El Gobierno nacional confirmó que la reactivación del servicio ferroviario de larga distancia que une Retiro con Córdoba y Tucumán, con parada a San Pedro, demandará entre diez y doce meses debido a las graves fallas estructurales detectadas en la infraestructura de vías.

La información fue oficializada a través del Informe 145 presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, donde el Ministerio de Economía detalló el plan de obras previsto para la recuperación del servicio, actualmente suspendido.

Según el relevamiento técnico, se detectaron alrededor de 50.000 durmientes en mal estado, lo que obliga a una intervención integral antes de restablecer la circulación de trenes.

La paralización del servicio fue dispuesta como medida preventiva tras el descarrilamiento ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en la provincia de Santiago del Estero, cuando la formación de pasajeros Nº 266 de Trenes Argentinos sufrió la salida de cinco coches de las vías.

Las primeras investigaciones descartaron fallas humanas o errores operativos, centrando el análisis en el estado de la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo al informe técnico elaborado por la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA), el incidente se produjo por el hundimiento del riel, originado en fallas estructurales de los durmientes.

En ese sentido, un parte difundido por Observa 360 indicó que estos elementos presentaban deterioro interno, con presencia de hongos y signos de pudrición en su cara inferior, lo que impedía su detección mediante inspecciones habituales.

A partir de estos resultados, el Gobierno aprobó un plan de acción que contempla el reemplazo total de los durmientes afectados y una etapa posterior de monitoreo y control de la traza.

Se decidió priorizar el ramal Rosario–Córdoba. Las obras comenzarán en el tramo Villa María–Córdoba, con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses. Luego continuarán entre Villa María y Rosario, avanzando progresivamente hacia el norte hasta completar la recuperación del servicio hacia Tucumán.

Por Javier Hernán Silva — Abogado y escribano

Las preguntas que todos hacen (y pocas veces se responden bien)

Cuando fallece un ser querido, la familia enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también una serie de interrogantes jurídicos para los que nadie está preparado. El juicio sucesorio —ese proceso mediante el cual se determina quiénes heredan y cómo se distribuyen los bienes del fallecido— genera dudas que se repiten con llamativa regularidad en los consultorios de los abogados. Este artículo intenta responderlas con honestidad y sin tecnicismos innecesarios.

Es la primera pregunta que surge, casi siempre acompañada de cierta angustia. La respuesta tranquilizadora es que en Argentina no existe un plazo de caducidad para iniciar el proceso sucesorio. El derecho a heredar no “vence”.

Sin embargo, la ausencia de plazo no significa que sea conveniente demorar indefinidamente. Cada año que pasa sin iniciar la sucesión acumula consecuencias prácticas concretas: los impuestos inmobiliarios siguen corriendo a nombre del causante, los bienes no pueden venderse ni transferirse legalmente, los herederos no pueden disponer de cuentas bancarias ni inversiones, y los trámites se vuelven más complejos a medida que los documentos se desactualizan o los testigos fallecen. En términos simples: no hay multa por demorar, pero sí un costo que crece silenciosamente con el tiempo.

Antes de responder quién hereda en cada caso concreto, conviene distinguir dos categorías que el Código Civil y Comercial regula de manera diferente.

Los herederos legítimos son aquellos que la ley designa con independencia de la voluntad del causante: descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, organizados en órdenes excluyentes. Entre ellos, los descendientes, ascendientes y cónyuge revisten además el carácter de herederos forzosos: la ley les garantiza una porción del patrimonio —la porción legítima— que ningún testamento puede reducir ni suprimir.

Los herederos testamentarios, en cambio, son los que el causante designa expresamente mediante testamento válido. Puede serlo cualquier persona, familiar o no, siempre que esa designación no avance sobre la porción legítima de los herederos forzosos. Distinto es el legatario, quien no recibe una parte del patrimonio sino un bien o suma determinados, y en principio no responde por las deudas del causante.

Ambas categorías pueden coexistir: un causante puede tener herederos forzosos y al mismo tiempo disponer por testamento del tercio de libre disposición a favor de quien desee.

