Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Hay inversores que miran los ladrillos y otros que miran la tierra. Los primeros compran lo hecho. Los segundos saben que el verdadero valor se crea mucho antes: cuando un campo se transforma en lotes, cuando un papel se convierte en plano aprobado, cuando una voluntad privada se encuentra con un marco legal que, bien leído, deja más puertas abiertas de las que aparenta. Este artículo es sobre esas puertas.

En la provincia de Buenos Aires hay una paradoja silenciosa. Mientras la demanda de suelo urbanizado crece año tras año —empujada por el déficit habitacional, la migración desde el conurbano hacia ciudades medias y el atractivo del corredor norte como zona de inversión—, la oferta de lotes en regla avanza a paso de tortuga. No es por falta de tierra. Es por la dificultad de transformarla.

El marco que gobierna esa transformación es el Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, una norma con casi medio siglo de vigencia, pensada para una provincia que ya no existe. Su aplicación rígida, sumada a un circuito de convalidación provincial históricamente lento, ha generado la imagen —extendida entre inversores y desarrolladores— de que lotear en territorio bonaerense es un laberinto sin salida. No lo es. La ley tiene más excepciones, más mecanismos y más herramientas de flexibilización de las que se suelen mencionar. El problema es que hay que saber leerlas.

Lo que sigue es un mapa práctico para el desarrollador privado —pequeño, mediano o grande; individual, asociado o fiduciario— que quiere entender en qué terreno se mueve antes de dar el primer paso.

La regulación del suelo en la Provincia no se agota en una sola ley. Es un sistema de cuatro normas que funcionan en cascada, y entender cómo se conectan es la primera ventaja competitiva de cualquier desarrollador:

1) Decreto-Ley 8912/77 — norma madre. Fija las dimensiones mínimas de los lotes, las cesiones obligatorias de espacios verdes y reservas de uso público (art. 56), prohíbe subdivisiones que generen densidades mayores a 30 habitantes por hectárea cerca de rutas troncales (art. 55) y establece, en su artículo 51, el piso de la regla: los municipios no pueden autorizar dimensiones inferiores a las de la ley. Pero el mismo artículo —y aquí está la clave— habilita excepción municipal cuando el proyecto lo justifique.

2) Decreto 9404/86 — reglamenta los clubes de campo. Es la vía histórica para urbanizaciones recreativo-residenciales de baja densidad, con parcelamiento propio bajo el régimen de la ley de propiedad horizontal original.

3) Decreto 27/98 — crea la figura del barrio cerrado y, más importante para el desarrollador, habilita a la autoridad municipal a “propiciar el cambio normativo pertinente a fin de dotar al predio de los indicadores urbanísticos, mediante estudios particularizados”. En la práctica, esta cláusula es la puerta más transitada para obtener indicadores a medida del proyecto, pudiendo localizarse el emprendimiento en cualquiera de las áreas definidas por la ordenanza municipal —urbana, complementaria o rural—.

4) Decreto 1727/02 — descentraliza en los municipios la prefactibilidad y factibilidad de urbanizaciones cerradas, reconociendo que la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial es municipal, como ya lo establece el art. 70 de la 8912.

A este esqueleto se suma una pieza más reciente y decisiva: la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (2012), que abrió un catálogo nuevo de herramientas urbanísticas que flexibilizan la 8912 en favor de la producción de suelo. A ella volveremos enseguida.

Un dato revelador: de los 135 partidos de la Provincia, ninguno completó las cuatro etapas del proceso de planeamiento que la propia 8912 exige en su artículo 75 (delimitación preliminar, zonificación según usos, plan de ordenamiento urbano y planes particularizados). La mayoría quedó en la segunda etapa. Esto significa que el desarrollador no opera sobre un tablero perfectamente trazado: opera sobre un mapa inacabado, lo que —lejos de ser un obstáculo— abre márgenes de gestión que un proyecto bien fundamentado puede aprovechar.

Cuando un desarrollador encuentra una oportunidad —una fracción con buena ubicación, pero cuyas dimensiones, indicadores o zonificación no se ajustan a lo que permitiría un proyecto rentable—, no está frente a un “no” automático. Está frente a la pregunta de qué vía de excepción es la adecuada. El ordenamiento provincial ofrece tres caminos concretos, cada uno con su lógica, su fundamento normativo y su campo de aplicación típico.

Es la puerta clásica. El artículo 51 de la 8912, después de fijar dimensiones mínimas, agrega que los municipios podrán establecer excepciones cuando las características de la zona y del proyecto así lo justifiquen. El mecanismo, en la práctica, consiste en una ordenanza municipal —generalmente específica para el predio o el sector— que se somete posteriormente a convalidación provincial.

El secreto de esta vía es la fundamentación. No alcanza con invocar la excepción: hay que demostrar por qué el proyecto mejora el tejido urbano, cómo resuelve la dotación de servicios, qué impacto tiene sobre el entorno y de qué manera respeta —aunque flexibilice— el espíritu del ordenamiento. Un proyecto bien fundado, con informe técnico de agrimensor, memoria urbanística del arquitecto y dictamen jurídico que anticipe los puntos sensibles, recorre este camino en un plazo razonable. Un proyecto mal fundado se estanca indefinidamente.

Un caso testigo regional ilustra con precisión esta lógica. En San Pedro, el loteo ubicado en la intersección de la Ruta 1001 a Río Tala con las calles Depietri, Noseda y Laprida —conocido en la zona como “el loteo de los viveristas”— se tramitó precisamente por la vía del art. 51 in fine. La primera presentación ante la autoridad provincial encontró objeciones técnicas al informe urbanístico, lo cual obligó al equipo arquitectónico a profundizar la fundamentación: análisis del entorno, justificación de los indicadores propuestos, integración con la trama existente e impacto sobre la dotación de servicios. Una vez reforzado ese soporte técnico, el expediente avanzó y obtuvo aprobación en los plazos normales para la época. La lección es nítida: en la vía de la 51 in fine, la calidad de la fundamentación no es un detalle estético; es la diferencia entre la aprobación oportuna y la parálisis indefinida del expediente.

El Decreto 27/98 y, antes de él, la Resolución 74/97, habilitaron una herramienta potente: el estudio particularizado. Consiste en que el municipio elabora —con la participación técnica del desarrollador— un régimen urbanístico específico para un predio, fijando sus propios indicadores (FOS, FOT, densidad, dimensiones de lote, retiros) según las necesidades del proyecto y las condiciones del entorno.

Es la figura típica de los barrios cerrados y de los grandes emprendimientos, pero no está reservada a ellos. Puede aplicarse a loteos abiertos de cierta escala, a desarrollos mixtos y a cualquier proyecto cuya particularidad justifique un tratamiento normativo a medida. El circuito exige dos convalidaciones: la prefactibilidad —que valida la localización y el encuadre general— y la factibilidad definitiva, que aprueba el proyecto ejecutivo.

