Marisel "Pili" Solís continuará detenida en la cárcel de San Nicolás imputada por el homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, camino al juicio por jurado ciudadano que se desarrollará en junio.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, cuyos jueces rechazaron la decisión que había tomado el Juzgado de Garantías de otorgarle el beneficio de arresto domiciliario.

El planteo de la nueva abogada de Solís, Antonela Travesaro, había tenido visto bueno en primera instancia, pero tanto el fiscal Vicente Gómez como la abogada de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo, se opusieron.

Esa apelación dejó en suspenso el beneficio y finalmente la Cámara accedió al planteo opositor, por lo que la acusada seguirá detenida en la Unidad Penal 3 hasta tanto se desarrolle el debate oral y público.

El juicio está previsto para los días 22, 23 y 24 de junio. Allí, el jurado ciudadano resolverá si Solís es culpable o no del delito de homicidio agravado por el vínculo, una calificación cuya única pena prevista es la de prisión perpetua.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca Sonho Verde, ubciada en ruta 191 y propiedad de Solís, con quien tenía una relación de pareja.

En su defensa, ella dijo que habían tomado hongos alucinógenos y que salió a caminar en el marco del “viaje” psicodélico, y que al regresar halló muerto a Marcel. 

La hipótesis de la acusación es que ella lo asesinó. Su defensa sostiene que las lesiones fueron autoinfligidas. 

La Justicia ordenó una inspección ocular en el campo Sonho Verde, escenario donde el uruguayo Marcel Xavier González fue hallado en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024, camino al juicio oral y público con jurado ciudadano que afrontará la dueña de esa finca y en aquel entonces pareja de Marcel, Marisel "Pili" Solís.

La defensa de Solís había pedido una reconstrucción del hecho y acordó con Fiscalía esta inspección ocular, de la que participaron todas las partes, incluida la representación legal de la familia de Marcel, con la abogada Sofía Sanjurjo a cargo.

La medida contó con la presencia de un perito médico y criminalista ofrecido por parte de la defensa de Solís, que elevará un informe respecto de lo que se observó en el lugar, que además fue filmado para proyectar en el juicio y así evitar que el jurado ciudadano deba trasladarse a la escena del hecho.

Antonela Travesaro, abogada que encabeza la defensa de Solís, informó a La Opinión que aguardan con expectativa el informe del perito de parte y ratificó su convicción de que "no hubo homicidio".

Por su parte, Sofía Sanjurjo señaló a este medio que "hay contradicciones" entre lo que planteaba el perito, pero que todo se dirimirá en el juicio por jurados.

Pili Solís eligió esa modalidad para ser juzgada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé como única pena, en caso de que sea condenada, la prisión perpetua.

En el juicio, Fiscalía y la querella deberán convencer a tods los integrantes del jurado respecto de la culpabilidad de Solís para que sea condenada. A la defensa le bastará con sembrar la duda en uno de ellos para evitar una sentencia desfavorable.

El Tribunal fijó el debate para los días 22, 23 y 24 de junio. El jurado deberá establecer si Marisel "Pili" Solís es culpable o no de la muerte de Marcel.

La abogada de Marisel "Pili" Solís, acusada del homicidio del uruguayo Marcel Xavier González Jorge, logró para su defendida el beneficio de arresto domiciliario hasta la fecha del juicio por jurados, que será en junio próximo.

Antonella Travesaro es la abogada que reemplazó al reconocido penalista Gustavo Moreno en la defensa de la imputada y logró el fallo favorable en la última audiencia, en la que se fijó para 22, 23 y 24 de junio el debate oral y público que ventilará el resonante caso.

De todas maneras, Solís permanece alojada en la Unidad Penal 3 de San Nicolás hasta tanto se resuelva la apelación, que la abogada Sofía Sanjurjo, representante de la querella, confirmó interpondrá ante la Cámara para oponerse al beneficio.

En primera instancia, la Justicia accedió a otorgarle el arresto domiciliario por cuestiones relacionadas con la maternidad de Solís, que tiene una hija adolescente que vivía con ella hasta que quedó detenida.

Travesaro planteó que en esta etapa previa al juicio no hay peligro procesal alguno para que la imputada llegue al debate detenida en su domicilio, aunque habrá que esperar la resolución de Cámara para saber si ese beneficio se hará efectivo.

Marisel "Pili" Solís será juzgada por un jurado ciudadano que deberá establecer si es culpable o no de la muerte de Marcel, que fue hallado en un verdadero baño de sangre en la finca propiedad de ella en ruta 191.

