Un informe de La Nación + retomó hace pocos días la situación que viven los habirantes de las 84 Viviendas, ubicadas en Villa Depietri y que permanecen inconclusas.

El último domingo de septiembre se conoció un informe en el que el canal de cable reflotó el tema y repasó los avatares de la obra iniciada en el 2021. 

Después de ser sorteadas, las familias adjudicatarias tomaron posesión de la propiedad en 2024, ante el riesgo de usurpaciones.

En el medio, una intervención que luego se judicializó, por parte de la empresa Arcor, que planteó que el Municipio incumplió el cargo de donación de los terrenos.

La empresa reclama que allí podían edificarse casas, pero destinadas a quienes residen en la zona de barrancas, desde la bajada Vapor Nacional Correo hasta el final del camino costero, en el Bajo Cementerio.

Entre el pleito y la posterior desaparición de la empresa constructora (Cooperativa Grupo Alfa), las viviendas quedaron incompletas. Fueron los adjudicatarios quienes, de acuerdo a sus posibilidades, les dieron forma colocándole las aberturas, pisos, arreglos de techos, cloacas y diversos pormenores con la finalidad de hacerlas habitables.

En el informe de La Nación + se destaca que para la Municipalidad el proyecto estaba casi terminado (98 %), pero la realidad muestra una falta de infraestructura básica como alcantarillado, calles pavimentadas e iluminación en el barrio, además de todo —mucho— que quedó por hacer en el interior de cada casa.

Los residentes afirman que el Municipio ha estado ausente en gran medida, sin haber proporcionado los recursos prometidos. Lo nuevo, ahora, es la promesa de dotar de iluminación en derredor del barrio.

La palabra “estafa” está latente en el informe, donde aparece Ana Tabbita, una de las adjudicatarias, para un recorrido por la realidad de estos días. 

Consultada acerca de si se avanzó en alguna mejora, Tabbita fue contundente: “Sigue todo igual. Cada uno fue haciendo su casa, terminándola, arreglando los techos. Yo recién lo pude hacer el mes pasado porque se llovía. Las calles están totalmente con pozos y barro. Lo que nos prometieron ahora, que es lo que están haciendo, es tratar de ponernos la luz”.

El litigio impone limitaciones. El caso de dotar de energía tiene su impedimento. “No nos pueden poner la luz como a cualquier barrio. Entonces la van a poner por fuera del perímetro”, dijo la adjudicataria, mientras que, hace más de un mes, se observa la tarea de poner los medidores para cada domicilio.

Sobre el estado de las calles, Tabbita contó que pidieron tosca, “por lo menos como para llevar a nuestro hijo a la escuela, o entrar y salir del barrio, no tener que ir con barro. Según lo que nos dijeron en la Municipalidad, en Obras Públicas, nos habían mandado 20 camiones con tosca. Y la verdad, si la llevaron fueron dos o cuatro como mucho. No sé dónde están los otros”.

“Al intendente no le gusta que yo salga a hablar, pero bueno, tampoco nos escucha. Entonces, que nos mande los camiones de tosca. A las casas las iremos terminando cada uno”, agregó.

Sostuvo que está agradecida por contar con una vivienda, mientras recalcó la necesidad de tener energía en sus hogares.

En una parte de la entrevista, pintó un panorama de la ciudad: “En general San Pedro no está bien, porque no hay obras. En las calles hay un pozo atrás de otro. Está bastante feo en lo que es su mantenimiento”, mientras se lamentó de que “una ciudad tan linda esté tan venida menos con la gente que tiene. Es hermosa también porque la gente del barrio, que somos todos trabajadores, la peleamos todos los días, todos tenemos hijos”.

Parte de esa pelea también se relaciona con una construcción defectuosa, como cañerías mal instaladas, que les obligan a realizar costosas reparaciones.

Tabbita describió lo que los fortalece, que es el apoyo mutuo entre los vecinos, que no solo a duras penas van mejorando su hábitat, sino también pugnan para que cumplan las promesas de infraestructura.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio quieren que los terrenos de Arcor ubicados en la c costa frente a sus viviendas se conviertan en espacio público. A fines de agosto, tras una reunión con el intendente, informaron que Salazar les dijo que “lo va a declarar de utilidad pública”, paso previo a una ley de expropiación.

Ello le valió críticas de la oposición —el candidato a intendente Ariel Rey expresó “gran preocupación” por el tema— y ahora del Centro de Comercio, que se expresó a través de una nota enviada al Gobierno y al Concejo Deliberante en la que señalan su “rechazo” a “la sola intención de pensar en una medida que atenta al desarrollo actual y futuro de nuestra ciudad”.

En el texto, la institución que conduce Raúl Cheyllada y de la que es socia la empresa Arcor, considera “una enorme contradicción” del Gobierno sus manifestaciones de “deseos de crecimiento, oportunidades de nuevas inversiones, radicación industrial, apoyar la búsqueda de puestos de trabajo, crear un parque industrial” con “la intención de expropiar propiedad privada”.

“Daña la confianza en nuevos emprendimientos, desalienta el desarrollo y, lo que es peor aún en el contexto actual, pone a riesgo que una de las empresas más importantes de la ciudad analice una potencial relocalización hacia una ciudad más amigable a la inversión.

El Centro de Comercio señaló que esa zona, próxima al puerto local, debería “orientarse al desarrollo económico como un facor estratégico” en lugar de verse “razonable para un barrio residencial o una plaza”.

Por ello, la entidad pidió en la nota dirigada al intendente y al Concejo que “la intención de expropiación de la propiedad privada pretendida por el Gobierno local quede desestimada”.

