El exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D'Onofrio, sumó un nuevo revés judicial en las causas relacionadas con el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó su procesamiento en el expediente que investiga maniobras de corrupción vinculadas a ambos sistemas. El tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa y confirmó el avance de la investigación por supuesto lavado de activos.

La causa se originó tras una denuncia presentada en 2024 y apunta a una estructura que habría operado dentro del sistema de infracciones de tránsito, particularmente en el Tribunal de Faltas provincial de General Pacheco, además de contratos vinculados a empresas concesionarias de la VTV e irregularidades en licitaciones y adjudicaciones.

En el caso de las fotomultas, parte de la investigación involucra a la empresa Cecaitra, adjudicataria del sistema en San Pedro.

Según la pesquisa judicial, parte de los fondos obtenidos de manera ilícita habrían sido utilizados para adquirir bienes mediante presuntos testaferros e inversiones en España, algunas relacionadas con emprendimientos gastronómicos. Por ese motivo, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero, y fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

Además de D'Onofrio, la Cámara confirmó el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio. También se mantuvieron los embargos millonarios sobre ambos imputados: 350 millones de pesos para el exministro y 300 millones para Asensio.

A un mes del hallazgo del cuerpo sin vida de Sergio Gilli en aguas del río Paraná, y tras varios días de intensa búsqueda, su familia volvió a expresarse públicamente.

En esta oportunidad, Lara, una de sus hijas compartió un sentido mensaje de agradecimiento a todas las personas que los acompañaron en medio de un profundo dolor.

El caso se remonta a fines de febrero, cuando se produjo la tragedia en la que Gilli desapareció tras el hundimiento de una embarcación a la altura del kilómetro 245 del Paraná.

Días después, su cuerpo fue encontrado por integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales, quienes divisaron el cadáver desde una lancha y dieron aviso a Prefectura.

A bordo se encontraba su hija Lara, quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la búsqueda.

“Un día como hoy, hace un mes, encarábamos para el lado del rancho con la esperanza de que estés ahí. Íbamos por la orilla mirando hacia el terraplén y a las 10:57 te reconocí en el agua", expresó.

Con dolor dijo: "Te reconocí en el agua, te vi y dije: ese es mi papá".

"En ese momento se me partió el corazón en mil pedazos. Es algo desgarrador e inexplicable lo que uno siente", concluyó Lara.

En paralelo, la investigación continúa su curso. El abogado defensor de la familia indicó que la declaración de Fussi fue tomada por Prefectura al día siguiente del hecho, el 26 por la mañana.

También prestaron testimonio el capitán y la tripulación del remolcador paraguayo que rescató al único sobreviviente.

Mientras avanza la causa, el recuerdo de Sergio Gilli sigue presente en su familia, que a un mes de la tragedia agradece el acompañamiento recibido y mantiene viva la memoria de lo ocurrido.

El sábado, durante Sin Galera, el abogado Matías Velo, representante de la familia de Sergio Gilli, brindó detalles sobre el estado de la causa que investiga la muerte del hombre tras el hundimiento de una embarcación.

El letrado confirmó que la declaración de Fussi fue tomada por Prefectura al día siguiente del hecho, el 26, en horas de la mañana.

También prestaron testimonio el capitán y la tripulación del remolcador paraguayo que rescató al sobreviviente.

De acuerdo con lo que consta en la causa, la embarcación se habría hundido repentinamente y ambos ocupantes quedaron a flote, aunque posteriormente Fussi manifestó haber perdido de vista a Gilli.

El abogado adelantó que junto al estudio jurídico del doctor Sergio Rosa se presentarán como particulares damnificados en la causa para impulsar la investigación.

Indicó que al analizar las declaraciones incorporadas al expediente detectaron contradicciones e inconsistencias que deberán ser aclaradas durante el proceso judicial.

Entre los puntos que generan dudas, mencionó las distintas versiones sobre cómo ocurrió el accidente, el lugar exacto del hundimiento y el rol de otras embarcaciones que se encontraban en la zona.

En relación con las medidas de seguridad, Velo sostuvo que, independientemente de si la víctima llevaba o no salvavidas, el responsable de garantizar las condiciones de seguridad era el timonel de la embarcación.

El letrado remarcó que uno de los próximos pasos será conocer los resultados de la autopsia y las pericias, elementos clave para determinar las causas del fallecimiento y descartar otras hipótesis.

“La familia necesita saber qué pasó realmente”, afirmó.

Finalmente, aseguró que acompañarán a los familiares “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes en un caso que, según describió, está atravesado por el dolor y la incertidumbre de quienes perdieron a un ser querido.

Braian Sosa ingresó de urgencia el miércoles 24 de enero de 2024 a la Guardia de Emergencias del Hospital Emilio Ruffa tras sufrir un accidente que le provocó lesiones de extrema gravedad.

El joven, de 18 años, presentaba una fractura de cráneo y el maxilar prácticamente destruido, por lo que su estado era crítico. Ante el delicado pronóstico, los médicos dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad.

