad, trabajo, instituciones respetadas y servicios públicos que funcionen.

Porque San Pedro y sus localidades merecen mucho más.

El futuro de nuestra ciudad no puede quedar librado a la improvisación. Debe ser una construcción colectiva, con responsabilidad, compromiso y participación ciudadana.