El detenido Lautaro Casas, que estuvo más de un mes prófugo tras escapar de la cárcel de Baradero, fue trasladado a la vecina ciudad para prestar declaración ante la Fiscalía 9 que conduce Vicente Gómez.

El delincuente fue indagado por la causa por abuso sexual cometido contra una adolescente de 16 años en la zona de islas, caso en el que comparte imputación con el también evadido de la Unidad Penal 11 Ariel "Zanahoria" Ferreyra, que se entregó.

Ferreyra se presentó por sus propios medios en San Nicolás para ponerse a disposición de la Justicia luego de que detuvieran a Casas y fue trasladado a Baradero, donde este miércoles le tomarán declaración indagatoria.

Evadido de la cárcel de Baradero tras no regresar luego de una salida transitoria, Ferreyra tenía orden de detención por intenteo de homicidio y también por el abuso.

Por su parte, además del caso de abuso Casas fue indagado en Baradero por una causa por robo agravado, puesto que cuando se escapó de la cárcel asaltó al empleado de una fábrica cercana al penal, a quien le robó la billetera.

Tras declarar ante Gómez, Lautaro "Hepatitis" Casas fue alojado en la Comisaría de San Pedro, donde aguarda la asignación de cupo en una unidad penal del Servicio Penitenciario.

Casas se escapó de la cárcel donde cumplía el tramo final de dos condenas por robo a mano armada. 

En San Pedro, antes de ser detenido, también cometió un robo a punta de pistola, delito por el que fue denunciado y en cuya causa prestó declaración indagatoria el lunes.

La investigación que la División Drogas Ilícitas llevó adelante para detener este jueves a un joven acusado de comercialización de estupefacientes en una vivienda de 11 de Septiembre 1350 comenzó con una denuncia por abuso sexual.

A Marcelo Ramírez le habían secuestrado el celular luego de que el año pasado lo denunciaran por el presunto abuso de una menor de edad del entorno familiar próximo.

Cuando abrieron el teléfono en la pericia se encontraron con una serie de chats que despertaron la sospecha acerca de la venta de drogas. Desde "tengo tantos gramos" a "puedo darte tanta plata y una campera". De ese tenor eran las conversaciones.

Fiscalía aplicó la doctrina del hallazgo casual razonable, conocida en la jerga judicial como "doctrina plain view (vista plana, en inglés)", que permite la incorporación de evidencia vinculada a un delito distinto al que autorizó el registro inicial.

Así, dispusieron el inicio de una investigación que llevó adelante el personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que incluyó el seguimiento para establecer que efectivamente los movimientos en la vivienda del imputado eran compatibles con el delito de venta de drogas.

Marcelo Ramírez fue aprehendido este jueves en un allanamiento que tuvo lugar en su domicilio, ubicado en 11 de Septiembre 1350, donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios listos para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

En su declaración indagatoria, Ramírez dijo que ese teléfono que le secuestraron en la causa por abuso y que contenía los chats que derivaron en la investigación por drogas no era suyo.

De la misma manera, aseguró que la droga secuestrada en su casa no le pertenece y sostuvo que era de su compañero de vivienda, que tiene problemas de adicciones.

Además, allanaron la vivienda de su novia, ubicada en Dávila al 700, una joven docente de primaria que no fue vinculada a la causa por venta de drogas y en cuyo domicilio secuestraron una escopeta recortada calibre 14.

Marcelo Ramírez fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también por "comercialización de estupefacientes", distinción que establece, para el segundo delito, que no es necesario el hallazgo de drogas para probar la venta, porque hay evidencia que permite establecerlo.

Quedó detenido imputado por homicidio en grado de tentativa Mariano Mendoza, agresor de Sebastián Villanueva, quien permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado tras sufrir una fractura de cráneo en una pelea que se desató en la escalera de un monoblock del barrio Fonavi.

Mendoza prestó declaración indagatoria en Fiscalía. Relató que discutieron, se trenzaron a golpes y que "rodaron juntos", que no lo quiso "tirar por la escalera" y que no tuvo intención de matarlo, como sostiene la acusación.