Tras insistentes gestiones de su madre, Verónica, Braian fue trasladado al Hospital Blas Dubarry de la ciudad de Mercedes, donde permaneció internado en terapia intensiva. Cinco días después, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Desde un primer momento, las versiones sobre el hecho fueron contradictorias. La familia sostuvo que Braian había concurrido al establecimiento rural “El Independiente” para trabajar, mientras que desde el lugar indicaron que el joven había llegado porque se quedó sin combustible en la motocicleta que conducía, e incluso intentaron instalar que se había accidentado solo.

A dos años del hecho, ocurrido el 29 de enero de 2024, la causa no registra avances significativos.

Consultado por este medio, el abogado de la familia, Gabriel Ruiz, cuestionó duramente el accionar judicial y afirmó que “la Justicia no interviene”.

Ruiz aseguró que existen al menos dos testigos que coinciden en que el accidente ocurrió dentro del campo y que Braian resultó herido mientras manipulaba un tractor.

“Todos concuerdan en eso. El problema es que, al ser menor de edad, el seguro no cubría la situación”, dijo a La Opinión.

Desmintió las versiones de que ese día hubiera un paro de Uatre y remarcó que es clave determinar quién le permitió al joven utilizar el tractor.

“Quien le dio el tractor es responsable”, afirmó, y anticipó que impulsará la activación de la causa penal, que fue archivada por faltas de pruebas que puedan "establecer la mecánica del hecho".

“Voy a obligarlos a que se investigue. Que quede claro qué pasó y quién fue, para que la Justicia pueda esclarecerlo”, dijo.

Con el recuerdo de hijo siempre presente, Verónica, madre de Braian, pidió que la causa se retome para saber qué ocurrió esa fatídica tarde.

"Quiero saber qué pasó, mi hijo estuvo tirado bajo una planta y nadie lo ayudó. Yo estoy muerta en vida, solo quiero justicia para que él descanse en paz", expresó la mujer. 

La pesca de rayas se ha multiplicado en las últimas semanas en los cursos de agua que rodean a San Pedro, convirtiéndose esta especie en un trofeo por sus características, dimensión y la sensación que genera la resistencia que oponen.

La raya es muy antigua, que en el río Paraná solo existen seis especies, de las cuales una es habitual en nuestra región.

Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET), con sede en Santa Fe, trabajan en un proyecto científico para estudiar y proteger a uno de los grupos de peces más enigmáticos de los ríos sudamericanos: las rayas de agua dulce.

El grupo, denominado “Diversidad, ecología y conservación de rayas”, está integrado por Luis Lucifora y Martín Vázquez, ambos licenciados y doctores en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadores del CONICET.

La investigación se focaliza en las rayas de la familia Potamotrygonidae, consideradas las “rayas de agua dulce”. Estas especies viven exclusivamente en ríos tropicales y subtropicales de América del Sur y representan más del 80 % de todos los condrictios dulceacuícolas obligados del mundo.

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Además de aportar conocimiento científico sobre su biología, ecología y estado de conservación, el equipo busca brindar información para un debate cada vez más necesario: la disyuntiva entre la explotación comercial y su preservación a largo plazo.

Las investigaciones consisten en trabajo de campo y análisis científicos. Lucifora y Vázquez intentan que las rayas de río dejen de ser invisibles y pasen a ser reconocidas como una parte fundamental de la biodiversidad.

¿Cuál es la raya que prolifera en nuestra zona? Las que habitualmente se pescan son la raya gigante o raya fina, (Potamotrygon Brachyura).

Según Vázquez y Lucifora se distingue por:

*Especie del río Paraná y endémica de la cuenca del Plata que se caracteriza por ser la raya que mayor tamaño alcanza, incluso de las presentes en todos los ríos de Sudamérica. Puede llegar a pesar 200 kg y medir 173 cm de ancho, un verdadero monstruo de río.

*Es fácilmente distinguible de las otras especies de rayas por su patrón de color en forma de hexágonos. A su vez, los ejemplares menores a 40 cm de ancho tienen la cola larga en relación al ancho de disco, y ésta se va acortando a medida que el animal crece. Los individuos mayores a 40 cm de ancho tienen la cola muy corta.

*Desde el grupo se han realizado varios trabajos que tienen a esta especie como protagonista, dado que la misma presenta importancia tanto para la pesca comercial como para la pesca deportiva.

*Sostienen que tienden a una vida larga, tardan muchos años en reproducirse, y tienen pocas crías.

Los estudios indican que son parientes cercanos de los tiburones y forman parte de unas 1.200 especies distribuidas en el mundo.

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En Argentina, el Paraná alberga seis especies de agua dulce: la raya overa o de ocelos (Potamotrygon Motoro), la imponente raya gigante (Potamotrygon Brachyura), la raya negra (Potamotrygon Amandae) y otras como Potamotrygon  Falkneri, Potamotrygon Histrix y Potamotrygon Schuhmacheri.

“Sus tamaños también varían. La pequeña Schuhmacheri apenas llega a los 30 cm de ancho; la popular overa rara vez supera los 50 cm.

La verdadera protagonista del sistema es la raya gigante (Brachyura): un “megavertebrado” que puede alcanzar los 1,70 metros de ancho y superar los 200 kilos. Una presencia descomunal que, sin embargo, pasa inadvertida en el fondo turbio del río”, indicaron desde la cuenta @rayasderio_argentina. Y esta es la que merodea cursos de agua cercanos a San Pedro.