La carátula del caso es homicidio agravado, cuya única pena posible en caso de condena es la prisión perpetua.

En su defensa, Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar por el campo en medio del "viaje" y que al regresar encontró a Marcel muerto en el cuarto.

Aunque en principio la autopsia había establecido que las lesiones fueron autoinfligidas, una pericia posterior firmada por la reconocida perito Virginia Creimer y por el jefe de la Asesoría Pericial San Nicolás, Manuel Caro, dejó asentado que hubo participación de terceros.

El juicio oral y público que tendrá lugar en junio pasará por ese debate: si Marcel se autolesionó o lo asesinaron y, en ese caso, si fue Marisel "Pili" Solís la responsable de darle muerte.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

El 15 de enero de 2026, en un episodio que era de esperar por los constantes conflictos que se desataron tras el asesinato de Lautaro Carlevaris a principios de 2025, se produjo la persecución entre dos motos que terminó en un tiroteo del que resultó víctima fatal Agustín Pereyra.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que aquella tarde, cuando la víctima agonizaba en el Hospital, se habían registrado amenazas que concluyeron en tragedia.

En la tarde de este lunes, Romina -la mamá del acusado por el homicidio- Kevin Carlevaris pidió la presencia de La Opinión & Sin Galera para proceder a la entrega de su hijo tras casi 40 días de mantenerse prófugo de la justicia.

Su decisión coincide con la fecha en la que la Fiscal Viviana Ramos pide la prisión preventiva para quien está considerado como coautor del crimen; el joven de 21 años que manejaba la moto en el momento de los disparos y que fue detenido en un allanamiento a los pocos días del hecho y que permanece privado de su libertad en una comisaría de San Nicolás. Esa audiencia tendrá lugar este martes por la mañana y si bien, la fiscalía no duda de la participación del joven que acompañaba a Carlevaris, su responsabilidad podría cambiar tras la confesión pública que formuló quien hasta ayer lunes estaba prófugo.

Ahora, el detenido por el asesinato asegura que su compañero tanto el día del crimen como en el trabajo que desempeñaban en la carnicería La Chacra; es inocente. En su declaración a La Opinión & Sin Galera, dijo que lo pasó a buscar para tomar unos mates y contarle sobre las amenazas que había recibido su madre cuando los jóvenes con los que se enfrentaron pasaron por el domicilio de Manuel Iglesias al 800 y descerrajaron varios disparos.

Kevin, reconstruyó lo sucedido aquella tarde en la que resultó como responsable del homicidio y deslindó cualquiera de los hechos por los que está acusado su amigo. De hecho, indicó también que todo lo ocurrido obedece a las decenas de denuncias y enfrentamientos que mantenían con Pereyra a quien acusan por la muerte de Lautaro, el hermano de Kevin, ejecutado también por delincuentes a principios de 2025.

“Era él o yo”, dijo Kevin respecto de los disparos que intercambiaron de una moto a otra y agregó que desde que mataron a su hermano Lautaro las disputas no cesaron. “Voy a pagar lo que me toque, ya sé”, declaró a sabiendas de que también su confesión y entrega permitirá aclarar la situación de su compañero.

Los efectivos que llegaron al lugar, lo pusieron en conocimiento del delito del que se lo acusa, lo esposaron y lo subieron al patrullero para trasladarlo a la Comisaría en medio de la tensión y la angustia de padres y hermanos que ahora claman protección porque en los últimos días han sido víctimas de todo tipo de amenazas y agresiones que incluyen balaceras nocturnas. Llega ahora el plazo que tiene la Fiscal para tomarle declaración indagatoria y destinarlo a su lugar de reclusión.

Este lunes, Kevin Carlevaris, principal acusado por el homicidio de Agustín Pereyra, se entregó a la Policía en la vivienda de su familia, ubicada en Manuel Iglesias al 800.

El joven se encontraba prófugo desde el 15 de enero, cuando ocurrió el crimen, y fue trasladado en un patrullero hacia la comisaría local para quedar a disposición de la fiscal Viviana Ramos.

La familia había convocado al móvil de La Opinión & Sin Galera para registrar el momento de la entrega y, según expresaron en el lugar, para contar con un “testimonio” que diera garantías de seguridad mientras aguardaban el arribo del patrullero. Durante la transmisión, el joven brindó su versión de lo sucedido y aseguró que existía un conflicto previo con la familia de la víctima.