Mientras que los vecinos anunciaron que el intendente Cecilio Salazar les dijo en una reunión que es su voluntad enviar un proyecto al Concejo Deliberante para sancionar una ordenanza que declare de interés público y sujeto a expropiación ese terreno, la empresa afirma que había “acuerdo” con el Municipio para disponer el alambrado.

Arcor radicó la denuncia penal por “turbación de la propiedad” contra los vecinos del barrio y amplió su presentación con datos acerca de quiénes serían los organizadores de la manifestación y los autores de las situaciones de violencia que hubo el miércoles, cuando impidieron que se colocara el alambrado perimetral, en cuyo marco hubo una persona herida.

Un trabajador de la empresa contratista para el cercado recibió un piedrazo que le provocó heridas cortantes en el rostro, por lo que Arcor planteó a la Justicia que además de la turbación de la propiedad hubo lesiones, amenazas y robo de postes de cemento que disponían para instalar el alambrado.

La empresa multinacional no tiene voceros disponibles para las consultas de la prensa y a La Opinión sólo remitieron un comunicado firmado por la agencia de prensa Ballero, Luc & Asociados en la que aseguran que “los trabajos de delimitación” que llevaba adelante un contratista habían sido “acordado con las autoridades municipales”.

“Dichas tareas se llevaron adelante de pleno derecho y en resguardo de su propiedad privada, tras ser comunicadas fehacientemente al Municipio”, agregaron en el texto remitido a esta redacción sin otra firma que los contactos de la agencia de comunicación.

En ese comunicado señalan que “la empresa expresa su repudio a los actos de violencia ocurridos en inmediaciones del lugar y confía en que las autoridades municipales correspondientes arbitrarán los medios para evitar que estos hechos sucedan en un futuro”.

Mientras que los vecinos sostienen que hubo un actitud “represiva” por parte de la Policía y el personal de una empresa de seguridad privada que fue a resguardar a los representantes de Arcor, testigos que estaban dentro del predio al momento del inicio de las tareas para colocar el alambrado aseguraron que “no hubo ninguna situación con los manifestantes”.

“El único herido fue una persona que estaba alambrando, al que le pegaron un piedrazo en la cara y tuvo que ir la ambulancia”, dijo el testigo. Además, aseguró que la policía venía interviniendo bien hasta que les dieron la orden de no intervenir, de que no hicieran nada”.

“Ahí empezó la lluvia de piedras”, aseguró y graficó: “Había personas con gomeras, así lastimaron a este trabajador. Al principio fue pacífico, algún grito y amenazas, pero una vez que le dieron la orden de que no actúen a la policía, ahí se fue un poco de las manos todo”.

Durante la mañana del miércoles, quien se desempeña como nexo entre la empresa y los vecinos en materia de seguridad, se presentó en el predio para comenzar con la delimitación de los terrenos que pertenecen a la empresa.

Allí, la comisión de vecinos resistía frente a la posibilidad de instalación de una arenera que fue anunciada por el empresario Santiago Lawson para San Marco Trading. Esa iniciativa espera desde 2022 una autorización provincial pero desde el municipio y el barrio, entienden que hoy por hoy no es una actividad adecuada para la zona salvo que represente la posibilidad de expansión de la operatoria del puerto.

Hubo algunas discusiones y la llegada de efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Policía sirvió para garantizar que los obreros pudieran comenzar la tarea para colocar los postes que sostendrán el alambrado. Se vivieron momentos de tensión y resta saber cuál será la delimitación que efectuarán ya que no se puede impedir la libre circulación a la vera del riacho ni el tránsito en la calle que se extiende hasta la zona del cementerio.

Indalar primero y Arcor después, tienen la obligación de mantener en condiciones su predio pero históricamente y desde que la firma cedió con cargo al municipio varias manzanas en el Barrio Depietri para que sean trasladadas las familias que habitan el lugar, nunca se había planteado un conflicto judicial.

Una medida cautelar interpuesta por Arcor, declaró nulos los sorteos del Plan de 84 viviendas y de allí en más se comenzó a imaginar una salida consensuada. Los vecinos piden un paseo público para la zona y si es necesaria la expropiación de ese predio costero. El Intendente les dijo en una reunión que la empresa le ha pedido que se respete su propiedad y que “no van a construir un muro”, pero lo cierto es que han pasado los meses y la cuestión de fondo no se resuelve.

Tras la reunión en la que vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio pidieron al intendente que “expropie” los terrenos de Arcor frente a sus viviendas, el abogado Daniel Spirópulos, que oficia de intermediario y la empresa en la instancia conciliatoria extrajudicial por las 84 viviendas, aseguró que la empresa “va a alambrar” ese predio costero.

“Arcor anticipó que va a ejercer su derecho a la propiedad y va a alambrar los terrenos”, dijo el abogado el sábado en Sin Galera, tras conocer el pedido de los vecinos del barrio relacionado a la expropiación. Al respecto, recordó que “el derecho a la propiedad es inviolable” y que para expropiar es necesario sancionar una ley e indemnizar al propietario.

“Pareciera que hay vecinos que quieren impedirlo, porque creen que está mal y que eso debería destinarse a un espacio público. A priori no se puede, la propiedad es inviolable, no puede venir cualquier a decir esto se debe hacer o no”, explicó Spirópulos.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, nucleados en la comisión de fomento Barrios Unidos, elevaron una nota al jefe comunal para solicitar la declaración de utilidad pública y expropiación para convertir ese terreno en un espacio de esparcimiento, tal como propusieron desde que comenzaron a organizarse para oponerse a la instalación de la arenera que anunció el empresario Santiago Lawson en ese lugar.

