La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

Quedó detenido acusado de parricidio el hijo de Ismael Sánchez que estaba demorado en la DDI tras la investigación que permitió establecer que podría tener relación con la muerte de su padre.

Sánchez fue hallado sin vida en su casa de Roselló 45, en el barrio Los Aromitos, por otro de sus hijos. Estaba boca abajo, con golpes en la cabeza, dentro de la casa, que tenía la puerta de acceso y el portón de rejas de la calle abiertos.

La investigación que, bajo supervisión de la Fiscalía de Viviani, llevaron adelante la Sub DDI San Pedro que conduce Luciano Capobianco y la Policía Científica que coordina Mariana Águila permitieron establecer conexiones que despertaron serias sospechas sobre Claudio Sánchez, otro de los hijos, de 52 años.

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona registraron que el hijo, con el que tenía conflicto de larga data y hasta tuvo restricción perimetral, había entrado y salido de la casa en horas de la mañana, antes de que su hermano hallara a Sánchez sin vida.

En la casa, cuando Científica relevó pruebas, hallaron una billetera, la llave de una moto y una bolsa con ropa del ahora detenido y acusado de parricidio.

En Zanúccoli 99, donde reside el acusado, la DDI lo encontró y observó que tenía los nudillos hinchados y otras lesiones en la muñeca derecha.

Por ello lo trasladaron al Hospital para dejar constancia de esas heridas y lo demoraron en la sede policial a la espera del resultado de la autopsia.

La operación practicada en morgue judicial reveló que Ismael Sánchez falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de recibir golpes causados por terceros que dejaron huella en el rostro y un corte en la nuca.

La titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, que estuvo presente en la escena del crimen,  dispuso la aprehensión del hijo, quien fue imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo, al tiempo que ordenó  un allanamiento de urgencia en su domicilio para secuestrar elementos de interés para la investigación.

Declaró en Fiscalía este martes la hermana de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue asesinado en un campo de ruta 191 donde estaba junto a su pareja y dueña del lugar, Marisel "Pili" Solís, imputada por el homicidio.

Mikaela González Jorge prestó declaración testimonial ante la fiscala María del Valle Viviani y con presencia de representantes de la Defensoría Oficial que asiste a Solís, quien tiene orden de detención aunque "en suspenso".

Además, este martes daban sepultura al cuerpo de Marcel, que estaba en depósito del Cementerio desde el día en que llegó como "NN", en junio pasado.

En diálogo con La Opinión, Mikaela destacó la tarea de la abogada que representa a la familia en la causa, Sofía Sanjurjo: "Gracias a ella hemos podido avanzar mucho en la causa y estamos esperando la detención de la imputada".

"No nos querían atender, al principio, porque estaban muy ocupados. Pero con un poquito de lucha conseguimos declarar hoy, después de seis meses", dijo la joven, que viajó desde Estados Unidos para declarar y sepultar a su hermano.

"Queremos justicia por lo que le pasó, porque a él me lo mataron", señaló Mikaela e informó que aportarán "todos los audios de lo que Marcel pasó con esta señora, la imputada, y eso va a desmentir mucho de lo que ella dijo en su declaración".

Además, indicó que esperan que su mamá, que también vive en Estados Unidos, declare, puesto que "va a servir mucho, porque es la que tenía la conexión más grande con mi hermano", detalló la joven.

Visiblemente emocionada, Mikaela contó que fue a comer a un restaurante de la costanera donde estuvo su hermano hace unos meses y le había enviado fotos, por lo que, señaló, todo es "muy movilizante".

"Lo vamos a enterrar y darle descanso, que es lo que merece después de todo lo que le pasó. Esperamos que la Justicia haga rápido su trabajo y nos den las herramientas para llegar a la verdad y que detengan a esta señora", pidió Mikaela.

"Nuestra abogada la ha peleado con todo el mundo, porque si no este caso estaría cerrado, me lo habían tratado como un NN. Esperamos que la Justicia haga su trabajo y podamos cerrar esto para que él pueda descansar en paz", finalizó.

El viernes pasado tuvo lugar la última audiencia preliminar camino al juicio por jurados por el asesinato de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado en un terreno ubicado en Manuel Iglesias y Carlos Gardel, en el barrio Villa Igoillo.

El Tribunal sorteó los vecinos de la región que oficiarán como jurados ciudadanos y que tendrán la responsabilidad de establecer si los cinco imputados son culpables o inocentes del delito del que están acusados: homicidio agravado por promesa remuneratoria, es decir asesinato por encargo o sicariato.