Esta es la puerta más reciente —y, para muchos desarrolladores, la más desconocida—. La Ley de Acceso Justo al Hábitat introdujo tres instrumentos que flexibilizan la 8912 de modos que hasta 2012 eran impensables:

• Programa de Lotes con Servicios. Permite generar parcelas con dimensiones menores a las que exige la 8912 y, crucialmente, la provisión progresiva de infraestructura. Hasta 2012, la 8912 exigía tener todas las obras de agua, cloacas, electricidad y pavimento hechas antes de habilitar el loteo. Hoy, bajo este programa, puede aprobarse un plan de obras por etapas, lo que baja drásticamente la inversión inicial del desarrollador y permite financiar la urbanización con el propio flujo de ventas.

Conviene una precisión técnica que ordena el panorama. El desdoblamiento entre la aprobación del plano y la ejecución posterior de las obras de infraestructura no fue una invención de la Ley 14.449. Bajo el régimen anterior, la práctica registral provincial ya admitía que un plano se aprobara incorporando los servicios exigidos por el municipio sin que estuvieran efectivamente ejecutados, condicionando la aprobación a una restricción de venta de las parcelas. Una vez ejecutadas las obras y obtenidos los certificados emitidos por la autoridad de aplicación de cada servicio (agua, electricidad, cloacas, pavimento), el desarrollador tramitaba ante los entes provinciales el levantamiento de la interdicción, que podía hacerse en forma parcial —por sectores u obras concluidas— o total. Lo que la Ley 14.449 incorporó, entonces, no fue la posibilidad técnica del diferimiento (que ya existía), sino su sistematización como herramienta de política habitacional, sumada a la habilitación expresa de dimensiones de lote inferiores a las exigidas por la 8912 cuando se aplica el Programa de Lotes con Servicios. Para el desarrollador, la distinción tiene consecuencias prácticas: aún por fuera de los programas de hábitat social, existen mecanismos clásicos de aprobación con restricción que permiten financiar obras con el flujo de las preventas, sin necesidad de encuadrar el proyecto bajo la 14.449.

• Consorcios Urbanísticos. Es la forma de asociación público-privada más poderosa del régimen bonaerense. Un propietario aporta la tierra; el Estado (provincial o municipal) aporta obras o gestión; cada parte recibe, como compensación, unidades inmobiliarias ya urbanizadas. El caso emblemático es el de la Cooperativa El Cardumen, en Marcos Paz, donde beneficiarios del programa PRO.CRE.AR que no podían acceder a lotes por los precios del suelo lograron comprar un predio y urbanizarlo mediante convenio con el municipio. Es un modelo que el corredor norte debería replicar.

• Zonas de Promoción del Hábitat Social. Los municipios pueden definir áreas donde los indicadores se flexibilizan específicamente para facilitar la producción de vivienda accesible, con contrapartidas razonables para el desarrollador.

Hay una contrapartida que conviene conocer: la ley establece una contribución obligatoria no inferior al 10 % sobre la valorización inmobiliaria generada por la acción del Estado —cambios de zonificación, cambios de indicadores, aprobación del proyecto—. No es un impuesto: es el reconocimiento de que cuando el Estado autoriza un desarrollo, parte de la plusvalía generada debe volver a la comunidad. Para el desarrollador, esto significa incorporar esa contribución al análisis económico desde el inicio. Para el inversor, significa operar con reglas claras.

La forma de materializar esa contribución no es indiferente, y conviene que el desarrollador conozca el debate técnico que se planteó desde la sanción de la norma. La interpretación más alineada con el espíritu de la Ley 14.449 —y con su objetivo expreso de integración e inclusión socio-urbana— es que el porcentaje (10% o más) se exprese en superficie del propio predio que se subdivide, quedando ese suelo en manos del Estado para destinarse a hábitat social, equipamiento comunitario o reserva fiscal dentro del mismo emprendimiento. Cuando esta modalidad se aplicó en la práctica, surgió una interpretación alternativa: ofrecer al Estado superficies equivalentes en dimensiones y características urbanas, pero situadas en otros predios, generalmente menos valiosos o ubicados en zonas distantes. Esa segunda fórmula resulta más atractiva para el desarrollador, pero su compatibilidad con el espíritu de la norma es discutible: una contribución cuyo objetivo declarado es integrar difícilmente cumple su finalidad cuando se materializa fuera del proyecto que se autoriza. El punto operativo, más allá del debate, es claro: la modalidad debe pactarse con la autoridad municipal y provincial desde el inicio del expediente y dejarse expresamente convenida en la ordenanza de excepción o en el convenio urbanístico, evitando discusiones en la etapa final del trámite, cuando los costos de modificación son altos.

Un proyecto de loteo en la Provincia de Buenos Aires recorre, sea cual sea la vía elegida, un itinerario que conviene tener claro antes de firmar el boleto de compra del campo:

1. Estudio preliminar de factibilidad urbanística — análisis del código municipal vigente, zonificación del predio, indicadores aplicables, restricciones ambientales e hídricas, accesos y servicios disponibles. Esta etapa es la que separa a los desarrolladores serios de los improvisados. Comprar tierra sin este estudio es apostar a ciegas.

2. Prefactibilidad — presentación municipal del anteproyecto. Se evalúan localización, compatibilidad de usos, condiciones de habitabilidad, estudio de impacto (urbanístico, socioeconómico y ambiental), y la garantía de no interferir con la trama vial existente ni con los ejes futuros de crecimiento. Si el proyecto requiere excepción, es aquí donde comienza a tramitarse.

3. Factibilidad definitiva — aprobación del proyecto ejecutivo por el municipio y, cuando corresponde, convalidación por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUyT). Se presentan los planos de subdivisión, los proyectos de infraestructura (agua, cloacas, electricidad, desagües pluviales, pavimento o tratamiento de calles), las cesiones de espacios verdes y reservas de uso público, y la documentación ambiental.

4. Licencia ambiental provincial — certificado emitido por la autoridad ambiental de la Provincia que corrobora la factibilidad en materia de redes, escurrimientos e impacto. Un capítulo en el que no se puede improvisar: en otras jurisdicciones del país se han visto decenas de loteos clausurados preventivamente por carecer de este certificado, aun estando aprobados municipalmente.

5. Ejecución de obras e inscripción registral — aprobado el proyecto, se ejecutan las obras (o se garantizan mediante el régimen de obras diferidas que permite la Ley 14.449, o bien mediante la modalidad clásica de aprobación con restricción de ventas y posterior levantamiento de interdicción), se aprueba el plano de mensura y subdivisión en la Dirección de Geodesia, y se inscriben las parcelas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

6. Inscripción en el RPUC — cuando se trata de urbanizaciones cerradas, corresponde la inscripción en el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas. Este paso es decisivo: sin él, el emprendimiento queda en una zona gris tributaria y registral que puede comprometer las escrituras futuras.