“Si Arcor quiere poner una arenera, debe transitar todo los organismos pertinentes para que la autoricen, y si cumple con esos recaudos, es lícito; si quiere poner un alambrado, también lo puede hacer y no pude haber un particular que diga caprichosamente si lo puede o no lo puede hacer”, dijo Spirópulos.

El abogado advirtió que si alguien se opusiera “por la fuerza” estaría incurriendo en “un delito que debe ser castigado”. En ese sentido, afirmó: “Arcor tiene un derecho incuestionable de alambrar el terreno y quien quiera evitarlo estará cometiedo un delito”.

Luego de que la Cámara confirmara que el sorteo organizado por el municipio para adjudicar las casas del barrio no es válido, el móvil de Sin Galera recorrió el barrio. Los anuncios del mes de febrero habían confirmado que las casas serían entregadas a su nuevos propietarios a fines del mes de junio o en julio.

El revés judicial y las demoras en las obra abren ahora un compás de espera. Hay unidades habitacionales que ya están pintadas pero otras que todavía no. La mayoría ya tiene los pisos colocados pero faltan las aberturas. En el predio todavía persisten las montañas de tierra entre las filas de viviendas.

Desde el Municipio aún no hubo declaraciones respecto de cómo seguirá el proceso, puesto que mientras la Justicia resuelve la cuestión de fondo todo lo relacionado con el sorteo carece de validez, de acuerdo a la cautelar que quedó firme tras la resolución de la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Humano había comenzó a constatar la situación de cada preadjudicatario para, en caso de alguna observación, dar lugar a los suplentes.

El Gobierno y la empresa Arcor, que reclama el cumplimiento de la ordenanza sancionada cuando se donaron los terrenos con la condición de que sean destinados a las familias que por entonces ocupaban los terrenos de propiedad de Indalar, mantienen conversaciones extrajudiciales.

El plan del Municipio era hacer entrega de este plan de viviendas, el primero en San Pedro desde el año 2007, antes de las elecciones Primarias, pero el revés judicial y las demoras en la obra lo impiden.

El futuro de las 84 casas construidas detrás del antiguo caserío de Depietri dependerá de lo que resuelva la Justicia o de lo que puedan acordar la empresa y el Estado local por fuera del fuero contencioso administrativo, donde tramita la causa.

Arcor pidió que se cumpla el cargo de la ordenanza de 2004 o que le devuelvan el terreno; en última instancia, que le paguen el predio a valor actual de mercado. La Municipalidad sostiene que los términos de aquel acuerdo están cumplidos. Esa diferencia es la que deberá resolver la jueza Fulgheri.

Lo había adelantado el titular de la Comisión de Fomento del Barrio Arcor en Radio Cuarentena, pero nadie había accedido a la copia y al documento que hoy revela que efectivamente en septiembree de 2021 se le recordó a la municipalidad cuáles eran las familias inscriptas en el plan que comenzó a ejecutarse en tiempos en los que se donó “con cargo” la superficie para relocalizar en la zona de Depietri a todos los vecinos del Bajo Puerto que ocupaban las tierras de Indalar.

Por ahora el intendente y su secretario de Obras Públicas mantienen silencio en torno a la situación que se desató con la empresa que mediante la Ordenanza 5.422 dispuso que la cesión de “las fracciones de terrenos ofrecidas en donación se utilicen única y exclusivamente para la construcción de las viviendas, que serán destinadas a la reubicación total de las personas alojadas actualmente en los terrenos de propiedad de la donante. Los terrenos desocupados serán destinados a la construcción de la terminal portuaria”.

La misma norma, sancionada el 8 de julio del año 2004 indica que “para el supuesto caso de incumplimiento de esas condiciones, INDALAR S.A., podrá revocar la donación y exigir la devolución de las fracciones de terreno…”. Las primeras ochenta casas se construyeron y entregaron a sus beneficiarios, pero la segunda parte nunca se ejecutó hasta que el exintendente Pablo Guacone le recordó al por entonces ministro Julio De Vido que “él era el único intendente que no había podido entregar ni una vivienda”. El funcionario le respondió que esa situación había sido generada por su antecesor Mario Barbieri cuando decidió sumarse a la protesta del campo en el año 2008. Sobre el final de la gestión de Fabio Giovanettoni -hoy también funcionario- con la validación del arquitecto Carlos Codern colocaron el cartel e hicieron el anuncio para un barrio de 88 viviendas.

El tiempo pasó y durante el verano de 2021 Cecilio Salazar vio la posibilidad de conseguir un plan de viviendas, consultó a uno de sus colaboradores sobre algunas manzanas para destinar a planes habitacionales y le respondieron que las de Depietri habían quedado inconclusas. En 2015, el único que recordó que había un listado de adjudicatarios fue el arquitecto Adolfo “Fito” Bennincasa, en 2021 nadie dijo, nadie pudo o todos olvidaron ese compromiso.

La nómina que hoy publica La Opinión contiene los nombres de las familias que esperaban desde 2007 y de las relevadas en 2015 cuando se abrió la posibilidad de construir. No es la única documentación. Arcor también remitió advertencias cuando supo que se programaba y licitaba la obra. El 22 de enero de 2022 hubo una notificación escrita y en febrero de 2023, la empresa también asegura haber enviado una carta documento al Concejo Deliberante.

