Este viernes al mediodía,  el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás dio a conocer las penas correspondientes al segundo juicio por el asesinato del abogado y comerciante de Ramallo César Butara.

Walter Díaz, sindicado como líder de la banda, y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo homicida, fueron condenados a prisión perpetua tras ser hallados culpables por el jurado ciudadano.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, recibió una pena de 28 años de prisión efectiva, luego de que Fiscalía y querella pidieran 37 años para él en la audiencia de cesura, que tuvo lugar la semana pasada. 

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José “Toti” Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

En su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás dictó sentencia en el caso Salvador Eirín y declaró culpable de homicidio preterintencional a Walter de Araujo Otero, acusado en el caso.

Como había adelantado La Opinión, la causa se resolvió en juicio abreviado y el imputado fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que tras la audiencia recuperó la libertad, luego de permanecer casi un año y medio detenido.

La pena aplicada es la mínima para este tipo de delitos, teniendo en cuenta la falta de antecedentes del acusado, cuyos abogados, Karina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación penal, lo que favoreció su situación procesal.

De Araujo Otero había sido acusado inicialmente de homicidio simple y fue condenado por homicidio preterintencional, una figura que implica que la agresión que derivó en la muerte de Salvador Eirín no tenía como fin matar.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín, de 32 años, murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Será resuelto por la vía del juicio de trámite abreviado el caso de Salvador Eirín, el joven de 32 años que falleció tras sufrir un ACV días después de protagonizar una pelea con Walter de Araujo Otero, alías “el brasilero”, que era su amigo y permanece detenido.

De Araujo Otero había sido inicialmente acusado de homicidio simple, pero sus abogados defensores, Carina Roca y Joaquín González, lograron cambiar la calificación a homicidio preterintencional, una figura que tiene en cuenta que no hubo intención de causar la muerte.

Así, la fiscalía que conduce Viviana Ramos y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo para ir a juicio abreviado, cuya audiencia tendrá lugar el 17 de julio próximo y en la que el Juzgado establecerá si el acusado es culpable o no del delito del que se lo acusa.

Si hay condena, la pena que se le aplicará será la mínima para ese tipo de delitos, establecida en tres años de prisión, de ejecución condicional. Así lo acordaron fiscalía y defensa.  Detenido desde hace un año y medio, aguardaba resolución de Casación sobre el planteo de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió en enero de 2025. Salvador Eirín murió tras ser sometido a una cirugía luego de sufrir un ACV isquémico. El accidente cerebrovascular se produjo 36 horas después de la pelea con De Araujo Otero.

Salvador y Walter era amigos. Durante la madrugada del viernes 17 de enero mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes en la zona de Ayacucho y Miguel Porta, cerca de un bar al que habían concurrido.

La víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente. Fue asistido en la Guardia del Hospital. Tras una serie de estudios, que incluyeron una tomografía y la evaluación de un neurólogo, fue dado de alta.

Días después, ante una opresión en el cráneo, fue asistido en el hospital privado Sadiv, donde detectaron que presentaba lesiones compatibles con un ACV. Lo intervinieron quirúrgicamentede urgencia, pero  no resistió.

Walter de Araujo Otero fue detenido identificado como la persona con la que Salvador se había peleado unos días antes de su fallecimiento. Estaba acusado de homicidio.

Su defensa presentó una pericia a cargo del médico y abogado Daniel Creus que consideró que "el deceso y la pelea" eran "hechos separados". Finalmente, lograron que la calificación sea distinta a la original y que De Araujo no sea acusado de haber tenido intenciones de matar a Eirín.

Así, el juicio abreviado es por homicidio preterintencional, una calificación que implica que si bien fue el autor de una agresión que derivó luego en la muerte, no tenía como fin ese resultado.

El homicidio preterintencional aparece cuando "el medio empleado por el autor" no debía "razonablemente" causar la muerte del agredido, aunque se trató de una acción que fue llevada adelante para causar daño.

El jurado ciudadano halló culpables a los tres acusados del crimen de César Butara en Ramallo que eligieron esa modalidad, de una banda que tenía en tota cinco integrantes, todos condenados.