En nuestra región, el desarrollo inmobiliario ha encontrado formatos diversos que ilustran cada una de las vías analizadas. Vale repasarlos como casos testigo, porque enseñan más que cualquier tratado.

En Ramallo, el Loteo Velázquez —desarrollado por ADIMIF SRL a pocos minutos del centro y con acceso directo a la autopista Buenos Aires–Rosario— es un ejemplo de loteo abierto con lotes de 200, 250 y 360 m², regularizado mediante acuerdo con el municipio, que incorporó red de agua potable, red eléctrica, cordón cuneta, red cloacal, calles estabilizadas, alumbrado LED y espacios recreativos. Es el modelo clásico del loteo urbano con excepción municipal. En el mismo partido, el complejo Estancia Estrella Federal —400 hectáreas desarrolladas por Cardón y Eidico sobre las tierras de la antigua estancia El Ombú— ilustra el modelo opuesto: urbanización cerrada rural de baja densidad bajo el régimen del Decreto 27/98.

En Campana, Olimpo Desarrollos avanzó con barrios semi-cerrados de 200 lotes y servicios completos, operando bajo la figura de estudios particularizados.

En San Pedro, el catálogo es particularmente diverso: desde Barrancas Driving Golf, el Apart Club, Club Los Andes, Los Azahares, Brisas del Paraná, Campos del Paraná y el ya consolidado desarrollo Ciudad Abierta (iniciado en 2003), hasta el barrio La Providencia y el ya mencionado loteo de calles Depietri-Noseda-Laprida. Cada uno representa un encuadre normativo distinto: barrios con convalidación completa, loteos abiertos bajo ordenanza específica de excepción, clubes de chacras bajo régimen de club de campo. Ninguno se resolvió aplicando mecánicamente la 8912: todos requirieron una lectura creativa y jurídicamente sólida del ordenamiento.

A mayor escala, y fuera del corredor norte, pero como referencia ineludible, la ya mencionada Cooperativa El Cardumen de Marcos Paz demuestra que el esquema del consorcio urbanístico —cuando el municipio lo adopta con seriedad— puede ser la respuesta estructural al problema del suelo urbanizado.

Ningún panorama realista del desarrollo inmobiliario bonaerense estaría completo sin mencionar los dos obstáculos que, históricamente, han frenado o demorado proyectos que en lo urbanístico eran impecables.

El paso por los organismos provinciales —hoy concentrados, en buena medida, en ARBA, junto con la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial y la Subsecretaría de Hábitat— ha sido históricamente el más lento del circuito. La descentralización del Decreto 1727/02 alivió parcialmente la situación al transferir a los municipios la aprobación de las urbanizaciones cerradas, pero los grandes proyectos, las excepciones estructurales y los cambios de zonificación siguen requiriendo pronunciamiento provincial.

En los últimos años, sin embargo, el problema de los plazos no sólo no se ha resuelto, sino que ha empeorado de un modo que merece atención específica. Conviene poner cifras concretas, porque el desarrollador necesita planificar con realidades verificables, no con expectativas teóricas.

Cómo eran los plazos. Entre los años 2005 y 2015, un loteo presentado ante los entes provinciales —ya por el camino normal o por vía de excepción— recorría la aprobación del plano de subdivisión en plazos que iban de seis meses a un año. Bajo la modalidad clásica de aprobación con restricción de venta —servicios a ejecutar a posteriori—, el levantamiento posterior de la interdicción, una vez presentados los certificados de obra emitidos por la autoridad de aplicación de cada servicio, requería entre cuatro y seis meses adicionales. En ese esquema, el expediente pasaba por ARBA, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, la Dirección de Geodesia y, cuando correspondía, Hidráulica y Vialidad Provincial, cada una con su intervención específica y sus tiempos diferenciados.

Cómo son los plazos hoy. Actualmente, el modelo se ha concentrado: ARBA ha asumido en gran medida funciones que antes distribuían Ordenamiento Urbano y Geodesia, en un proceso de unificación de competencias dentro del expediente. La hipótesis de partida —que la concentración produjera mayor agilidad o, al menos, un control más eficiente— no se ha verificado en la práctica. Profesionales agrimensores y desarrolladores que operan habitualmente en el territorio bonaerense reportan que un trámite menor de levantamiento de interdicción sobre un plano ya aprobado, sin objeciones técnicas y sin correcciones requeridas, puede demandar hoy hasta veintinueve meses. La cifra no es anecdótica ni una hipérbole: refiere a casos concretos en los que la documentación se presentó completa a fines de 2023 y la liberación efectiva del plano recién se materializó a comienzos de 2026, sin que en el ínterin se hubiera planteado observación alguna por parte de la administración.

Qué significa esto para la estructura del negocio. Veintinueve meses de espera sobre un plano aprobado no son una incomodidad administrativa: son un costo económico medible. Implican capital inmovilizado, contratos de preventa que se renegocian o caen, intereses bancarios o financieros que corren, impuestos inmobiliarios complementarios que se acumulan (volveremos sobre esto enseguida) y, frecuentemente, deterioro de la confianza del comprador final. Una estructura económica que no contemple estos plazos como escenario base —no como contingencia improbable— está mal armada desde su origen.

De este diagnóstico se derivan tres recomendaciones prácticas:

— Trabajar municipio y provincia en paralelo, no en secuencia, anticipando objeciones técnicas antes de la formalización del expediente y construyendo consenso con los organismos intervinientes desde la prefactibilidad.

— Diseñar la estructura financiera del proyecto contemplando el peor escenario de plazos, no el promedio histórico ni el legal teórico. La diferencia entre ambos escenarios puede comprometer la viabilidad del emprendimiento.

— Documentar formalmente cada presentación y cada respuesta del organismo provincial, con seguimiento por mesa de entradas, constancias de pronto despacho cuando el silencio se prolonga y eventualmente vías administrativas o judiciales —amparo por mora, pedido de informes— cuando la demora se torna manifiestamente irrazonable.

Mientras la legislación de fondo no se actualice y la gestión administrativa no recupere los estándares de la década pasada, el desarrollador serio debe asumir que el tiempo es, en este negocio, una variable estructural y no un dato menor.

Este es el obstáculo menos visible y, paradójicamente, el que más escrituras ha bloqueado. El problema es el siguiente: cuando el desarrollador subdivide la tierra y vende los lotes por boleto de compraventa —esperando la aprobación final para escriturar—, para ARBA sigue figurando como titular registral de todas las parcelas. Como el Impuesto Complementario grava a quienes tienen más de una propiedad en la Provincia, el desarrollador queda alcanzado por el tributo sobre la totalidad de los lotes vendidos, aunque económicamente ya no sean suyos.