La nota con las familias que deberían haber sido tenidas en cuenta como prioriadad antes del llamado a inscripción tiene fecha de ingreso por Mesa de Entradas el 28 de septiembre de 2021. Con letra manuscrita Ismael Martínez se dirigió a Cecilio Salazar para decirle que “le dará a conocer una situación que preocupa tanto a vecinos y comisión de fomento del Barrio Arcor”.

En esa carta exponen la situación de hacinamiento en la que quedaron varias familias numerosas y pidieron que una vez agotado el listado de los beneficiarios primarios se tengan en cuenta familiares y vecinos de Bajo Cementerio y Bajo Puerto.

En Octubre de 2021, los vecinos fueron por más y adjuntaron una serie de firmas para reclamar el cumplimiento de lo acordado con aquel plan de 160 casas que quedó inconcluso.

Los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron reuniones con la directora de Comisiones de Fomento, Jimena Mariño, para organizarse como tal luego de agruparse para impedir la instalación de una arenera en los terrenos de Indalar, ubicados frente a su vivienda.

Este lunes, un grupo integrado por quienes residen en inmediaciones de La Boga Verde limpió la zona portuaria, lindera al Puerto San Pedro, y planificaron hacer lo propio en el predio de Arcor en el transcurso de la semana.

Los vecinos impidieron hace 10 días que personas contratadas por Santiago Lawson, el empresario que proyectó la arenera en ese terreno, pasara el arado y advirtieron a la Municipalidad respecto de los movimientos que se pretendían hacer.

El expediente iniciado por el empresario, que solicitó factibilidad para la instalación de la arenera, no avanzó puesto que Lawson no volvió a presentar la documentación que se le requirió en el Municipio para continuar el proceso camino a una eventual habilitación.

Los vecinos siguen organizados y volvieron a presentar una nota al Gobierno para recordarles la solicitud de que el espacio próximo a la costa se convierta en una especie de Paseo Público y que se oficialice el uso que ya le dan sampedrinos y turistas.

Además, remitieron nota a la Autoridad del Agua para que defina el camino de ribera y elevaron un expediente a la Defensoría del Pueblo en La Plata para que ese organismo también intervenga ante sus planteos.

Los vecinos de la zona de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que desde hace un tiempo están organizados ante la posibilidad de que se instale una arenera en el terreno de Indalar / Arcor ubicado frente a sus viviendas, incluyeron entre sus planteos a la empresa San Pedro Arenas S. A., que tiene su actividad al final del camino Vapor Nacional Correo.

En ese marco, habían elevado una nota al Concejo Deliberante para solicitarle que “arbitre los medios necesarios” para que San Pedro Arenas “cumpla con la normativa vigente” y solicitaba información respecto de “la audiencia pública obligatoria que tendía que haberse realizado antes de otorgar cualquier permiso”, el estudio de impacto ambiental correspondiente y la situación de incumplimiento de la ordenanza que obliga a instalar silos, que acompañaron con fotografías.

La presidenta Mónica Otero firmó una respuesta que fue redactada con fecha 14 de noviembre y que fue entregada a los vecinos en virtud del planteo que habían elevado sobre San Pedro Arenas.

Allí señalan que esa empresa fue autorizada por ordenanza municipal para la instalación de una planta para depósito, acondicionamiento y comercialización de arena, aprobada en junio de 2011.

Sobre el procedimiento de audiencia pública que prevé la ley general de ambiente que rige en el país, Otero les informó a los vecinos que “no se tiene conocimiento de que se hubieren realizado” y que la normativa “la señala como uno de los posibles mecanismos de consulta, no siendo éste excluyente”.

“Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, dice el artículo 20 y “la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”, el 21.

Sobre la solicitud del estudio de impacto ambiental obligatorio, la presidenta del Concejo señaló que el expediente en el que constan las actuaciones está en poder del Ejecutivo, por lo que deberían dirigirse a ese poder del Estado.

De la misma manera, Otero les indicó que deberán dirigirse al Ejecutivo para el planteo relacionado con el incumplimiento de la ordenanza que rige el funcionamiento de las empresas areneras en el distrito.

Los detalles que los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio recibieron esta semana por parte de funcionarios del gabinete municipal en relación al proyecto de instalación de una arenera frente a sus viviendas, en el predio de Indalar / Arcor, fueron informados públicamente este viernes en Radio Cuarentena por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar.

El funcionario destacó que lo que elevó la firma San Marcos Trading, con Santiago Lawson a la cabeza, fue el pedido de prefactibilidad por zonificación y el plano con una descripción grosso modo de lo que proyectan en el predio, lo que Baraybar consideró un anteproyecto muy incipiente.

“Todavía falta el proyecto de lo que se pretende hacer, que es el que se evaluará”, dijo el funcionario y explicó que la empresa debe presentar una carpeta con la memoria descriptiva de lo que pretenden instalar en el lugar, “que contemple todas las cuestiones legales y ambientales, debidamente fundado y con todos los resguardos”.

Como adelantó La Opinión este viernes, recordó el terreno está en una zona que para la ordenanza de uso y ocupación del suelo es de “reserva” para expansión industrial o de cortinas forestales, por lo que la decisión final la tendrá el Concejo Deliberante.

Para que los ediles tomen intervención y evalúan la viabilidad del proyecto, debe haber una propuesta de ordenanza emanada desde el Ejecutivo, es decir una decisión política del intendente de impulsar la iniciativa, lo que sólo podría suceder una vez que el Gobierno tenga toda la carpeta y, tras haberla analizado, haya decidido que es relevante par la comunidad.

