La Comisaría de la Mujer recibió una denuncia penal de una mujer que acusó a un nene de 9 años que "le tocó la cola" a su hija, de la misma edad, durante un recreo en una escuela primaria de San Pedro.

El episodio, dejó asentado la mujer en su denuncia, forma parte de una serie de hechos de hostigamiento constantes que asegura mantiene el niño acusado para con su hija, sin que haya una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades del colegio.

Además de radicar la denuncia y plantear que la situación que vive la niña tendría otros estudiantes afectados, la madre solicitó una medida de exclusión perimetral del chico acusado para con su hija.

La mujer aseguró que el niño denunciado "es conflictivo" con el resto de sus compañeros y que las autoridades de la escuela no tomaron cartas en el asunto. 

De la misma manera, señaló que en Jefatura Distrital de Inspección Educativa tampoco tuvo eco.  La denuncia llega en medio de una creciente preocupación por episodios de violencia escolar.

Además, relató la mujer, fue a hablar al Servicio Local de Promoción y Protección de Niños y Adolescentes, donde le dijeron que no podían actuar sin denuncia.

Sin embargo, en comunicación con la línea 102, que tiene Provincia para cuestiones relacionadas con niñez le informaron que, tal como establece la ley, no es necesaria una acción judicial.

Ahora, con la denuncia radicada y una causa penal en trámite en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil —el acusado es inimputable por su corta edad—, la madre de la nena aguarda que todos los organismos correspondientes se ocupen de la problemática y aborden el tema con las herramientas que tengan disponibles para evitar situaciones más complicadas.

La condena del profesor de la escuela Agraria Nicolás Pérez a 20 años de prisión por abusar sexualmente de alumnas dentro de la institución educativa puso en tela de juicio la tarea de los directivos ante la denuncia de los hechos y la falta de acompañamiento del sistema educativo.

Apenas aparecieron las denuncias, Pérez tomó licencia y luego fue separado de sus cargos al frente de aulas, pero siguió trabajando en el sistema educativo, en contacto con estudiantes al frente de tareas administrativas, cobrando un sueldo y hasta ganó concursos para seguir dictando clases.

La fiscala Viviana Ramos cuestionó en duros términos el rol de la entonces directora de la escuela Agraria, Laura Harsch, que tuvo "una actitud de negación de los hechos" que poco colaboró con la causa, que finalmente terminó en condena para el docente.

"Al recibir la primera denuncia, la cité. Fue llamativo que después de decir que se cumplían todos los protocolos y que no iba a haber más casos, aparecieron las otras denuncias, que se fueron acumulando", señaló la titular de la UFI 11.

En un pasaje de la extensa entrevista que brindó en Sin Galera el sábado, Ramos reveló que "había documentación de reuniones que se llevaban a cabo entre inspectores, docentes y algunos padres", con actas en las que constaba no sólo el temor de las familias sino además "la referencia de que este señor, lo decía el acta, había tenido relaciones consentidas con otras alumnas".

"Hubo negación, la directora decía 'esto queda en la escuela', una cuestión de tapar estos hechos", señaló Ramos y consideró que si bien puede entenderse la intención de defender la institución escolar, Harsch debería haber asumido una actitud de mayor responsabilidad ante la gravedad de lo denunciado.

En ese sentido, puso como ejemplo la actitud de la vicedirectora de la escuela Industrial, Gabriela García, que ante el estado público respecto de lo ocurrido en la escuela Agraria, citó a una mamá para informarle que lo sucedido con su hija ameritaba una denuncia penal y que ella misma la radicaría, cosa que hizo.

Ramos señaló que si bien la ausencia de colaboración de la directora de la Agraria no atentó contra la instrucción de la causa ni impidió la investigación, sí hubo una falta de "nexo entre la institución y el alumnado" que afectó a las víctimas.

En ese sentido, recordó que la mayoría de las chicas que denunciaron se cambiaron de escuela, a pesar de que habían elegido cursar en la Agraria por las características propias de ese tipo de formación.

Aunque las autoridades educativas iniciaron una investigación, con conclusiones que establecieron que "no se estaban cumpliendo las medidas y los deberes de cuidado", indicó la fiscala Ramos, la directora dejó el cargo tras pedir licencia, sin sanciones de ningún tipo.