Walter Díaz y Ramiro Cáceres, señalado como el autor del disparo que mató al reconocido abogado y comerciante ramallense, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causae, es decir un asesinato cometido para consumar otro delito, en este caso el robo.

Miguel Pereyra Retamal, por su parte, fue condenado con un calificación penal menor, por lo que no recibirá pena de perpetua, aunque todo indica que cuando el Tribunal dé a conocer la sentencia le tocará una condena relevante.

En marzo pasado habían sido condenados a 20 años de prisión José "Toti" Pereyra Retamal y Facundo Gómez, quienes eligieron un juicio técnico.

En la primera audiencia, el Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasaron testigos  y peritos que alimentaron la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie. Dijo que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado popular declaró "no culpable" a Maricel "Pili" Solís, quien permanecía detenida desde hacía un año y medio acusada del homicidio de Marcel Javier González Jorge, el uruguayo que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras conocerse el veredicto de no culpabilidad, la abogada defensora de Solís, Antonela Travesaro, consideró que del debate se desprende que Marcel no fue asesinado.

La abogada sostuvo la teoría planteada por la defensa desde el inicio de las actuaciones respecto de que no hubo participación de terceros sino que las lesiones que presentaba el cuerpo de Marcel fueron autoinfligidas.

Aunque eso no es lo que el jurado tenía que determinar —su rol se limitó a establecer si Solís era culpable o no de homicidio calificado—, para Travesaro quedó demostrado que no hubo asesinato en el caso.

Durante las cuatro jornadas de debate, los testimonios presentados por la propia fiscalía —entre ellos el del doctor Monacci, encargado de practicar la autopsia, y el del médico legista doctor Serra— coincidieron en dictaminar que las 32 heridas detectadas en el cuerpo presentaban características de haber sido autoinfligidas.

Además, un informe complementario elaborado por tres médicas peritos de la ciudad de Junín convalidó las conclusiones de la operación de autopsia original.

Travesaro cargó, una vez más, contra la perito de parte Virginia Creimer, que firmó una pericia sobre la autopsia junto al jefe de la Asesoría Pericial de San  Nicolás, Manuel Caro, en la que establecieron que sí había signos participación de terceros, puesto que Marcel tenía heridas en las arterias yugular y femoral, ambas lesiones que producen la muerte de inmediato.

Para Travesaro, el informe de Craimer carecía de sustento científico al haber sido practicado en base a las fotografías de la escena en la que fue hallado Marcel.

Travesaro enfatizó que la perito enfrenta procesos por presunto falso testimonio e implantación de pruebas en otros casos en diversas jurisdicciones y aseguró que esta causa, como otras, estaba “armada”.

La abogada destacó que para el veredicto fueron de relevancia las pericias que establecieron que Solís no tenía la fuerza suficiente como para cometer un crimen de estas características y el hecho de que en el cuchillo hallado en la escena no había rastros de ella.

Comenzó este miércoles en San Nicolás el segundo juicio por el asesinato del reconocido abogado y comerciante de Ramallo César Butara, a quien un grupo de delincuentes de San Pedro, conocidos como "la banda de Walter Díaz", mató en su casa cuando entraron a robar.

En marzo pasado fueron condenados Facundo Gómez y José Pereyra Retamal, quienes recibieron una pena de 20 años de prisión en un juicio técnico. Los otros acusados habían elegido un juicio por jurados, que es el que se desarrolla esta semana.

Tras una larga etapa de selección del jurado popular, que llevó casi toda la mañana, pasadas las 13.30 comenzó en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales el debate oral y público que juzga a Walter Díaz, Miguel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres.

El Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasarán testigos que durante que alimentarán la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie.

Díaz relató que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

En su declaración señaló a Cáceres como el autor del disparo y dijo que no entendía por qué lo había hecho. Además, aseguró que lo habían llevado a Ramallo diciéndole que iban "a pasear".

Por su parte, Pereyra Retamal sostuvo que él no estaba en el lugar del hecho y la defensa planteó que su participación es "secundaria" respecto del asesinato.