“Claramente es un anteproyecto al que le faltan infindiad de cuestiones. Obras Públicas está informándole todo lo que necesita presentar”, señaló Baraybar sobre lo que hasta el momento presentó Lawson.

El secretario de Gobierno dijo que a todos los inversores que se acercan al Municipio s les informa los requisitos para su proyecto y se procura guiarlos en el proceso para que, con esa normativa cumplida, pueda propiciarse su plan de inversión.

“La mirada siempre es la de recibir a los inversores y atenderlos como corresponde, pero también de exigirles todos los requisitos que deben cumplir”, sostuvo Baraybar.

“Con este o cualquier otro inversor, nosotros lo atendemos, vemos qué necesita, cómo podemos colaborar para que complete los trámites administrativos, pero debe presentar todo lo que se necesita para una inversión de este tipo”, explicó.

El plan de la empresa San Marcos Trading de instalar una arenera en el predio que Indalar / Arcor posee frente a los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio deberá, de acuerdo a la normativa vigente, contar con una ordenanza específica sancionada por el Concejo Deliberante.

Es que el terreno está ubicado en una zona que la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la San Pedro 2000, tiene establecida como de reserva para la expansión industrial o cortinas forestales. Es decir que ante la posibilidad de un proyecto de cualquier característica, primero los concejales deberán definir por una u otra posibilidad.

Para que el Concejo trate el tema lo que debe ocurrir antes es que el Ejecutivo proponga la ordenanza, es decir envíe al HCD un proyecto en el que el intendente, como cabeza del Gobierno, solicite a los ediles la aprobación de una norma que permita el avance de la propuesta de la empresa.

Todo ello, claro está, sólo será posible si Santiago Lawson y la firma que preside cumplen con los requisitos que corresponden para que el Estado local pueda hacer una evaluación, a través de los poderes representativos, sobre la viabilidad del uso de esa zona —el terreno es privado, pero la zonificación responsabilidad pública— para esa actividad en particular.

Como publicó La Opinión la semana pasada, hasta el momento la empresa San Marcos Trading sólo pidió la factibilidad de instalación de una arenera en ese predio. De hecho, lo hizo porque necesita ese certificado de conformidad para ir a Provincia a solicitar el de aptitud ambiental, para lo que debe elevar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La intención inicial de Lawson era instalar una cabecera dentro del Puerto. Ante las dificultades burocráticas que ello representaba —debía presentar un proyecto a Provincia, tal como hizo Grobocopatel Hermanos—, se inclinó por acordar con Arcor el alquiler del predio frente a Bajo Puerto y Bajo Cementerio.

Así fue que en mayo elevó una nota a la Secretaría de Gobierno municipal con sus intenciones de inversión y en julio presentó la solicitud de la conformidad de zonificación, solicitando una respuesta rápida para acompañar el expediente a enviar en La Plata.

En Obras Públicas redactaron un dictamen en el que se explica que eso es zona de reserva para expansión industrial o cortinas forestales y dispusieron consulta a la Dirección de Ambiente, que se expidió respecto de que el predio no está ubicado en un lugar considerado “reserva de bosque nativo”, lo que implica que no hay impedimento de ese tipo para el proyecto.

San Marcos Trading presentó luego una nota en la que explica someramente la actividad a desarollar, con el plano que La Opinión reveló la semana pasada: la calle interna, el cerco de hormigón, las oficinas, la balanza, el espacio de acopio de arena.

Esa especie de “memoria descriptiva” no cumple con los términos de la ordenanza vigente sobre la instalación de areneras, que también La Opinión difundió en detalle, por lo que le hay un dictamen en el que se le explica que deben proyectar silos y diseñar un “plan de manejo de arena”.

La última presentación que hizo la empresa lleva la firma de un ingeniero local y fue elevada hace alrededor de 10 días, cuando ya había empezado la polémica con los vecinos.

La empresa deberá presentar, además de ese proyecto diseñado de acuerdo a lo que dice la ordenanza, con el requerido plan de manejo, un estudio de impacto ambiental, el contrato de alquiler con Arcor y copia de la escritura del predio.

Recién con todo ese expediente completo, el Gobierno estará en condiciones de elevar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para solicitar que los ediles evalúen si esa zona de reserva se dispone como industrial para el desarrollo de la actividad propuesta, en cuyo caso además deberá fijar las condiciones de uso, cuyo cumplimiento será obligatorio para la habilitación final y la puesta en marcha de la arenera.

Como este medio advirtió desde el primer día que comenzó el debate público por el tema, Santiago Lawson y San Marcos Trading no pueden hacer nada que implique movimiento de máquinas o instalación de estructura en el predio. Es más, si algo de eso sucede, la responsabilidad será de Arcor.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y el de Obras, Javier Silva, recibieron en nombre del intendente interino Ramón Salazar a un grupo de vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, quienes habían solicitado audiencia en relación al proyecto de instalación de una arenera de la empresa San Marcos Trading en el predio de Indalar, frente a sus viviendas.

“Nos dijo que Lawson sólo tiene presentado lo de la zonificación del suelo y que le van a dar carpeta para que vayan presentado para cumplir con todos los trámites previos”, dijo Karina Cariaga, una de las vecinas que participó de la reunión, en Radio Cuarentena este miércoles.

“No dijeron que todo lo que vayan haciendo nos lo van a ir informando”, aseguró la vecina, quien también había participado de la reunión en la que Santiago Lawson les explicó los planes que tenía en ese predio.

“A nosotros nos perjudica, así que llegado el momento nos tocará hacer una demanda, un amparo ante Ambiente”, sostuvo sobre lo que ocurrirá una vez que San Marcos Trading cumpla con los requisitos que le solicitan.