Las jornadas del debate fueron fijadas para los días 10, 11 y 12 de diciembre próximos y tendrán lugar en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Matías Tesey, Jesús Montaldi y Juan Juárez, están detenidos con prisión preventiva y llegan a juicio en esa condición. Si son hallados culpables, la única condena posible es la de prisión perpetua.

El juicio por jurados tendrá lugar puesto que el Tribunal rechazó el acuerdo entre el fiscal Vicente Gómez y la Defensoría Oficial para llevar a los acusados a juicio abreviado con una pena máxima de cuatro años bajo la carátula de "homicidio en ocasión de riña".

Los testimonios recogidos en la instrucción permiten adelantar que los abogados defensores de los imputados —tres tienen defensoría particular y dos, oficial— tendrán una ardua tarea para convencer al jurado acerca de que sus pupilos no son culpables.

La acusación inicial sostiene que Ricardo Ontivero contrató a Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez para asesinar a Adolfo Vallejos con el objetivo de recuperar un terreno cuya propiedad reclama, ubicado a metros de su casa y por que el que la víctima supo pagar un alquiler a la abuela de Ontivero, fallecida.

La defensa de Ontivero, a cargo de Hugo Lima (h), planteó desde el primer momento que el acusado había pagado al resto para que "lo saquen" a Vallejos del predio, pero no para que lo maten. Los otros imputados hablaron de que fueron contratados "para una mudanza".

Adolfo Vallejos residía en la esquina de Molina y Gardel en un vivienda montada dentro de un terreno que había alquilado a María Sartirana de Ontivero, la abuela de Ricardo Ontivero, unos 9 años antes de aquellos días de mayo de 2022 en que fue asesinado.

Cuando la señora murió, Vallejos dejó de pagar y hasta obtuvo asesoramiento de un reconocido abogado, que suele participar de entuertos similares, para intentar tramitar la posesión.

La causa por el crimen de Adolfo Vallejos, asesinado por cuatro hombres contratados por su vecino Ricardo Ontivero para sacarlo de un terreno que habitaba en Villa Igoillo, tendrá el viernes una audiencia muy importante que podría sellar el destino de los acusados.

El defensor oficial Joaquín Castro, que patrocina a dos de los acusados, pedirá en esa audiencia un cambio de calificación penal para que la causa pase de "homicidio agravado por promesa remuneratoria", un asesinato por encargo o sicariato, a "homicidio en ocasión de riña".

La Fiscalía subrogante, a cargo del fiscal de Baradero Vicente Gómez, prestaría conformidad para el cambio de calificación y podría aceptar un acuerdo de juicio abreviado con una pena máxima de cuatro años para los imputados.

El cambio de calificación reduciría significativamente la pena, que para la carátula original es de prisión perpetua, razón por la que los defensores habían pedido juicio por jurado ciudadano.

Además de Ricardo Ontivero, cuya defensa ejerce el estudio jurídico de Hugo Lima (h), y de Carlos Martínez y Juan Juárez, a cargo de Castro en la Defensoría N° 2 local, los otros imputados que van a juicio son Jesús Montaldi y Matías Tesey, cada uno con defensor particular.

El cambio de carátula propuesto por la Defensoría Oficial beneficiará a todos los acusados respecto de evitar la pena en expectativa de prisión perpetua. Luego, cada defensor evaluará el caso de su pupilo en relación a la propuesta de juicio abreviado con una pena máxima de cuatro años.

Hasta la elevación a juicio, Viviana Ramos, a cargo de la causa, sostuvo en su acusación que Ricardo Ontivero contrató a los otros cuatro y los acompañó para, violencia mediante, sacar a Vallejos de un terreno ubicado en Molina y Gardel, que aseguraba ser de su propiedad.

Hugo Lima, defensor de Ontivero, sostuvo que él "no quería que lo maten" sino "que lo saquen" del predio. En su declaración, él reconoció que pagó para que le recuperen el terreno y los otros dijeron que el pago fue "por una  mudanza".

“El tacho no estaba soldado”, ese dato y muchos otros que dio a conocer la Dra. María del Valle Viviani revelan que lo que queda por delante en la investigación es determinar el lugar donde ocultaron el cuerpo de Naiara, quiénes participaron, cómo la llevaron y a qué distancia arrojaron el tambor que fue amarrado por un grupo de tres pescadores que dieron aviso a la Prefectura el jueves 16 de Agosto de 2023.

