La amenaza de bomba que obligó a evacuar la escuela Normal este viernes por la mañana llegó vía correo electrónico y su procedencia es materia de investigación por parte de la Justicia.

Las autoridades educativas radicaron la denuncia penal correspondiente, que trabaja sobre la hipótesis del delito de intimidación pública.

Pasado el mediodía, la Brigada Antiexplosivos de la Policía Bonaerense, que tuvo que trasladarse a San Pedro desde San Nicolás para revisar el establecimiento, confirmó que se trataba de una falsa alarma.

Es decir que la alerta sobre un presunto artefacto explosivo en la escuela Normal que obligó a evacuar a los tres niveles que en ese momento daban clases no era otra cosa que una broma.

Tras la constatación por parte de los especialistas en explosivos, las autoridades de las escuelas que funcionan en el edificio informaron a los estudiantes y sus familias que reanudaban la actividad educativa.

La Justicia ordenó una serie de diligencias en el marco de la causa que investiga la amenaza de bomba de la que fue objeto la escuela Agraria el 24 de junio pasado, que obligó a evacuar todo el edificio.

Para la investigación, fue requerida oficialmente la información que ofreció la cooperativa telefónica de Río Tala, que registró la llamada y el número de abonado desde el que se hizo.

La amenaza de bomba fue recibida por un preceptor en el teléfono fijo de la escuela. La central de la cooperativa registra las llamadas entrantes a las instituciones públicas, por lo que el número desde que se profirió la amenaza está identificado.

Cumplida la diligencia formal, la Justicia estará en condiciones de proceder como considere: ya sea citando a comparecer al responsable de ese número de teléfono o bien ordenando un allanamiento en su domicilio.

El delito que se investiga es el de intimidación pública, para el que el Código Penal prevé penas de prisión de entre dos y seis años.

El llamado entró alrededor de las 10.30 de la mañana y obligó a activar el protocolo, que implica evacuar el establecimiento y convocar a los padres para que vayan a buscar a los chicos.

Además, hubo que solicitar auxilio a la Brigada Antiexplosivos de la Policía bonaerense, que viajó desde San Nicolás para revisar el edificio y constatar que se trataba de una falsa alarma.

Una denuncia fue radicada en la comisaría ante un caso de abuso de armas perpetrado por un sujeto que tendrían frondoso prontuario.

En sede policial se dejó constancia que en horas de la madrugada del sábado, una familia de unos diez integrantes se hallaba disfrutando de la noche en la vereda de su casa de calle Alvarado, tras una jornada calurosa.

Cerca de las cuatro de la mañana observan que una moto de 110 cc., color negro, dobla desde calle La Laguna con dos desconocidos a bordo. La recorrida del rodado finalizó frente al grupo, momento en que uno de los tripulantes se bajó con un arma de fuego en la mano.

El malviviente apuntó hacia la gente y descerrajó cinco disparos, que impactaron en el frente de la casa. Por la actitud parecían intimidatorios, aunque pudo haber tenido un desenlace fatal.

Las averiguaciones practicadas señalan que el propósito de quien disparó, estaría relacionado con uno de los miembros de esa familia, con quien mantendría una puja que data de algunos meses.

El recorrido de la Brigada Antiexplosivos de la Policía de San Nicolás en el marco de la segunda jornada de amenazas de bomba en escuelas y otras instituciones de acceso público de San Pedro terminó el martes entrada la noche.

Dos grupos se dividieron las tareas porque había que requisar prácticamente todas las instituciones educativas, bancos, Municipalidad, Registro Civil, Biblioteca Popular y otras dependencias.

En ese marco, una vez que la causa penal en trámite por intimidación pública fue derivada a la Justicia Federal, fuero al que corresponde por competencia, la Fiscalía de Matías di Lello ordenó una serie de medidas.

Entre ellas, el secuestro de al menos una computadora de la escuela Normal desde la que accedieron a los e-mails recibidos por el presidente del Centro de Estudiantes en los que se detallan las amenazas.