Además, adelantó que harán una presentación formal para que San Pedro Arenas, la arenera ubicada al final del camino del Bajo Cementerio, cumpla con la ordenanza que establece que deben acopiar arena en silos y no en piletas a cielo abierto.

El intendente interino Ramón Salazar recibirá este miércoles por la mañana a cuatro representantes de los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio, que le habían solicitado una audiencia en relación a la arenera que la empresa San Marcos Trading proyecta en los terrenos de Indalar, frente a las viviendas que habitan.

Los vecinos de la zona habían reunido firmas y elevaron la solicitud de audiencia luego de conocer, por relato de trabajadores que prestaban servicio en el predio, las intenciones de una empresa, que resultó ser San Marcos Trading, de Santiago Lawson, de instalar una arenera en ese lugar.

Desde ese pedido de audiencia hasta ahora, los habitantes de Bajo Puerto y Bajo Cementerio mantuvieron una reunión con el propio Lawson, quien les explicó, tal como hizo el sábado en una extensa entrevista que ofreció en Sin Galera, los alcances del proyecto que tiene para ese predio.

Los vecinos quieren que el Gobierno les informe respecto de la arenera y hasta ahora lo que se sabe es que la empresa San Marcos Trading elevó una consulta sobre la factibilidad de puesta en marcha de una actividad comercial de ese tipo en esa zona, de acuerdo a lo que establece la ordenanza de uso y ocupación del suelo vigente, conocida como San Pedro 2000.

Para la concreción del proyecto que Lawson explicó, debe cumplir con una serie de requisitos locales y provinciales, entre ellos la certificación de estudio de impacto ambiental y la instalación de silos para el acopio del material, que en San Pedro no se puede hacer a cielo abierto, por ordenanza.

Esta semana La Opinión reveló detalles del plan de instalación de una arenera de la empresa San Marcos Trading S. A. en el predio de Indalar ubicado frente a Bajo Cementerio y Bajo Puerto, luego de que el propio dueño de la firma, Santiago Lawson, se reuniera con vecinos para explicarles el proyecto.

El plano que les mostró Lawson a los vecinos indica que en el extremo próximo al puerto dispondrá el acopio de arena, oficinas y una balanza, y que la circulación de camiones será por un camino interno paralelo al actual del barrio, que irá por detrás de un muro con bloques de cemento con el que cercarán el terreno.

Toda intervención en la zona necesita permisos de autoridad competente en materia ambiental, puesto que se trata de un predio ubicado a la vera del río. Además, la empresa deberá cumplir con una serie de requisitos ante la Municipalidad para habilitar y comenzar a operar.

Hasta ahora, lo único que ingresó al Estado local fue una consulta sobre la factibilidad de esa actividad comercial en esa zona, de acuerdo a lo que establezca la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000, respecto de si se puede o no instalar una arenera en ese sector de la ciudad.

Pero además, para habilitar y operar la empresa San Marcos Trading S. A. deberá cumplir con todos los requisitos que establece el marco normativo local que regula la actividad, una ordenanza sancionada en el año 2008 que reglamentó el rubro a nivel local.

Esa ordenanza establece que está prohibido el refulado de arena sobre piletas de secado a cielo abierto desde Vuelta de Obligado al Bajo Campodónico. Es decir que quienes instalen una arenera “deberán acopiar este material en silos de hormigón o metálicos que se adecuen a este fin”.

Además, la norma establece que las empresas están obligados a acreditar el certificado de categorización e informe del organismo ambiental provincial sobrel correspondiente estudio de impacto ambiental.

Deben acreditar la titularidad de dominio o el permiso de uso del predio en el que desarrollarán la actividad —en este caso hay un contrato de alquiler— y presentar en Obras Públicas el proyecto, los planos del predio y un plan de manejo de la arena.

La ordenanza establece específicamente que “antes de comenzar con las actividades” la empresa “deberá haber obtenido la habilitación municipal con cumplimiento” de todos los requisitos dispuestos en esa normativa y en el resto de la que corresponde al comercio en general.

La resistencia de vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio ante las versiones respecto de la instalación de una arenera en el predio de la empresa Indalar, frente a sus viviendas, provocó que la firma responsable del proyecto se comunicara con ellos para mantener una reunión.

El propio Santiago Lawson, CEO de la firma San Marcos Trading S. A., se reunió con al menos tres vecinos del barrio para explicarles los planes que tienen en ese terreno costero. Les confirmó que instalarán una planta de acopio de arena y que cercarán de punta a punta con paneles de cemento.

Eso sí: les dijo que por ahora no van a cerrar la calle que bordea el río porque respetarán lo que se denomina “camino de sirga” y que en el extremo del Bajo Cementerio dejarán el espacio donde hay una plaza para el barrio y una canchita, de manera tal que además conecte desde esa zona con el riacho.

Les mostró el esquema que ilustra esta nota y les dijo que no utilizarán la calle del barrio que pasa por delante de las viviendas sino que los camiones circularán por dentro del predio en un camino paralelo interno que irá desde la zona de balanza y oficina, en el extremo norte del predio, hasta la salida, en la otra punta, para salir por la subida de la otra arenera.

Los vecinos le plantearon sus preocupaciones respecto del cuidado del ambiente y Lawson les aseguró que cuentan con los estudios de impacto ambiental correspondientes, al punto de que hasta les informó que tiene habilitaciones municipales y que el resto “está en La Plata”.

