Durante la madrugada de este sábado, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la Dirección de Tránsito Municipal llevó adelante un amplio operativo de control vehicular en la ciudad.

El procedimiento se desarrolló en la zona de barrancas, sobre calle 9 de Julio, entre Padre Santana y Rómulo Naón, un punto identificado como lugar habitual de concentración de motociclistas, especialmente de aquellos que circulan con caños de escape antirreglamentarios y generan ruidos molestos.

Como resultado del operativo, fueron secuestradas 41 motocicletas. Muchas de ellas carecían de la documentación obligatoria, mientras que otras presentaban distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y a ordenanzas municipales vigentes.

La presencia de numerosos efectivos y patrulleros sorprendió a los motociclistas que frecuentan el lugar, principalmente en horas de la tarde y durante la noche. Vecinos del sector han manifestado en reiteradas oportunidades su malestar por los ruidos excesivos, que no solo afectan al barrio sino a gran parte de la ciudad.

Las actuaciones quedaron ahora a disposición del Juzgado de Faltas, que será el encargado de aplicar las sanciones correspondientes. En el caso de los caños de escape no permitidos, se informó que son retirados de los rodados y posteriormente destruidos, tal como establece la normativa.

Tras el episodio en el que un motociclista atropelló a un inspector y se dio a la fuga, la pregunta que surgió fue ¿qué sanción le corresponde? 

Depende. Clásica respuesta ciudadana que deja abierto el interrogante sobre las herramientas legales que puede tener el Estado municipal ante un caso como el ocurrido el 30 de enero pasado.

Ese día un inspector fue atropellado por una moto de alta cilindrada, cuyo conductor, identificado como Nicolás Matavos, intentó evitar el operativo de tránsito montado en Pellegrini y Ruiz Moreno.

La moto no detuvo su marcha y embistió al agente municipal Augusto Eduardo Moleón, quien terminó arrojado a varios metros del lugar por el impacto.

Si bien se radicó la denuncia penal ante las lesiones que Moleón presentó, por el momento no existen sanciones.

No haber labrado un acta en el momento es uno de los “beneficios” que el infractor tiene en su haber. Al no ser interceptado en el operativo, por lo tanto, no habérsele solicitado la documentación correspondiente de acuerdo a lo que expresa la Ley 24.449, no existe elemento alguno que acredite la identidad de quien infringió las reglas.

Esto no es una interpretación del Juzgado de Faltas. Como las actas no se pueden confeccionar después del hecho, las instancias superiores judiciales la declararían nula si así lo hicieran. Ya ocurrió. Hay precedentes. Y al no existir actuaciones, lo que no está escrito, no está penado.

En cambio, hay otros ejemplos: un motociclista que circulaba en una sola rueda y atropelló a una persona en Martínez, en el norte bonaerense, fue denunciado penalmente y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió su licencia de conducir.

Ese organismo expresó, en aquel momento, que una disposición le permitió la suspensión provisional de la licencia de conducir por "manejar en forma temeraria e imprudente poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás".

En los medios nacionales muchas veces se promocionan estas acciones. Pero, esto puede ser el resultado de la causa penal en curso.

Mientras tanto, si no hay un acta que infraccione a una persona, no es posible una “sanción ejemplar” conforme a lo que reza la ley, que permita "sacar de las calles y las rutas a los conductores que desarrollen conductas gravísimas para la seguridad vial a los efectos de su reevaluación por las autoridades de tránsito de cada jurisdicción", como sostiene la Agencia Nacional.

No es una novedad, pero sí una nueva manera de incentivar a los medios de comunicación a proporcionar detalles sobre el derecho a la información que es patrimonio del ciudadano.

Aun con lo innecesaria que resulte la aclaración y la correspondiente publicación del pedido de eliminación de una noticia, cabe recordar que en el archivo de La Opinión & Sin Galera hay centenares de notas que dan cuenta de nombres, apellidos y fotos de personas que son detenidas en la vía pública o en allanamientos ordenados por la Justicia, sea cual sea el motivo.

Pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado, como las causas penales, contravencionales y de Faltas, forma parte de los derechos tutelados por la legislación relacionada con el acceso a la información pública y la libertad de prensa, lo que responde a la carta documento remitida, que se reproduce en esta nota.

