Marisel "Pili" Solís seguirá detenida en la cárcel de San Nicolás a la espera del juicio por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge. Así lo dispuso el Tribunal de Casación Penal.

El abogado defensor de la imputada, Gustavo Moreno, había interpuesto un habeas corpus ante Casación contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de mantener la prisión preventiva de Solís, y había pedido, además, "sobreseimiento total y definitivo" o "falta de mérito y excarcelación".

Casación rechazó el planteo y consideró que el habeas corpus no puede ser utilizado como una acción constitucional, al tiempo que dio por satisfecha la garantía de doble instancia judicial para el tratamiento del caso.

Moreno, señalaron los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación de La Plata, "optó por deducir una acción de habeas corpus inviable", por lo que rechazaron la presentación, lo que ratifica la decisión de las instancias anteriores de mantener detenida a Solís, imputada de homicidio agravado por el vínculo.

La Comisaría de San Pedro tiene tres calabozos, dos de ellos con órdenes de clausura desde 2009 y 2022, respectivamente. El único que aún podía alojar personas fue inhabilitado por el juez de Garantías Román Parodi tras la presentación de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria.

La resolución llegó tras una inspección realizada a fines de octubre de 2024. Así, la situación de quienes hoy están alojados a la espera de resoluciones judiciales —entre ellos Braga y Desanzo, los detenidos por la estafa piramidal de “la China”— suman días de ocupación en un lugar en el que por el momento sólo podrá albergar a cuatro personas.

Cada vez que arrestan a alguien deben procurar el traslado para no violar la manda judicial. La medida se toma sin resolver el problema de fondo y sin que se conozca si habrá presupuesto para las refacciones que necesita la sede local policial.

La decisión impone un plazo de 15 días al  Ministerio de Seguridad para que “arbitre los medios necesarios para realizar las obras de refacción”.  Una imposición que la Justicia ya hizo varias veces a al menos tres gestiones  de Gobierno distintas.

“El Sr. Comisario de San Pedro deberá proceder a la reubicación de los detenidos alojados en esa Comisaría a su cargo a fin de respetar el cupo habilitado de cuatro personas, previa comunicación a los Juzgados a cuya disposición se encuentran cada una de las personas allí alojadas para que avalen los traslados”, eso dice la notificación que se recibió en la Comisaría.

En la misma orden indica que deben ser los jueces de cada causa quienes dispongan los lugares donde alojarán a los apresados.

Según relataron quienes prestaron testimonio en ocasión de la requisa de octubre, llegó a haber casi 20 personas en simultáneo y en condiciones de extrema precariedad. 

Indicaron que a las graves condiciones de detención se sumaban requisas dos veces por semana, las que calificaron como vejatorias de los derechos humanos. 

Refirieron además que el personal del GAD los obligaban a desnudarse y que en ocasiones les robaran pertenencias. 

“Entrás de nuevo y está la yerba y el azúcar desparramada por todo el piso” o “si encuentran camperas o abrigos se lo llevan”, fueron algunos de los testimonios relevados por la Comisión por la Memoria.

“Aunque el sector se considere un lugar de tránsito, no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y dadas las falencias edilicias, no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas”, dice el escrito producto de los informes periciales de los que se valió el magistrado para avalar su decisión.

La Opinión consultó al jefe de la Policía Comunal de San Pedro, comisario Juan Ramón Catalano, quien confirmó que hoy hay cuatro personas dentro del único lugar que posee para los arrestos y que en caso de excederse debe trasladar a los aprehendidos a otro destino. 

En 2022 el ministro Sergio Berni entregó patrulleros y anunció el destino de 13 millones de pesos para refacciones, que se usaron para tareas de pintura y electricidad ya que el edificio está en condiciones deplorables también para el personal que a diario sufre las pésimas condiciones en las que debe trabajar.