Desde el Gobierno local informaron a La Opinión que lo único que hay es una presentación formal para obtener los requisitos que establece la normativa camino a una habilitación comercial, es decir que recién comienza el trámite y lo primero es el establecimiento de la factibilidad respecto de la zonificación, según los términos de la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000.

Lawson les contó a los vecinos con los que se reunió que había hecho una propuesta para obtener la cabecera del muelle en el Espigón dentro de las instalaciones del puerto y que desde el propio Consorcio, cuando le explicaron que no se podía, le recomendaron el predio de Indalar / Arcor, que alquiló para la arenera.

Los vecinos que lo escucharon planificaban una asamblea con el resto del barrio para contarles el detalle de lo dialogado con Lawson, tras lo que definirán cómo seguir con sus planteos.

El reclamo que expusieron públicamente y que incluyó un pedido de audiencia al Gobierno local también fue elevado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Ambiente provincial, desde cuyo equipo les solicitaron detalles para analizar la situación.

La preocupación de los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio por la instalación de una arenera en los terrenos de la empresa Indalar frente a sus viviendas tiene asidero: hubo una consulta en el Municipio para avanzar en ese sentido.

La empresa San Marcos Trading S. A., que tiene negocios vinculados a la extracción de arena en la provincia de Entre Ríos, alquiló el predio a Indalar para la instalación en esa zona de bocas de descarga de arena proveniente del río y su plan es, como les dijeron trabajadores a los habitantes de la zona, cercar con bloques de cemento.

El titular de la empresa, Santiago Lawson, se reunió con vecinos para explicarles el proyecto y les dijo que un arquitecto local presentó todo en la Municipalidad. Además, les dijo que ya tenía “todo aprobado”.

La Opinión consultó en el Gobierno local desde donde funcionarios de primera línea confirmaron que hubo una presentación formal para el inicio de un trámite relacionado con la solicitud de factibilidad de la instalación de una arenera en ese predio, de acuerdo a la zonificación que especifica la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la San Pedro 2000.

En Obras Públicas le solicitaron que el plano que llevó con el proyecto lleve la firma de un ingeniero y le requirieron información para avanzar en el análisis de factibilidad por zonificación que solicitó la empresa a través de un arquitecto local contratado para ello.

“En el caso de que dé la zonificación, la empresa deberá presentar todas las cuestiones relacionadas con los requisitos que corresponden a este tipo de habilitaciones, desde las menores hasta las relacionadas con estudios de impacto ambiental, etc.”, explicaron fuentes del Gobierno.

“Por ahora, sólo eso”, señalaron desde el Estado local y agregaron: “Falta mucho para una eventual habilitación comercial”. Es decir que recíen se dio el primer paso para avanzar en la posiblidad de instalación de la arenera, por lo que el proyecto todavía no podría ponerse en marcha.

Desde hace unas semanas los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio están en alerta por la instalación de una arenera en el terreno de Indalar frente a sus viviendas, al punto de que reunieron firmas para solicitar una audiencia con el intendente interino Ramón Salazar para que les explique los alcances del proyecto.

La propuesta es de una empresa que hizo consultas en organismos locales y que forma parte del grupo que tuvo que paralizar su actividad en Entre Ríos tras un recurso de amparo que presentó el abogado ambientalista Ricardo Luciano, quien el sábado explicó en Sin Galera la situación en su provincia, del otro lado del río.

Este martes, el geólogo y exdelegado de la Dirección de Minería bonaerense Enrique Hopman explicó en Radio Cuarentena la diferencia entre la arena de sílice que extraen de canteras en Entre Ríos y la que se pesca en Paraná para comercializar desde San Pedro.

Además, detalló qué requisitos deben cumplir las empresas para instalarse en la costa local y aseguró que el mineral con el que se trabaja en esta zona no tiene los riesgos para la salud que Luciano expuso y a los que se enfrentan en su provincia.

“Lo que se va a instalar es una especie de playa donde se va a recibir arena que se extrae del Paraná”, dijo sobre lo que se sabe del proyecto en el predio de Indalar y señaló: “Escuchando lo que se hablaba el otro día con el abogado de Ibicuy, el concepto que ellos tienen de arenera es otro, porque son dos tipos de minerales que se extraen de manera distinta”.

Informó que la arena de sílice que va a Vaca Muerta y la que se utiliza habitualmente para la construcción tiene una distinción fundamental respecto de cómo se obtiene. “Las areneras que nosotros tenemos a lo largo de la costa son corralones donde, con barco propios o de otras empresas, descargan la arena, hay silos”, explicó.

“La arena que se usa para la construcción se saca del río Paraná, a través de embarcaciones adaptadas, los barcos areneros, que buscan bancos de arena que el río va arrastrando y depositando”, señaló Hopman y precisó que las areneras instaladas en la costa son “el lugar donde descargan” y se trata para depositar en los silos, se seca y va a los camiones que la llevan a destino.

“La actividad minera es la del barco. La de la arenera es un comercio, un depósito, un corralón, para la provincia eso no es una activida minera ni una industria, es una actividad comercial”, explicó.

Esas actividades tienen requisitos, como los estudios de impacto ambiental que necesitan los barcos para la extracción de arena del río. “Las areneras, para la Provincia, son corralones, sólo necesitan habilitación comercial municipal”, precisó y agregó que la Municipalidad “ha pedido estudios de impacto ambiental a las areneras” instaladas a nivel local, puesto que están en una zona que lo amerita.

