La intervención y auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma millonaria derivó en una investigación judicial, que busca establecer qué ocurrió en la sucursal de San Pedro.

Este sábado, en Sin Galera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, abogadas de la tesorera interina imputada por el presunto faltante de alrededor de 40 millones de pesos, dieron detalles respecto de la causa.

Las letradas confirmaron que “este miércoles fue la audiencia” de formalización de la investigación ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, instancia en la que su defendida declaró por primera vez.

Allí se le imputó el delito de peculado, aunque advirtieron que “todo pareciera porque no existe una trazabilidad precisa” y que “la ausencia de 40 millones de pesos no se pudo determinar”.

Explicaron que “esta audiencia marca un antes y un después”, ya que la imputada explicó el manejo del Banco y "pudo decir lo que realmente pasó”.

En ese sentido, apuntaron a presuntas irregularidades en el funcionamiento interno y dijeron que hay "un montón de fallas en los controles”.

“Las claves eran conocidas por todos y usadas por todos los empleados”, refirieron.

En relación al hecho puntual, sostuvieron que “los compañeros la obligaron a firmar el fallo de caja” y que “le dijeron que se haga cargo, que saliera a buscar la plata que faltaba”.

Las abogadas destacaron que la mujer “hacía 17 años que trabajaba en el Banco" y que "nunca tuvo un problema”,

"Las declaraciones de algunas personas presentan grandes contradicciones entre sí", señalaron.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba, mientras la Justicia intenta determinar si existió el faltante y cuáles fueron las responsabilidades dentro del Banco.

En ese marco, el juez dispuso que el fiscal Matías di Lello tiene 90 días para reunir evidencias y profundizar la investigación que, todo indica, deberá concentrarse también en el gerente y el contador de ese momento, quienes junto a la tesorera interina eran los responsables del Tesoro del Banco Nación San Pedro.

Una unidad de Bomberos Voluntarios acudió al poste 30 de Bajo Puerto para liberar a un caballo que cayó a un pozo. 

El hecho ocurrió en la mañana de este lunes, alrededor de las 7.50, y los voluntarios llegaron tras ser alertados de la situación.

La oficial a cargo, Andrea Bon, confirmó a La Opinión que, al arribo de los bomberos, el caballo permanecía atado para evitar que se hundiese.

Al constatar que el animal estaba acalambrado, los voluntarios colocaron una cincha y procedieron a practicar maniobras para liberarlo. 

En medio de un fuerte hermetismo, la sucursal San Pedro del Banco de la Nación Argentina está sometida a una intervención y auditoría interna que podría derivar en severas sanciones para personal jerárquico de la entidad.

La causa: faltó dinero. Mucho. Se habla de alrededor de 40 millones en una maniobra que sería la primera detectada de varias similares, sobre las que ahora hay una investigación en marcha.

La situación involucra a varios empleados jerárquicos puesto que la sospecha es que para la maniobra detectada podrían haber fallado los controles internos o haber connivencia entre las personas que tenían a cargo las tareas.

La situación habría sido descubierta por personal que al completar pasos de control sobre operaciones detectó el faltante. Como esos controles implican a varias personas en la cúspide de la conducción de la entidad, hay sospechas de responsabilidades por acción u omisión.

Por lo pronto, hay personal de licencia, involucrados que le aseguran a sus compañeros que nunca tocaron un peso y una investigación que procurará establecer qué ocurrió.

La investigación interna podría derivar en sanciones, con el despido con justa causa como máxima posibilidad.  Pero además, por el hecho podría ponerse en marcha una causa penal por el delito de defraudación, que en el caso de la administración pública contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".

Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.

La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.

En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.

Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.

A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN

Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".

Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas. 

Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.

Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".

La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.

Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.

"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.

La filial San Pedro está a cargo de un interventor desde principios de mayo. Tal como adelantó La Opinión, la intervención se produjo luego de la renovación de un nuevo mandato de la extitular de la entidad, Marisa García.

La mecánica de funcionamiento de la entidad de bien público requiere de criterios administrativos que se deben cumplir para la designación de sus representantes y por ello, llegaron a la ciudad quienes deben abocarse al armado de una nueva comisión.

El miércoles, Cecilio Salazar recibió en su despacho a Marcela Izaguirre, que se desempeña como Coordinadora de Salud y Comunidad, y a los voluntarios Giuliana Barbagallo y Fernando Altolaguirre.

De manera virtual participó Oscar Mendoza en su condición de actual interventor de la filial San Pedro. Desde que están a cargo hubo tareas de refacción y desinfección en la sede de Hipólito Yrigoyen y Rivadavia en las que colaboró personal municipal.

Esperan normalizar el funcionamiento en poco tiempo para retomar el ritmo de campañas que esa organización despliega en el territorio, especialmente en apoyo de Defensa Civil y recorridas de la zona de islas.

La noticia se conoció a mediados de semana cuando los vecinos observaron actividades en la sede de la entidad que hasta este año conducía Marisa García. Un problema administrativo detectado en la convocatoria a la asamblea anual y la imposibilidad de prorrogar mandatos obligó a las autoridades de la entidad a labrar un acta en la que se deja constancia de la designación de una interventora hasta tanto se elijan los nuevos responsables.

Fumigación, limpieza y desratización de la casa ubicada en Rivadavia e Hipólito Yrigoyen estuvieron a cargo de personal de Bromatología el pasado miércoles. Allí, el móvil de La Opinión, pudo registrar imágenes.

Una consulta con la expresidenta de la entidad permitió corroborar la situación y pese a que no tiene autorización para formular declaraciones se supo que la idea es incorporar nuevos socios y acciones.

“Es una cuestión administrativa, hay una documentación que no fue presentada en tiempo y esto lleva a que la asamblea no es válida, y la asamblea al no ser válida deja a la filial acéfala y al quedar acéfala se interviene. Ahora estamos haciendo una serie de cuestiones para ponerla en mejores condiciones y ya después será entregada de vuelta a la comunidad”, indicó Oscar Mendoza, como representante de la Cruz Roja Argentina.