Esta pregunta esconde uno de los malentendidos más arraigados: la creencia de que si el fallecido no dejó testamento, sus bienes pasan al Estado. Esto es absolutamente falso en casi todos los casos.

Cuando no hay testamento, se aplica la sucesión intestada, que es el sistema legal mediante el cual el Código Civil y Comercial establece quiénes son los herederos y en qué proporción heredan. El orden de prelación es claro: primero los descendientes (hijos, nietos), luego los ascendientes (padres, abuelos), y finalmente los colaterales (hermanos, sobrinos). El cónyuge concurre junto con los descendientes y los ascendientes según reglas específicas.

El Estado solo hereda en última instancia, cuando no existe ningún heredero en ninguno de esos órdenes. Es una situación verdaderamente excepcional.

Este punto genera conflictos cada vez con mayor frecuencia. Mucha gente asume que quien convivió muchos años con el fallecido tiene los mismos derechos hereditarios que un cónyuge. Sin embargo, el Código Civil y Comercial es terminante: el conviviente supérstite no tiene vocación hereditaria. No figura en ninguno de los órdenes sucesorios que establecen los artículos 2424 a 2443. El hecho de que el CCCN haya regulado la unión convivencial otorgándole importantes efectos jurídicos no se tradujo en derechos hereditarios. Esa fue una decisión legislativa deliberada y expresa.

Lo que sí tiene el conviviente supérstite es el derecho real de habitación del artículo 527: si carece de vivienda propia habitable, puede permanecer en el inmueble sede de la unión por un plazo máximo de dos años. Es una tutela asistencial y temporaria, no un derecho hereditario. Tampoco deben descartarse, según el caso, acciones fundadas en el enriquecimiento sin causa o en los pactos de convivencia celebrados durante la unión.

La única herramienta para proteger al conviviente ante un eventual fallecimiento es el testamento: a través de él, el causante puede disponer del tercio de libre disposición —o de la totalidad del patrimonio si no tiene herederos forzosos— en su favor. La planificación testamentaria no es un trámite para el futuro lejano. Puede marcar la diferencia entre dejar a un ser querido amparado o desamparado.

Otro mito muy extendido. La respuesta es no: el testamento no elimina el proceso judicial, aunque sí puede simplificarlo y orientarlo.

El testamento debe ser presentado ante el juez, quien debe verificar su autenticidad y validez formal. Además —y esto es fundamental— el testamento tiene un límite legal infranqueable: la porción legítima. El Código garantiza a los herederos forzosos (hijos, padres, cónyuge) una parte del patrimonio que el testador no puede desconocer. Si el testamento avanza sobre esa porción, puede ser impugnado judicialmente.

El testamento es una herramienta muy valiosa para organizar el destino de los bienes, expresar voluntades sobre el tercio de libre disposición, incluir legados específicos, o —como señalamos antes— proteger al conviviente que de otro modo quedaría sin amparo hereditario. Pero no es una llave mágica que evita el proceso sucesorio.

Sí, es posible renunciar a la herencia, y en ciertos casos puede ser la decisión más prudente. Si el fallecido tenía deudas que superan el valor de los bienes, aceptar la herencia podría generar preocupación en los herederos… aunque aquí hay una buena noticia que muchos desconocen.

Los artículos 2280 y 2317 del Código Civil y Comercial establecen que los herederos responden por las deudas del causante solo hasta el valor de los bienes hereditarios recibidos (intra vires hereditatis). A diferencia del régimen anterior, este principio opera de pleno derecho: no es necesario solicitarlo expresamente. El heredero no puede quedar en peor situación patrimonial que la que tenía antes de heredar.

Sin embargo, esta protección no es absoluta. El artículo 2321 del mismo Código establece que el heredero responde con sus propios bienes —es decir, pierde el beneficio y pasa a responder ultra vires— cuando incurre en alguna de estas conductas: no realiza el inventario dentro de los tres meses contados desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente, oculta fraudulentamente bienes de la sucesión omitiéndolos del inventario, o enajena bienes hereditarios sin que el precio obtenido ingrese a la masa.

