Este sábado por la mañana, el maxi kiosco y librería de Colón al 978 seguía sin suministro eléctrico.

El comercio, ubicado a metros de una escuela y en plena temporada alta por el inicio del ciclo lectivo, lleva más de 20 días sin luz tras una acusación de presunto fraude por parte de la Coopser.

Entrevistado por Lilí Berardi, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, el abogado Javier Silva explicó que el conflicto se originó luego de una inspección realizada por una empresa subcontratada.

“Lo que se observó fue una anomalía en el caño de bajada que alimentaba dos medidores. No se dejó constancia de fraude en el acta, solo se indicó que debía adecuarse la instalación”, afirmó.

Según detalló, la comerciante realizó las modificaciones solicitadas y colocó un nuevo caño independiente. 

Sin embargo, días después recibió una carta documento intimándola a pagar más de 1.140.000 pesos.

“No hay prueba de que haya existido fraude. La intiman a pagar una suma millonaria y, como no lo hace, le cortan el servicio en diez días, sin posibilidad real de defensa”, sostuvo Silva.

El letrado también señaló que no hubo intervención de escribano y que debieron pedir el expediente administrativo para conocer los fundamentos de la sanción.

“Es una instalación antigua que no realizó mi clienta. Además, tiene las facturas al día y los consumos no reflejan nada irregular”, agregó.

Sin electricidad, el comercio no puede hacer fotocopias ni mantener heladeras en funcionamiento, ni operar servicios como Pago Fácil o Western Union.

Para intenta sostener parte de la actividad, la propietaria, pidió un grupo electrógeno prestado, que intenta utilizar lo menos posible.

Visiblemente afectada por la situación, la mujer atraviesa días de profunda angustia. “Está desesperada. Es su fuente de trabajo y estamos en el momento más importante del año para una librería”, expresó el abogado.

Silva adelantó que el lunes presentarán un recurso de amparo contra la Cooperativa de Servicios Eléctricos.

“Vamos a pedir la inmediata reconexión del servicio mientras se discute el fondo del asunto. No puede quedar 20 días sin luz sin una resolución judicial”, concluyó.

La tensión entre el Gobierno de Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó a escalar a punto tal que tras la amenaza de una demanda penal, el municipio resolvió intimar mediante carta documento al gremio para que abandone el edificio de calle San Martín y Uruguay.  

En una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, se intima al “inmediato desalojo y reintegro del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle San Martín entre calles Uruguay y María A. de Gomendio”

La gestión Salazar sostiene que el sindicato carece de un título válido o instrumento legal que autorice la ocupación actual, calificando la situación como una “ocupación sin causa jurídica que justifique la tenencia del inmueble”

El plazo otorgado para integral la sede sindical fue fijado en treinta días corridos desde la recepción de la intimación para que el gremio desocupe totalmente las instalaciones. 

En caso de negativa, la Municipalidad advirtió que iniciará acciones judiciales por desalojo y reclamará daños y perjuicios, incluyendo el cobro de un “canon locativo retroactivo por el uso indebido del inmueble”.

También el texto refiere que la comuna pretende recuperar el inmueble para  “destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal”.

En otro párrafo aclara que en el plazo previsto el sindicato debe “restituir el bien en perfectas condiciones de uso, hacer entrega de llaves, documentación y cualquier elemento perteneciente al Municipio y dejar el inmueble libre de personas y cosas”. El conflicto está desatado y escribirá nuevos capítulos a partir del viernes, cuando se decida si finalmente se arremete con una demanda penal para el recupero de los fondos que se reclama en nombre de los trabajadores.

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En medio del conflicto con los sindicatos municipales, que convocaron a un paro por 72 horas en rechazo del cierre de la paritaria por decreto, el Gobierno municipal intimó a sindicalistas para que cumplan su jornada b.

Aunque ya lo había hecho en 2016 y luego avaló que no trabaje en el Corralón, donde revista, el Municipio envió la notificación a Juan Cruz Acosta, secretario general del STM, para que se presente este martes a las 8.00 en su puesto de trabajo que depende de la Secretaría de Servicios Públicos.