Prefieren los fondos blandos y arenosos, los pozos, los bancos de arena, los remansos donde encuentran presas como peces pequeños, cangrejos, moluscos y otros invertebrados. Durante el día suelen enterrarse, volviéndose invisibles para sus presas; y para los bañistas.

Cuando alguien las pisa sin querer y el animal reacciona con un movimiento reflejo de la cola, donde se encuentra el aguijón (chuza), que es utilizado a modo de defensa

Para el grupo, la preservación es fundamental. A través de su cuenta https://www.instagram.com/rayasderio_argentina, solicitan colaboración de la comunidad. Esto puede darse reportando avistajes o capturas, principalmente aquellas que están señalizadas por un vector de color amarillo que les permite hacer un seguimiento del comportamiento. O bien comunicándose al 2281-418274. 

A las 13.30 horas la Policía Científica llegó hasta el edificio Torres del Sol para retirar el cuerpo de Aurelio Amerighi. 

La Fiscal Viviana Ramos ordenó la autopsia para determinar cuál fue la causa del deceso y si se produjo de forma natural. También la justicia necesita establecer el horario probable de la muerte ya que los testimonios de vecinos hablaban de “olores nauseabundos” desde el lunes por la mañana.

Según trascendió, Amerighi estaba sentado en un sillón del comedor frente a un televisor, estaba descalzo, vestía una remera y un pantalón corto. No había signos de violencia ni más desorden que el que presenta una casa habitada.

Cabe recordar que ese lunes por la tarde también llegó una comitiva policial y de salud para proceder al traslado para una evaluación psiquiátrica de la pareja; una manda judicial que no pudo concretarse porque la puerta estaba blindada y el operativo programado se canceló. 

También desde ayer se habla de un familiar de la pareja que reside en Chile y que hasta hoy no había aceptado viajar a la Argentina para tomar conocimiento del caso que ahora se investiga.

Esta mañana, la mujer que residía junto al hombre de unos 82 años pidió ayuda a una vecina y ésta a su vez demandó la presencia de un médico que vive en el edificio quien, tras ingresar al hogar de la pareja, constató que había un cuerpo sin signos vitales.

Cuando llegó la ambulancia del SAME para trasladar a María Luján Casco, se registraron inconvenientes ya que estaba en medio de “un brote psicótico” por el que está ahora internada en la guardia del Hospital con custodia policial y monitoreo del departamento de Salud Mental.

 “No surge prima acción de un tercero”, señalaron fuentes judiciales mientras se esperan los resultados de las pericias que permitan establecer el tiempo aproximado que transcurrió desde el deceso hasta el momento del hallazgo.

“Era una pareja de edad donde la viuda ostenta problemas de salud evidentes. Se había solicitado una internación por salud mental con un tramite judicial pero no se había hecho efectiva”, señalaron tras confirmar lo informado por La Opinión respecto a la manda judicial del lunes 29 de diciembre.

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien también procesó al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, sobre quien dictó un embargo de 300 millones de pesos. Los acusados continuarán en libertad, aunque se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia señaló que D'Onofrio y la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, una mujer muy allegada al funcionario, lideraban una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y distintos municipios.

Dentro de la causa quedaron involucradas autoridades de Cecaitra, pues las cámaras cuestionadas en su momento eran las instaladas por esta empresa, la misma que desde el 14 de noviembre último comenzó a prestar funciones en San Pedro.

Según la investigación judicial, no solo se obtuvieron pruebas contundentes con el manejo de las multas y el cobro del 50 % del valor, mediante un grupo de gestores falsos, sino que lo que este grupo recaudaba era blanqueado a través de una red de prestanombres que adquiría bienes muebles e inmuebles.

Pero, hubo un punto determinante en la investigación: la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio y de la empresa familiar Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. Se supo que esta sociedad no tenía actividad económica, por lo tanto, no había manera de justificar la tenencia de un rodado de un valor elevado.

El vehículo fue declarado por 30 millones de pesos, mientras que el seguro alcanzaba los $ 173.800.000. Si bien D’Onofrio dijo que no era propietario del vehículo y pese a que estaba a nombre de Asensio, el juez consideró que los dichos de ambos imputados no resultan verosímiles y concluyó que Asensio actuó como testaferro en una operación típica de lavado de activos.

En los últimos meses la causa sumó allanamientos en CECAITRA, una Universidad Tecnológica y domicilios particulares, también derivaciones asombrosas como inversiones gastronómicas en España por parte de los involucrados. Y entre los avatares, la contratación de CECAITRA por el Municipio de San Pedro.

Todo fue un escándalo que aún no tiene final. Sin embargo, fue suficiente para que D'Onofrio quede involucrado en serios delitos económicos y de corrupción, que llevaron a su renuncia al cargo de ministro el 30 de diciembre de 2024.

Durante la transmisión en vivo de Sin Galera, el médico y abogado Daniel Creus, brindó nuevos detalles de la causa que investiga la muerte de Salvador Eirín, el hombre de 32 años que falleció tras haber protagonizado una pelea y repasó la situación del único acusado. 