Sebastián Villanueva, de 33 años, estaba en el Fonavi con una mujer que resultó ser expareja de Mendoza, de 31, quien antes de la pelea la había amenazado por mensajes vía WhatsApp.

El detenido está imputado por tentativa de homicidio y la calificación podría ser aún más grave si se encuadra en la figura penal de "femicidio transversal": podría considerarse que intentó matar al otro motivado por odio de género, es decir con el propósito de causarle sufrimiento a su expareja.

Mendoza permanecerá detenido al menos durante el plazo de ley que Fiscalía tiene para reunir pruebas para pedir su prisión preventiva, que es de un mes. Luego, si así lo establece la Justicia, podría quedar en la cárcel a la espera del juicio.

Sebastián Villanueva sufrió una fractura de cráneo con pérdida de sangre que lo mantiene internado en terapia intensiva en grave estado tras golpear su cabeza en la escalera del Fonavi donde se produjo el altercado con Mendoza.

Este jueves, el intendente Cecilio Salazar y el secretario de Obras y Servicios Públicos Mariano Brañas prestadron declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Carlos Villafuerte Ruzo por la causa que investiga contaminación ambiental por el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná.

El jefe comunal y el funcionario de su gabinete conocieron el detalle de la imputación —al igual que Ariel Álvarez y Jorge Ponzio, quienes concurrieron el miércoles pero no declararon porque presentarán un escrito— relacionada con la falta de planta depuradora en San Pedro, situación que persiste desde 1982.

La Justicia lleva adelante la causa con imputaciones que corresponden a quienes están o estaban a cargo del Gobierno y las dependencias relacionadas desde enero de 2023, cuando se constató, tras la denuncia original, que el río estaba contaminado con materia fecal proveniente del desagüe cloacal ubicado en la zona portuaria local y en imediaciones del buque museo.

Tanto Brañas como Salazar hicieron hincapié en su declaración en que la situación lleva más de 40 años sin que se haya podido resolver a pesar de las múltiples gestiones que todos los gobiernos democráticos hicieron por el tema ante autoridades nacionales y provinciales.

La obra necesaria es millonaria y no podría ser afrontada con recursos propios del Municipio, algo que sucede en todos los distritos, cuyos presupuestos no contemplan obras de semejante magnitud sin fondos del Estado nacional o provincial, que además suelen estar vinculados a la financiación externa.

En su declaración, el intendente y su secretario de Obras Públicas destacaron que Provincia incluyó en su presupuesto para este año un estudio preliminar que está en marcha y que permitirá diseñar un plan de acción de obras para el año que viene.

Para que ello sea posible, la consultora debe tener listo ese estudio antes de octubre, de manera tal que el Gobierno bonaerense pueda incluir el paso siguiente en el Presupuesto 2026, con los recursos necesarios para su ejecución.

La causa por contaminación ambiental comenzó luego de una denuncia de una ONG ambientalista contra una empresa de Baradero por el volcado de sus efluentes al río. Cuando hicieron los análisis, detectaron que había materia fecal que venía desde San Pedro.

Se negaron a declarar en Fiscalía los cuatro detenidos por la policía tras un intento de robo a mano armada en una vivienda de Obligado al 400, entre ellos el exdirigente de Uatre José Luis "Kiko" Cáceres.

Cáceres y los tres nicoleños con los que llegó para cometer el asalto hicieron uso de su derecho a no declarar ante Viviani y continúan alojados en la Comisaría local a la espera de asignación de cupo en otro sitio de detención.

Los cuatro están imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, en grado de tentativa, y tenencia ilegal de armas de fuego. Además, pesa sobre ellos la imputación por robo automotor, puesto que habían sustraído un coche en San Nicolás el día anterior.

Kiko Cáceres, de 44 años, era reconocido por su rol como dirigente de Uatre, gremio del que supo ser secretario general en Zárate. Luego fue condenado por piratería del asfalto y por robo a mano armada.

Sus cómplices también tienen antecedentes penales por el mismo delito. Carlos Javier Fernández, de 43 años, y Diego Armando Ruiz, de 50, cumplieron condenas de más de cinco años y salieron en libertad en septiembre pasado.