“Yo no encontré elementos para decir que estaba en conocimiento de los hechos y que haya cometido el delito de encubrimiento, que es doloso. Puede ser que haya cometido muchos errores en la vigilanci”, en haber asumido cierta confianza, no pensando que esto podría realmente haber llegado a ocurrir", consideró la fiscala que logró la condena contra Nicolás Pérez.

"Esta persona no puede volver a un aula", sostuvo y calificó de "muy burdo" cómo se manejó el sistema educativo ante el caso.

"Las familias necesitaban que se expusiera que esto era verdad y el jurado les creyó a todas. Encontraron una compensación en haber sido escuchadas y que el jurado diga que es verdad. Esto es un hecho muy grave, que no debería haber pasado", sostuvo Viviana Ramos.

Las Escuelas Abiertas en Verano se desarrollarán durante enero. Así lo anunciaron la Municipalidad de San Pedro y la Jefatura Distrital de Educación.

La inscripción al programa ya está abierta y las actividades comenzarán a partir del jueves 2 y hasta el viernes 31 de enero, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 12.00.

Las sedes para San Pedro son las escuelas primarias 3, 10, 11, 47 y en el Centro de Educación Complementaria número 802. La escuela 44 de La Tosquera; la primaria 45 de Bajo Tala; y la 15 de Vuelta de Obligado también forman parte del programa.

Además, figuran la primaria 23 de Pueblo Doyle, que tendrá actividad este año; y los centros de educación complementaria 803 de Gobernador Castro, 804 de Río Tala y 805 de Santa Lucía.

Las Escuelas de Verano están promovidas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. Contempla actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y acuáticas, además de fomentar el aprendizaje y el esparcimiento durante la temporada.

El programa garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el período de receso escolar, por lo que los participantes accederán al desayuno y al almuerzo.

Las actividades tienen el objeto de “promocionar y promover acciones inherentes al cuidado de la salud, la concientización sobre la problemática ambiental y brindar contenidos tendientes al desarrollo de una educación integral”. 

El programa está destinado a niños a partir de los 3 años de edad con escolaridad. Incluye a estudiantes de la modalidad de Educación Especial (que estén cursando en las sedes de la modalidad o en los niveles de Educación Inicial, Primaria o Secundaria con propuestas de inclusión).

El Consejo Escolar de San Pedro, que tiene a su cargo la provisión de los alimentos, hasta el 20 de diciembre tendrá a disposición los pliegos del “SAE-Programa Escuelas de Verano”, para los rubros frutas y verduras, pan, carnes y alimentos secos.

La cantidad de docentes se asigna de acuerdo al proyecto distrital y se prevé uno cada 39 estudiantes matriculados. Además, hay cargos de director, coordinador de predio y guardavidas, más el personal auxiliar para limpieza y cocina.

El coordinador distrital tendrá un sueldo de 1.360.000 pesos por 45 horas semanales de trabajo durante el mes que dure el programa. Para el director de sede con doble turno, con la misma carga horaria, el salario previsto es de 1.110.000 pesos, al igual que el de  coordinador de predio.

Los docentes y guardavidas con carga de 20 horas semanales tienen un monto total asignado de 475 mil pesos como salario por lo que dure el programa Escuelas Abiertas de Verano. Todas las sumas son "fijas, no remunerativas y no bonificables".

Tras un mes y medio de falsas amenazas de bomba que obligaron a suspender las clases y a evacuar diversos escuelas ante las advertencias que llegaban, generalmente, por e-mail, autoridades educativas decidieron modificar el protocolo de actuación, al menos en dos de las instituciones más afectadas.

Hasta ahora, ante cada amenaza, los edificios escolares eran evacuados a un espacio al aire libre, habitualmente una plaza, a varias cuadras de la institución, donde las familias debían retirar a sus hijos.

Desde ahora —sería una medida “provisoria”—, ya no habrá evacuación extramuros y dispondrán una modalidad diaria de revisión de los edificios, de manera tal que se pueda garantizar el comienzo de clases sin que una amenaza, que luego podría resultar falsa, lo impida.

Las escuelas Normal y Socorro, dos unidades académicas donde funcionan todos los niveles educativos —inicial, primario, secundario y terciario— ya informaron a las familias cómo será la aplicación del “nuevo protocolo”.

En el Socorro está vigente desde este miércoles, informó el equipo directivo. En la nota que llegó a las familias aseguran que "Policía de la Brigada de Explosivos y autoridades educativas han decidido cambiar el protocolo de evacuación" que rige para toda la Provincia desde la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio provincial.