Consultado por los abogados defensores Carina Roca y Joaquín González, Creus analizó los resultados de la pericia post mortem y señaló que, desde su punto de vista, el golpe y el accidente cerebrovascular fueron hechos distintos.

"El deceso y la pelea son dos hechos separados", afirmó y explicó que la autopsia indica que es "poco probable" que el golpe en el "parietal derecho" haya provocado un accidente cerebrovascular (ACV) en el "hemisferio izquierdo".

De acuerdo con su evaluación como médico, la isquemia se produjo "más de 36 horas después del golpe", y fue consecuencia de una “falta de irrigación sanguínea”, no directamente del traumatismo.

"El perito oficial sostuvo que el golpe podría haber influido, pero no comparto esa hipótesis. El episodio violento y el ACV deben analizarse como sucesos independientes", sostuvo Creus.

El profesional también mencionó que a la defensa del acusado se le solicitaron sumas exorbitantes para realizar las pericias complementarias, y que el período para requerir nuevas pruebas ya fue prescripto.

La causa aún no fue elevada a juicio, por lo que el acusado permanece con prisión preventiva desde el inicio del proceso.

El Juez de Garantías accedió al pedido de la defensa para que el imputado aguarde el juicio en prisión domiciliaria, pero la Fiscalía apeló la decisión.

Creus consideró que en la próxima etapa "será fundamental confrontar al perito para conocer los fundamentos de su dictamen", dado que las conclusiones médicas serán determinantes para el avance de la causa.

Salvador Eirín tenía 32 años y falleció el 22 de enero, tras ser sometido a una cirugía cerebral en la que profesionales trabajaron sobre una lesión en la cabeza.

Eirín fue atendido inicialmente en el Hospital, tras protagonizar una pelea, que le provocó lesiones.

Tras ser dado de alta, el muchacho llegó a las instalaciones de Sadiv, ya que presentaba síntomas que alarmaron a su familia. 

Los estudios de imagen detectaron la lesión cerebral, por lo que decidieron intervenirlo quirúrgicamente e informar de inmediato a la Fiscalía, tal como lo establece el protocolo.

El informe médico indicó que presentaba una lesión en la arteria carótida y signos compatibles con un ACV isquémico, cuadro que reflejaba la gravedad de su estado. Pese al esfuerzo del equipo médico, no logró recuperarse.

El Gobierno municipal decidió poner en marcha una auditoría interna en el área de Licencias de Conducir tras la confirmación de un nuevo caso de carnets truchos.

El subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que harán "una auditoría interna para descartar opciones", puesto que es relevante para el Estado local.

El plan es que esa investigación permita deslindar responsabilidades del personal del área o, en caso de que las haya, atribuirlas como es debido, para evitar la exposición a sospechas para todos los que se desempeñan allí.

Este viernes estuvo en el área el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, para dialogar con los empleados y ponerse al tanto de la modalidad de confección de los carnets.

El último caso fue detectado el miércoles en un operativo de control vehicular que llevó adelante la Dirección de Tránsito junto a personal policial de UTOI.

Un joven de 22 años que no llevaba casco fue interceptado y a la hora de presentar la documentación los inspectores notaron que la licencia era trucha.

En el dorso tenía el nombre del director de Tránsito Armando Caballero donde va la firma autorizada del personal administrativo.

En el verano aparecieron varios casos, todos con la misma modalidad, y en la Justicia hay causas penales que investigan los hechos, que constituyen el delito de falsificación de documentación pública.

En todos los casos, las personas que poseen los carnets apócrifos dicen haber contactado a un "gestor" vía Facebook, quien les cobró entre 80 y 90 mil pesos para entregarles la licencia trucha.

La investigación que surgió tras el allanamiento a las oficinas de Cecaitra, empresa adjudicataria del sistema de las fotomultas y que tiene como como principal sospechoso al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y a las empresas proveedoras del sistema, continúa como una “megacausa”, describió el diario Clarín.

El escándalo surgió cuando se descubrió que una red de gestores ofrecía descuentos “ilegales” en multas de tráfico en la provincia de Buenos Aires, con la posible complicidad de funcionarios.

Las infracciones surgían del sistema de fotomultas (existen más de 200 cámaras en el territorio), cuyo equipamiento fue cuestionado por no tener la homologación correspondiente.

También surgió el vínculo de las adjudicatarias del sistema de fotomultas en diferentes distritos, que son Secutrans y Cecaitra, operadora en San Pedro. También se apunta a las irregularidades en la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por el momento, la Justicia investiga a D'Onofrio, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024, y a su entorno por un presunto lavado de activos, con conexiones en España. Y aquí la justicia federal y provincial se disputan la competencia de la causa.

Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero de parte del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y su entorno. https://t.co/VVCt4geCfl

Recordemos que D'Onofrio fue relevado de su cargo ante este caso y reemplazado por otro dirigente del Frente Renovador: Martín Marinucci.

En el Juzgado de La Plata, que conduce Juan Pablo Massi y cuyo fiscal es Álvaro Garganta, se analiza la red de gestores que se encargaban de “facilitar” el pago de las multas. 

Intermediaban ofreciendo saldar la deuda con el 50 % de descuento. Alguien hacía desaparecer la infracción, pero el dinero no llegaba al Juzgado de Faltas. 

“Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas, Mario Quattrochi (uno de los apuntados como ‘saca multas’), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias”, indicó Clarín. Pombo era, por entonces, la presidente del Concejo Deliberante de Pilar y está sospechada de manejar a los gestores. 

En cuanto a la VTV, la investigación pasa por la contratación de las concesionarias. Estas recurrieron a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., responsable de conceder los turnos. 

La causa restante se encuentra en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se tratará de establecer si se cometió el delito de lavado de activos, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La puja de estos días se da entre los jueces. Massi le solicitó a González Charvay que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero porque lo que se indaga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los tribunales provinciales. 

El juez de Campana lo quiso hacer al principio, pero la Cámara Federal de San Martín se negó porque consideró que debía continuar con la investigación para obtener más elementos.

Cecaitra continúa en la mira de la Justicia. Fue allanada, y también la casa de su presidente. Para el fiscal no hay dudas del vínculo. Existen elementos que demuestran que la pareja de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, se conocía con el presidente de la empresa Bernardino García.

Mientras tanto, en la ciudad y los accesos a San Pedro las cámaras están, pero aún no fueron habilitadas.

Mientras se aguarda la habilitación del sistema de fotomultas en San Pedro, la Justicia continúa la investigación sobre la relación entre el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y el titular de Cecaitra, empresa adjudicataria en nuestro distrito, Bernardino Antonio García.

La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta puso en evidencia distintas maniobras que implican la sospecha del montaje de un aceitado sistema de recaudación basado, principalmente, en las multas de tránsito.

La Justicia sospecha que un grupo de funcionarios, bajo la dependencia directa de D'Onofrio, actuó en connivencia con personas ajenas a la administración pública. 

Éstos operaban como "gestores" ofreciendo reducciones del 50% a los deudores de infracciones de tránsito, recaudación que mayormente no ingresaba a las arcas correspondientes.

Además, Garganta también avanza contra D'Onofrio por su presunto favorecimiento a la “asociación civil” —es una cámara que nuclea a empresas del sector— Cecaitra, que desde el 3 de enero de 2022 opera 155 cámaras de monitoreo en varios municipios. 

Aunque hubo debate acerca de si las cámaras contaban con las habilitaciones necesarias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia autorizó la continuidad de su utilización.

Ello permitió que el Gobierno municipal de San Pedro informara en comisión a los concejales que plantearon sus dudas que la continuidad del contrato con Cecaitra está garantizada, independientemente de la investigación judicial, porque “no hay impedimentos”.

El fiscal y el juez Juan Pablo Massi llevan a cabo una instrucción pormenorizada que incluyó allanamientos en la sede de Cecaitra, en la residencia de su presidente, García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en La Plata (intermediaria), con el fin de obtener documentos que validen la habilitación de los equipos y el flujo de fondos.

En total, la causa incluye a 16 imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector. 

Uno de los nombres destacados es el de Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata (la causa está caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ fraude en perjuicio de la Administración Pública”), quien fue  vinculado a viajes frecuentes al exterior junto a la concejala de Pilar Claudia Pombo, persona cercana a D'Onofrio (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, destituida por este escándalo).

Ambos podrían estar involucrados en dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según informes reservados que han llegado desde el extranjero para ser incorporados en la causa.

Aparte de su vínculo con Cecaitra, D'Onofrio enfrenta acusaciones relacionadas con la concesión irregular de servicios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que cobraba comisiones desproporcionadas por cada turno.

En el marco de la causa, no se descarta que las infracciones detectadas por cinemómetros cuestionados, puedan invalidarse legalmente y hasta ejecutar la devolución de lo recaudado por los municipios.

A su vez, otra faceta de la investigación alude a presuntas maniobras de desvío de fondos en 11 municipios, donde se supone que existieron acuerdos simulados para evitar licitaciones utilizando las universidades. 

Como si esto fuese poco, comenzó a surgir la participación de los gremios de los empleados municipales que, en consonancia con los intendentes, advirtieron que una eliminación del sistema de fotomultas implicaría postergar los aumentos salariales.

En San Pedro, Cecaitra fue la única oferente en la licitación, por lo que el convenio de adjudicación tuvo que ser validado por el Concejo Deliberante.

A casi un mes desde que tres delincuentes asaltaron a un taxista para robarle el Fiat Cronos en el momento en que había ido a buscar a un pasajero menor de edad en Las Heras al 800, todavía no hallaron el automóvil.

La última pista relevante de la investigación motivó cuatro allanamientos en la vecina ciudad de San Nicolás, aunque los procedimientos resultaron infructuosos: en ninguno de los domicilios allanados encontraron lo que buscaban.

La sospecha es que el Fiat Cronos fue desarmado y se sustenta en el hallazgo en sitios de venta a través de la red social Facebook de partes de un vehículo del mismo modelo y color que eran ofrecidos en Marketplace.

Con los datos recabados por el personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero, la Fiscalía interviniente solicitó al Juzgado de Garantías los allanamientos correspondientes, todos en la ciudad de San Nicolás.