En ese contexto, Carlevaris admitió que hubo un intercambio de disparos. 

“Él me empezó a tirar tiros y yo también le empecé a tirar. Era él o yo”, reconoció ante las cámaras. 

También señaló que decidió presentarse porque “tengo que pagar por lo que hice”, y pidió que  “se investigue bien” para esclarecer el trasfondo del hecho.

En la misma entrevista, la madre del acusado insistió en que su familia había realizado denuncias previas por amenazas y episodios de violencia, y reclamó que la Justicia avance sobre todas las personas que, según dijo, estarían involucradas en el conflicto. Además, se refirió a la situación de un joven que permanece detenido en la causa bajo la calificación de “partícipe necesario”, y el propio Carlevaris afirmó que “no tiene nada que ver”.

Tras la llamada al 911, y luego de una espera que se extendió durante varios minutos, el patrullero llegó al domicilio. Carlevaris se despidió de su familia y fue subido al móvil policial, esposado, para su traslado a la dependencia local.

La familia reiteró su pedido de protección y reclamó que la Fiscalía avance en el esclarecimiento del caso.

A un mes del crimen de Agustín Pereyra, familiares y amigos, lo recordaron, pidieron Justicia y exigieron que el crimen "no quede en la nada".

La investigación judicial avanza con fuertes sospechas sobre el autor material del disparo, aunque el principal acusado continúa prófugo.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado que tuvo lugar en la zona de Manuel Iglesias al 1100, donde recibió un balazo por la espalda.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo permitieron reconstruir la secuencia del ataque y resultaron claves para orientar la pesquisa.

La causa, que encabeza la fiscal Viviana Ramos, derivó en la detención del conductor de la motocicleta en la que se desplazaba el tirador.

El imputado, a quien en las imágenes primero se lo observa como acompañante y luego como conductor, permanece alojado en una dependencia policial, acusado como “partícipe necesario” del homicidio.

Sin embargo, Kevin Carlevaris, de 18 años, señalado como el autor material de los disparos, permanece prófugo de la Justicia. 

Al cumplirse un mes del asesinato, familiares y amigos de Agustín lo recordaron con un mensaje. 

“A un mes de su asesinato lo recordamos con amor y cariño. Pedimos justicia ya que el asesino anda suelto y sus cómplices también. Queremos justicia en su memoria para que descanse en paz. Que no quede en la nada, que pague el asesino”, expresaron. 

Comenzó el ofrecimiento de pruebas camino al juicio por la muerte de Marcel Xavier González Jorge, por la que está imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanece detenida con prisión preventiva Maricel "Pili" Solís.

El Tribunal de Casación rechazó el recurso de queja interpuesto por la abogada Antonela Travesaro, nueva defensora particular de la acusada, y ratificó que habrá juicio oral y público por el caso, confirmó a La Opinión la abogada que representa a la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Travesaro había atacado el auto de elevación a juicio de la causa, pero el Tribunal decidió seguir adelante como hasta ahora, por lo que habrá debate y, de acuerdo a lo solicitado por la imputada, será con jurado ciudadano.

Marcel Xavier González Jorge fue hallado en una finca de ruta 191 en un verdadero baño de sangre el 9 de junio de 2024. Pili Solís dijo que habían consumido hongos alucinógenos, que salió a caminar y al regresar lo encontró muerto.

La Justicia caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo, una calificación penal que sólo prevé una pena posible en caso de condena: prisión perpetua.

A diez años del crimen que sacudió a la comunidad, los familiares de Ariel Lido Gomila volvieron a alzar la voz para reclamar “justicia y seguridad”. No es solo un recuerdo, es “una herida que sigue abierta”.

“¿Algo cambió?”, se preguntaron, con una frase que concentra la preocupación que aún atraviesan muchos sampedrinos frente a una inseguridad que no cesa.

Gomila tenía 77 años cuando fue asesinado en la madrugada del 6 de febrero, en su campo del paraje El Espinillo. Aquella noche regresaba a su hogar junto a su esposa. Al llegar, se encontraron con un grupo de delincuentes que estaba robando en la vivienda. Lo que siguió fue una escena de terror.

Se escucharon disparos. Ariel descendió del automóvil; su esposa permaneció dentro. Uno de los proyectiles lo alcanzó de manera mortal, truncando su vida y marcando para siempre a su familia.