De la misma manera, enviaron intimación a su pareja, la trabajadora social Luciana Pavón Duarte, tesorera del STM que también está de licencia gremial, cobra su salario municipal de carrera médico hospitalaria como personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y no trabaja para el Estado local.

En las intimaciones, el Gobierno les informó que si no se presentan en día y horario asignados, la falta será considerada "sin causa justificada" y como "abandono de cargo", lo que podría comportar sanciones.

Juan Cruz Acosta es empleado municipal categoría 20, agrupamiento técnico, con régimen de 48 horas semanales y percibe un sueldo bruto de alrededor de 1.700.000 pesos.

Luciana Pavón Duarte es categoría s/f asistente de carrera médico hospitalaria, también con 48 horas semanales, y su sueldo bruto asciende a alrededor de 1.600.000 pesos.

Ambos no concurren a sus puestos de trabajo porque tienen licencia gremial. A pesar de que la legislación establece que en los casos de "comisión de servicio" a disposición del sindicato es la organización gremial la que debe pagarles el sueldo, la Municipalidad siempre les abonó el salario.

Ahora, en medio del conflicto y transitando el décimo año de mandato, Salazar decidió que ambos sindicalistas se presenten a trabajar. 

En el Gobierno tienen una herramienta legal válida: si no se presentan a trabajar, no tienen por qué pagarles el sueldo.

Ambos sindicalistas del STM no cumplen con su jornada laboral como sí hacen los integrantes de la comisión directiva de los otros dos gremios municipales, ATE y UPCN.

Acosta y Pavón Duarte, además, son investigados en la Justicia en el marco de una causa penal que busca establecer si son responsables del presunto desvío de fondos del sindicato que incluiría falsificación de firmas y apropiación indebida de bienes.

Los cotidianos reclamos de vecinos usuarios de la nueva Terminal de Ómnibus de San Pedro provocaron acción directa por parte del Municipio, que intimó a la empresa a que cumpla con la normativa vigente en la materia.

A través de una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, el Gobierno exigió a San Pedro Farm S. A., compañía de capitales chinos a cargo de la estación terminal de micros, el "estricto cumplimiento".

"Desde su inauguración, la Municipalidad ha recibido numerosos reclamos de ciudadanos y turistas respecto de la falta de seguridad, limpieza y cierre en horario nocturno de la terminal", dice la misiva.

Además, destacaron que en el Concejo Deliberante los ediles aprobaron por unanimidad una resolución para que el Gobierno haga las gestiones necesarias y que, a pesar de los intentos por la vía política de avanzar en el tema, hubo caso omiso.

Por eso, el Gobierno puso en marcha la instancia administrativa correspondiente a través de una carta documento y, de no prosperar el planteo, podría ir a la Justicia para exigirle a la empresa que cumpla con los compromisos asumidos.

El estado de algunas veredas también contribuye a la imagen decaída que tiene la ciudad en estos tiempos.

Algunas se presentan abandonadas y otras deterioradas. En ciertos casos sin solución desde hace un largo período, como ocurre con un sector de la que recorre la calle Mitre, junto a la tribuna del estadio municipal.

En este espacio surgieron negocios que apostaron a un cambio de la estética. También están quienes tienen sus lugares como refugios y otros totalmente desatendidos desde la década del 80, cuando se originó un sistema de consorcio: construir unas gradas para 4.200 personas cómodamente sentadas y debajo de éstas los locales comerciales.

Todos los sitios diseñados tuvieron dueño y, por cuestiones legales, al no progresar algunos trámites, los consorcistas decidieron paralizar el emprendimiento hasta tanto surja la claridad que estaban reclamando.

Pasaron los años y hoy nos encontramos con una gran parte de las aceras en buen estado, y el resto con baldosas inexistentes, desniveles, tramos de tierra, y en algunos días el adicional de los restos de residuos de bolsas.

Todo esto se refleja mayormente en las esquinas con las calles Casella y Bozzano, sobre la calle principal, entrada a la ciudad.