La consecuencia fue histórica: deudas acumuladas, judicialización, y escrituras que los escribanos no podían otorgar porque el emprendimiento figuraba en mora. Según la propia ARBA, llegaron a estar afectados más de 20.000 lotes en toda la Provincia. Las Resoluciones 16 y 17/2022 de ARBA y la Resolución 360/22 del Ministerio de Gobierno habilitaron un mecanismo de desvinculación de partidas —que puede iniciar el propio particular, el desarrollador, el fideicomiso o el escribano interviniente— que destrabó buena parte del problema. Pero el punto para el desarrollador moderno es claro: este costo tributario tiene que estar previsto en la estructura del negocio desde el día uno, y la estrategia de escrituración debe planificarse con el mismo rigor que la obra. La conjunción entre demoras provinciales y el devengamiento del Complementario puede transformar un proyecto rentable en un quebranto si no se anticipa.

Los datos oficiales recientes ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno. En la Provincia existen aproximadamente 871 barrios cerrados y clubes de campo; de ellos, cerca de 230 están mal inscriptos tributariamente. Desde 2020 se regularizaron 28 barrios en diez municipios, con una recaudación en obras y efectivo de más de 1.200 millones de pesos y la cesión de más de 60 hectáreas para fines sociales. El Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas (RPUC) tiene empadronados alrededor de 200 emprendimientos. El sistema se está regularizando, pero exige a los nuevos desarrolladores un nivel de cumplimiento que hace diez años no era estándar.

La Ley 8912 es una norma de 1977 aplicada a una provincia del año 2026. Desde 2007 duerme en los cajones provinciales un proyecto de reforma integral que nunca llegó a la Legislatura. Mientras tanto, quienes operan en el territorio hacen lo que siempre se hizo con las leyes antiguas: leerlas con inteligencia, combinarlas con las normas más nuevas, aprovechar las excepciones previstas y construir los caminos que la letra fría no anticipa.

Para el desarrollador privado —sea un inversor individual que quiere subdividir un campo familiar, un grupo empresario que arma un fideicomiso, un constructor que proyecta un barrio cerrado, o un consorcio que piensa en un proyecto social con contrapartida de rentabilidad—, el mensaje es el mismo: el marco legal no es un enemigo, es un socio con reglas claras. Lo que exige es profesionalidad, planificación jurídica desde el origen y un equipo técnico que conozca no sólo la 8912 sino todo su entorno normativo, incluyendo la Ley 14.449, los decretos de descentralización y las resoluciones tributarias que hoy permiten destrabar lo que hace cinco años era impensable. Y exige, hoy más que nunca, una previsión realista de los plazos administrativos.

La tierra sigue siendo, en Argentina, una de las inversiones más sólidas del largo plazo. El suelo urbanizado —el lote con plano aprobado, servicios garantizados y escritura posible— es, además, uno de los bienes más escasos del mercado. Quién sabe producirlo legalmente no sólo hace negocio: genera ciudad, genera trabajo y genera valor real. Ese es, en el fondo, el sentido profundo del desarrollo inmobiliario bien entendido. Y es también el terreno donde el derecho registral y urbanístico se convierte, más que en una traba, en la herramienta que permite que todo lo demás ocurra.

Durante las últimas semanas, avanzaron con velocidad las tareas para la instalación de una fábrica de envases plásticos y otra de calzado, inversiones de capitales chinos previstas en el parque logístico Caso en ruta 9, donde funcionaba la antigua Tawara.

Los inversores, acompañados por Caso y por el exconcejal Sergio Rosa como apoderado legal, mantuvieron en las últimas semanas una reunión con el intendente para plantear la preocupación relacionada con las necesidades energéticas.

La provisión de la potencia necesaria será fundamental para las inversiones y la futura estación transformadora San Pedro Industrial tendrá un rol relevante.

Mientras tanto en las dos naves de importantes dimensiones —una de 120 m por 40 m y la otra de 80 por 30— las tareas son constantes para el montaje.

La inversión es muy importante y es un hecho concreto, destacaron cerca del emprendimiento. 

Las principales máquinas, de última generación e importadas desde China, ya llegaron y están en proceso de instalación, mientras aguardan el arribo del resto.

La publicación de La Opinión con el pasaje del mensaje anual en que el intendente Cecilio Salazar destacó el rol del Municipio y de su Gobierno en relación a los proyectos de inversión privada que están en marcha en el distrito provocó respuesta de Pablo Reynes.

El empresario y aspirante a la intendencia, que anunció que será candidato por el partido de Javier Milei en las próximas elecciones, cuestionó que el Gobierno expusiera esos proyectos como un logro propio.

"No corresponde querer presentar esas inversiones como si fueran un logro extraordinario del Municipio, porque acompañar habilitaciones y facilitar trámites no es una hazaña de gestión, es simplemente cumplir con la mínima obligación del Estado", dijo Reynes.

El empresario aseguró que no es mérito aplaudir el arribo de empresas a San Pedro sino que lo relevante es "ir a buscar la inversión", al tiempo que sostuvo que la falta de energía "no es excusa".

En ese marco, recordó que para la planta de ruta 191 su empresa tuvo que instalar un transformador propio "peleando contra una inagotable burocracia" y que tiene previsto una subestación transformadora, como hizo Papel Prensa, para comprar energía directamente a Transba.

En ese marco, deslizó que no hubo acompañamiento del Estado local y aseguró que la ciudad tiene un grado de desocupación mayor al nacional y al provincial, y que "lo único que aumentó en nuestro distrito fue el empleo estatal".

"El desarrollo se mide por cuántos empleos privados se crean y cuántas empresas nuevas llegan a la ciudad. San Pedro necesita mucho más que relatos; necesita un verdadero proyecto de desarrollo productivo", cerró Reynes.

El empresario sampedrino Jorge Alberto Caso confirmó  la inminente instalación de dos nuevas fábricas en el predio ubicado sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 153, espacio que actualmente se encuentra destinado a actividades logísticas de su firma.

En declaraciones al programa Sin Galera, precisó que se trata de una planta de producción de calzado —especializada en zapatillas de tipo crocs— y otra orientada a la fabricación de envases plásticos. Ambas iniciativas se emplazarán en las naves existentes en el espacio donde anteriormente funcionó la firma Tawara, las cuales ya están siendo acondicionadas para el inicio de las operaciones.

“Están viniendo las herramientas”, le dijo el empresario a Lili Berardi, aunque aclaró que la concreción de los proyectos está supeditada al abastecimiento energético. “Todo depende de la energía”, afirmó.

La falta de infraestructura eléctrica adecuada es una limitación histórica para el desarrollo industrial del distrito.

En ese sentido, la posibilidad de que los emprendimientos entren en funcionamiento está vinculada a la inversión en materia energética anunciada recientemente por el gobernador  durante su visita a la ciudad. Según se indicó, la mejora en la capacidad de distribución eléctrica no solo permitiría poner en marcha estas plantas, sino también abrir el camino para nuevos proyectos fabriles.

Caso, con una trayectoria que abarca desde la comercialización de combustibles hasta actividades agropecuarias y logísticas, y en permanente crecimiento, destacó que “la llegada de estas empresas representa una oportunidad para ampliar la matriz productiva local” y fortalecer el perfil industrial de San Pedro.

