Ulises Fernández, condenado a prisión perpetua por el homicidio del viverista Ariel Lido Gomila, mantiene su reclamo en la cárcel tras la ratificación de la sentencia en la última instancia posible de apelación, la Corte Suprema.

Sin más posibilidades de revertir el fallo condenatorio, Fernández comenzó esta semana una huelga de hambre y hasta se cosió la boca en señal de protesta por la situación irreversible que debe afrontar: el cumplimiento efectivo de la condena.

"Estoy acusado de un homicidio que no cometí", sostuvo, una vez más, desde su celda en la Unidad Penal 3 antes de proceder a coserse la boca e iniciar la huelga de hambre para llamar la atención por su condición de condenado con sentencia firme e inapelable.

Su pareja, Ivana Astrada, volvió a remitir una carta a La Opinión, tal como hizo cuando se conoció el fallo de la Corte. Allí señala que Ulises Fernández fue "castigado" durante "más de una semana" por difundir un video en el que habla sobre la ratificación final de la sentencia en su contra.

"Él va por la verdad, esa verdad que a medio San Pedro no le conviene, esa verdad que pareciera a nadie le conviene que se sepa. Se conforman con una mentira y él sigue siendo el único perjudicado, mientras los verdaderos asesinos están libres", dijo la pareja de Fernández.

El convicto es el único condenado por el asesinato de Ariel Lido Gomila, a quien mataron en ocasión de robo en su casa en el paraje El Espinillo en febrero de 2016. 

Un testigo clave —que Ulises Fernández acusó de "falso", sin éxito— lo ubicó en la escena y un jurado ciudadano lo declaró culpable. Como la acusación era por homicidio criminis causa, la única pena posible era la de prisión perpetua.

Lucas Matías “Bolillón” Medina, detenido con prisión preventiva por el caso Andreani, comenzó este sábado una huelga de hambre en la Unidad Penal 3, donde permanece alojado acusado de haber participado en el robo ocurrido a fines de enero en la casa de campo del empresario postal, en ruta 9.

Medina estaba alojado en la celda número 15 del pabellón 4 en la UP 3 de San Nicolás y tras anunciar la medida fue derivado al área de Sanidad, donde lo revisaron y pesaron, para luego trasladarlo a una celda individual de seguridad, conocida en el universo carcelario como “buzón”.

La huelga de hambre del detenido es en reclamo al Juzgado de Garantías interviniente en su causa, puesto que entiende que “no resuelve” su situación y no tiene “ninguna respuesta concreta” al respecto.

“Me quiero hacer escuchar”, le dijo Medina a las autoridades de la Unidad Penal 3 con las que se entrevistó antes de que el médico lo revise y de que resuelvan trasladarlo a la celda individual de seguridad por “carecer de espacio físico en el pabellón de separación del área de convivencia”.

Lucas Medina es uno de los detenidos del caso Andreani a los que la Justicia les dictó prisión preventiva el pasado 9 de marzo, ocasión en la que ordenó liberar a cinco de los acusados y mantener tras las rejas a otros dos, entre ellos él.

Su situación procesal es la de un detenido con prisión preventiva que sólo podrá recurrir la medida si pasados los ocho meses desde la decisión judicial que lo mantiene preso no se elevó a juicio la causa en la que está imputado.

En Facebook, Medina dijo que está pasando por “una situación muy delicada”, acusó a la policía de “plantar” en su casa una “bolsa negra donde había una franela” con un “cargador de pistola, balas y un handy con frecuencia de la policía” que, aseguró, no eran de su pertenencia.

Dijo que el día del robo a Andreani “estaba comiendo un asado” en su casa junto con otros amigos que prestaron declaración en su favor. “La rueda de reconocimiento dio negativa”, recordó, “tanto como las huellas dactilares y prueba de saliva”.

“Vivo un calvario desde ese momento. Llevo cuatro meses sin ver a mis hijos”, dijo y agregó: “Ncesito un cambio de fiscal, de juez. es todo arreglo. Yo no robé nada”.