La Ordenanza Nº 5797/08, en su artículo 3º, refiere al mantenimiento obligatorio. “Todo propietario, poseedor y/o tenedor de inmueble ubicado en el Partido de San Pedro, está obligado a construir, reparar o modificar, en caso de ser necesario, las veredas frente a su inmueble manteniendo en perfecto estado de transitabilidad y libre de obstáculos las mismas”, señala la norma.

Y agrega: “Las veredas deberán respetar el nivel existente en cada cuadra. De existir desniveles propios del terreno, los mismos deberán ser salvados con construcciones acordes para una normal transitabilidad y que no representen un obstáculo y/o riesgo a las personas”.

Asimismo, también tiene obligaciones el Municipio, que debe efectuar un relevamiento y luego notificar a los frentistas por el pésimo estado de sus veredas. “La notificación contendrá claramente las tareas requeridas y el plazo otorgado para su inicio y efectiva finalización”, agrega.

Posteriormente, el Municipio debe controlar si la vereda fue reparada o construida. Si no se cumplió, se infracciona al propietario del predio, siendo el Juzgado de Faltas quien debe sancionar. “Las multas a aplicar podrán oscilar en su valor definitivo, al equivalente de un (1) litro y hasta veinte (20) de combustible gasoil por metro cuadrado de superficie”, especifica.

Si no cumple existe otra instancia: que el Municipio se encargue de los trabajos. Esa construcción se le factura al frentista, que incluirá los materiales más un 20 % por gastos administrativos.

Confundidos por un comunicado que bien se parece a una intimación, algunos contribuyentes concluyeron en que debían acudir a Coopser por “el medidor” que tienen que cambiar.

Sin embargo se trata ni más ni menos que de los medidores de agua que según la legislación vigente debe instalar el titular de un local para pagar por lo que realmente consume en un sistema medido de suministro.

Aunque parezca mentira, el proyecto que fue pensado en la década del 80 y que incluso contaba con varios aparatos que se oxidaron en un depósito, ahora cobra vigencia en dosis mínimas. 

Serán unos 60 los que se sumarán a los que ya están instalados en estaciones de servicios, natatorios o empresas de alta demanda. No es algo nuevo, es una superposición de una tarea que comenzó en 2016.

“Ponemos en su conocimiento que la actividad que Ud. realiza se encuentra comprendida en la nómina de actividades descriptas en el Art. 13 bis de la Ordenanza 6643/2023 (grandes consumidores) y, por tal motivo, deberá presentarse hasta el 15/07/2024 en la oficina de comercios, sita en la calle Pellegrini 150, 1º Piso (de 8 a 13 hs.), a los fines de solicitar la instalación del medidor y dar cumplimiento con lo establecido en la mencionada norma. Asimismo, se le hace saber que, en caso de no cumplir con esta obligación en plazo establecido precedentemente, se le aplicará el incremento del 200% en las facturas que se liquiden con posterioridad a esa fecha”, esto dijeron desde el municipio que es “una notificación” que por otra parte ni dice  que el medidor es “de agua”.

Frente a la consulta, La Opinión preguntó por el tenor del texto y la respuesta fue que pese a que no hay una cantidad de medidores suficientes como para satisfacer la demanda de los contribuyentes, hay que inscribirse para acceder luego al medidor que permitirá determinar el consumo de cada comercio. 

Al decir “la actividad que Ud. realiza”, se da por sentado que hubo un estudio previo o un envío masivo de comunicaciones. Frente a esa aseveración la respuesta fue “lo recibieron los que están conectados por mail”, con lo que se concluye que deben ser muchos más los que no lo recibieron.

En fin, aclarda la confusión, esto es así: “La ordenanza impositiva, la de este año, establecía que hasta el primero de junio, los titulares de comercios tendrían que presentarse para solicitar la colocación de medidores. Esto implica, digamos, los usuarios de alto consumo. Pero como hay una dificultad técnica, nosotros veníamos trabajando con Servicios Sanitarios por algunas cuestiones de redes para saber de la disponibilidad de medidores, ese plazo se extendió hasta el 15 de julio, lo extendimos”, explicó el miércoles por la tarde Roberto Borgo a este medio. 