Ninguno de los procedimientos arrojó resultados positivos, pero la sospecha respecto de que el automóvil fue desarmado es firme, ya que las piezas en venta en redes sociales coinciden con el coche buscado.

La semana que viene se cumplirá un mes desde que pasada la medianoche del sábado 7 de junio tres delincuentes abordaron al chofer del auto propiedad de la presidenta de la cooperativa de taxis de plaza Belgrano.

Había ido a buscar a un adolescente que solicitó el servicio para ir a un cumpleaños. Cuando los delincuentes se metieron en el auto, gatillaron un arma de fuego, aportó el chofer. El joven corrió a su casa y llamó a sus padres, mientras los ladrones huían en el Cronos.

En el habitáculo quedó el celular del taxista, cuya señal de rastreo se apagó en la zona del Aeroclub. Las imágenes de cámaras de seguridad registraron por última vez al coche saliendo por el callejón Pascual en dirección a la ruta 9.

El Grupo Conservacionista de Fósiles recibió a Iñaki Aguirrezabal, estudiante avanzado de Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El estudiante, demostró mucho interés en material del Archivo de Documentación del Museo Paleontológico de nuestra ciudad.

Iñaki está elaborando una tarea de investigación sobre la representación política en la campaña bonaerense relacionada con la creación de las Municipalidades a partir del año 1856.

El período que más le interesa para su trabajo es el comprendido entre los años 1856 a 1863, del cual existe numeroso material en el archivo del museo.

El estudiante prometió que, una vez finalizado su trabajo de investigación, entregará una copia al Museo Paleontológico para consulta de todos los sampedrinos y visitantes a quienes les interese esta parte de la historia del pueblo.

Este documento de investigación se sumará al archivo de documentación que el grupo del Museo Paleontológico viene armando desde hace años. 

Familiares y amigos de Braian Sosa, el joven de 18 años que falleció tras caer de un tractor, concentraron en la plaza Belgrano para visibilizar su descontento con la decisión de la Justicia de archivar la causa penal que investigaba su muerte.

Encabezando a los presentes, Verónica, madre del muchacho, pidió justicia para su hijo y expresó que no va “a parar hasta conseguirla”.

Indicó que el joven estuvo "toda esa mañana tirado en el campo" y que "nadie" del establecimiento rural El Independiente "se hizo cargo".

Entre lágrimas, Verónica refirió que la decisión de archivar la causa que investiga la muerte de Braian no es pertinente, ya que ni ella, "ni los amigos, ni la familia" saben "qué pasó" esa fatídica tarde.

"Nadie sabe qué ocurrió. Quiero luchar por él, quiero que descanse en paz", concluyó la mujer. 

Una orden de allanamiento emitida por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás—, reavivó la causa una de las estafas que se investiga por el presunto desvío de fondos entre algunos municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), por el sistema de fotomultas.

En esta oportunidad el sitio apuntado fue la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La institución educativa está sospechada de ser intermediario entre los municipios y Cecaitra.

Aquí surgen vinculaciones sorprendentes. Empleados de Cecaitra también son funcionarios de la UTN y habrían suscripto distintos convenios participando de un lado y del otro.

También surgieron de la investigación cuentas bancarias, que en el momento de la distribución de los ingresos no cumplían con los pasos administrativos estipulados por la Universidad. El flujo de las grandes cifras iba directamente a Cecaitra.

El 16 de septiembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar suscribió el contrato con la Cámara “para la incorporación de tecnología en el control de tránsito, buscando fortalecer la seguridad vial en el partido”, aprobado por el Concejo Deliberante.

Hace un mes el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, allanó Cecaitra porque “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

A su vez, las multas de Cecaitra tenían una mayor celeridad en los Juzgados de Faltas provinciales y, ante esa fluidez, se anticipaba la cobranza.

Todo lo señalado, y algo más, hizo que el entonces ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, renunciara a su cargo. 

Quedó en medio de un escándalo que surgió a la opinión pública por la manera de facilitar el pago de las multas a través de gestores, que ofrecían descuentos, y que lo recaudado en su mayoría no llegaba al erario. Asimismo, la pareja de D'Onofrio, la concejala de Pilar Claudia Pombo, estaba involucrada en el caso.

Otra causa y con los mismos actores tramita en los Tribunales de Campana. El juez federal Adrián González Charvay investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus compañeros, algunos con posibles inversiones en la Costa del Sol, España.

Familiares y amigos de Yael Rodríguez, la mujer de 37 años que falleció el pasado lunes luego de someterse a una operación de ligamento de las trompas de falopio, concentrarán este jueves a las 20.00. 

Inicialmente, se había previsto que los allegados se encontraran sobre calle Aulí, frente a la Guardia de Emergencias, y desde el Municipio lanzaron un comunicado en el que solicitaban que concentren “exclusivamente sobre calle 25 de Mayo” para “garantizar” y “facilitar” el ingreso y egreso de las ambulancias. 

Tras su muerte, la pareja de Yael Rodríguez Molina radicó la denuncia en la Comisaría y la Fiscalía dispuso las pericias para determinar si hubo mala praxis en la cirugía de la joven madre.  