A continuación, el texto completo de la Carta Documento que Nicolás Matavos, imputado y allanado por atropellar a un inspector de tránsito en un operativo remitió a este medio:

"SAN PEDRO, 5 DE FEBRERO DE 2025Por la presente carta documento me dirijo a ud. por publicar fotos donde se visualiza mi identidad y por divulgar mis datos personales sin mi consentimiento, sintiéndose agraviado e injurias puesto que jamás fui consultado por los medio en los que Ud es la titular, sobre la verdad de los hechos, generando un manto de dudas y sospechas sobre la honorabilidad de un ciudadano. Además de considerar su actuar discriminatorio teniendo en cuenta que no todas las noticias policiales publicadas se realizan con todos los datos personales e imágenes donde se visualiza claramente a la persona, siendo expuesto a la opinión pública en forma arbitraria afectando mi salud física y mental. Todas estas presuntas intromisiones en mi vida, sea publicando o divulgándo fotografías y vídeo grabaciones, reitero sin mi consentimiento, perturban de muchos modos mi intimidad. aunque también en el aspecto moral y en el psíquico, como en el familiar y laboral. En virtud de lo expuesto la INTIMO a retirar en forma inmediata de recibida la presente, las fotos y datos personales que hacen a mi individualización, bajo apercibimiento de iniciar las acciones criminales y civiles que sean pertinentes. No obstante ello el daño ya se encuentra ocasionado, dado que los otros medios de comunicación utilizaron su fuente para publicar la noticia, generando un mayor perjuicio, por lo que se iniciara el daño y perjuicios reclamando una reparación económica por el injusto descrédito causado a mi persona y reputación. Cierro intercambio epistolar".

Tras el texto figura la firma de Nicolás Matavos y su número de documento. La misma persona a la que se observó en las cámaras de seguridad guiando la moto en la que viajaba sin casco y con un acompañante menor. 

El infractor, en su intención de huir de un control vehicular provocó lesiones a un inspector municipal. La investigación permitió identificarlo y la Justicia ordenó allanar su casa, aprehenderlo y secuestrar la moto que conducía al momento del incidente.

La Opinión & Sin Galera, como siempre, ofrecen a la persona que se ha sentido molesta por la existencia de una noticia que él mismo protagonizó para que pueda expresarse libremente mediante un escrito o una entrevista en la que desee responder preguntas o aclarar cuáles fueron los motivos de su proceder en la vía pública.

La visita del intendente Cecilio Salazar a la obra del barrio 55 Viviendas, ubicado en Mateo Sbert y Güemes, tuvo un cuestionamiento contundente de parte de la exconcejal municipal Sandra Mari.

Tras la noticia oficial que dio a conocer el Municipio, Mari -que se muestra muy crítica del Gobierno local- dijo “el señor intendente ahora se acuerda de recorrer las obras, pero se olvidó de hacerlo cuando firmaba los avances de obra de las 84 Viviendas, de las 89 y de otras”, que definitiva nunca se terminaron y las empresas constructoras se fugaron de San Pedro con el dinero en su haber.

“Ya resulta obsceno tanta mentira y alabanza hacia el gobernador”, enfatizó Mari, molesta por el informe del Municipio. “Se secó el manantial de pesos en San Pedro, que ahora quiere aterrizar en la provincia. ¡Basta Salazar! Se terminó la impunidad”, remató en Facebook.

También en las redes una vecina expresó su hartazgo por la situación que padece, evidentemente surgida tras un análisis de algunos factores que enfrenta en su vida diariamente.

Su bolsillo, el valor de las Tasas municipales y el cuestionamiento severo de la realidad de San Pedro le conformaron un póker de temas, que seguramente puede remplazar con otros que se hallaban en su mazo.

Este domingo Lilia utilizó Facebook para proclamar su ¿angustia?: “Quería pasar por acá, antes de irme a dormir, para descargar un poquito mi bronca y mi inquietud, que quizás importe poco. Mañana, lunes, se vence el impuesto municipal (Tasas), impuesto que tengo que pagar y que el señor intendente decidió volver a aumentar este mes”, comenzó diciendo.