“Hay un decreto otorgando el plazo. A partir de ese momento, va a ser obligatorio que todos los comercios soliciten la colocación del medidor. Hasta ahora, en un momento se pedía solamente para cuando se habilitan grandes consumidores, como un lavadero y otras activiades. Ahora se amplió a todos los comercios la obligación de tenerlo. Es el comercio el que lo va a tener que solicitar”, agregó el Secretario de Economía.

Lo cierto es que pese a que la ley se presume conocida por todas debe haber decenas de comercios habilitados que desconocen tener esta obligación que el día de mañana les puede significar una penalización pese a que el municipio sólo contará en estos meses con unos sesenta medidores para instalar.

Una carta documento que impone como plazo máximo el jueves 7 de diciembre es el corolario de decenas de gestiones iniciadas por los responsables de SADIV para que se les abone el monto acordado para el transporte de más de 90 personas con discapacida que diariamente forman parte del recorrido de las combis adaptadas para ese servicio.

Proceden de Arrecifes, Baradero, Zárate, Pérez Millán, San Nicolás y otras ciudades de la zona. Las familias ya lo saben porque en el acto que la institución organizó como cierre de ciclo fueron informadas de la situación que está a punto de desencadenarse.

El acuerdo entre la prestadora del servicio y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se firmó el pasado 26 de abril y contemplaba el abono mensual para el traslado de los afiliados con distintos grados de discapacidad.

El primer mes de contrato fue mayo y desde allí en más hubo reclamos, reuniones, advertencias y ahora una comunicación oficial que obligará a los familiares a reclamar que la obra social provincial abone la deuda o garantice que los chicos puedan llegar al predio ubicado en Lucio Mansilla por otros medios.

Con fecha 28 de Septiembre de 2023 y la rúbrica de la Municipalidad de San Pedro comenzaron a cursar las intimaciones a candidatos, partidos políticos y alianzas electorales para que procedan a retirar todo tipo de cartelería en la vía pública.

Ocurrió tras la viralización del video en el que el Secretario de Seguridad, Dante Paolini, frenó su camioneta, colocó una escalera sobre una columna de alumbrado y quitó un cartel de propaganda electoral.

“Me dirijo a usted a los fines de intimarlo, para que en el término de 24 hs. desde la recepción de la presente, proceda al retiro de toda publicidad colocada en la vía pública en clara contradicción con la Ordenanza Municipal N° 4082/87″, indica el texto que el personal municipal debía entregar en cada sede partidaria.

En el segundo párrafo advierten “Todo bajo apercibimiento de la aplicación de las multas que prevé  la Ordenanza N* 3.884 “Reglamento de Procedimientos,  Faltas  y  Sanciones”,  implicando la aplicación de  la  sanción  decomiso  del elemento publicitario y el cargo al  infractor/a   de abonar los gastos que demande al Municipio restablecer lo  dañado”.

En el mismo texto reproducen el texto de la ordenanza que está vigente desde 1987, cuando la puja por la intendencia no se dirimía en el mundo digital ni en redes sociales. Las juventudes políticas solicitaban permiso a los propietarios de tapiales que había que blanquear y a veces lograban que algún letrista armara un pasacalles. Los afiches eran casi un artículo de lujo que llegaba siempre desde las sedes centrales.

Se repasa esta historia para advertir al oficialismo y a la oposición que a más de 30 años de aquella votación, casi todos o todos han violado la norma que votaron para preservar el arbolado y el alumbrado público. La polémica seguirá y los comentarios de los vecinos no cesarán porque son pocos los que deciden un sufragio tras ver la cara de alguien colgada de manera desprolija de un caño o en una lona sostenida por sogas.            