Los dos condenados en juicio técnico previo fueron hallados culpables del delito de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo. 

La defensa busca en el debate modificar esa calificación para los tres imputados que eligieron ser juzgados por jurado popular ciudadano.

La declaración de los familiares de César Butara fue un momento duro y emotivo de la primera jornada del juicio, sobre todo la participación de su mamá, que se quebró ante el Tribunal, el jurado y los imputados, a quienes pidió explicaciones e insultó.

La esposa relató cómo fue el asalto, cómo entraron los delincuentes y la golpearon. Su relato fue crudo y tensionó la sala. Al igual que su suegra, lloró mucho durante la declaración.

También pasaron por ante el Tribunal dos de los tres hijos adolescentes del matrimonio, entre otros testigos relacionados con los movimientos que se vieron en la zona de la casa donde ocurrió el hecho.

Para este jueves está prevista una larga lista de testigos y todo indica que el debate podría extenderse hasta el viernes.

Entre las declaraciones para la segunda jornada se encuentran la de personas que contribuyeron al secuestro del arma y a los allanamientos, vecinos de Pereyra Retamal, que es quien vivía en Ramallo, y personal de la Asesoría Pericial de Necochea convocado para este juicio.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

El jurado ciudadano del juicio por el caso Marcel declaró no culpable a Marisel “Pili” Solís, por lo que la acusada, que llegó al debate detenida con prisión preventiva desde diciembre de 2024, seis meses después de la muerte del joven uruguayo, recuperaba la libertad.

Los vecinos integrantes del jurado popular dieron su veredicto este jueves en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, luego de tres días de un debate que comenzó el martes, tras la selección que tuvo lugar el lunes.

La defensa de Pili Solís logró sembrar la duda entre el jurado respecto del homicidio y la presunta participación de la imputada que señaló en su acusación la Fiscalía.

“Mucha emoción. Se hizo justicia”, dijo a La Opinión la abogada de Pili Solís, Antonela Travesaro, tras el veredicto.

Los elementos de prueba y los alegatos del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, representantes de la familia de Marcel, no alcanzaron para persuadirlos respecto de la culpabilidad.

La abogada Antonela Travesaro, defensora particular de la imputada, sostuvo desde que asumió ese rol que la causa estaba “armada” y que todo lo que había en el expediente favorecía a su defendida.

Entre esos puntos destacó una pericia que indicaba que Solís no tenía la fuerza suficiente para cometer un crimen de esas características y la falta de huellas en el cuchillo hallado en la escena.

Solís, que llegó al juicio detenida, recuperaba su libertad luego del veredicto emitido por el jurado ciudadano que tuvo a su cargo ponderar las pruebas, testimonios y alegatos durante el juicio.

Marcel Xavier González Jorge, uruguayo de 33 años, fue hallado por la policía en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 204 en una de las habitaciones de la casa de la finca Sonho Verde, ubicada en inmediaciones del kilómetro 20 de la ruta 191.

Los efectivos habían llegado alertados por Marisel “Pili” Solís, que era su pareja. En su declaración, ella dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo y que a su regreso del “viaje” de cucumelo, halló a Marcel sin vida.

En el lugar había gran cantidad de drogas y Solís fue aprehendida, acusada inicialmente de presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A los pocos días fue liberada. El informe de la autopsia había señalado que todo indicaba que las lesiones que le causaron la muerte a Marcel habrían sido autoinfligidas.

Sin embargo, una pericia posterior firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció que tuvo que haber participación de terceros.

Tras el debate del juicio oral y público, el jurado deliberó y consideró no culpable a Solís. Para condenarla era necesario unanimidad, puesto que la única pena posible en ese caso era la de prisión perpetua.

Se desarrolla en San Nicolás este martes la segunda jornada del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís, acusada del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo hallado en un verdadero baño de sangre en una fina ubicada en ruta 191.

El lunes tuvo lugar la selección de los jurados, 12 titulares y seis suplentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que tiene como única pena posible la prisión perpetua.