Tras la autopsia, se supo que la víctima sufrió una septicemia pese a las tres consultas previas que realizó en la Guardia de ginecología donde casi cuatro días después se decidió una nueva evaluación quirúrgica en la que se tomaron muestras que están a disposición de la Justicia.

Amigos y familiares de la mujer de 37 años que ingresó el miércoles 22 de enero para una sencilla operación de ligamiento de las trompas de falopio y que falleció durante la jornada del lunes, convocan a una marcha para pedir justicia. El martes velaron en la sala de la Coopser a la joven madre y hoy miércoles la acopañaron al cementerio.

"Convocamos para exigir justicia por mala praxis por nuestra amada amiga Yael, para que no quede impune y paguen los responsables de estos actos de negligencia y no le pase a nadie más", indica el flyer compartido por los allegados a la víctima. 

La concentración tendrá lugar el próximo jueves y el horario dispuesto fue confirmado por familiares de Yael a “las 20.00”, afuera de las instalaciones de la guardia del hospital Emilio Ruffa. 

El lunes por la noche la pareja de Yael Rodríguez Molina radicó la denuncia en la Comisaría y la Fiscalía dispuso las pericias para determinar si hubo mala praxis en la cirugía de la joven madre.  

Tras la autopsia se supo que la víctima sufrió una septicemia pese a las tres consultas previas que realizó en la guardia de ginecología donde casi cuatro días después se decidió una nueva evaluación quirúrgica en la que se tomaron muestras que están a disposición de la justicia. Los mayores cuestionamientos apuntan a la ausencia de los funcionarios esenciales, a saber: Secretaria de Salud, María Vargas; Directora del Hospital, Isabel Carrasco, Director del Servicio de Ginecología y Clara Bilbao, la médica que la operó, todos de vacaciones. 

Esta mañana se cumplieron las primeras diligencias judiciales y administrativas en torno a las causas que desencadenaron la muerte de Yael Radríguez Molina, la mujer de 37 años que llegó el miércoles 22 de enero para una sencilla operación de ligamiento de las trompas de falopio.

Ese día fue intervenida por la Dra. Clara Bilbao y dada de alta para recuperarse en su domicilio. Desde ese momento se sucedieron varias visitas a la guardia de ginecología del Hospital. El jueves la vieron los médicos y le suministraron calmantes, el viernes también la revisaron en el área de esa especialidad, también el sábado hay registrado otro ingreso en el que le practicaron nuevos estudios de laboratorio y finalmente el día en que llegó con una situación grave que demandó una nueva cirugía exploratoria y de la que podría surgir la clave que revelará si se trata de una mala praxis.

Todo indica que de la intervención original, se desencadeno una lesión en el intestino que en los días sucesivos se fue agravando y terminó en una septicemia que no se logró evitar o contener a tiempo.

Por ese motivo y al saber que la Secretaria de Salud y la Directora del Hospital están de licencia, el Dr. José Herbas tuvo que tomar a su cargo la ejecución de las medidas administrativas y la entrega de toda la documentación a la justicia. También está de vacaciones la médica que practicó la cirugía y el Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia.

La familia reclamó en las puertas del Hospital el lunes por la noche, la pareja de Yael radicó la denuncia y de inmediato se ordenó la pericia sobre el cuerpo de la joven madre. La historia clínica ya fue entregada y en el Municipio también trabaja la Asesoría Letrada para ofrecer todo el material que se demande.

“Yael era muy querida por todos, era muy conocida en hemoterapia porque era una gran colaboradora en la donación de sangre”, relataron en el hospital respecto a la paciente. También se sabe que en contacto con miembros de la familia se decidio ofrecer la asistencia psicológica. 

Desde el Servicio de Salud Mental, lograron contactar a los miembros más estrechos de la familia para poder abordar la comunicación con los hijos y hacer un seguimiento que comprende la asistencia directa.

En tanto se hacían los trámites para trasladar el cuerpo a la sala velatoria y otras diligencias que surgieron en el marco de una causa que ya tramita y demanda una investigación sobre el rol y la responsabilidad de la profesional interviniente.

Una investigacón de La Opinión en colaboración con la empresa de seguridad informática Birmingham Cyber Arms Ltd., que lidera Mauro Eldritch, quien la semana pasada reveló la vulnerabilidad de la plataforma, permitió revelar este sábado en Sin Galera una serie de impactantes datos, obtenidos junto al hacker Guido Marlowe, sobre la plataforma Rainbowex y sus promotores, el denominado Knight Consortium.

Además de dar a conocer que detrás del perfil de “la China” en Telegram está el número de Maximiliano Braga, uno de los líderes locales del “consorcio”, domiciliado en Río Tala y registrado como trabajador rural, el programa reveló detalles del funcionamiento de la plataforma.

En Rainbowex hay, en total, 62 mil usuarios registrados que "invirtieron", en total, más de 49 millones de dólares. Entre ellos los más de 12 mil —en algunos casos se habla de hasta 20 mil— sampedrinos.

Los últimos retiros efectivos registrados son del viernes 4 de octubre. El martes siguiente, y tras el “evento del cambio de moneda”, suspendieron por 14 días hábiles la posibilidad de sacar los USDT y cambiarlos por dinero, presuntamente para “colaborar con la Justicia”.