En el caso del Instituto ubicado en Pellegrini al 200, informaron que la Brigada Antiexplosivos de la Policía Bonaerense, con asiento en San Nicolás, "se acercará a la institución a las 7.00 cada mañana" para inspeccionar el edificio y labrar un acta de habilitación para el inicio de clases.

"Si en el transcurso de la mañana llegara una amenaza de bomba, se activará el protocolo de evacuación", indicaron, pero advirtieron que "el lugar asignado a evacuar será el patio de nuestra escuela".

Es decir que mientras aguardan el arribo de la Brigada y la revisión ante una amenaza de bomba que llegara luego del acta de habilitación segura del inicio de clases, los alumnos permanecerán dentro del propio edificio mientras se desarrolla la inspección de rigor. "Una vez habilitado nuevamente se retornará a las aulas", dice el nuevo protocolo remitido a las familias.

De la misma manera, el jardín 914, la primaria 46, las secundarias 4 y 3, y los institutos terciarios 118 y 119, todos parte de la Unidad Académica del Normal, informaron a su comunidad educativa acerca de las nuevas medidas a tomar.

En este caso, indican que "se ha valorado con personal idóneo en la materia la planificación de nuevas acciones referidas a las políticas de cuidado frente a un emergente" con el objetivo de "seguir garantizando la seguridad" de quienes concurren a la escuela.

El "nuevo protocolo" —tanto el del Normal como el del Socorro fueron comunicados sin firmas de autoridades y sólo con alusiones jerárquicas— dice para el edificio de Bottaro al 900 que "el personal de Bomberos realizará una revisión antes del inicio de cada turno", es decir al menos tres veces al día.

Si hay una amenaza, al igual que en el Socorro, la "evacuación" será dentro del mismo edificio: en los patios internos de la institución, "mientras el personal competente realiza la revisión". Las familias, indica el texto, serán informada de la situación detectada pero sin solicitar que retiren a los estudiantes.

"Teniendo el criterio de habitabilidad del edificio, se reinicia el habitual dictado de clases en todos los niveles", establece la nueva modalidad de acción. Es decir que cuando la Brigada Antiexplosivos —al que en este comunicado se nombra como "Bomberos"— confirme que la amenaza es falsa, volverán del patio a las aulas.

En ninguno de los casos dicen mucho respecto a la posibilidad de que la Policía especializada confirme un riesgo real en los establecimientos que tienen ese "nuevo protocolo", que sería "provisorio" y sólo para Normal y Socorro.

A las autoridades de cada nivel de esas instituciones la nueva modalidad fue informada por la Jefatura Distrital de Inspección Educativa que conduce Lorena López, tras lo que sería un acuerdo con la Brigada Antiexplosivos ante la problemática coyuntural que afecta a la ciudad por la ola de amenazas.

Finalmente, y a pesar de cierta oposición dentro del propio sistema educativo, una inspectora oriunda de San Nicolás quedó a cargo de la Jefatura Distrital de Inspección Educativa que dejó vacante en San Pedro Marcela Luchessi para acogerse a los beneficios jubilatorios.

Se llama Lorena López y es inspectora de la rama inicial, cargo que desempeñaba en el distrito luego de conducir un jardín de infantes en la ciudad de la que es oriunda.

Este jueves, la funcionaria encabezó su primera actividad oficial al frente de la jefatura distrital. En la sede de la escuela secundaria 8 Mariano Moreno, que comparte edificio con la primaria 1, engregaron materiales deportivos a directores de instituciones educativas locales.

“Se entregaron 32 kits conteniendo pelotas de básquet, fútbol y hándbol; redes, colchonetas, conos, aros, sogas, infladores, pecheras, escaleras, cuadrados de coordinación, set de psicomotricidad y bolsones”, informaron desde la Municipalidad.

“A mediados de octubre estuvimos con el presidente del Consejo Escolar, Jorge D’Andrea, en la Dirección General de Cultura y Educación, en La Plata, en la entrega simbólica de más de 1.073 millones de pesos para los 135 distritos para materiales deportivos, de los cuales asignaron 6 millones para San Pedro”, informó a La Opinión el coordinador del Consejo Provincial de Educación, Alan Ocampo.

“Estamos muy contentos, porque es una forma de mejorar las condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, que los alumnos tengan mejores condiciones para cada uno de los establecimientos”, señaló Ocampo y agregó: “Para todo lo que es Educación Física, es histórico tanta cantidad de material que se ha entregado por establecimiento”.