“¿Ustedes se preguntarán por qué te quejas? No lo pagues y listo. ¿Saben qué?, lo pago para el día de mañana no dejarles deuda a mis hijos, porque hace unos años decidí poner a sus nombres esta vivienda. Dicho esto, me gustaría que este señor me explique en qué gasta lo recaudado, ya que deja mucho que desear las condiciones en que se encuentra nuestra ciudad: rutas sin terminar, calles llenas de pozos y ni hablar de la inseguridad que existe, con cinco a seis motos por día, robos de celulares, gente en moto sin casco, con dos o tres criaturas a bordo, y sigo...”

Y Lilia siguió: “Pasan por el paseo los inspectores tomando mates y hacen como que no ven nada, seis policías desparramados por el bajo ocupadísimos mirando sus celulares…”

Posiblemente Lilia dejó de lado, por el momento, el listado que su cerebro le dictaba. Prefirió resumirlo con una propuesta al intendente Cecilio Salazar: “Lo invito a que pase por mi casa y me explique en qué gasta la plata, por los menos, la mía. Muchas gracias”.

El conductor de un Toyota Corolla que fue secuestrado por alcoholemia positiva atropelló a un inspector de tránsito durante el operativo.

Ocurrió en el marco de los controles de nocturnidad este sábado por la madrugada, en pleno centro de la ciudad, en la zona de Mitre y Obligado.

El conductor quiso evitar el control y embistió al inspector, que de acuerdo a lo informado por autoridades no sufrió lesiones. "Por suerte no pasó a mayores", señalaron.

Al momento de practicarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo. "Estaba alcoholizado, tenía bastante" alcohol en sangre, refirieron quienes estuvieron cerca del operativo.

El automóvil fue retenido y trasladado a depósito para quedar a disposición del Juzgado de Faltas. El conductor, a raíz de lo ocurrido, deberá afrontar, además de la multa de tránsito una causa penal.

El estacionamiento y depósito de autos lindero al Juzgado de Faltas suma vehículos todos los fines de semana. Los controles de tránsito no sólo detectan motos sin documentación sino conductores que conducen ebrios. Un peligro para el prójimo y por ende para si mismos.

Conducir “oliendo a alcohol” también está penalizado y pese a que rige la ley conocida como “Alcohol Cero”, hay conductores que se resisten a los controles de alcoholemia y luego se angustian cuando se abren las puertas de las oficinas donde se tramitan sus expedientes.

El mayor temor no es pagar la multa, sino la cancelación o suspensión de la licencia de conducir.

“Tomé un solo vaso, no pasa nada", es una de las excusas más escuchadas. Aun así, hay sanción. 

"Hoy no te podés ni acercar a un vino. Buscamos con los chicos información sobre eso: cuánto hay que tomar para que te de 0,5 por ejemplo, y la verdad es un trago", dijo la mamá de un joven que suele pedirle el auto prestado para sus salidas.

De todas maneras, el “0,5” (gramos de alcohol por litro en sangre) ya no rige: en la provincia de Buenos Aires, el test de alcoholemia tiene dar 0,00 porque si no, hay multa.

La Opinión posó su atención sobre las fotos y el tipo de vehículos secuestrados. Hay poderosas camionetas, motos de alta cilindrada y autos de los más costosos. 

En los operativos, la obligación es secuestrarlos y decirle al conductor que concurra al Juzgado de Faltas para pagar la multa y recuperarlo. 

Si se presenta voluntariamente el monto a pagar disminuye, pero la realidad es que el peor momento que se vive es el de saber que esa copa de más puede terminar en una sanción que impide volver a conducir el rodado.

La multa varía según el grado de alcohol en sangre:Menos de 1 gramo por litro de sangre es de $ 571,044. Más de medio millón de pesos que podrían disminuiir en los casos en los que la presentación sea voluntaria. Cuando es más de 1 g/l el importe sube a $ 1.139.500, aunque el infractor diga que no tiene esa cantidad de dinero siempre será una obligación abonarlo. Siempre con la aclaración de acceder a una reducción de hasta un 50 %. “El vasito” también tiene su costo, porque si los inspectores detectan hasta 0,3 g es de 457.388 pesos. 