La radicación de estas dos plantas con inversión de capitales chinos se presenta como un paso relevante para el crecimiento, con impacto potencial en la generación de empleo y en la consolidación de un polo logístico–industrial sobre el corredor de la Ruta 9, uno de los ejes estratégicos para el desarrollo regional.

El predio ubicado sobre calle Frers, uno de los ingresos a la zona fabril de la ciudad, ya tiene varias empresas instaladas y operando diariamente desde ese lugar que cuenta con acceso de calles de hormigón y todos los servicios esenciales para trabajar con comodidad y seguridad: luz, agua y gas.

ABAV ingeniería y construcción, es una empresa netamente sampedrina formada por dos profesionales de trayectoria: el ingeniero civil Agustín Vaca y el arquitecto Gastón Trani, quienes en principio soñaron, luego fueron parte de la planificacion y actualmente impulsan las obras dentro de este predio que ofrece a empresas, pymes y particulares la posibilidad de comprar lotes y galpones para instalar sus oficinas operativas en el lugar.

El amplio terreno del parque industrial está ubicado estratégicamente en una zona fabril de fácil acceso, cercano a la ciudad y es el único en San Pedro. Fue instalado con inversión privada de múltiples socios y otorga la posibilidad a empresas o emprendedores de acceder a la construcción de galpones con una financiación de hasta 24 cuotas.

El parque está perfectamente identificado con un enorme arco de ingreso sobre calle Emilio Frers y de manera conjunta las empresas ya instaladas en lugar, los futuros y actuales inversores, la empresa constructora y el municipio acordaron las obras de reparación de este acceso, uno de los que conducen a otros establecimientos fabriles y de esta manera, entre el Estado local y los privados se halló la solución definitiva a uno de los principales problemas de la zona.

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En el mismo predio de amplia cobertura, Abav construye un cuerpo de 40 depósitos de seis metros de largo, cuatro de ancho y una altura útil de más de cuatro metros que permite agregar un entrepiso y duplicar la capacidad de guardado. 

Se trata de SP BOX, un sistema que se utiliza en grandes ciudades de todo el mundo, cuentan con cortinas de enrollar metálicas en su abertura de 3,5 mts. por 3 m. para que pueda ingresar fácilmente un vehículo de carga, su contrapiso es de hormigón de alta resistencia para soportar el peso de ingreso y egreso de vehículos de gran porte. 

También disponen de energía trifásica, iluminación led y vigilancia las 24 horas y la excelente posibilidad de unirlos para lograr mayor amplitud y disponibilidad de guardado y estibamiento para completar una logística de excelencia.

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ABAV ingeniería y construcciones tiene su oficina en Arnaldo 474. 

En sus redes sociales Facebook e instagram muestran cada trabajo y el avance de sus proyectos.

Siempre están dispuestos a atender inquietudes y otorgar soluciones para acceder, como en este caso, a un lugar cómodo y seguro para la tarea de diversas empresas que utilizan como depósito y logística el primer parque industrial de San Pedro.

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La conservación del patrimonio cultural de la ciudad, básicamente el edilicio, se ha convertido en un interesante debate en las redes, marcándose profundamente las opiniones a través de las diferentes generaciones.

Después de conocerse los proyectos sobre dos casonas centenarias, las miradas son opuestas. A medida que la edad avanza, quizás los recuerdos y nostalgias es lo que predomina en quienes pretenden conservar los edificios que seguirán haciendo historia en San Pedro.

Los más jóvenes son quienes piden respeto por la propiedad privada, dejando plena competencia por sobre las normativas existentes.

Por ejemplo, a Ana, que supo heredar una propiedad de varios años, le encanta San Pedro “por sus casas antiguas que le da ese toque señorial. Estaría perdiendo su identidad con los edificios que afean el panorama”. 

Fue más allá: “Hay tanto campo en los alrededores, ¿por qué no hacen un barrio solamente con edificios lejos del centro? Sería más inteligente que refaccionar esos antiguos.

De manera casi idéntica lo expresa Mario, quien apunta a la periferia de San Pedro. “Existen un montón de hectáreas donde se pueden construir edificios”.

Por su parte “Tana” fue más explícita sobre su pensamiento. “Una ciudad con un casco histórico que vienen a visitar, sin las casas que la componen, ya no tiene casco histórico. Eso se llama patrimonio y es de todos".

“Una ciudad con problemas de presión de agua, si le edificás departamentos que acumulan varias viviendas que van a necesitar ese recurso, seguramente traiga problemas para el resto”, agregó.

Además, señaló que "la ciudad no tiene cañerías en condiciones y se tapan las cloacas cada dos días. Con esto solo ganan los que están detrás. Hay que pensar en comunidad. No da para hacer un complejo de departamentos y menos destruyendo una zona donde el valor se lo da, justamente, el casco histórico”.

En cambio, para Gustavo “en vez de firmas podrían juntar billetes, comprar la propiedad y cuidarla. Ya hay un antecedente con el caserón de Belgrano y Balcarce. No ocurrió una desgracia por milagro”.

María Cecilia dijo que hay que dejar desarrollar. “Después terminan siendo lugares abandonados que nadie quiere recuperar. Hay más de uno en San Pedro por oponerse al progreso. Paso con las empresas, con edificios, con el puerto, con un montón de cosas”.

Por su parte Luis sostiene que no es barato mantener y restaurar esas casas. “Hay que hacerlo constantemente y poca gente está dispuesta, pero al que le guste ese tipo de propiedad tendría que comprar alguna y mantenerla. Es muy fácil dar ideas cuando el capital en juego es ajeno”.

En línea con lo que reza la Ordenanza “San Pedro 2000”, Elizabet se mostró partidaria de “dejar la fachada del edificio y las reformas por dentro. Sería lo ideal”.

Silvina hizo un aporte, en consonancia con lo que ocurre en otras ciudades del interior del país: “O renueva el propietario o se hace cargo el Estado. Elijan”.

Muchas ciudades crecieron con criterios similares. La preservación de un casco antiguo es absolutamente respetada, y muchos edificios son considerados patrimonio cultural de estos pueblos. 

Pero sobre estos, el Municipio tiene consideraciones: eximición de tributos, como tasas y derechos de construcción para que la mantención no genere gastos extras a quien debe invertir para sostener en pie la propiedad.

Hace pocas semanas una decisión del Concejo Deliberante, rechazó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La resolución pasó desapercibida para la gran mayoría de la población.

San Pedro se convirtió en el primer municipio en rechazar una ley que fue creada con la sola finalidad de estimular a las grandes empresas que buscan radicar sus industrias.

Qué sucedería si aparece Arcor nuevamente con una mega inversión portuaria o una ampliación de su planta, o alguna otra industria -siempre que el gobernador Axel Kicillof cumpla la promesa de proveernos de más energía-, para un San Pedro magro en fuentes laborales y sin un futuro venturoso en las circunstancias actuales.