La investigación avanzó con rapidez. En pocas horas, la Justicia logró orientar la pesquisa a partir de datos claves incorporados a la causa. Hubo allanamientos, operativos y testimonios que condujeron a la identificación y posterior detención de Ulises Fernández, quien terminó siendo condenado a prisión perpetua, pese a proclamar su inocencia.

Con el paso del tiempo, los Tribunales de San Nicolás lo hallaron culpable del homicidio, sumándose además cargos por tenencia de estupefacientes, hallados durante el allanamiento de su vivienda. La causa atravesó instancias de apelación en distintos fueros, incluso ante la Corte Suprema de la Provincia, que finalmente ratificó la condena.

Diez años después, para los familiares de Ariel Gomila, el dolor persiste y la pregunta sigue vigente: si el tiempo alcanzó para hacer justicia.

Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.

El 21 de enero se cumplió un año de la muerte de Salvador Eirín, el joven de 32 años que falleció tras sufrir un ACV días después de mantener una pelea con otro muchacho, que era su amigo y permanece detenido por el caso.

Tras la última pericia, en la que el médico y abogado Daniel Creus consideró que "el deceso y la pelea son dos hechos separados", la defensa del único imputado aguarda resoluciones de la Justicia.

Los abogados Carina Roca y Joaquín González habían pedido la morigeración de las condiciones de detención, tras lo que el Juzgado de Garantías había accedido a otorgar el beneficio de arresto domiciliario.

Sin embargo, Fiscalía apeló y la Cámara de Apelaciones revocó la primera medida, por lo que el imputado sigue en la cárcel. Sus abogados plantearon un recurso en Casación y ahora aguardan que ese tribunal ese expida.

La defensa del acusado entiende que la resolución debería llegar pronto, puesto que la causa está encaminada para que sea elevada a juicio oral y público. En ese proceso, deberán definir si solicitan que el debate sea con jurado ciudadano o técnico.

Salvador Eirín mantuvo una pelea la madrugada del 17 de enero en inmediaciones de Ayacucho y Miguel Porta, donde vecinos escucharon "una discusión a los gritos". Allí, la víctima habría recibido un golpe con un objeto contundente.

Fue asistido en el Hospital municipal y le dieron el alta el sábado por la tarde, tras una serie de estudios, tomografía computada incluida, y evaluación por parte de un médico neurólogo.

Días después, ante una opresión en el cráneo fue al hospital privado Sadiv, donde detectaron lesiones compatibles con un ACV isquémico. Lo operaron, pero no resistió y falleció.

Este sábado en Sin Galera, la abogada Antonela Travesaro, integrante de la asociación civil Inocente Colectivo y nueva defensa de Maricel “Pili” Solís, aseguró que la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el joven uruguayo hallado muerto en un verdadero baño de sangre en una finca en ruta 191, no fue un homicidio sino un suicidio. 

Travesaro,  graduada de la UNR, diplomada en Criminalística y parte de un estudio dedicado a casos penales , afirmó que todas pericias respaldan la hipótesis del suicidio y apuntó contra Virginia Creimer, la perito cuya tarea permitió establecer que a Marcel lo mataron y por consiguiente, llevó a prisión a Solis como la única imputada en el caso. 

Antonela señaló que desde el inicio de la investigación hubo una mala interpretación de las pericias y remarcó que la autopsia determinó como causa de muerte una hemorragia masiva producto de una lesión en la vena femoral izquierda, considerada, según la defensa, como una lesión autoinfligida.

También señaló que el resultado negativo en el informe toxicológico no descarta el consumo de psilocibina, ya que el laboratorio no contaría con los reactivos ni el equipamiento necesarios para detectar esa sustancia. 

“No se contactó porque no se buscó, porque no tenían ni las técnicas ni los reactivos específicos para buscar este tipo de drogas”, señaló. 

Además, destacó como elemento clave la reciente pericia genética del cuchillo hallado en la escena, cuyos resultados indicaron que en el arma solo se encontró ADN de la víctima, sin rastros genéticos de Maricel Solís. 

El Juicio será bajo la modalidad de jurado ciudadano y se espera que el Tribunal disponga la fecha para el debate oral y público. Mientras, Maricel “Pili” Solis permanece en prisión preventiva en la Unidad Penal 3 de San Nicolás. 

Por otro lado,  Travesaro explicó que Inocente Colectivo, estudio que comparte junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al, es una organización sin fines de lucro que defiende a personas que consideran injustamente privadas de su libertad, y aclaró que no se trata de una entidad que represente exclusivamente a fuerzas de seguridad. 