De todos modos, la mayor preocupación radica en las inhabilitaciones. El temor y la angustia del conductor que además de pagar la multa ve en riesgo su posibilidad del retiro prolongado de su licencia es lo que más pesa.

“En todos los casos, la sanción es de multa e inhabilitacion. Se aplican en forma conjunta y no puede aplicarse sólo una de ellas, siempre proceden las dos sanciones”.

Los que tienen hasta 0,49 g/l en sangre pueden quedarse tres meses sin su carnet. La escala siguiente es hasta 0,99 g/l y tiene un plazo de seis meses. Es de un año para los que marquen 1,40 g/l en el alcoholímetro. 

La sanción más prologada es de 18 meses para los que circulan con más de 1,5 g/l. Esa misma penalidad sufren los que se niegan a soplar la pipeta, por lo que no conviene resistirse. 

Las condenas cuando se produce un accidente se agravan considerablemente y hay fallos contundentes cuando el conductor colisiona y le provoca la muerte a una tercera persona. 

Allí ya no es el Juzgado de Faltas, sino que es la Justicia ordinaria la que incluso puede dictaminar la pena de prisión.

La Municipalidad de San Pedro tiene nuevo director de Tránsito. Se llama Armando Caballero y es un inspector de planta, al igual que su predecesora, Verónica Cáceres.

El Gobierno decidió el reemplazo de la hasta el viernes directora, que asumió en ese cargo en abril de 2023 en lugar de Ángel Burgos cuando Dante Paolini asumió como secretario de Seguridad.

Verónica Cáceres resistió todo el verano tras la partida de Paolini, pero tenía tensiones internas con algunos sectores del área que decidieron al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y al subsecretario de Seguridad, Mario Méndez, por su reemplazo.

El área de Tránsito suele ser cubierta por personal de planta que conoce el funcionamiento y al personal: Burgos, Cáceres, antes Molina y Caramún, y ahora Caballero son empleados municipales del sector.

Armando Caballero tiene alrededor de dos décadas en la Municipalidad como trabajador en el área Inspección de Tránsito. Ahora, el Gobierno de Cecilio Salazar le confió la conducción de la Dirección.

Avanza en el Concejo Deliberante el tratamiento del proyecto que el intendente interino Ramón Salazar elevó para solicitar autorización para contratar una empresa que se ocupe del control y fiscalización del tránsito en la ciudad a través de lo que se conoce como “fotomulta”.

El secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez, ya estuvo reunido con la comisión que trata el tema para explicar los alcances de la propuesta, que implica un llamado a licitación para tercerizar ese servicio.

El funcionario les informó a los ediles que el plan es instalar el equipamiento para fotomultas en unos ocho semáforos de San Pedro para que esas cámaras detecten infracciones de tránsito y notifiquen a los propietarios de los vehículos para que regularicen la situación en el Juzgado de Faltas.

El equipamiento controlará velocidad máxima, cruce de semáforos en rojo, estacionamiento indebido y hasta el uso de casco por parte de los motociclistas, entre otras infracciones. Todo quedará registrado en las cámaras y al infractor le llegará la notificación con la fotografía correspondiente.

El Gobierno elevó al Concejo Deliberante la solicitud de autorización para llamar a licitación y consideró que la incorporación del servicio de fotomultas “podría marcar un salto de calidad en materia de control, que redundaría en que se desarrolle una movilidad más segura”.

El plan prevé que en las zonas donde se instale el equipamiento haya menos presencia de inspectores de la Dirección de Tránsito, de manera tal que ese personal pueda cubrir otras zonas donde detectaron que hace falta un control más exhaustivo, sobre todo por la alta velocidad a la que se circula.

“Desde lo tecnologíco, resulta imprescindible acceder al equipamiento de avanzada que se adapte a nuestro distrito, siendo necesario para ello la participación de inversores privados”, dice el proyecto que analizan los ediles.

El Gobierno elevó al Concejo el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación de lo que denominan “servicio de prevencion, control y fiscalización de tránsito y seguridad vial”.