Bastará con mirar en las proximidades y entender porque en una ciudad industrial como San Nicolás, una de sus puntales, Sidersa, invertirá 300 millones de dólares para fabricar el acero que actualmente se importa, con créditos internacionales obtenidos tras la sanción del RIGI.

Sidersa llevará a cabo una expansión que no registra antecedentes, con la última tecnología a nivel mundial, que hará alcanzar una reducción en las emisiones de CO2, logrando apenas un tercio de los sistemas convencionales

Los resultados no solo serán más divisas para el país, sino sumar 300 empleados directos (ya cuenta con 600) y 3.500 puestos de manera indirecta a los 7.000 existentes.

San Nicolás no rechazó el RIGI. Río Negro tampoco y se llevó la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que demandará 30 mil millones de dólares (lo que da el campo argentino en un año) aunque ahora está en dudas si la empresa desembolsará el dinero.

Para esto hubo incentivación, de la buena, de la que debe haber por parte del Estado: beneficios tributarios y aduaneros por 30 años, entre otros. También la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, privilegios en el IVA y otros impuestos.

El RIGI, nacido con la Ley de Bases y Puntos de Partida para Libertad de los Argentinos, ofrece estímulos para toda inversión superior a los 200 millones de dólares.

La promoción del desarrollo económico y el aumento de las exportaciones es el objetivo, alternativa productiva que, indudablemente, genera la creación de empleo.

La capacidad de adaptación a las reglas es esencial para el crecimiento. Cerrarse por cuestiones políticas, que en muchas ocasiones no son ideológicas, puede llevar a posturas que resultan desaciertos significativos. Puede ser un “caprichito” que luego cuesta caro.

Si bien la votación fue pareja (el oficialismo salazarista impuso su mayoría), limitaron una herramienta para el desarrollo de soluciones a los problemas presentes. ¿Sabrán que días atrás el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Carlos Casini, fue a “vender” la estación fluvial a los inversores privados?

Estas posturas cerradas pueden tener implicancias negativas en el futuro. La historia en San Pedro ha demostrado que, quienes se niegan a adaptarse a las nuevas realidades, terminan haciendo pagar las consecuencias de sus decisiones a los ciudadanos.

La evolución de los tiempos presenta oportunidades que no abundan, y no sumarse es constituirse en un obstáculo, el de impedir cuando el único argumento es “me opongo porque me opongo”.

La Justicia tomó intervención en el caso Rainbowex tras la amplia difusión del tema que hicieron los medios nacionales y luego de que el Gobierno municipal diera cuentas de la situación tanto a la Fiscalía local como al fuero Federal.

El intendente Cecilio Salazar informó este martes, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Día del Trabajador Rural, que había hablado “con la fiscal de turno y con la Justicia Federal, porque si hay un delito sería de índole Federal y debe actuar la Justicia”.

El fiscal Federal, Matías Di Lello, informó a La Opinión que inició una “investigación preliminar de oficio en base a la trascendencia pública”, algo que también hizo la fiscala María del Valle Viviani, del fuero ordinario.

Desde el Gobierno municipal se habían comunicado con el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, para que la Justicia tome conocimiento de lo que ocurre.

Como no hay denuncias, las actuaciones iniciadas por el fiscal Di Lello son de oficio y en procura de establecer si en el marco de la captación de inversiones por parte de los referentes del denominado Knight Consortium existe la comisión de delitos.

El fiscal explicó a La Opinión que las figuras penales sobre las que comienza la investigación están relacionadas con la "intermediación financiera sin autorización o un posible lavado de dinero", aunque advrtió que “todavía es muy prematuro".

Para el desarrollo de la investigación, la Fiscalía Federal dio intervención a diversos organismos que entienden en delitos como los que la hipótesis de la investigación va a abordar.

Por eso intervienen la Procelac (Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos) y la Ufeci (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que se ocupa de los ciberdelitos.

Además, informó Di Lello, dieron intervención al área antifraudes de la Policía Federal, que también llevará adelante una investigación por el tema.

Una de las primeras medidas tomadas por la Fiscalía Federal de San Nicolás en el caso es elevar oficio a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Solicitamos que nos informe sobre estas plataformas, para ver si están autorizadas o no”, detalló el fiscal.

Di Lello señaló que su Fiscalía comenzó a desplegar “todas las medidas de investigación características de estos hechos”, que no son distintas a las que en su momento dispuso para el caso Intense Live.

Esa plataforma captaba inversores en criptomonedas para la presunta compra de acciones de una empresa internacional de servicios de taxis similar a Uber y resultó ser una clásico esquema Ponzi, una estafa piramidal, como advirtieron expertos que podría ser Rainbowex.

Además, la Fiscalía Federal envió un oficio a la fiscala Viviani para que informe si existe alguna denuncia o si está llevando adelante algún tipo de investigación por eventuales estafas, un delito que es independiente al que investiga Di Lello y que, en caso de existir, tramitará en el fuero ordinario.

“Nosotros no tenemos oportunidad alguna de actuar en nada porque ni siquiera somos terceros damnificados. Tendrá que investigar la Justicia”, dijo Salazar este martes y todavía no estaba al tanto de las actuaciones judiciales iniciadas.

“Habría que ponerse en la cabeza de esa gente, la situación es tremendamente complicada hoy, la gente no llega a la mitad del mes, llega el 10 y se les termina el sueldo, por eso cuando llegan este tipo de cosas pasa esto”, analizó sobre lo que ocurre.

“Yo no puedo ir a decirle a cada persona, porque el intendente siempre es la primera ventana y tiene la culpa de todo, pero qué puedo hacer yo para evitar que  cada persona que va y juega, decirle que no juegue”, señaló el jefe comunal.

La consulta de un periodista en una ronda de prensa en la Gobernación provincial puso en la más alta esfera gubernamental bonaerense el tema de la plataforma Rainbowex, de la que participan más de 12 mil personas en San Pedro, sobre la que hay sospechas de que se trataría de una "estafa piramidal".

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, se refirió al tema y expresó que hay "una gran preocupación" en el gabinete bonaerense por lo que ocurre con "la China", especialmente en San Pedro.

"Estamos al tanto del tema de lo que parece ser un tradicional esquema Ponzi, una estafa piramidal en San Pedro", dijo Bianco ante la consulta en la conferencia de prensa de más una hora y media en la que repasó diversas cuestiones de gestión.

"Tenemos una gran preocupación por el tema", dijo el ministro de Gobierno de Kicillof.

"No es un tema que le compete directamente al Ejecutivo. Si efectivamente se trata de una estafa, es un tema que le compete a la Justica analizarlo", señaló el funcionario de Axel Kicillof.

"Pero sí tenemos mucha preocupación por la situación, porque hay una porción muy importante, en el caso puntualmente de San Pedro, un cuarto de la población ha 'invertido' —hizo el gesto con los de dedos de "entre comillas"— en un instrumento que promete un rendimiento particularmente extraño, abundante, del 2 por ciento diario en dólares. 

