La Justicia hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por el caso de los agentes de UTOI que obligaron a un joven a hacer flexiones de brazos en el marco de un control en la vía pública y consideró la conducta como “abusiva” respecto de las atribuciones que tiene la policía.

Tras la audiencia que tuvo lugar el lunes, en la que el joven de 18 años víctima de la situación repasó lo ocurrido, y con el video que difundió La Opinión, la jueza Luciana Díaz Bancalri, del Juzgado Correccional 3, dictó la resolución.

La magistrada recordó que la normativa vigente establece que la policía debe actuar “de forma que no perjudique al detenido en su integridad física, honor, dignidad y patrimonio”.

Consideró que “lejos de ser preventivas”, las conductas registradas en el caso  encajan en aquellas que “provocan un real estado de perturbación, amenaza o temor en la pérdida de la libertad personal o ambulatoria”.

Ello implica que lo que hicieron los agentes de UTOI no se ajustó a los principios y procedimientos básicos de la profesión policial, que implican la necesidad de evitar “todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas”.

Además, destacó que la policía tiene obligaciones de “responsabilidad y ética profesional” que implican “respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley” y que deben proteger, con su actuación, los derechos fundamentales de las personas.

“Toda intervención en los derechos de los requeridos por su accionar debe ser moderada, gradual y necesaria para evitar un mal mayor a bienes o derechos propios o de terceros, o para restablecer la situación de seguridad pública”, advirtó la jueza.

Así, Díaz Bancalari hizo lugar al hábeas corpus preventivo que interpuso el defensor oficial Joaquín Castro en representación de la familia del joven de 18 años víctima del acccionar abusivo de los agentes de UTOI, “al advertirse tal amenaza cierta y objetiva a la libertad personal del beneficiario de la acción”.

Ordenó a la Jefatura de la Policía Departamental que adopte “los recaudos pertinentes para que personal policial, especialmente de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), se abstenga de desplegar comportamientos que afecten o restrinjan, de modo ilegítimo, la libertad personal” del joven.

Todo ello, claro está, siempre y cuando no exista una razón legal que lo justifique, “en cuyo caso se deberán labrar actuaciones pertinentes y elevar a la autoridad judicial que corresponda”.

En la denuncia y durante la audiencia en el Juzgado, el joven relató que caminaba de regreso de su trabajo junto a su novia y su cuñada cuando los agentes de UTOI, que estaban en un operativo de interceptación de motocicletas, lo pararon para identificarlo.

A las chicas les dijeron que se vayan y a él le preguntaro nombre y apellido, sin requerirle el DNI, y le ordenaron hacer 20 flexiones de brazos bajo amenazas de trasladarlo a la Comisaría, en medio de burlas, risas, tirones de pelo y golpes.  

Eran cinco agentes varones y una mujer, indicó, quienes también son investigados por la Auditoría General de Asuntos Internos luego de que la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Gobierno provincial informara del caso al Ministerio de Seguridad.

Parte de la escena fue registrada en un video por vecinos de la zona, filmación que reveló La Opinión en una publicación que fue tenida en cuenta por el Juzgado Correccional para resolver el hábeas corpus a favor del joven.

El caso de los agentes de UTOI que obligaron a un joven de 18 años a hacer flexiones de brazos en el marco de un operativo de control en la vía pública llegó a la órbita del Gobierno provincial, que puso en marcha el andamiaje gubernamental correspondiente.

La Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia denunció el caso de oficio tras la publicación de La Opinión y lo presentó ante al Ministerio de Seguridad para que intervenga.

Así, la situación llegó por esa vía a la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo que controla el buen ejercicio de la profesión policial, para que instruya el sumario administrativo correspondiente.

Además, a ese organismo le tiene que haber llegado la denuncia que la madre radicó en Prefectura y que derivó en un pedido de hábeas corpus de Defensoría para evitar represalias policiales contra el joven.

Al igual que la Justicia, Asuntos Internos deberá identificar e individualizar a los responsables del episodio de abuso de autoridad del que fue víctima el muchacho el lunes 1 de septiembre en Depietri y San Martín.

El joven caminaba por esa zona junto a su novia y la hermana de ella cuando los interceptó el operativo de UTOI. A ellas les pidieron que se vayan y a él lo obligaron a hacer flexiones de brazos en medio de risas y burlas. La situación fue grabada por vecinos de la zona.