ORDENANZA MUNICIPAL N° 4082

Art.  1°: Prohíbase  a   las   Instituciones Sociales, Deportivas, Partidos Políticos y cualquier otra  asociación civil  o comercial, además de lo dispuesto en los  artículos  240*,  241*,  242*,  243*, 246*, 249*, 257* y  258*,  de  la Ordenanza  N* 3.884 “Reglamento de Procedimientos, Faltas  y  Sanciones”,  los  anuncios que obstaculicen las  señales  de tránsito. Los anuncios colocados, fijados y/o pintados, en monumentos,  estatuas, fuentes, edificios públicos.  Los anuncios   colocados,  fijados  y/o  pintados  en   refugios  cubiertos para peatones, postes de paradas de vehículos, de transporte de pasajeros, taxis, papeleras, pantallas  y carteleras en la vía pública del dominio público y/o privado municipal sin   autorización  municipal.  Los   anuncios  colocados,   fijados   y/o  pintados  en   buzones,   postes telefónicos  o telegráficos, columnas de alumbrado  público,  casillas  telefónicas, arboles y los postes de  señalización  del tránsito.-Los anuncios colocados, fijados y/o  pintados  en  los  cementerios  y los muros que  lo  circundan.  Los anuncios montados  en  columnas  ubicadas  en  las   rutas  nacionales. Los  anuncios suspendidos colgados en  la  vía   pública  con  excepción de las banderas de  remates  que  se  coloquen  en  los  respectivos  locales  o  inmuebles.-   La     colocación, fijación, exhibición, distribución y/o ejecución   de   anuncios,  sin  permiso  municipal.   La   colocación,   fijación, exhibición y/o distribución, ejecución de anuncios  en  zonas prohibidas y/o todo otro lugar no  autorizado  por   las  reglamentaciones  vigentes. Los  anuncios  comúnmente denominados  “pasacalles”,  suspendidos  entre  columnas  de alumbrado  publico o columnas y elementos de tendido de  red  eléctrica. Los anuncios colocados, fijados y/o pintados  en  cordones y calzadas señalizadas.

Todas las notificaciones enviadas terminan con un pronunciamiento en imprenta mayúscula y subrayado:                                            

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Las víctimas se comunicaron a La Opinión para quejarse y preguntar que deben hacer tras más de dos semanas de ocurrido el siniestro sobre calle 11 de Septiembre 873, donde tenían estacionado su automóvil.

“Te quiero contar que me pusieron una intimación que tengo cinco días para sacar el auto de la puerta de mi casa porque aparentemente está en estado de abandono. El auto no está en estado de abandono”, dijo Marcelo Morosini, damnificado por un choque ocurrido en la madrugada del 13 de febrero cuando otro rodado lo embistió y lo dejó destrozado.

Aquella mañana, su esposa Jésica se encontró con una situación que la llevó a preguntarse si la persona que manejaba el otro vehículo circulaba en estado de ebriedad o sufrió una descompensación aunque más tarde dijo en Radio Cuarentena que “por milagro” no sucedió algo peor dada la violencia del impacto y el horario en el que nadie circulaba por la acera.

Desde entonces sus dueños esperan peritajes y actuaciones de la aseguradora que debe reparar el único auto que tienen para circular y trabajar. “Yo no lo puedo mover de ahí hasta que la gente del seguro no venga a verificar los daños del vehículo”, indicó el ahora emplazado por inspección a trasladar su Fiat 147.

“Yo quisiera saber si es legal que se lleven el auto de la puerta de mi casa, aparte el auto está siniestrado, tiene un choque, yo no lo puedo mover ahora. Quiero que me paguen los daños o resarcirme con otro vehículo”, explicó Morosini.

“Yo no entiendo a esta gente de la Municipalidad, si no averiguan; aparte, yo vivo acá y me podrían haber golpeado la puerta de mi casa y preguntarme si el auto lo tengo de gusto acá”, reflexionó la víctima.

“Ni siquiera fueron capaces de golpearme la puerta de mi casa y preguntarme por qué tengo el auto chocado. Ni siquiera eso, no entiendo a esta gente. Se ve que están muy preocupados por recaudar plata, le sacan guita al contribuyente pero no sacan la guita del otro lado, por donde se está yendo”.