Este lunes, diversos medios nacionales se hicieron eco del tema y llegaron a San Pedro para transmitir desde la ciudad la noticia de la participación de más de 12 mil personas en esta plataforma.

Un informe del especialista en seguridad informática Mauro Eldritch hizo revelaciones importantes sobre Rainbowex, cuya captación de inversores está a cargo de personas que representan a una “empresa de analistas de trading” o fundación denominada Knight Consortium.

Además, el trader profesional Mauro Muñoz explicó las diferencias entre el trading y la actividad de la plataforma de “la China”. Ambos advirtieron el riesgo de “estafa piramidal” en el caso.

La plataforma Rainbowex, de la que participan más de 12 mil sampedrinos que ingresaron para "invertir en criptomonedas", está envuelta en un polémica por acusaciones de "estafa piramidal" que se apoyan en informes de profesionales que son cada vez más contundentes.

El sábado, Sin Galera esperaba la presencia de Luis Pardo y otros referentes del Knight Consortium en San Pedro, quienes iban a explicar cómo funciona y de qué se trata la plataforma, pero decidieron "no exponerse", según informaron.

El programa de Lilí Berardi tuvo al aire al especialista en seguridad informática Mauro Eldritch, quien explicó al aire un informe que su compañía, Birmingham Cyber Arms Ltd. elaboró sobre Rainbowex.

Además, el programa contó con la participación del trader profesional Mauro Muñoz, con varios años de experiencia en trading y en el mundo cripto, quien explicó las diferencias que existen entre el tipo de actividad que él y sus colegas desarrollan con la "inversión" que propone "la China".

"Hay una grandísima diferencia entre lo que es hacer trading real a este tipo de plataformas, que simulan", aseguró y reveló que "cualquiera puede crear" algo similar a Rainbowex, con plantillas que se comercializan en la web por apenas 60 dólares.

"Es imposible generar esas rentabilidades en el trading", dijo respecto a las ganancias de entre el 1 y el 2 por ciento diario que promete el Knight Consortium a través de la plataforma de "la China".

"Desde el momento en que no ofrecen riesgo, eso hace ruido. No existe, por lo menos en el mundo del trading. En el mundo normal no existe negocio que  no tenga riesgo", señaló.

Muñoz señaló que los traders profesionales como él mismo hacen inversiones "sobre plataformas que son reguladas por organismos internacionales, con antigüedad, con proveedores de liquidez reales".

Advirtió que el mercado de trading siempre es "de suma cero: lo que gana alguien, lo pierdo alguien" y que por eso hay que tener "muchísima experiencia" para operar, porque del otro lado "no hay un improvisado, si la gente entra a hacer trading sin educación, lo más probable es que pierda su plata".

"Hacer trading requiere muchísimos años, muchísima práctica. Como toda profesión, no existe una profesión que se aprenda en un mes o que alguien te diga cómo hacerlo directamente", aseguró.

En ese sentido, reflexionó: "Una cosa es algo que te hacen creer y otra cosa es el mundo real" y comparó: "Si te prometen plata fácil haciendo trading, tenemos problemas; hay más posibilidades yendo al casino".

Mauro Muñoz consideró que las plataformas que prometen grandes ganancias sin mayores riesgos "buscan un sector vulnerable de la sociedad, sin educación financiera" para "estafa piramidal o Ponzi". "El fin es el mismo, cambia el producto, como en Generación Zoe", el famoso caso Cositorto, comparó.

"Como hoy está de moda el trading, es otro de los medios o de las excusas del producto que dicen que venden", señaló y aseguró: "Acá hay gente que tiene una alta capacitación financiera que se aprovecha de la gente que no la tiene".

Sobre los riesgos de estafa, Muñoz analizó: ""No hay estafa hasta que la hay. La gente no tuvo ningún problema, siempre le pagaron, duplicó, triplicó o cuadriplicó su dinero. Es real. Nadie los estafó, hasta que en un momento los estafan. Y en esa volteada van a caer muchísimos".

El trader recordó que en los esquemas piramidales los máximos damnificados suelen ser quienes entran tarde. "El dinero que invierte el nuevo para la comisión del viejo. Es como un círculo vicioso que en algún momento se corta, deja de entrar gente  nueva, los viejos dejan de cobrar y los nuevos no cobran porque no entran más".

"Van a generar un problema familiar. La gente que invitó a amigos y quiso poner plata. Es hasta macabro, porque ellos se lavan las manos y genera un conflicto que deja de ser económico y pasa a ser más social, porque invitaste a un pariente o a un amigo, a quien sea, y le hiciste un daño", reflexionó.

El tema y los testimonios que reconocen la prosperidad que Rainbowex llevó a miles de familias sampedrinas quedó en el ojo de la tormenta. Se trata de una nueva grieta que se nutre de experiencias que viven y reflexiones de quienes están dentro de la red en la que opera “Ali”, la líder que día a día produce el alerta para las inversiones en criptomonedas que tiene líderes que manejan entre 200 y 300 personas a las que han incorporado “sin prometerles nada”, sólo el riesgo de una inversión..

Ante el informe que alerta sobre los peligros de la plataforma de trading, se abrió un debate que revela la necesidad de continuar y sostener la operatoria más allá de las dudas que generaron los informes de especialistas en informática y de que en las útimas horas circulan invitaciones a un nuevo grupo de Telegram bajo estricto silencio. 

Los medios nacionales están en alerta desde la semana pasada por las ramificaciones que tiene el caso San Pedro y los “nodos” de Entre Ríos y Córdoba.

Aquí un resumen de lo que se dice en las redes: Lautaro comenzó: "Sea lo que sea, muchas personas con parte de su ganancia deciden hacer donaciones de mercadería, útiles escolares, etc". Su opinión está en línea con la de la mayoría: cada persona es libre de hacer lo que desee con su dinero.

"La clase más baja está avanzando muy rápido y eso les molesta", escribió Andrés. 

"El que opina mal es porque no entró y no ganó plata, los que estamos sabemos lo que es", comentó muy seguro Sebastián y Sabrina le respondió: "El que tenga miedo a arriesgar que no entre a chusmear".

Mary se unió y dijo: "¡La mejor plataforma sin dudas! El que no invirtió, y bueno, pero hay mucha gente con los mejores resultados", y Santiago agregó: "Si tienen miedo a perder unos pesitos no lo hagan, pero tampoco opinen".

Aunque Deto, no muy de acuerdo, preguntó: "Todo bien, pero cuándo se cierre la página, ¿a quién le reclamas, van a dar la cara los supuestos gurús de las cripto que sólo existen en esa página?". 

Romero coincidió: "No digan mentiras, cada cual hace lo que quiere y si ganan, bien por ellos. Eso sí, junten plata para los abogados".