Tras prestar declaración indagatoria, quedó detenido e imputado como partícipe necesario del asesinato de Agustín Pereyra el joven Lautaro Iobizzi, de 21 años, detenido el miércoles tras un allanamiento en Combate de Obligado al 2200.

Iobizzi fue identificado como la persona que iba en moto con Kevin Carlevaris, que permanece prófugo de la Justicia desde el jueves pasado, cuando ocurrió el tiroteo. 

En los videos que obran en el expediente de la causa penal que tramita en Fiscalía 11 se lo ve alternativamente manejando el rodado o como acompañante.

Cuando lo detuvieron, en la casa de la madre de su novia, dijo ante el personal policial de la Comisaría y de la DDI presente en el allanamiento que él era quien manejaba la moto y se puso a disposición de la Justicia.

Su declaración ante la fiscala Viviana Ramos fue un tanto confusa. Incluso los horarios en los que dice haber salido de trabajar para luego encontrarse con Carlevaris no coinciden con los del hecho, cuyos momentos culminantes están registrados con precisión en imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Iobizzi dijo que desconocía el conflicto entre Carlevaris y Pereyra, que además de la vinculación con la disputa que viene desde hace años está relacionada con el asesinato de Lautaro Carlevaris, hermano de Kevin.

Ramos lo imputó como partícipe necesario del homicidio, lo que implica endilgarle responsabilidades activas en el crimen, como facilitador, y significa que, probado en juicio su rol, la condena sería igual que la que reciba quien disparó el arma homicida.

Aunque dijo que no sabía que la situación iba a derivar en un tiroteo, será muy difícil descartar su vinculación con el crimen, en la medida en que su presencia antes, durante y después del tiroteo es activa. Habrá que ver que entiende el Juzgado de Garantías cuando llegue la audiencia de prisión preventiva.

Lautaro Iobizzi permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras la policía trabaja con algunas líneas de investigación firmes en procura de hallar al prófugo Kevin Carlevaris.

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, el joven que murió tras recibir un balazo en medio de un tiroteo, y destacó el rol del Centro de Monitoreo para reconstruir lo ocurrido.

Explicó que el hecho se esclareció a partir del análisis minucioso de cámaras de seguridad, que permitió seguir el recorrido de las motos involucradas y observar imágenes determinantes.

En una de ellas se ve a la víctima herida, levantándose la remera para mirarse la lesión, mientras llevaba un arma en la mano.

A partir de allí, continuaron rastreando el trayecto por distintas cámaras, cuadro por cuadro, hasta reconstruir gran parte de la secuencia, pese a que en el lugar exacto donde Agustín Pereyra cayó no había dispositivos instalados.

Álvarez señaló que las imágenes permitieron establecer que no se trató de un ataque unilateral, como se había relatado inicialmente, sino de un tiroteo entre dos motos.

“Ellos (Pereyra y quien iba con él en el rodado) también iban armados”, explicó, y confirmó que esa evidencia derivó en la orden de aprehensión del conductor de la moto en la que se desplazaba la víctima, quien en un primer momento había declarado como testigo.

El funcionario indicó que, tras el análisis del material fílmico, observaron incluso un cambio de posiciones entre quienes circulaban en la otra motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento previo y organizado.

Si bien evitó dar precisiones, aseguró que hay “información abundante” sobre el posible paradero del principal sospechoso, Kevin Carlevaris, de 18 años, y que la policía trabaja activamente para localizarlo, incluso fuera de la ciudad.

En ese marco, Álvarez sostuvo que el hecho se enmarca en una disputa entre bandas, posiblemente vinculada a episodios anteriores, y advirtió sobre la gravedad de que estos conflictos se diriman en la vía pública.

“Las balas podrían haber impactado en cualquier vecino que pasara por el lugar”, remarcó.

El secretario también defendió el trabajo diario de las fuerzas de seguridad y del Centro de Monitoreo, al señalar que se realizan allanamientos, aprehensiones y tareas investigativas de manera constante, aunque muchas veces no trascienden públicamente.

“Este caso mostró de manera contundente la importancia del monitoreo, pero todos los días se resuelven situaciones gracias a este trabajo silencioso”, concluyó.

La Justicia continúa trabajando para dar con Kevin Carlevaris, acusado de disparar contra Agustín Pereyra, que permanece prófugo.  

En enero del año pasado, y también en medio de un conflicto armado, el hermano del acusado, Lautaro, de 19 años fue asesinado, tras un largo historial, que incluye tiroteos, denuncias y causas archivadas.