Este martes, cuando comenzó el debate propiamente dicho, hubo incidentes tras los que solicitaron la intervención del Tribunal. Fue luego de los alegatos de apertura, en la que las partes expusieron sus planteos.

Las abogadas de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, acusaron al hermano de Solís, Javier, de amenazarlas dentro del Palacio de Tribunales cuando se les acercó en el momento en que bajaban una escalera en el edificio.

Sanjurjo dijo a La Opinión que informaron al Tribunal sobre lo ocurrido y que el juez que lo preside hizo una “advertencia” al público para que no haya situaciones que molesten a las partes.

Las abogadas representan a la familia como particulares damnificados en la causa cuyo trámite comenzó en la Fiscalía 7 y llegó a juicio bajo la órbita de la 9, que conduce Vicente Gómez, fiscal de Baradero.

"Pili" Solís había transitado prácticamente toda la instrucción de la causa con el abogado Gustavo Moreno como defensor particular, quien antes de la etapa final fue reemplazado por Antonela Travesaro.

La nueva abogada tiene como estrategia intentar persuadir al jurado de que Marcel no fue asesinado sino que, como había establecido al principio la autopsia, las lesiones que presentaba fueron autoinfligidas.

Una pericia posterior, firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial de San Nicolás, Manuel Caro, consideró que él no podría haberse provocado a sí mismo ese tipo de heridas.

Por eso la causa llegó a juicio con la carátula de homicidio calificado. El jurado ciudadano deberá ponderar las pruebas y los testimonios para establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no.

Este lunes, desde las 8.00 de la mañana, se desarrolla en San Nicolás la primera audiencia del juicio por jurados contra Marisel "Pili" Solís por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que fue hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La primera jornada es de selección del jurado, 12 vecinos de la región que tendrán la responsabilidad de establecer si la acusada es culpable o no de un asesinato.

El martes, ya con el jurado elegido, habrá alegatos de apertura y comenzarán a pasar los testigos que declararán en el juicio, lo que incluye peritos, profesionales de la salud y efectivos policiales. Se espera que las audiencias se extiendan al menos hasta el jueves.

Solís llegó al debate oral y público detenida con prisión preventiva desde que una pericia sobre la autopsia estableció que Marcel no podría haberse autoinfligido las heridas que le causaron la muerte.

La acusación es por homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena posible, en caso de culpabilidad, es la prisión perpetua. Para que la imputada sea declarada culpable debe haber unanimidad en el jurado.

Por eso la tarea del fiscal Vicente Gómez y de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, que representan a la familia de Marcel, será la de exponer un cuadro de situación que no deje dudas en los 12 vecinos de la región seleccionados para el juicio.

Por su parte, la abogada de Solís, Antonela Travesaro, llega con el plan de persuadir al jurado acerca de la inocencia de Solís o al menos con la intención de sembrar la duda respecto de la acusación de homicidio.

Cuando la policía llegó a la finca Sonho Verde, alertada por la propia Solís, Marcel estaba en una de las dependencias desnudo y en un charco de sangre, con un cuchillo cerca de él.

En el lugar había una gran cantidad de drogas y ella fue detenida bajo la acusación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes. Cinco días después, la liberaron.

La autopsia había señalado, inicialmente, que se trataría de una muerte producida por lesiones autoinfligidas, pero luego una pericia firmada por la perito de parte Virginia Creimer y el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, el médico forense Manuel Caro, estableció la participación de terceros.

Pili Solís dijo que habían consumido cucumelo y que ella salió a caminar durante horas mientras duraba el "viaje" de los hongos alucinógenos y que al regresar encontró muerto a Marcel.

Aunque luego el informe toxicológico no reveló la presencia de psilocibina, la abogada de Solís sostiene su relato porque "no tenían las técnicas ni los reactivos específicos para buscar esa droga".

Hay pericias que Travesaro pondrá de relieve en defensa de su asistida, como la falta de huellas de Solís en el cuchillo hallado en la escena o el hecho de que no tendría la fuerza necesaria para cometer un crimen de estas características.