Los casi treinta minutos de la entrevista que la fiscal concedió al programa Sin Galera constituyen la primera versión cronológica de la tarde en la que Naiara llegó en su moto a la casa de su ex pareja y padre de uno de sus hijos el domingo 13 de Agosto y llamó la atención de Camila, la hermana de Daiana Franco quien llamó a la policía porque entendía que se suscitaría un nuevo enfrentamiento a causa de “una garrafa” que la joven víctima reclamaba. Después de ese episodio, aguardó a su pareja para que se llevara a su hijo y minutos después la pasó a buscar una amiga. Según dijo en su declaración tras haber sido detenida como sospechosa de haber participado del crimen, no retornó a la vivienda de calle Primera Junta y Bottaro hasta la noche. Es que Camila vivía en la parte principal de la casa y Daiana con Francisco, atrás. Tenía pensado mudarse a otro lugar a raíz de los constantes conflictos que terminaban con restricciones perimetrales o discusiones violentas.

“…ella ya tenía planeado mudarse de ese domicilio por todos los conflictos que se venían suscitando entre Naiara y Vlaeminck”

La fiscal supone que para la hora en que Camila volvió a su domicilio, Naiara ya había sido asesinada con “una o dos armas homicidas“, algo que el lunes deberá establecer el médico forense cuando le certifique a la fiscal cuál o cuáles de las siete heridas que presentaba el cuerpo, resultó letal. El otro detalle que podrá acreditar es si las armas utilizadas fueron dos: un cuchillo por las puñaladas y posiblemente otro objeto punzante redondo que le infringió una herida a la altura del cuello.

“…ella tiene 7 puñaladas, 7 heridas, con el informe de autopsias, con el informe final vamos a hacer una evaluación para ver si intervinieron dos armas distintas”…

Desde aquella tarde hasta el momento en que el cuerpo apareció sobre el riacho dentro de un tambor queda mucho por investigar. Mario Franco aparece en las imágenes cuando accede al domicilio. Suponen que en su auto trasladaron el cadáver hacia un lugar próximo a la zona costera, pero los dos rodados secuestrados en su casa de calle Güemes y Cabrera no tenían restos de sangre aunque uno de ellos había sido prolijamente lavado. Franco está detenido y a la espera de una resolución porque su abogado defensor pidió arresto domiciliario por la edad que tiene y los problemas de salud que manifiesta. Se trata del Dr. Adolfo Suárez Erdaire quien patrocina a los tres acusados en una misma estrategia.

Viviani estuvo en el lugar donde hallaron a la víctima desde el primer momento. Aquella noche llegó en un patrullero y caminó unos 100 metros en medio del barro, hasta la orilla. Allí, la Policía Científica y la Prefectura, ya habían establecido que se trataba de la joven cuya desaparición había denunciado su abuela, Elsa Romero.

“…yo estimo que no hace mucho que lo habían tirado, porque el tacho sino se hubiese hundido y estaba ahí”…

El hallazgo de los pescadores de un tambor que flotaba en el riacho, quedó amarrado en la costa “estaba cosido con unos alambres el tacho, estaba cortado más de la mitad y estaba cosido con unas sogas, alambres“, dijo respecto al recipiente que desde un principio se supuso como una clave del momento en que se habían desprendido del cadáver porque estaba “soldado”. Evidentemente no era así y por ende se supone que podría haberse hundido. 

N. de la R.: La publicación durante la primer jornada de algunas imágenes sensibles llevó el propósito de la identificación. El tambor es una clave que sólo podrían decodificar aquellos que conocen cómo se pintan y se reconocen a distancia cuando se trasladan a cualquier lugar y los colores o marcas especiales son “como una patente” para sus dueños. Parte de la familia solicitó la eliminación de este aporte que podría ser de gran ayuda para dar con quienes tramaron durante más de 72 horas, deshacerse del cuerpo sin dejar rastros.

“…un cuerpo muerto todo envuelto, más el tacho, puede ser que lo hayan llevado para un domicilio y después trasladan todo junto hacia el lugar del hecho”

El primer recorrido de la investigación apuntó al círculo más íntimo pero dos días después se produjo un giro en la investigación. Descartaron a la actual pareja y a la prima para ir tras la pista del hombre al que en principio habían buscado para pedirle datos y no estaba en su domicilio.

