La marcha de intendentes bonaerenses al Ministerio de Capital Humano, en reclamo por el desfinanciamiento de programas alimentarios, tuvo una respuesta directa, y no de forma presencial. 

La jugada de la ministra Sandra Pettovello fue optar por un mensaje colgado en la entrada del edificio, marcando postura sin necesidad de recibirlos u optar por intermediarios. Y así fue. No los recibió y aclaró quiénes son los responsables.

La columna de jefes comunales -estuvo Cecilio Salazar- incluyó dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof, pero también algunos referentes radicales, todos con un reclamo común: la caída de fondos destinados a la alimentación escolar.

Según denunciaron, desde la asunción del actual Gobierno nacional se “desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires”.

El planteo fue acompañado por cifras: aseguran que en 2024 el 34 % de los recursos fue desviado; en 2025, el 41 %; y que para este año se proyecta un 54 %, fondos que, según sostienen, deberían destinarse al Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria (MESA), pero que terminarían en circuitos de especulación financiera.

Sin embargo, la ministra ya tenía preparada su respuesta. El cartel, visible al arribo de los jefes comunales, decía: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”. Breve y contundente sin dejar margen para una explicación cara a cara.

Los comedores educativos son sostenidos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), bajo órbita provincial, un esquema históricamente cuestionado por los bajos montos asignados. 

En ese terreno, donde nunca sobró nada, la “creatividad e ingenio” para estirar recursos siempre ha sido una política aplicada en los Consejos Escolares, quienes deben conformarse con los montos que disponen desde la centralidad de la provincia.

El intendente Cecilio Salazar participó el martes de una movilización de jefes comunales de todo el país, convocada por la Federación Argentina de Municipios, en la que reclamaron ante el Ministerio de Economía por la obra pública paralizada.

Los intendentes dejaron un documento en el que piden al Gobierno de Javier Milei que baje el precio de los combustibles y lo retrotraiga al 1 de marzo y que ejecute las obras públicas con la recaudación del impuesto que se cobra en los surtidores de todo el país.

En San Pedro la obra pública paralizada contempla varios proyectos que empezaron y no continuaron, como los de tres barrios de viviendas o la urbanización integral de La Tosquera, y también otros cuya ejecución nunca comenzó, como la escuela técnica profesional, el jardín de infantes para el Normal o el Centro de Desarrollo Infantil del CIC.

Las 84 viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño y las 25 Viviendas de Río Tala tenían certificaciones a la espera de pago y planteos de redeterminación de precios por parte de las empresas.

Cooperativa Grupo Alfa, cooperativa 8 de Diciembre y APCO se retiraron sin dar demasiadas explicaciones, lo que derivó en reclamos legales por parte del Municipio.

Todas esas obras estaban en el último tramo de ejecución cuando cambió el Gobierno nacional. En cada caso, hay reclamos por parte del Municipio para recuperar los anticipos y rescindir contratos.

Las de Nuestro Sueño fueron continuadas por los propios vecinos; las de Villa Depietri están ocupadas por los preadjudicatarios, conflicto con Arcor incluido; y las de Río Tala fueron usurpadas.

La escuela Técnica Profesional que se iba a construir en el paraje Mataderos, detrás del Corralón municipal, sólo tuvo movimiento de suelos en medio de la campaña electoral.

La empresa Indahl cobró el anticipo financiero y nunca más apareció. El Municipio rescindió el contrato y exige a la empresa que restituya los 153 millones de pesos de anticipo y pague los seguros de caución que corresponden.

Esa misma empresa, que estaba en proceso de concurso preventivo y quiebra, había sido adjudicataria de la construcción de un edificio para el jardín de infantes del Normal, obra que jamás comenzó.

El denominado Centro de Desarrollo Infantil San Pedro que se iba a construir en la zona del CIC tampoco está. La empresa Tecnicoop se retiró y la obra no se ejecutó, a pesar de que también estaba incluida en los presupuestos hasta el año pasado.

En La Tosquera, el plan de urbanización integral sólo vio la colocación de adoquines en la bajada y en una vereda que recorre la costanera, más los caños para el nuevo tanque de agua.

Una vez más, la empresa cooperativa Grupo Alfa se retiró tras reclamar "redeterminación de precios". En este caso, el Gobierno local logró recuperar el seguro de caución.

Entre las obras paralizadas en La Tosquera también están las que no pasaron por administración municipal y se gestionaron directamente desde la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), cuyos fondos fueron reducidos. La Municipalidad se sumó a un amparo colectivo contra la eliminación del fondo de financiamiento de esas obras.

También hubo algunos casos de obras complementarias, sobre todo en los barrios de viviendas, que el Municipio ejecutó con fondos propios porque Nación no enviaba los recursos, a pesar de eran obras comprometidas en el presupuesto nacional, es decir que forman parte de esa deuda.

Además, hay proyectos que tenían el visto bueno de Nación y habían sido incluidos en presupuestos locales con los montos que se esperaban llegaran del erario nacional y que quedaron truncos.

En el paraje La Buena Moza estaba previsto un plan para mejorar las conexiones a la red de agua potable; la escuela primaria de Banfield se iba a ejecutar con recursos nacionales, al igual que el edificio nuevo para la escuela 17 que ahora se hará con recursos provinciales en lo que era el proyecto escuela de San Roque; y en Santa Lucía estaba prevista la construcción de 80 viviendas.

El Gobierno provincial estimó que Nación adeuda "más de 23 billones" de pesos. "Es plata que el gobierno de Milei les roba a los bonaerenses y por lo tanto a los sampedrinos", consideró el intendente tras participar de la movilización al Ministerio de Economía.

En ese marco, señaló que ese dinero es "plata que debería usarse para obras de infraestructura y mejoras para nuestra ciudad". Las obras paralizadas, estimó Provincia, son alrededor de mil en todo el territorio bonaerense.

Salazar cuestionó que Milei "en más de dos años no construyó ni un solo km de ruta, no realiza mantenimiento y mucho menos proyecta invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país".

El intendente Cecilio Salazar define por estas horas si continuará al frente del Gobierno municipal o pasará a cumplir funciones en la estructura gubernamental que coordina el gabinete del presidente Alberto Fernández.

Su incorporación al Ministerio de Transporte que conduce el massista Alexis Guerrera, exintendente de General Pinto, fue publicado como versión en danza en medios de La Plata. Ante la consulta, desde la mesa chica confirmaron que el ofrecimiento existió.

Incluso el propio intendente Salazar difundió entre dirigentes del Frente de Todos la novedad este lunes por la mañana con un mensaje en el que informa que Guerrera le ofreció la Dirección nacional del Belgrano Cargas y que lo está evaluando.

“Estimados compañeros/as. En la noche de ayer recibí un llamado del Ministro Alexis Guerrera. El motivo fue ofrecerme la Direccion Nacional del Belgrano Cargas”, dice el mensaje que mandó Salazar.

“En el transcurso del día de hoy decidiremos lo que vamos a hacer. Un abrazo para todos/as. Que tengan una gran semana. Que Dios nos bendiga”, finaliza el texto.

Este lunes a las 11.00 de la mañana está previsto un acto con autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, que llegan para poner en marcha la implementación en San Pedro de la tarjeta SUBE.

En la provincia de Buenos Aires hay un debate respecto de la posibilidad de modificar la ley que impide a los intendentes postularse a un tercer mandato. En ese marco, muchos jefes comunales vieron como camino para sortear ese escollo la salida de los municipios antes de que se cumplan dos años, es decir antes del 10 de diciembre.