En síntesis: la ley protege al heredero de buena fe, pero sanciona con responsabilidad ilimitada a quien actúa con deslealtad hacia los acreedores del causante. De todas formas, si las deudas son significativas o hay incertidumbre sobre el pasivo, es recomendable hacer un inventario cuidadoso antes de aceptar y, en casos extremos, evaluar la renuncia.

Sí, los menores de edad son plenamente capaces de heredar. Lo que no pueden hacer es actuar por sí mismos en el proceso judicial: deben estar representados por sus padres o tutores, y en determinadas circunstancias el Ministerio Público —el asesor de menores— interviene para velar por sus intereses.

Esta representación obligatoria agrega pasos al proceso, especialmente cuando hay decisiones que implican disposición de bienes del menor —como una partición o una venta— para lo cual puede requerirse autorización judicial específica. No es un obstáculo insalvable, pero sí un factor que los herederos adultos deben tener en cuenta al planificar el trámite.

El juicio sucesorio no es un trámite menor ni puramente burocrático: es el proceso mediante el cual se transmite el patrimonio de una vida entera. Las dudas que genera son comprensibles y legítimas. Conocer de antemano las respuestas a estas preguntas frecuentes permite afrontar el proceso con mayor serenidad, tomar mejores decisiones y evitar los errores más comunes que suelen complicar innecesariamente lo que podría resolverse de manera ordenada.

Ante cualquier situación concreta, la consulta con un profesional del derecho sigue siendo la mejor inversión.

Por Javier Silva, abogado especialista en Derecho Sucesorio y Registral

Antes de firmar una reserva. Antes de un boleto. Antes incluso de sentarse con el escribano. Hay algo que debería ser innegociable: el informe de dominio.

¿Por qué es tan importante? Porque en la provincia de Buenos Aires la seguridad jurídica inmobiliaria se organiza a través del Registro de la Propiedad Inmueble.

Su función no es decorativa. Es estructural.

El Registro de la Propiedad Inmueble publicita quién es el titular, informa hipotecas y embargos, registra medidas cautelares, otorga oponibilidad frente a terceros.

En términos simples: lo que está inscripto produce efectos jurídicos frente a todos.

Eso es publicidad registral. Y es lo que transforma un dato en una realidad jurídica.

Entonces, ¿qué es el informe de dominio? Es la radiografía jurídica del inmueble.

Permite saber:

*Quién figura como titular registral.

*Si existen hipotecas.

*Si hay embargos.

*Si pesan restricciones.

*Si hay medidas cautelares inscriptas.

Pero acá está el punto clave: no alcanza con pedirlo. Hay que saber leerlo.

Una anotación mal interpretada puede cambiar completamente una operación.

No solo importa el inmueble. Importa también la persona que vende.

La inhibición general de bienes es una medida judicial que impide disponer del patrimonio.

Si una persona está inhibida:

*No puede vender válidamente.

*No puede hipotecar.

*No puede transferir derechos reales.

Aunque el inmueble, en sí mismo, no tenga gravámenes.

Y este es uno de los errores más frecuentes en operaciones informales.

¿Por qué puede estar inhibida una persona?

Algunas causas habituales:

*Juicios por deudas.

*Reclamos civiles o comerciales.

*Procesos laborales.

*Medidas cautelares patrimoniales.

*Concursos o quiebras.

La inhibición no siempre implica insolvencia definitiva. Pero sí revela un conflicto judicial activo. Y eso modifica el riesgo jurídico de la operación.

Se analiza el precio. Se mira el estado del inmueble. Se prioriza la urgencia. Y el análisis registral queda para el final.

En materia dominial, ese orden suele salir caro.

Una regla profesional básica. Informe de dominio actualizado. Interpretación técnica.

Recién entonces, decisión.

En las operaciones inmobiliarias, los problemas graves casi nunca nacen el día de la firma. Nacen cuando se omite el análisis previo.

El informe de dominio no es un trámite administrativo. Es un instrumento de prevención jurídica. Y en conflictos dominiales complejos, muchas veces el litigio podría haberse evitado leyendo correctamente lo que el Registro ya estaba diciendo.