El caso del departamento judicial de San Nicolás, que comprende a las ciudades de San Pedro, Ramallo, Capitán Sarmiento, Baradero y Arrecifes, es insólito: tras la clausura de la comisaría de San Pedro, la Comisaría Primera de San Nicolás es la única dependencia policial habilitada en toda la jurisdicción para albergar detenidos. 

En octubre pasado, otra resolución del juez Parodi por denuncias de la Comisión por la Memoria estableció el impedimiento para la DDI San Nicolás de alojar detenidos en su dependencia, lo que también generó serios inconvenientes para la tarea operativa de la policía en función judicial en toda la región.

La policía en función judicial o División Departamental de Investigaciones (DDI) San Nicolás tiene prohibido detener personas por orden de la Justicia tras un habeas corpus presentado para revisar las malas condiciones en las que son alojados los detenidos en la sede central nicoleña.

La decisión judicial, que es preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante una serie de pericias ordenadas, no sólo impide que ingresen nuevos detenidos a esa sede sino que además obturó el desarrollo  de la tarea cotidiana de todas las dependencias zonales, incluida la de San Pedro.

Tanto la DDI San  Nicolás como las Sub DDI Ramallo, Arrecifes y San Pedro-Baradero no pueden encabezar allanamientos o detener personas ni se les asignará procedimientos propios de su tarea de auxiliar de la Justicia hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.

La orden judicial llegó a la Superintendencia de Investigaciones, que remitió las directivas a la Departamental para que se haga cumplir la medida preventiva, mientras se desarrolla el proceso correspondiente que inició el habeas corpus.

Así, el personal de la DDI en todo el departamento judicial San Nicolás sólo está para trabajos de inteligencia de campo, identificar personas o para acompañar como apoyo los procedimientos que encabece el personal de las comisarías, sobre las que ahora recayeron esas tareas de la policía de investigación que están momentáneamente suspendidas.

La medida preventiva la tomó el juez Román Parodi mientras subrogaba a su par María Eugenia Maiztegui, titular del Juzgado de Garantías 3, donde tramita la causa.

El habeas corpus fue presentado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en favor de las personas alojadas en sede San Nicolás de la DDI.

El oficio librado por el juez Parodi a la Jefatura policial indica que "no podrán ingresar detenidos" 

Indica que "deberán remitir en carácter de urgente a este Juzgado la nómina de personas alojadas, especificando a disposición de qué organismo se encuentran detenidas y el estado del trámite de alojamiento bajo la órbita del Servicio Penitenciario"

Además, "deberá informar" la notificación de "las órdenes de clausura judicial o administrativa, y en su caso informe los motivos del incumplimiento", según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso La Opinión.

La presentación de Cipriano García derivó en la decisión del Juzgado de solicitar, además de la medida preventiva, una gran cantidad de pericias probatorias para establecer las condiciones de detención denunciadas en el habeas corpus.

La DDI San Nicolás debe informar el listado de alojados en la dependencia, a los que además deberá trasladar de inmediato a unidades penales. Tendrá que elevar al Juzgado, también, cuáles y cómo son los planes de evacuación de la dependencia, y la infraestructura antisiniestral.

La Dirección General de Asesorías Periciales, por su parte, fue notificada para que designe un perito arquitecto o ingeniero civil para constatar el estado del edificio respecto de filtraciones, humedad, red cloacal, agua caliente y fría, grifería, vidrios, calefacción, ventilación, etc.

Esa pericia deberá además determinar qué refacciones hacen falta, cuánto tiempo llevarán y si es viable que mientras tanto quienes están alojados sin haber sido asignados a una unidad penal permanezcan allí.

Un perito en seguridad e higiene deberá expedirse sobre la existencia de red hidrante, mangueras y provisión de agua, matafuegos, salidas de emergencia y plan de evacuación para hacer frente a un eventual siniestro.