Fiscalía y la querella procurarán sostener que si Marcel murió por acción de terceros la victimaria no podría ser otra que su pareja, porque era los únicos que estaban en el campo.

El jurado ciudadano deberá ponderar cada una de las pruebas que aparezcan, más los testimonios y alegatos que se expongan durante el debate, para decidir si en la muerte de Marcel hubo un homicidio y si la responsable es o no Marisel "Pili" Solís.

Seguirá detenida camino al juicio Marisel "Pili" Solís, acusada de homicidio agravado por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 en junio de 2024.

Así lo resolvieron los jueces de la sala I del Tribunal de Casación Penal en La Plata, donde la defensa de la acusada había presentado un recurso en procura de lograr el beneficio de arresto domiciliario.

Solís está detenida con prisión preventiva desde que la pericia médica sobre la autopsia señalara que Marcel no podría haberse autoinfligido las lesiones que le provocaron la muerte.

Su abogada defensora, Antonela Travesaro, había solicitado que la imputada fuera alojada en su casa a la espera del juicio por jurados en la que se resolverá si es culpable o inocente de la muerte del joven uruguayo, que era su pareja.

El juez de Garantías había accedido al beneficio, pero el fiscal Vicente Gómez y la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, apelaron esa decisión y lograron revocarla.

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de mantener presa a Solís, su defensa fue a Casación, donde también mantuvieron la decisión de que permanezca detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que es necesario mantener presa a Pili Solís ante "la persistencia de los peligros procesales" que derivaron en el dictado de prisión preventiva.

Los argumentos esgrimidos por su defensa en relación al cuidado de su hija de 14 años no alcanzaron. Por el contrario, el Tribunal de Casación ponderó los planteos de Gómez y Sanjurjo.

La querella había señalado que la hija de Solís podía permanecer bajo el cuidado de otros familiares y que su traslado a la finca Sonho Verde, donde ocurrieron los hechos, implicaba un "peligro de fuga" inminente, teniendo en cuenta la proximidad del debate oral y los recursos económicos con los que cuenta la acusada.

El juicio oral y público con jurado ciudadano contra Pili Solís comenzará el lunes 22 de junio en el Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que se extenderá al menos por cuatro jornadas.

El jurado deberá decidir si es culpable o no del delito de homicidio agravado, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la prisión perpetua.

Marisel "Pili" Solís continuará detenida en la cárcel de San Nicolás imputada por el homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, camino al juicio por jurado ciudadano que se desarrollará en junio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces rechazaron la decisión que había tomado el Juzgado de Garantías de otorgarle el beneficio de arresto domiciliario.

El planteo de la nueva abogada de Solís, Antonela Travesaro, había tenido visto bueno en primera instancia, pero tanto el fiscal Vicente Gómez como la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Esa apelación dejó en suspenso el beneficio y finalmente la Cámara accedió al planteo opositor, por lo que la acusada seguirá detenida en la Unidad Penal 3 hasta tanto se desarrolle el debate oral y público.

El juicio está previsto para los días 22, 23 y 24 de junio. Allí, el jurado ciudadano resolverá si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación cuya única pena prevista es la de prisión perpetua.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca Sonho Verde, ubciada en ruta 191 y propiedad de Solís, con quien tenía una relación de pareja.

En su defensa, ella dijo que habían tomado hongos alucinógenos y que salió a caminar en el marco del “viaje” psicodélico, y que al regresar halló muerto a Marcel. 

La hipótesis de la acusación es que ella lo asesinó. Su defensa sostiene que las lesiones fueron autoinfligidas. 

La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

El 15 de enero de 2026, en un episodio que era de esperar por los constantes conflictos que se desataron tras el asesinato de Lautaro Carlevaris a principios de 2025, se produjo la persecución entre dos motos que terminó en un tiroteo del que resultó víctima fatal Agustín Pereyra.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que aquella tarde, cuando la víctima agonizaba en el Hospital, se habían registrado amenazas que concluyeron en tragedia.