“Llamamos a Mario Gil y Antonella Russo que eran las personas con las cual ella había tenido contacto, con el último que estuvo fue con Rufino Mansilla que también lo fue a entrevistar la policía y en ese momento tratamos de localizar también a Vlaeminck, no lo pudimos localizar y comenzamos a hacer los distintos allanamientos de urgencia”

Era Francisco Vlaeminck. El día que fueron a buscarlo no estaba en su casa y su pareja, Daiana, refirió que hacía dos días que no lo veía. Los movimientos comenzaron a ser vigilados y quienes participaron en la parte más activa de la investigación revisaron muchas de los indicios que más tarde desembocaron el una prueba clave: la pericia con luminol que reveló la presencia de sangre en el sector de la casa donde Naiara halló la muerte.

“El giro de la investigación se da por las cámaras de seguridad porque en ningún momento sale Naiara del domicilio de Vlaeminck, en ese momento en vez de hacer el luminol de Mario Gil y en la camioneta, la Ford F 100 de Cáceres, lo hago en el domicilio de Primera Junta 515.”

La Fiscalía entiende que está acreditado el lugar donde asesinaron a la joven y que los autores materiales del crimen están detenidos pero hay dos cuestiones que quedan por determinar: cuántos días y en qué lugar retuvieron el cuerpo, en qué momento lo arrojaron al agua y dónde está la moto que conducía la víctima.

Esta semana se define la situación procesal de los imputados, aún quedan resultados de pruebas por revisar. Por ahora hay una presunción que cobra mayor sentido: el tambor pudo haber sido arrojado el mismo día en que fue encontrado y no es un dato menor.

Este lunes será la primera oportunidad para los acusados de haber terminado con la vida de Naiara Durán. El domingo la Fiscal María del Valle Viviani pidió que se haga efectiva la detención de ambos y se preparaba para recaratular el caso que en principio investigó como homicidio agravado y que ahora en el caso de Francisco Vlaemink será femicidio por la condición de vinculo que tenía con la víctima y su situación.

Para Franco la calificación también será de las máximas previstas por ley pero aún no hay constancia sobre el rol que cumplió en el enfrentamiento que deducen se produjo durante la tarde del domingo 13 de Agosto. Sobre el ingreso de Naiara a la vivienda de calle Primera Junta, para la que regía una exclusión perimetral, hay un nuevo dato: no fue una sino dos veces en la misma jornada.

El peritaje de una habitación que olía a lavandina y mostraba mayor limpieza que el resto de la propiedad fue clave. El sábado a la noche ya no cabían dudas sobre el escenario del crimen y comenzaban a descartar de manera definitiva la hipótesis sobre la actual pareja y la prima de la joven de 25 años por dos cuestiones. Contra ella no había indicios más que algunos posteos en redes sociales y contradicciones; para él había cámaras que lo mostraban en la vía pública practicando su oficio entre las 16 y las 17 del domingo. En esos primeros allanamientos del viernes 18, estaban el celular de la víctima, un cuchillo y un pequeño rastrillo. La conclusión de los investigadores es que el teléfono de la mujer asesinada nunca salió del domicilio de Dávila 345.

El otro dato preciso que llevó a Viviani y a los investigadores a trazar un rumbo distinto ya estaba latente. El día que fueron por primera vez a buscar a Vlaeminck para consultarlo no estaba en su casa, tampoco había orden de requisa, luego se ausentó tres días de su trabajo y no fue posible hallarlo.

Mucho antes de derramar el luminol sobre esa habitación hubo otras dos cuestiones que llamaron la atención de los presentes en el allanamiento del sábado. Pelos de un perro que llamaron la atención durante la operación de autopsia donde se evaluaron todos los elementos, rastros debajo de las uñas y la tela en la que estaba envuelta Naiara que coincidía con la que estaba en ese domicilio.

Cuando constataron los indicios hemáticos descartaron hacer la misma prueba en la casa de quien fue detenido en primera instancia; la pareja actual de Naiara.

La tarea restante debía establecer cómo y cuándo retiraron el cuerpo. Según fuentes judiciales hay algunas imágenes que muestran a una tercera persona “sacando el tacho” que luego aparecería flotando en el río.

Un giro en la investigación que instruye la Dra. María del Valle Viviani comenzó a dibujarse este sábado cuando lograron dar con un hombre al que ya habían buscado cuando Naiara desapareció.