El padre de Lautaro y Kevin Carlevaris lamentó ante La Opinión la "mala junta" y los problemas de adicciones de sus hijos, uno asesinado el año pasado y el otro prófugo acusado de matar a quien dicen era el autor de aquel crimen, Agustín Pereyra.

Pero además de la "mala junta", las adicciones a las drogas y la cotidinaeidad delictiva en barrios donde todos los conflictos, del tenor que sean, se dirimen a los tiros, hay un trasfondo de múltiples denuncias, causas archivadas, insuficiente intervención de los organismos de Niñez e impunidad.

Cuando Cristian Carlevaris se acercó a la redacción de La Opinión tenía una bolsita con papeles. Algunos amarillentos y arrugados. Eran denuncias y notificaciones judiciales. Sin contar las relacionadas con el asesinato de Lautaro suman más de 70 páginas.

Las denuncias fueron radicadas por diferentes miembros de la familia Carlevaris. Apuntan, casi siempre, a los mismos nombres y por las mismas situaciones: amenazas, disparos de armas de fuego sobre sus viviendas e incluso sobre ellos mismos.

Hay denuncias que se remontan a 2018, 2020, 2021. 

Las primeras son contra integrantes de una reconocida familia del barrio Malvinas. Luego empiezan las que señalan a Marcelo "Rengo" Candiotti, sus hijos y los amigos, muchos de ellos todavía menores de edad.

En febrero de 2024, Iara Carlevaris, hermana de Lautaro y Kevin, recibió tres disparos: uno en la mano, otro en la espalda y un tercero en el cuello. Era de madrugada. Por el caso fue detenido Iván Cáceres, acusado junto a dos cómplices que se dieron a la fuga. "Quedó en libertad enseguida", contaron desde la familia.

A fines de mayo, Brisa Ailén, otra hermana, también fue baleada. El tiro le dio en la mano porque se cubrió. "En las cámaras se cómo tira a la cabeza", dijo en ese momento. Fue un jueves por la noche. Tres días después, dos jóvenes en moto gritaron el nombre de su hermano Lautaro frente a su casa y descerrajaron dos disparos.

Muchas de las causas fueron a para al fuero de responsabilidad penal juvenil porque los denunciados eran y todavía son menores de edad. En cada oportunidad, la Fiscalía de menores decidió no adoptar medidas de contención suficientes.

Una de las resoluciones de la Justicia de Menores dice que la causa pasó a archivo por "aplicación de los principios de última ratio y mínima intervención estatal" en casos que involucran a "niños inimputables".

En algunos casos hubo intervenciones de asistentes sociales y psicólogos de la Defensoría General para evaluar "salud física y psíquica del niño", en alusión a imputados por hechos de abuso de armas.

En cada uno, además, la Justicia de Menores advierte que los "organismos del Estado" que correspondan, como el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, deben intervenir para que los imputados "internalicen lo disvalioso de su accionar" y comprendan que lo que hacen "vulnera los derechos de terceros y afecta su propia vida".

Hubo allanamientos, armas secuestradas, denuncias cruzadas, indicios firmes de comercialización de estupefacientes con menores como responsables del delivery, testimonios fehacientes de vecinos y hasta de efectivos policiales que señalan con nombre y apellido a los menores involucrados, y hasta el secuestro de tres armas de fuego en poder de uno de ellos.

En esa causa, que todavía está en trámite, la defensoría del menor pidió sobreseimiento o suspensión de juicio a prueba, pero el juez interviniente resolvió denegarlo. El adolescente en cuestión está imputado de "abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas".

Los menores involucrados en estos conflictos crecieron. La mayoría siguió en la misma senda delictiva y de adicciones. Algunos ya son mayores de edad y otros, todavía no. 

Lautaro Carlevaris tenía 19 años cuando lo mataron. Su hermano Kevin, prófugo por homicidio, cumplió 18 hace seis meses. Está acusado de matar a Agustín Pereyra, que tenía 26.

El único que recibió una medida efectiva de "resocialización" es el condenado por la muerte de Lautaro, que ahora tiene 18 años y cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva en un centro de contención juvenil, donde permanece alojado tras la denegatoria judicial al arresto domiciliario que solicitó su defensa.

Mientras la policía continúa la búsqueda de Kevin Carlevaris, joven de 18 años acusado de ser el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra el jueves pasado, su padre estuvo en la redacción de La Opinión.