"Intense Live decía lo mismo, que era seguro, y un día desapareció y se quedaron con una mano atrás y otra adelante", comentó Abigail. Pero no todo era blanco y negro, también estaban los grises.

"Sea o no una estafa piramidal, o esquema Ponzi, hizo más que el intendente", expresó Leonel. Relacionado al tema, también comentó María: "La prensa debería hablar muy seriamente de algo que afecta a la sociedad que son los casinos online".

Indignada, Marian escribió: "¡Wooooow! ¡Cuánta envidia dando vueltas! ¿Tanto molesta el progreso de otros? A esa gente que difama sin saber, ¡cómprense una vida!. ¿O las personas que invierten le piden el dinero para hacerlo?".

Las cinco hectáreas que compró el club -no sin debate público- en un sitio estratégico para el desarrollo de la ciudad en 2016, sortearon varias etapas. Ahora que el lugar lleva el nombre del Comodoro en cuya gestión se concretó la operación inmobiliaria, La Opinión volvió a recorrerlo. El espacio y las instalaciones son una invitación a la tranquilidad que otorga una zona a la que aún le hacen falta caminos en condiciones.

“El campo ubicado en inmediaciones de Villa Jardín, a exactos 8 kilómetros de la puerta del Club y a 6 del paso a nivel del Ferrrocarril Mitre, fue el elegido por el Náutico. Cinco hectáreas de frondosas arboledas y espacios verdes acordes, una confortable casa de 180 metros cubiertos con todos los servicios disponibles y acceso cómodo para llegar por el camino asfaltado en cualquiera de sus dos entradas. El lugar, además cuenta con un molino y un galpón de usos múltiples”, decía la crónica publicada por La Opinión en ese entonces y agregaba que el pago culminaría en 2026 sin saber que aquel acuerdo atravesaría procesos inflacionarios y de crisis extrema como los que se viven hoy. Sin dudas una decisión que acrecentó el patrimonio de la entidad y le ha dado certezas de crecimiento.

La cancha de hockey era un proyecto que contaba con el beneficio de un subsidio del gobierno de la nación para poder emplazarla.

Desde entonces comenzaron las inversiones para la construcción de los espacios que acompañaron la práctica de este deporte. Bancos de suplentes, vestuarios y baños que fueron puestos en funcionamiento.

El quincho que se encuentra en la entrada del predio que es utilizado como cantina para los partidos de Hockey también es un avance en las inversiones y frente al mismo se observa un espacio recreativo con juegos para niños.

Como es de costumbre el fútbol también encontró su lugar en esta superficie. No son pocos los socios que piensan que el predio de la costa les ha quedado chico y aguardan que haya mejores accesos para llegar al lugar que también tienen el beneficio del estacionamiento.

Para quienes no pueden llegar al lugar, este medio preparó un video en el que se muestra cómo está hoy esta quinta que fue el vivero de “los Barceló” y hoy es propiedad de miles de socios sampedrinos del Club Náutico San Pedro.

Desde que La Opinión publicó la confirmación de la devolución de una parte del sector costero que explotó durante 30 años la Federación de Luz y Fuerza, los pedidos de los ciudadanos comenzaron a circular en las redes.

Aunque la mayor parte de las construcciones están sobre terrenos que pertenecen a la Provincia y sobre esas edificaciones no hubo anuncios, conviene prestar atención a las propuestas porque una gran mayoría espera que se pueda acceder libremente y se anexe al Paseo Público N° 2 que ya está declarado como reserva natural.

La propuesta del grupo Conciencia Ecológica encabeza el ranking de opiniones porque incluso cuenta con una propuesta y planos entregados al Municipio: “Desde nuestra agrupación presentamos hace dos años ya un proyecto de usos múltiples que incluye áreas de recreación, de conservación, de educación ambiental y de turismo de naturaleza”, dijeron.

Sergio fue en línea con este planteo y dijo: “Me gustaria que lo unan con el Paseo 2, que saquen los enrejados y hacer otro espacio público sin alambrados y con una playa pública aprovechando el piletón solo en verano. Están al lado, es quitar el alambrado y unir todo”.

Susy, Blanca y muchos más coincidieron en una sola expresión: “Playa Pública”. Nancy fue más allá y propuso “Playa abierta al sampedrino, gratuita, cómo en Vuelta de Obligado”. Yovana coincide con las anteriores y hasta admite que se pueda cobrar una pequeña entrada destinada al mantenimiento.

Por su parte, Miguel Angel quiere que quede en las mismas condiciones en las que estaba el Balneario Municipal hace varias décadas, incluido el camping.

Mauricio quiere una nueva adjudicación pero a una entidad de bien público, “darle en concesión a los Bomberos con una entrada beneficio para mejorar las herramientas y el mantenimiento de los vehículos”.

Más pesimista con la suerte que correrá el lugar, Vanesa advirtió: “No cuidan el Paseo Público ni las plazas y quieren una playa gratis. Tan bien cuidado que estaba por quienes lo tenían ahora. Cuánto van a tardar para que sea una roña y se roben todo? Para la gente de acá no se puede poner nada gratis . No cuidan nada todo se roban y rompen”, dijo sin tomar en cuenta que fue el gremio quien renunció a segur con la concesión.

Quién se alineó con este pensamiento es Sergio: “Un lindo lugar abandonado y descuidado estaría bárbaro, cómo tantas otras cosas en San Pedro. Playa pública,hace muchos años atrás ya existió un balneario público y miren en lo que quedó”.

Esteban y varios de los amantes de los deportes extremos dejó su idea: “Hagan un skatepark inclusivo y que inviten a los patinadores de otros lugares a ir a San Pedro. En San Pedro hay muchos skaters muy grosos y se están perdiendo la posibilidad de hacer eventos donde los incluyan, y cuando hablo de eventos incluyo gastos en hotelería, restaurantes y demás… no se duerman con esa idea”.

A esa iniciativa se sumaron Luciano y luego Esteban que escribió: “con los pibes que hacen downhill( descenso) son los @mosquitos_crew, nosotros ya hace 3 o 4 años que vamos, siempre alquilamos la casa de la esquina de San Lorenzo y Bottaro, justo en la esquina de uno de los spot”.

Ulises, Carlos y Darío prácticamente proponen la privatización. Entre los tres provocaron la reacción frente a este concepto: “Concesión al hotel de arriba para que arranque cuanto antes y sea una fuente laboral”. La respuesta fue inmediata: “cómo decis eso? Tiene que ser gratis y público y lindo. Además pagarte a vos por ir a tomar sol y además que tengan wifi libre y gratis”.

Laura sonó categórica: “Nada de privados. Público debe ser”. Es un debate interesante que a veces se da entre pocos pero que requiere de un consenso generalizado por la gran proporción de costa que tiene vedado su acceso o ha sido usurpada.

El que parece tenerla clara es Hugo, él no duda: “Que me lo cedan por 50 años, y van a disfrutarlo como se debe”.