En la tarde de este lunes, Romina -la mamá del acusado por el homicidio- Kevin Carlevaris pidió la presencia de La Opinión & Sin Galera para proceder a la entrega de su hijo tras casi 40 días de mantenerse prófugo de la justicia.

Su decisión coincide con la fecha en la que la Fiscal Viviana Ramos pide la prisión preventiva para quien está considerado como coautor del crimen; el joven de 21 años que manejaba la moto en el momento de los disparos y que fue detenido en un allanamiento a los pocos días del hecho y que permanece privado de su libertad en una comisaría de San Nicolás. Esa audiencia tendrá lugar este martes por la mañana y si bien, la fiscalía no duda de la participación del joven que acompañaba a Carlevaris, su responsabilidad podría cambiar tras la confesión pública que formuló quien hasta ayer lunes estaba prófugo.

Ahora, el detenido por el asesinato asegura que su compañero tanto el día del crimen como en el trabajo que desempeñaban en la carnicería La Chacra; es inocente. En su declaración a La Opinión & Sin Galera, dijo que lo pasó a buscar para tomar unos mates y contarle sobre las amenazas que había recibido su madre cuando los jóvenes con los que se enfrentaron pasaron por el domicilio de Manuel Iglesias al 800 y descerrajaron varios disparos.

Kevin, reconstruyó lo sucedido aquella tarde en la que resultó como responsable del homicidio y deslindó cualquiera de los hechos por los que está acusado su amigo. De hecho, indicó también que todo lo ocurrido obedece a las decenas de denuncias y enfrentamientos que mantenían con Pereyra a quien acusan por la muerte de Lautaro, el hermano de Kevin, ejecutado también por delincuentes a principios de 2025.

“Era él o yo”, dijo Kevin respecto de los disparos que intercambiaron de una moto a otra y agregó que desde que mataron a su hermano Lautaro las disputas no cesaron. “Voy a pagar lo que me toque, ya sé”, declaró a sabiendas de que también su confesión y entrega permitirá aclarar la situación de su compañero.

Los efectivos que llegaron al lugar, lo pusieron en conocimiento del delito del que se lo acusa, lo esposaron y lo subieron al patrullero para trasladarlo a la Comisaría en medio de la tensión y la angustia de padres y hermanos que ahora claman protección porque en los últimos días han sido víctimas de todo tipo de amenazas y agresiones que incluyen balaceras nocturnas. Llega ahora el plazo que tiene la Fiscal para tomarle declaración indagatoria y destinarlo a su lugar de reclusión.

Este lunes, Kevin Carlevaris, principal acusado por el homicidio de Agustín Pereyra, se entregó a la Policía en la vivienda de su familia, ubicada en Manuel Iglesias al 800.

El joven se encontraba prófugo desde el 15 de enero, cuando ocurrió el crimen, y fue trasladado en un patrullero hacia la comisaría local para quedar a disposición de la fiscal Viviana Ramos.

La familia había convocado al móvil de La Opinión & Sin Galera para registrar el momento de la entrega y, según expresaron en el lugar, para contar con un “testimonio” que diera garantías de seguridad mientras aguardaban el arribo del patrullero. Durante la transmisión, el joven brindó su versión de lo sucedido y aseguró que existía un conflicto previo con la familia de la víctima.

En ese contexto, Carlevaris admitió que hubo un intercambio de disparos. 

“Él me empezó a tirar tiros y yo también le empecé a tirar. Era él o yo”, reconoció ante las cámaras. 

También señaló que decidió presentarse porque “tengo que pagar por lo que hice”, y pidió que  “se investigue bien” para esclarecer el trasfondo del hecho.

En la misma entrevista, la madre del acusado insistió en que su familia había realizado denuncias previas por amenazas y episodios de violencia, y reclamó que la Justicia avance sobre todas las personas que, según dijo, estarían involucradas en el conflicto. Además, se refirió a la situación de un joven que permanece detenido en la causa bajo la calificación de “partícipe necesario”, y el propio Carlevaris afirmó que “no tiene nada que ver”.

Tras la llamada al 911, y luego de una espera que se extendió durante varios minutos, el patrullero llegó al domicilio. Carlevaris se despidió de su familia y fue subido al móvil policial, esposado, para su traslado a la dependencia local.