El otro detenido, José Luis Auce, de 50 años y también oriundo de San  Nicolás, tiene causas penales en trámite por diversos delitos cometidos en esa ciudad.

El domingo, un día antes del frustrado robo en San Pedro, habían robado un Chevrolet Prisma en San Nicolás. Ese coche estaba estacionado frente a la vivienda a la que llegaron para cometer el asalto.

Fueron detenidos alrededor de las 9.00 de la mañana, cuando la policía llegó alertada por vecinos y rodeó la manzana. Los delincuentes habían ingresado a la vivienda, donde sólo había albañiles a quienes redujeron, y escaparon por el fondo, patios linderos y los techos ante la presencia policial, que finalmente los apresó.

Maximililano “Pillo” Troche, segundo detenido por el asesinato de Sandra Nouet, se entregó el viernes pasado en la DDI tras permanecer prófugo de la Justicia una semana y aseguró en su declaración indagatoria que es inocente del crimen del que está acusado como coautor junto a Franco “el Rosarino” Neyra.

Sostuvo que no tiene trato con la familia de Sandra Nouet, y que la única referencia es que alguna vez le compró perros pitbull a Toto, el yerno de la mujer asesinada. 

"Pillo" aseguró que quiere “que se haga justicia y que todo salga a la luz; que el que lo hizo, lo pague”. 

Dijo que no conoce la casa y que se enteró de lo ocurrido el martes 30 de abril pasadas las 20.00 porque escuchó ambulancias y policías, puesto que estaba en la casa de su hermana y su cuñado, a pocas cuadras de Sargento Selada al 2500.

Pillo Troche declaró que desde la mañana y hasta alrededor de las 18.30 estuvo en su domicilio, en La Laguna al 1900. A esa hora se fue a lo de su hermana, con su novia y otro amigo. 

Indicó que estaban esperando que empiece el partido de Boca cuando escucharon la ambulancia y salieron a ver qué pasaba, como casi todos los vecinos de la zona.

El jueves siguiente al asesinato, la DDI allanó una casa en Benefactoras Sampedrinas al 2500 donde aprehendieron a su novia y secuestraron un arma calibre 22, de iguales características a la homicida. Desde ese día, tenía orden de detención y estaba prófugo.

Así se lo recomendó el abogado Diego Jeanmarie, reconocido penalista de Baradero, a quien fue a consultar tras ese allanamiento donde secuestraron el arma. 

"Me dijo que me profugue seis meses hasta que te den la pericia del arma, luego presentante", contó.

En desacuerdo con la propuesta, puesto que no quería permanecer escondido por "algo que no hice", según relató en su declaración, Troche buscó a otro abogado.  "Traté de buscar número de uno que vivía en Rosario, luego me dieron el de Cordara", señaló. 

Por eso, cuando se presentó en la DDI lo hizo con el patrocinio de Paulo Cordara, expolicía y abogado penalista hermano del chofer del dirigente sindical y político Pablo Ansaloni, asesinado por sicarios rosarinos en Colón.

Pillo Troche no tiene trabajo estable. Su medio de vida es la venta ambulante de fruta, algo que hace de manera esporádica porque, según declaró, le gusta disfrutar de la vida y de su familia, por lo que trabajar es algo que hace "cuando puedo o quiero", dijo.

Además, percibe asignaciones sociales y lo ayuda su familia, informó. Pillo Troche, que en octubre cumplirá 33 años, vive con su padre, su madre y un hermano.

Aseguró que no tuvo ni tiene adicciones y que no entiende por qué lo nombran a él como parte del asesinato. 

Sobre el arma secuestrada en Benefactoras Sampedrinas al 2500, donde aprehendieron a su novia, dijo que "la única arma" que tuvo fue "una pistola 1125".

Respecto de la relación con Franco Neyra, alias "El Rosarino", dijo que su único vínculo fue "de enemistad" porque él vivía en una casa que Pillo quería para residir cuando fue excarcelado tras cumplir condena por robo a mano armada.