Hopman destacó que en la provincia de Buenos Aires “no hay yacimientos de arena silícea” como en Entre Ríos, donde se extrae ese mineral en canteras. “Acá no existen, no puede haber explotación en provincia de Buenos Aires porque si uno ve el perfil geológico no hay”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que los vecinos de los barrios Bajo Puerto y Bajo Cementerio no podrían estar en riesgo de silicosis, una enfermedad pulmonar que produce la inhalación de partículas de sílice. “El polvo de arena no afecta los pulmones, lo puedo asegurar”, sostuvo el geólogo.

Hopman señaló que en el barrio los problemas pueden surgir por la circulación de camiones y el impacto que puede tener la aparición de un movimiento de esas características, es decir un conflicto “socioambiental” que debe ser analizado ante la instalación de una arenera, una cantera de tosca o una fábrica.

“Todas las provincias tienen leyes emanadas de la nacional, que se deben cumplir”, explicó sobre las explotaciones vinculadas a la actividad. “Hay reglamentaciones, intervinen varios organismos”, detalló.

Respecto de la posibilidad de que se instalen depósitos de acopio de arena de sílice en San Pedro señaló que “es posible” y que “hay sospechas de que en la ribera de Buenos Aires ya se está haciendo, aprovechando las areneras instaladas”.

“Para ello tendría que haber una carga de un barco de arena extraída de una cantera, no de río, del lado entrerriano, y navegar. No sé cuál es la ventaja o si hay trampa, no lo sé, pero hay sospechas de que ya se hace”, señaló.

“Si de eso se trata este proyecto, deberán gestionar ante las autorizaciones correspondientes en la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad”, explicó.

El sábado, luego de que el móvil de Sin Galera recorriera el predio de Indalar en Bajo Puerto y Bajo Cementerio, donde están preparando el terreno para la instalación de una arenera, los vecinos de la zona advirtieron que ahora había carteles que decían “prohibido arrojar basura”, “severas multas” y “Propiedad privada”.

Tamara, una vecina del barrio, dijo en el programa que vio una camioneta de la Municipalidad con empleados del Estado local “hace un par de semanas” que estaban en plena tarea. Había ido a buscar a su hijo a la escuela y le llamó la atención la situación. “¿Cómo puede ser que el Municipio utilice dinero del Estado para un privado?”, se preguntó.

La Opinión confirmó que la tarea estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Servicios Públicos que conduce Ariel Álvarez, quienes fueron al predio tras solicitar autorización a Indalar para limpiar la parte del predio próxima a la calle.

Los carteles fueron confeccionados por cuenta y orden de la empresa. El Gobierno local coordinó con Arcor / Indalar las tareas de limpieza en la calle, puesto que como hasta los caminos forman parte del terreno propiedad de la empresa, deben solicitar autorización.

“Había mucha mugre, mucha basura tirada sobre la banquina. Hicimos limpieza, fue una motoniveladora, la retroexcavadora, el camión, los vecios pedían la limpieza”, dijeron desde la Municipalidad y confirmaron: “Limpiamos todo, Arcor hizo hacer los carteles y los pusimos nosotros”.

Los vecinos de los barrios Bajo Cementerio y Bajo Puerto iniciaron acciones para protestar contra la instalación de empresas areneras en el predio que Indalar posee frente a sus viviendas, a orillas del riacho en inmediaciones del puerto.

En ese marco, pidieron una audiencia con el intendente interino Ramón Salazar para exigir explicaciones y advirtieron que intentarán resistir la instalación de la arenera porque, aseguran, podría haber riesgos ambientales.

El sábado en Sin Galera estuvo al aire el abogado ambientalista Ricardo Luciano, quien obtuvo cuato fallos favorables contra la actividad minera de las areneras en la provincia de Entre Ríos, entre ellos uno que obligó al Gobierno de esa provincia a clausurar areneras por no cumplir con la normativa vigente.

Luciano es abogado de la cooperativa de agua de Ibicuy, una zona que siempre tuvo actividad arenera. “Ahora hay sílice, que es como el litio. Es utilizdo para el fracking en Vaca Muerta. Al principio se importaba desde Estados Unidos y China”, explicó el ambientalista.

“El primer amparo fue porque negaron información pública. Ahí me hice de todos los expedientes y noté que había mucho incumplimiento de la normativa vigente. Hay una ley madre, que es nacional, que deben respetar todas las provincias”, dijo el abogado.

Uno de los fallos favorables que obtuvo logró que se clausuren “nueve areneras y cuato plantes de lavado que estaban trabajando en forma irregular”. En general, las empresas no habían renovado el certificado de aptitud ambiental, algo que deben hacer de manera obligatoria cada dos años.

“También hay un amparo por contaminación de los humedales y del río Paraná. Porque estas areneras, el sedimento que dejan, tapa los arroyos de la zona, modifica los cursos de agua y contaminan”, sostuvo el abogado Ricardo Luciano.

“Destruyen el medioambiente, contaminan el agua y la arena de sílice es un polvito que vuela por el aire y produce la silicosis, que es cáncer de pulmón. Nosotros lo estamos viviendo en Ibicuy y lo van a vivir ustedes ahí, el daño ambiental es complicado”, aseguró.

Una de las empresas que fue clausurada es del grupo San Marcos Trading, cuyo titular, Santiago Lawson, fue quien se presentó en San Pedro ante autoridades para informar que desembarcarían en el predio de Indalar.

“En Entre Ríos hay otras areneras en curso por instalarse. Vaca Muerta necesita mucha arena de sílice. Se están sumando areneras, algunas ya se sumaron y otras están en curso. El Gobierno de Entre Ríos se ocupa de solucionarles el problema”, denunció Luciano.