Tras la liberación de la prima de la joven asesinada, una de las líneas de investigación más importantes se cayó. Es la que la vinculaba a varios posteos y un ingreso a las redes sociales de Naiara que según indicó “se le disparó sin querer”. Esta prima había comentado que “salió a comprar” y no regresó.

Quien la vio con vida por última vez fue una tía, la misma que acompañó la denuncia de la abuela, Elsa Romero cuando radicó el pedido de búsqueda y paradero el miércoles 17 de Agosto porque habían pasado más de 72 horas sin datos sobre su nieta.

El hallazgo del cadáver en un tambor de 200 litros, el jueves por la noche no dejó dudas sobre la participación de más de una persona en el asesinato y de un ensañamiento con el cuerpo que hablaba por sí mismo de un horroroso final. Cuando el cuerpo fue examinado tenía los puños apretados, cortes a la altura del cuello y la cara y señales de llevar muchas horas sin vida con la misma ropa con la que había salido el domingo cerca de las cuatro de la tarde.

Quedaron detenidos el viernes, la actual pareja y la prima, pero varios detalles y el secuestro de algunos elementos fueron en el mismo sentido en el que la madre de Naiara gritó en la marcha que “había un prófugo”. Se trataba ni más ni menos que de la misma persona a la que habían ido a buscar con una comitiva policial para consultarle si había visto a la víctima. El sujeto no estaba en su domicilio y por ende no se le pudo preguntar.

El sábado la policía llegó a un domicilio de calle Bottaro y Primera Junta con una orden de allanamiento. Buscaban a quien fuera pareja de la joven y padre de uno de sus tres hijos. La orden de allanamiento iba acompañada de un dato certero: Francisco Vlaeminck, tal es el nombre del ahora aprehendido, no se había presentado a trabajar durante tres días consecutivos. Tras la requisa, también quedó a disposición de la justicia su actual pareja y otro familiar.

En la recorrida de los investigadores también se cumplió con una orden de allanamiento en la casa de la madre de Vlaeminck y así comenzó a ganar terreno una nueva hipótesis. La imagen de una cámara que muestra a Naiara ingresando a las 16 horas del domingo a la vivienda de su ex pareja. Según trascendió nunca se la vio salir.

Las tareas de investigación continuaron y aunque es muy rápido para confirmar que se ha concluido todo indica que en las próximas horas el caso quedará plenamente esclarecido. La carátula del expediente que habla de “homicidio agravado” tendrá que determinar quién asestó la puñalada asesina y cuál es la responsabilidad de otras tres personas. Entre ellas quien puso a disposición el vehículo que ya está identificado y la actual pareja de Vlaeminck.

El policía sampedrino Jorge Luis Correa, que era segundo jefe de la Comisaría primera de Zárate, permanece detenido en Morón acusado de homicidio agravado e involucrado en una red de compraventa de autos mellizos luego de que el 8 de marzo pasado disparara con su arma reglamentaria a dos personas en Tigre, cuando fue a entregar una camioneta Renault Duster que tenía pedido de secuestro por robo.

Desde la celda donde permanece alojado, Correa le dijo a La Opinión que desconocía el origen ilícito de esa camioneta así como del Volkswagen Gol que secuestraron en la casa de un familiar de él y que había adquirido un mes antes de que lo detuvieran. Sostuvo su inocencia y aseguró que esa noche en la que isparó con su arma reglamentaria lo hizo “en legítima defensa”.

Jorge Correa está detenido con prisión preventiva y aguarda una resolución judicial respecto de la solicitud de arresto domiciliario que elevaron sus abogados, los reconocidos Leonardo Sigal y Pablo Becerra, socios de un estudio jurídico de Moreno que suelen aparecer en los medios de comunicación y que en su momento rechazaron ser defensores del acusado por atentar contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Los defensores particulares del policía sampedrino solicitaron además un cambio de carátula en la causa, puesto que la fiscala María Virgina Toso lo acusa de homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. Los abogados sostienen que Correa actuó “en legítima defensa”.

“No tuve intención de matar a nadie”El policía aseguró desde su celda en Morón que hay “conversaciones entre los delincuentes” a los que iba a entregar la camioneta en la que, según refirió, quedaría en evidencia que “habían premeditado un robo” y que lo “iban a matar”.

“Mi situación es complicada, pero pudo haber sido peor. Hay una legítima defensa”, aseguró Jorge Correa.