En total, los retiros efectivos ascienden a poco más de 40 millones de dólares. Es decir que del total ingresado, quedaron 9 millones de dólares. Los movimientos pendientes de retiro —intentaron pero no pudieron— ascienden a 23 millones de dólares.

Hubo 169.425 movimientos de extracción. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023: fueron 5 dólares. Las dos primeras fueron pruebas. La tercera, a nombre de una persona cuyas iniciales son ERG.

Los 20 que más retiraron, en total sacaron casi 4 millones de dólares. El que más se llevó fue Maximiliano Braga, “la China”, casi 400 mil dólares.

Maximiliano Braga ingresó en total 1164,42 dólares. Se registró en la plataforma el 2 de agosto de 2023. Eran las 15.52. Su primer ingreso fue el 14 de agosto. Sus inyecciones de dinero fueron seis. Dos el 14 de agosto y otro el 17.

El 5 de noviembre del año pasado hizo un terecero. En 2024 fueron dos: el 19 de marzo y el 4 de mayo. Su número de identificación en la plataforma termina en 273. 

Sus retiros suman 338.301,10 dólares. Está primero en el ranking de los que más plata sacó. Lo hizo en 143 extracciones distintas entre el 25 de agosto de 2023 y el 29 de septiembre pasado.

La primera fue de 11 dólares y la última de 4750. El 9 de octubre quiso retirar 1900, pero quedó pendiente. En los registros, su saldo es de 69.125,244 USDT. 

Braga refirió a 55 personas, entre ellos a Luis Pardo, el otro gran referente públicio del Knight Consortium, allanado este sábado en su casa del barrio El Escorial.

Pardo ingresó a la plataforma el 11 de noviembre de 2023. El primer ingreso fue de 77,83 dólares. En total, hizo 12 movimientos de inyección de dinero. El de mayor cantidad fue el 5 de diciembre, por 1083,90 dólares. En total, “invirtió” 3571,54 dólares. 

También está entre los que lideran el ranking de extracciones, con la suma total de 228.443,65 dólares en 92 movimientos entre noviembre de 2023 y el 4 de octubre pasado, fecha en la que retiró 9.500 dólares. 

Su mayor retiro fue de 25 mil dólares, el 9 de septiembre. Antes, el 13 de julio, había sacado 20 mil dólares. En los días previos a que se suspenda el retiro, sacó otros 40 mil dólares, en cuatro tandas. 

Luis Pardo invitó a 114 personas y es, de los líderes, el que mayor cantidad de referidos tiene. Su saldo disponible es de más de 147 mil USDT.

A su nueva casa en el exclusivo barrio El Escorial, donde se mudó hace poco tras toda una vida en inmediaciones del asentamiento precario conocido como Hermano Indio, la Policía Federal llegó con orden de secuestrar todo elemento de almacenamiento digital o físico de documentación vinculada a Rainbowex.

La detención de los delincuentes que asaltaron la casa de cambios Areco Cambios en pleno centro de la ciudad y sus responsabilidades en otro delito similar en la zona de Zárate-Campana despertaroin sospechas entre los investigadores de casos ocurridos en ambas jurisdicciones..

Los tres detenidos en San Pedro forman parte de una banda que habría cometido otros asaltos de características similares, incluido el resonante robo a sindicalistas de la UOM.

Esos delincuentes alquilaban una vivienda en Combate de Obligado al 500, fueron filmados en comercios de indumentaria masculina comprando importantes cantidades de ropa y, todo indica, sabían moverse en la ciudad, lo que implica que tendrían “contactos locales”.

Pero además, en las últimas semanas aparecieron otros casos en San Pedro con detenidos oriundos de Campana, que se suman a algunos delincuentes que habían sido apresados en aquella zona y tenían domicilio en nuestra ciudad.

El robo a Areco Cambios y la aparición de dos vehículos robados en Campana y hallados en San Pedro son motivos para que los investigadores de la vecina ciudad sospechen de la instalación de una red que conforma un supuesto “corredor delictivo”.

Para la policía campanense no sería una casualidad, por lo que apunta a una banda que opera entre ambas localidades.

El auto fue recuperado durante un operativo por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en calle San Lorenzo, en proximidades a la Cooperativa Las Canaletas.

Allí se identificó a un hombre de 32 años, a cargo del volante de un rodado sobre el que existía un pedido de secuestro solicitado por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana. Esto data del 8 de junio de 2024, la misma fecha en que fue robado.

Respecto al restante vehículo, en Riobamba y 25 de Mayo se detuvo a un joven de 21 años que circulaba en una motocicleta de 150 cc, también con pedido de secuestro desde 2023, solicitado por la misma fiscalía de Campana.

En este caso, el conductor quedó imputado por el delito de encubrimiento, con intervención de la UFI Nº 11 de San Pedro.

Si de algo no se duda, es que existen muchos delitos donde se comparten jurisdicciones, especialmente en el caso de las motos , donde un parque de miles de estos biciclos invita a los delincuentes a proceder con los ilícitos, cuyo paradero se ignora posteriormente.

Aún se recuerdan los casos de asalto a mano armada de motos de alta cilindrada, que finalmente terminó con uno de los autores condenado y alojado en el Penal de Campana.