La familia reiteró su pedido de protección y reclamó que la Fiscalía avance en el esclarecimiento del caso.

A un mes del crimen de Agustín Pereyra, familiares y amigos, lo recordaron, pidieron Justicia y exigieron que el crimen "no quede en la nada".

La investigación judicial avanza con fuertes sospechas sobre el autor material del disparo, aunque el principal acusado continúa prófugo.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado que tuvo lugar en la zona de Manuel Iglesias al 1100, donde recibió un balazo por la espalda.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo permitieron reconstruir la secuencia del ataque y resultaron claves para orientar la pesquisa.

La causa, que encabeza la fiscal Viviana Ramos, derivó en la detención del conductor de la motocicleta en la que se desplazaba el tirador.

El imputado, a quien en las imágenes primero se lo observa como acompañante y luego como conductor, permanece alojado en una dependencia policial, acusado como “partícipe necesario” del homicidio.

Sin embargo, Kevin Carlevaris, de 18 años, señalado como el autor material de los disparos, permanece prófugo de la Justicia. 

Al cumplirse un mes del asesinato, familiares y amigos de Agustín lo recordaron con un mensaje. 

“A un mes de su asesinato lo recordamos con amor y cariño. Pedimos justicia ya que el asesino anda suelto y sus cómplices también. Queremos justicia en su memoria para que descanse en paz. Que no quede en la nada, que pague el asesino”, expresaron. 

Comenzó el ofrecimiento de pruebas camino al juicio por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, por la que está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece detenida con prisión preventiva Maricel "Pili" Solís.

El Tribunal de Casación rechazó el recurso de queja interpuesto por la abogada Antonela Travesaro, nueva defensora particular de la acusada, y ratificó que habrá juicio oral y público por el caso, confirmó a La Opinión la abogada que representa a la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Travesaro había atacado el auto de elevación a juicio de la causa, pero el Tribunal decidió seguir adelante como hasta ahora, por lo que habrá debate y, de acuerdo a lo solicitado por la imputada, será con jurado ciudadano.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en una finca de ruta 191 en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024. Pili Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar y al regresar lo encontró muerto.

La Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo, una calificación penal que sólo prevé una pena posible en caso de condena: prisión perpetua.

A diez años del crimen que sacudió a la comunidad, los familiares de Ariel Lido Gomila volvieron a alzar la voz para reclamar “justicia y seguridad”. No es solo un recuerdo, es “una herida que sigue abierta”.

“¿Algo cambió?”, se preguntaron, con una frase que concentra la preocupación que aún atraviesan muchos sampedrinos frente a una inseguridad que no cesa.

Gomila tenía 77 años cuando fue asesinado en la madrugada del 6 de febrero, en su campo del paraje El Espinillo. Aquella noche regresaba a su hogar junto a su esposa. Al llegar, se encontraron con un grupo de delincuentes que estaba robando en la vivienda. Lo que siguió fue una escena de terror.

Se escucharon disparos. Ariel descendió del automóvil; su esposa permaneció dentro. Uno de los proyectiles lo alcanzó de manera mortal, truncando su vida y marcando para siempre a su familia.

La investigación avanzó con rapidez. En pocas horas, la Justicia logró orientar la pesquisa a partir de datos claves incorporados a la causa. Hubo allanamientos, operativos y testimonios que condujeron a la identificación y posterior detención de Ulises Fernández, quien terminó siendo condenado a prisión perpetua, pese a proclamar su inocencia.

Con el paso del tiempo, los Tribunales de San Nicolás lo hallaron culpable del homicidio, sumándose además cargos por tenencia de estupefacientes, hallados durante el allanamiento de su vivienda. La causa atravesó instancias de apelación en distintos fueros, incluso ante la Corte Suprema de la Provincia, que finalmente ratificó la condena.

Diez años después, para los familiares de Ariel Gomila, el dolor persiste y la pregunta sigue vigente: si el tiempo alcanzó para hacer justicia.

Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.