La seguridad jurídica no se improvisa. Se analiza.

Las precipitaciones registradas en San Pedro durante 2025 superaron en un 27,2 por ciento el promedio histórico correspondiente al período 1965–2025, de acuerdo con datos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro.

Con un acumulado de 59,8 milímetros en diciembre, el total anual de lluvias alcanzó los 1.338,2 milímetros, lo que representa un excedente de 286,2 milímetros respecto del valor medio histórico anual, estimado en 1.052 mm.

Según el informe del Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro, durante diciembre se registraron precipitaciones en seis jornadas, un valor inferior al promedio histórico mensual de 7,8 días. 

Los eventos más significativos ocurrieron los días 10 y 19, con acumulados de 22,8 milímetros y 17,5 milímetros respectivamente, siendo estos los registros de mayor magnitud del período analizado.

En paralelo, un trabajo vinculado al análisis de la situación de los cultivos en la costa norte bonaerense evaluó el estado del clima y de las distintas producciones durante los primeros días de 2026 en los distritos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate (https://bit.ly/InfDiag_260102). 

El informe se elaboró a partir de relevamientos a campo, consultas a productores y asesores, y el procesamiento de imágenes satelitales.

A lo largo de 2025, las precipitaciones mensuales fueron las siguientes: enero 26,5 milímetros (promedio histórico 117,9); febrero 221,9 (124,3); marzo 167,5 (128,1); abril 88,9 (96,4); mayo 245,7 (68,4); junio 17,3 (96,4); julio 42,0 (43,8); agosto 153,5 (96,4); septiembre 70,8 (62,9); octubre 135,0 (112,0); noviembre 109,3 (110,4); y diciembre 59,8 milímetros (109,6).

Pese a la abundancia de lluvias acumuladas a lo largo del año, en los últimos días productores de la zona advirtieron sobre la baja humedad en los suelos. “Si no llueve antes del domingo, tendré que regar los durazneros porque la tierra está seca”, expresó Omar, productor local, en referencia a sus plantaciones nóveles.

El calor extremo de los últimos días de diciembre ha influido y detrás la evapotranspiración que acelera la desaparición de la humedad superficial: “El día 31 de diciembre se registró la temperatura máxima absoluta del mes, con un valor de 37,8 °C, superando el promedio histórico de diciembre, que es de 35,3 °C”, expresó el informe del INTA.

En cuanto a las perspectivas climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante el verano se prevén temperaturas superiores a lo normal en el norte de la provincia de Buenos Aires, con precipitaciones que se mantendrían en valores normales, aunque con una distribución muy irregular.

Las temperaturas continuarán en valores extremos en nuestra región, con anomalías entre -2 y -4 grados para la época.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido informes especiales en los últimos días, con alertas por “eventos de temperaturas extremas fríos”. San Pedro estuvo incluido hasta este martes 24, día en que la mínima llegó a -2,6 ºC (la sensación térmica se aproximó a -6 ºC), según datos de la Estación Experimental del INTA. 

Para llegar a estas definiciones, el organismo explicó que el sistema se basa en los resultados del proyecto de investigación “Análisis de la mortalidad asociada a bajas temperaturas en la República Argentina en el período 2005-2015”. El mismo está realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera.

En esta investigación se analizaron y caracterizaron “los efectos de los días fríos y de las olas de frío del semestre frío (abril a septiembre) del período 2005-2015 sobre la mortalidad diaria en la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad bajo condiciones de frío extremo”.

Este es el sustento por el cual surgen las advertencias, porque las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo.

El SMN también emitió recomendaciones, indicadas por el Ministerio de Salud. Algunas de ellas son: 

*Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

*Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

*Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

*Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

*Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

*En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

*No fumar en ambientes cerrados.

*Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

Después de la reunión del Consejo Intermunicipal del Delta (CONINDELTA), llevada a cabo en Escobar, el concejal Martín Rivas presentó un pedido de informes pretendiendo saber los alcances del encuentro, y como correlato, un proyecto de ordenanza para crear la Dirección de Producción Minera en el organgrama municipal.