El equipo especializado en ciberdelitos de la Policía Federal será el encargado de analizar ese dispositivo para intentar establecer la ruta de las amenazas, con algunas sospechas que fueron apareciendo en el transcurso de las dos jornadas de alerta.

Mientras la Brigada Antiexplosivos continuaba su tarea en San Pedro, en la segunda jornada de amenazas de bomba en escuelas y otras instituciones públicas como la Municipalidad, la Justicia Federal se hizo cargo de la causa y ya tomó medidas para avanzar en la investigación que procura dar con el o los autores.

Este martes, la tarea del escuadrón antibombas será más ardua que la del lunes, cuando estuvieron más de ocho horas de recorrida por cada edificio que aparecía en las amenazas que llegaron vía e-mail a la casilla de correos del presidente del Centro de Estudiantes del Normal.

La causa la instruyó inicialmente la fiscala María del Valle Viviani, quien ya elevó todas sus actuaciones al fiscal Federal Matías di Lello, puesto que el delito de intimidación pública corresponde a la competencia de ese fuero.

El fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal de San Nicolás,  Wenceslao Hernando Insúa, informó a La Opinión que recibieron las actuaciones labradas y comenzaron las consultas con las áreas especializadas en delitos informáticos que los asistirán en la investigación.

El personal especializado en ciberdelitos orientará los pasos a seguir para la Justicia Federal en procura de establecer desde dónde fueron enviados los e-mails que recibió el joven presidente del Centro de Estudiantes.

La investigación implica una compleja recopilación y análisis de elementos probatorios, pero existen casos que, en mayor o menor plazo, pudieron resolverse favorablemente.

La investigación, que comenzó el FBI tras la detección de amenazas relacionadas con presuntos atentados y tiroteos masivos, estableció que los mensajes intimidantes publicados en la red social 4Chan provenían de ese domicilio, por eso el Juzgado Federal ordenó el procedimiento.

Fernando Nouet, reconocido abogado y dirigente político, vive enfrente del taller mecánico donde se produjo el procedimiento y se vio, como el resto de los vecinos, sorprendido por el despliegue policial. En Radio Cuarentena contó que la Policía Federal requirió a él y otros habitantes del barrio información sobre el joven.

“Todos sorprendidos, la verdad es que no conozco los motivos de la detención, más que lo que se dijo en los medios, pero es un vecino, hijo de un vecino, un hombre que tiene un taller”, contó Nouet.

“No sé lo que hay en la causa, pero jamás se podría sospechar eso. No sé qué grado de implicancia podrá tener, pero tal vez se metió donde no tenía que meterse y hablar algo con gente con la que no tenía que hacerlo, digo como una mera apreciación, desconozco la causa”, analizó.

Fernando Nouet y otros vecinos fueron consultados respecto de qué concepto tenían del muchacho detenido. “Era un vecino común que nunca tuvo problemas con nadie”, dijo el abogado, sorprendido por lo ocurrido.

“La verdad es que nos sorprendió a todos, sobre todo por lo que se leyó después, por la magnitud del procedimiento”, señaló el referente del Partido Socialista Popular en San Pedro.

“Esperemos que sea una investigación por un delito concreto, de alguien implicado que estaba organizando algo, que semejante despliegue sea para investigar algo que realmente es peligroso, porque habiendo visto todo el procedimiento, si esto es una pavada, la verdad es que es un malgasto de recursos terrible, pero bueno no me quiero adelantar”, analizó.

Nouet reflexionó que “estamos todos controlados con las redes” y que lo ocurrido también puede ser un llamado de atención respecto del uso que dan los jóvenes a la internet. “Dónde ingresan, con quién se conectan y qué hablan, porque se ve que no es tan libre todo”, dijo.

“Por eso hay que reflexionar hasta dónde la libertad de cada uno entra en juego con cuestiones de seguridad que investigan organismos de vaya a saber dónde”, finalizó.

El joven detenido fue puesto a disposición del Juzgado Federal de San Nicolás que conduce el juez Carlos Villafuerte Ruzo, acusado del delito de “intimidación pública”, que prevé penas de entre dos y seis años para quien infunda un temor público o amenace con la comisión de un delito de peligro común.