Sigal y Becerra pidieron a la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre que debería haber tomado todo lo que ocurrió la noche del 8 de marzo en la YPF de ruta 202 y colectora de Panamericana, en Don Torcuato, donde Correa llegó en la Duster verde.

En su declaración indagatoria, Jorge Correa dijo que Daniel Alberto Garay, alias “Ventanita”, y José Ovando, dos conocidos delincuentes de esa zona del conurbano, se subieron a la camioneta, uno en la parte de adelante y el otro atrás.

“El que iba atrás me puso un cuchillo en la garganta y me hicieron manejar hasta donde no habia gente para matarme”, dijo el policía.

Oficial principal de la Bonaerense, Jorge Correa llevaba encima su arma reglamentaria. En su relato señaló que cuando lo empezaron a revisar logró zafar de la amenaza del cuchillo, salir del vehículo y sacar su pistola. Efecutó tres disparos “para repeler la agresión”, según su declaración.

“Ventanita” Garay recibió dos disparos de frente y cayó a los pocos metros, cuando intentaba escapar corriendo. Murió en el acto. Ovando fue herido en una pierna. “Nunca tuve intención de matar a nadie”, le dijo Correa a la fiscala del caso.

El policía aseguró que huyó de la escena sin dar aviso sobre lo ocurrido porque “supuestamente había un Honda Civic con más delincuentes”. De la escena del hecho, volvió a San Pedro. Su paso por el peaje de Lima quedó registrado.

Sus abogados volvieron a pedir las imágenes de una cámara de seguridad que hay en la esquina donde Correa disparó su arma reglamentaria. “En las pericias dijeron que el video no está disponible, mi abogados insistien en que aparezca”, dijo el detenido a La Opinión.

“Caí en una trampa”Cuando la DDI de Tigre vino a detener a Correa por el homicidio hubo una persecución desde la zona de su casa, en Las Provincias al 900, hasta Pellegrini y Arnaldo, donde interceptaron la Duster con un joven identificado como Joaquín Walker, de 19 años, y su novia, de 18, a bordo.

Walker era el presunto dueño de la camioneta. Correa la llevaba a Tigre para intercambiarla por otro vehículo, que le iba a comprar a Walker. Esa Renault Duster tenía pedido de secuestro activo. Había sido robada a mano armada en junio de 2018. Tenía la patente duplicada y los vidrios con el número adulterado.

En su declaración, Correa dijo que no sabía que el vehículo era “mellizo” y que él sólo había ido a Don Torcuato para hacer el intercambio por el otro coche, que iba a comprarle a Walker. Lo que llamó la atención es que en San Pedro, en la casa de un familiar en Caseros al 1400, la DDI de Tigre secuestró un Volkswagen Gol Trend azul que también resultó ser “mellizo”.

El policía refiere una “mala compra” con es vehículo. “Lamentablemente caí en una trampa”, dijo.

“Lo tuve solo un mes al Gol”, dijo Correa a La Opinión. “Lo tiré por via radial de policía y me arrojo resultado sin impedimentos, todavía no realizaba la verificación policial porque no me alcanzaba la plata”, señaló.

“Lo compré de buena fe”, señaló sobre ese coche y explicó que para ello entregó un Peugeot 307 un Fiat Siena, “todo legal”, sostuvo. “Fui estafado”, se quejó y apuntó a Walker como el responsable de los “negocios de venta de autos robados”.

“Legítima defensa”Jore Luis Correa está detenido en la Comisaría quinta de Morón, ubicada en la localidad de Villa Sarmiento. Allí hay un espacio destinado al alojamiento de efectivos policiales y de otras fuerzas en conflicto con la ley penal.

Allí mismo fue a parar la semana pasada el policía que disparó por la espalda contra un delincuente que le robó la moto en Moreno, cuyo caso devolvió el debate sobre los alcances de la “legítima defensa”.

“Estuvo 10 minutos y lo dejaron en libertad, con la misma carátula que tengo. Estoy indignado, la policía me dejó totalmente desamparado y la Justicia no es igual para todos”, se quejó en sus redes Jorge Correa tras ese caso.

Detenido con prisión preventiva e imputado por homicidio agravado, a casi tres meses de la noche del hecho, Correa aguarda la resolución respecto del pedido de arresto domiciliario y que la Justicia ponga en análisis su planteo de que actuó “en legítima defensa” cuando disparó su arma reglamentaria.