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral dijo en Sin Galera que el Gobierno tiene intenciones de invertir recursos propios en la refacción de los calabozos de la Comisaría.

Para ello, señaló, sugirieron junto a su superior, el secretario Carlos Farré “que el arquitecto del Municipio se junte con los arquitectos de la Corte Suprema de la Provincia” para que los del Poder Judicial especifiquen con precisión qué trabajos hay que hacer.

"Que digan este calabozo mide tanto, falta una ventana acá, un techo para el ingreso del sol durante el día, un baño en estas condiciones, porque si hacemos la refacción, el calabozo se deja hermoso, pero no está con las condiciones que la Corte considera que son las necesarias, y gastamos plata en una forma totalmente innecesaria e irresponsable”, sostuvo.

Los calabozos en la dependencia de calle Mitre al 1900, que se encuentran clausurados desde diciembre. Esto sucedió a instancias de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria y una inspección realizada en noviembre de 2024. 

Por entonces, ya había sido clausurados dos de los tres espacios. Desde hace dos meses y medio, no se pueden alojar detenidos en la única comisaría de la ciudad.

“Los calabozos hace mucho tiempo que están clausurados. La última capacidad de alojamiento era para cuatro personas. Fuimos con Carlos Farré a ver el estado actual con el informe que mandó un perito de la Corte, para ver si el Municipio podía iniciar la refacción para lograr habilitarlos, y que nos autoricen el alojamiento de detenidos en San Pedro y no tener un gasto excesivo de medios humanos y logísticos en el en el traslado de éstos”, dijo Cabral.

También explicó que lo que sucede aquí es habitual en la mayoría de las dependencias del norte bonaerense: “En la Superintendencia Región Interior Norte II, que tiene asiento en San Nicolás, de la cual depende San Pedro, los únicos calabozos habilitados para ser utilizados son los de la Comisaría Primera de San Nicolás, en la que hubo una fuga hace escasos días; la Comisaría Tercera de Pergamino; y la Comisaría de Rojas. El resto están todos clausurados”. 

Por su experiencia, no dudó en señalar que “a los calabozos habría que hacerlos prácticamente nuevos. Hay que tener en cuenta que la Comisaría es un edificio de casi 100 años, fantástico, pero que está detonado”.

Asimismo, manifestó que parte de la problemática pasa porque “aquí hay una única comisaría. Son edificios antiguos que no se le ha ido haciendo el mantenimiento necesario". 

"El sector de calabozos es el sector más castigado de una dependencia policial, por los daños que sufre en forma permanente de parte de los reclusos”, explicó.

El Municipio está a la expectativa de una definición para la refacción de  menos de uno de los espacios de detención, pues contaría con la partida de dinero, responsabilidad que debería caer sobre el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Mientras tanto, cada vez que alguien es detenido, especialmente aquellos que cometen un delito grave, la nueva función de los jefes policiales es la de procurar derivarlos, inmediatamente, para su reubicación para evitar que el autor del ilícito gane la calle nuevamente.

La Justicia ordenó poner en marcha tareas de refacción y reacondicionamiento del pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás, donde hay muchos sampedrinos privados de su libertad, tras un hábeas corpus presentado por la Comisión provincial de la Memoria.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2, recorrió el pabellón tras la presentación y consideró que las condiciones de detención no respetan "los estándares mínimos exigibles", por lo que la permanencia de detenidos allí "constituye un trato inhumano y degradante".

Ordenó resolver los problemas edilicios de filtraciones y humedad, reparar los cerramientos de las ventanas y que reconecten el gas natural, que estaba cortado, al tiempo que solicitó un plan de fumigación ante la presencia de alimañas.

El informe presentado por la Comisión provincial por la Memoria indicó que en el lugar había 71 internos donde debería haber 44, con dos duchas funcionando para todos, una sola cocina pero sin gas, y plaga de chinches y cucarachas, por la falta de fumigación, informó El Norte.

Además, la denuncia llamó la atención por la falta de provisión de elementos de higiene y limpieza y por las deficiencias en las instalaciones eléctricas, que obliga a los detenidos a llevar electricidad a las celdas con zapatillas conectadas directamente a los cables.

El informe denuncia "el incumplimiento de los estándares mínimos exigibles para el tratamiento de personas privadas de la libertad, lo que constituye un hecho de tortura".