"Le efectué un disparo con un arma que me prestaron, pero no le di. Eso fue cuando salí de la cárcel. Lo amenacé para que no denuncie", relató. El arma era un revólver calibre 32.

Desde entonces, dijo, entre ellos "quedó todo mal" y no había contacto. “No se llevaban con el Pillo”, dijeron escuetamente familiares de Neyra el día de su declaración indagatoria, en la que dijo que a él lo detuvieron “por el apodo” y que tampoco tiene nada que ver con el asesinato.

Mientras públicamente se debaten situaciones previas al siniestro desenlace, la investigación que intenta determinar y atribuir responsabilidades en la secuencia de los hechos, escribe un nuevo capítulo.

Durante el fin de semana, la fiscalía pidió que la aprehensión de Daiana Candela Franco y Francisco Vlaeminck se transforme en detención y de este modo mantenerlos privados de la libertad hasta que culmine el proceso que permita encontrar a quién o quienes colaboraron para esconder el cadáver y arrojarlo al río.

Descartadas las hipótesis que involucraban a la actual pareja, a la prima y con la certeza de que el celular de Naiara nunca salió del domicilio de Dávila al 300, todos los indicios apuntaron a la vivienda allanada el sábado en Primera Junta y Bottaro. Allí las pruebas de luminol para hallar rastros de sangre fueron positivas y el trabajo de revisión de cámaras en el Centro de Monitoreo permitió establecer que la joven de 25 años no fue una, sino dos veces a ese domicilio. La segunda vez entre las 15.30 y las 16. Nunca salió.

A las 11.15 de este lunes feriado, los imputados que fueron trasladados desde sus lugares de detención, descendieron en la sede fiscal para hacer uso de su derecho a ser escuchados por la instrucción y pasadas las 11.30 llegó la Dra. María del Valle Viviani para comenzar la indagatoria.

Ahora se trabaja sin pausa para dar con quien ayudó a retirar el tambor donde introdujeron el cuerpo de Naiara, envuelto en una tela y en el que había rastros de pelos que podrían coincidir con los hallados.

La investigación del asalto que sufrió el empresario Oscar Andreani en su casa de campo ubicada en el km 153 de la ruta 9 tuvo novedades esta semana, cuando la tarea de la DDI local permitió establecer que los delincuentes detenidos por el robo a dos familias en Baradero habían participado del atraco en La Santina.

Una serie de allanamientos permitió el jueves aprehender en Pilar a un joven de 24 años imputado como parte de la banda que asaltó a Andreani y la fiscala María del Valle Viviani imputó a uno de los detenidos por el robo en Colonia Suiza, oriundo del mismo distrito, por el mismo caso.

Ambos fuero convocados para prestar declaración indagatoria ante la titular de la UFI 7 y sólo uno de ellos accedió a dialogar con la fiscala, para decir que es inocente y que nada tiene que ver con el robo a Andreani, aunque su celular lo ubica en la escena la noche del 23 de enero.

Se trata del joven aprehendido el jueves en una serie de allanamientos que llevó a la Sub DDI San Pedro – Baradero a Pilar, ocasión en la que también buscaban a un hombre que tiene pedido de captura activo como partícipe del asalto pero que permanece prófugo.

El responsable del automóvil secuestrado en el marco de la investigación por el robo a Baradero, por su parte, decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración y no habló ante Viviani.

El análisis del sistema Lo Jack instalado en el automóvil secuestrado en los allanamientos por el robo en Colonia Suiza permitió establecer que el mismo coche con el que cometieron ese asalto participó del caso Andreani.

A su vez, los teléfonos secuestrados impactaron en antenas de Río Tala, en proximidad a La Santina, lo que llevó a los investigadores a la vivienda del aprehendido el jueves, que sostuvo ante Viviani que es inocente.

La fiscala que investiga el caso aguarda la resolución de Cámara respecto de la apelación que interpuso por la excarcelación de tres de los cinco acusados que fueron liberados porque el Juzgado de Garantías consideró que no había elementos suficientes para dictarles la prisión preventiva.