Rivas tomó conocimiento de la participación del intendente Cecilio Salazar y, quizás, de la existencia del CONINDELTA, organismo que conforman los distritos del noreste de la provincia de Buenos Aires, ubicados a la vera del río Paraná, entre San Nicolás y San Fernando.

La inquietud del edil pasa por querer saber los temas que se abordaron junto al ministro de Gobierno, Carlos Alberto Bianco, porque a su entender “han transcurrido 52 años desde la creación, sin que a ojos vista se evidencien los beneficios del mismo y el resultado de su acción, cuando ha sido investido de la administración del importantísimo recurso arenero adjudicado a la Provincia, del cual podrían ser beneficiarios todos los bonaerenses y no solamente los municipios ribereños”.

Además solicita saber cuál es el motivo por el cual no se cumple el mandato legal, y la presidencia se halla desde septiembre de 2012 en poder del Municipio de San Nicolás, las frecuencias de reunión, y la presentación de las actas y los balances de los últimos cuatro años, especialmente donde se consigne el canon arenero, principal recurso de los municipios que deben volcarse exclusivamente en obras relacionadas con la ribera.

Específicamente sobre San Pedro, Rivas quiere saber los metros cúbicos extraídos por las areneras locales y los controles realizados.

Desde su nacimiento, el CONINDELTA tuvo controles, que fueron los policías mineros. Y lo recaudado por el canon, en el caso de San Pedro se emprendieron varias obras, siendo una de las más salientes el Vía Crucis en la zona de la Aduana. Claro, eso fue durante la gestión de Mario Barbieri, cuando la ciudad contaba con recursos propios para algunas obras.

Es evidente que el tema repercutió en el concejal, que considera que esto debe ser un importante ingreso para el erario, distante de lo declarado en el presupuesto oficial del Municipio, que para este año figura con un estimado de 3 millones de pesos, una cifra muy modesta si se toma en cuenta el potencial de explotación local.

Por lo tanto, para darle una mayor importancia, considera que “debe agrandarse el Estado Municipal”: propone la creación de la “Dirección de Producción Minera”, dentro de la estructura de la Secretaría de Producción, cuya denominación pasaría a ser de “Producción, Industria, Comercio y Minería”.

“La miseria de Argentina se profundiza con la pandemia”, tituló el New York Times un informe dedicado a analizar la situación económica del país.

En el repaso de medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aparecen protagonistas de la vida cotidiana del país, entre ellos un productor sampedrino.

Presentado como “un agricultor que siembra soja, maíz y trigo y cría ganado en las afueras de Buenos Aires”, una de las voces que toman los periodistas Peter Goodman y Daniel Politi para la nota es la del sampedrino Martín Palazón, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro, organización en la que es secretario de la Comisión Directiva que preside Edgardo Salmoiraghi.

Palazón aparece en un apartado de la nota en la que Goodman y Politi dan cuenta de que el Gobierno nacional “ha aumentado los impuestos a las exportaciones, lo que enfureció a los ganaderos y agricultores”. En ese marco, habla el productor sampedrino:

“Pasas más tiempo completando planillas para el gobierno que produciendo”, citan que “se quejó Martín Palazón”.

Allí se habla de “los lamentos de las empresas argentinas” y de una “creciente presión sobre los pobres coinciden” que, paradójicamente, “coinciden con la realidad de que las perspectivas del país ya están mejorando”.

El informe finaliza con un análisis que señala que “se espera que la economía de Argentina se expanda en casi un 7 por ciento este año”, impulsada por “exportaciones de soja”.

La nota comienza con la historia de la familia de Carla Huanca, una mujer que sobrevive con su familia en un barrio pobre porteño y avanza sobre el análisis de la economía argentina al calor de la situación mundial provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

También forma parte de la nota de Goodman y Politi publicada en el New York Times el 19 de abril pasado las negociaciones que encabezó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reelaboración del calendario de pagos de la deuda del denominado “rescate” de ese organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri, con un paquete de $ 57 mil millones de préstamos otorgados a Argentina en 2018.