Cristian Carlevaris también es padre de Lautaro, el joven de 19 años que fue asesinado en enero del año pasado en el marco de un conflicto armado que tiene a dos grupos como protagonistas, en un contexto de consumo de drogas y abuso de armas de fuego.

Para Cristian Carlevaris, Agustín Pereyra fue quien mató a su hijo Lautaro, inducido, según sostuvo, por Marcelo "Rengo" Candiotti, reconocido delincuente que cumple arresto domiciliario y cuyos hijos forman parte del conflicto.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a Fiscalía acusar a Kevin Carlevaris como autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, lo que abona la hipótesis de una venganza por el crimen de su hermano Lautaro.

Consultado acerca de si su hijo podría ser el responsable del asesinato, Cristian Carlevaris respondió: "Creo que no. No pongo las manos en el fuego, pero yo creo que no, porque no encontraron nada".

"Yo no se si fue mi hijo, el tema es que ya lo están juzgando", dijo Cristian Carlevaris.

Reconoció que tanto Lautaro como Kevin "se portaban mal, hacían cosas malas", por la "mala junta" que tenían y aseguró que desde que en enero del año pasado asesinaron al mayor, el hermano "se puso las pilas". "Dejó las malas juntas, dejó las drogas, empezó a trabajar", relató.

Kevin Carlevaris tiene múltiples antecedentes policiales de cuando era menor de edad. "Por peleas", dijo el padre. Permanece prófugo de la Justicia desde que se libró la orden de detención, acusado de ser el homicida de Agustín Pereyra.

Cristian Carlevaris es oriundo de Moreno, en el conurbano  bonaerense. Tiene 49 años y en septiembre cumplirá 50. Hace tres décadas que vive en San Pedro y quiere mudarse del barrio. “No podemos ni salir, vivimos encerrados”, dijo.

"Si mi hijo hizo lo que hizo, bueno, que la pague", señaló el padre de Kevin Carlevaris.

Agustín Pereyra fue asesinado el jueves por la tarde. Iba en moto junto a un sobrino, que manejaba, cuando se cruzaron con otros dos jóvenes, también en moto. 

Hubo un tiroteo entre los dos grupos. Pereyra recibió un tiro en el pecho y cayó algunas cuadras más adelante, en la puerta de la casa de los Candiotti.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja Marisel "Pili" Solís.

Antes de que el Tribunal disponga la fecha del debate, la acusada cambió de abogados. El reconocido penalista Gustavo Moreno ya no la representa y al juicio irá con el patrocinio legal de una abogada rosarina, inscripta en la matrícula del Colegio de San Nicolás.

Se llama Antonela Travesaro, es graduada de la UNR (2009) y diplomada en Criminalística. Forma parte de un estudio dedicado a casos penales junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al.

La elección de esta abogada no parece casual: Travesaro y Mazzuchini son directores jurídicos de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en casos de personas "injustamente encarceladas", aunque en la mayoría son imputados relacionados a las fuerzas de seguridad.

Inocente Colectivo es punta de lanza de los cuestionamientos hacia Virginia Creimer, la reconocida especialista en medicina legal que intervino en múltiples casos de violencia institucional, entre ellos el de Luciano Arruga, y cuyo trabajo permitió condenar a muchísimos policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Virginia Creimer es la perito de parte que la familia de Marcel contrató para revisar la autopsia y echar por tierra la versión inicial que había instalado la sospecha de un suicidio. 

La pericia, firmada por Creimer y por el jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que a Marcel lo mataron y permitió la detención de Solís para llevarla a juicio.

A Creimer la cuestionaron por "pericias militantes". Desde Inocente Colectivo la señalan por intervenir en "causas armadas contra policías". La perito es una de las primeras del país especializadas en análisis de torturas y tiene una larga trayectoria reconocida en el mundo.

La familia de Marcel contrató a Creimer para la pericia y la abogada Sofía Sanjurjo, que los representa en la causa, la llevará como testigo por esa pericia, pero además contará con otros peritos para analizar la autopsia y reforzar lo que todos consideran que está claro: Marcel no se provocó las lesiones que le causaron la muerte, sino que fue asesinado.

nTras el asesinato de Agustín Pereyra, el joven que fue herido de bala en la zona de Manuel Iglesias al 1100, la fiscal a cargo de la causa, Viviana Ramos dio detalles respecto de la investigación.

El muchacho murió tras un violento enfrentamiento armado ocurrido en plena vía pública, luego de una persecución entre dos motocicletas desde las que se efectuaron varios disparos.

El hecho se registró alrededor de las 15.30 y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad.

La investigación permitió establecer que en cada una de las motos se trasladaban dos personas y, en medio de la persecución, “de una a otra salieron los disparos”, tras lo cual los involucrados huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Ramos, quien ordenó allanamientos de urgencia y confirmó que el hecho sería el desenlace de una conflicto de larga data.

“Tenemos identificado al autor del homicidio, con nombre y apellido, y existe una orden de detención vigente”, indicó la fiscal, quien confirmó que el sindicado es Kevin, un joven de 18 años, con múltiples antecedentes y hermano de Lautaro Carlevaris, que también fue asesinado en medio de un conflicto barrial. 

Ramos explicó que el crimen se dio en medio "de una persecución entre dos motos, en el marco de antecedentes y rencillas de vieja data”, y detalló que las cámaras de seguridad resultaron determinantes.

“Se escuchan más de diez detonaciones de arma de fuego y tenemos prácticamente filmada toda la secuencia”, afirmó.

En ese contexto, la fiscal reveló que no solo el presunto autor estaba armado, sino que también la víctima y su acompañante portaban un arma.

“La persona que acompañaba a la víctima también estaba cometiendo un delito, ya que llevaba un arma de fuego, y ese elemento desapareció”, sostuvo. Por ese motivo, el acompañante fue indagado por haber omitido información clave en su declaración.

Sobre el perfil del sospechoso, Ramos señaló que se trata de “un joven que acaba de cumplir 18 años” y que ya contaba con numerosos antecedentes como menor. 

“No estamos hablando de pequeños delitos, sino de causas vinculadas al uso de armas de fuego, amenazas e incluso tentativas de homicidio”, remarcó, al tiempo que explicó las restricciones legales para acceder a esos antecedentes.

Finalmente, la fiscal advirtió sobre la gravedad del episodio por haberse producido a plena luz del día y en un espacio público. 

“En tiroteos indiscriminados como este puede ocurrir cualquier cosa y terminar herido o muerto alguien que no tiene nada que ver con el conflicto”, concluyó, y volvió a poner el foco en “la alarmante proliferación de armas de fuego ilegales” y en la violencia como forma reiterada de resolución de disputas.

Personal de la Comisaría y de la DDI buscan a un joven identificado como el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, acusado de homicidio.

Fue individualizado gracias a las cámaras de seguridad que registraron el momento del tiroteo y a través de testimonios recabados en el marco de la causa que instruye la fiscala Viviana Ramos.

En las últimas horas hubo una serie de allanamientos en diversos domicilios en los que podría estar el imputado, con resultados negativos pero sobre pistas firmes.

Los allanamientos tuvieron lugar en calle Cruz Roja al 2200 y en Combate de Obligado al 1200.

 El buscado está directamente relacionado con el conflicto armado que mantienen dos bandos desde hace tiempo y que el año pasado tuvo como hecho saliente el asesinato de Lautaro Carlevaris: es su hermano y tiene 18 años.

Declaró en sede fiscal este viernes el sobrino de Agustín Pereyra, el joven asesinado el jueves en la zona de Manuel Iglesias al 1100, quien manejaba la moto en la que iba cuando lo balearon.

El sobrino de Pereyra fue aprehendido y acusado de tenencia ilegal de armas de fuego porque en los videos sobre los que trabaja la investigación quedó establecido que hubo intercambio de disparos.

En su declaración, el joven aseguró que no sabía que Pereyra estaba armado ni estaba al tanto del conflicto en el que se vio involucrado, puesto que, sostuvo, sólo llevó a su tío en moto para buscar a su hijo, algo que hacían habitualmente.

No llegaron a buscar al nene. Cuando salieron en dirección al centro, empezaron los tiros. Desde otra moto les dispararon. Minutos antes, a Pereyra le habían baleado el frente de la casa.

Cuando se escucharon los disparos, Agustín Pereyra sacó un arma y respondió el ataque. En ese marco fue que recibió el balazo que luego, en el Hospital, le costó la vida.

La investigación sigue su curso y la Justicia reúne elementos en procura de identificar a quienes iban en la moto desde la que le dispararon a Agustín Pereyra.

La defensa solicitó la excarcelación del sobrino tras su declaración indagatoria, bajo el argumento de que no estaba en conocimiento de que su tío llevaba un arma encima ni era parte del conflicto que derivó en el tiroteo.