En ese sentido, deberá analizar el estado general de puertas, colchones, cuchetas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, mobiliario, estado general de las celdas, paredes y techos, iluminación, ventilación y calefacción disponible.

Un perito nutricionista tendrá a su cargo la responsabilidad de auditar la calidad y cantidad de alimentos que se sirven a los detenidos y deberá dejar constancia si los entregan "en tiempos acordes a las necesidades de las personas detenidas, si se conservan en buen estado y si responden a los parámetros de calidad establecidos".

La Asesoría Pericial Departamental, por su parte, deberá designar un perito trabajador social para que eleve un "amplio informe socio sanitario que dé cuenta de las condiciones de vida de las personas alojadas en el dependencia policial".

Deberá consignar cuáles son las condiciones de "habitabilidad, higiene, espacio y horarios para ejercicios físicos, actividades educativas, acceso a talleres y recreación", y expedirse sobre "qué posibilidades de relación mantienen con su familia o referentes afectivos"

Peritos psicólogo, médico y psiquiatra se expedirán sobre "las consecuencias que ese régimen provoca o puede provocar sobre la integridad psicológica de las personas, determinando tratamiento y modificaciones que debieran hacerse al régimen actual". 

Un hábeas corpus fue presentado por el abogado de un detenido alojado en una celda de aislamiento en condiciones de extrema precariedad en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y se aguardan respuestas de la Justicia y del Servicio Penitenciario Bonaerense al respecto.

El abogado de Leonardo Paz, detenido en el marco de un megaoperativo por drogas que incluyó allanamientos en San Pedro, Zárate y Campana, interpuso el recurso luego de que su defendido enviara un video y fotos a su esposa desde la “celda de aislamiento” a la que lo llevaron tras informarle que “tiene un virus”.

Paz estaba alojado en el pabellón 8, donde se registraron casos de Fiebre Hemorrágica Argentina o Mal de los Rastrojos y donde el lunes falleció un recluso de un paro cardiorrespiratorio cuya autopsia revelaría si también estaba contagiado con la enfermedad que transmite el “ratón maicero”.

“Mirá, amor, dónde me trajeron: cagadas de rata, no tengo ventanas. Acá estoy, mirá la humedad que hay, acá me tienen. Mandale al abogado, así me quieren tener”, se quejó el recluso en un video que envió a su esposa.

La mujer, de inmediato, se puso en contacto con el abogado particular que representa al detenido para que presente un hábeas corpus por la situación, que también llegó a la Defensoría General de San Nicolás para que tome intervención.

La comitiva médica que estuvo a principios de semana pasada volvió el jueves a recorrer el pabellón y vacunó a todos los internos contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, luego de la detección de al menos un caso en un paciente que permanecía internado en el Hospital nicoleño.

Familiares del detenido se quejaron por el lugar al que “lo llevaron para resguardarlo” y agregaron: “A usted le parece que a un ser humano procesado. Supuestamente un procesado es inocente hasta que se compruebe lo contrario”.

“Ya el abogado se está encargando del tema enviando un habeas corpus, como corresponde, esto es parte de la Justicia, una verdadera vergüenza, trato inhumano, esto pertenece a un submundo casi comparado con las época del Gobierno militar, abandono total, hacinamiento de personas, peste, enfermedades, maltrato , las causas caminan a paso de tortuga, se cumple lo que dice la Biblia: la Justicia del hombre es como trapo de inmundicia (Isaías 64:6)”, señalaron familiares de Paz.

La jueza en lo Correccional Luciana Díaz Bancalari hizo lugar a un hábeas corpus solicitado por la Defensoría General que ordena, entre otros puntos, el inmediato traslado a una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Nicolás Rivero, uno de los dos detenidos por el Caso Andreani que tiene prisión preventiva, el único que queda en San Pedro.

El imputado todavía está alojado en un calabozo de la dependencia local, pero el fallo de la jueza obliga a que el SPB tome medidas de carácter urgente para disponer su traslado, aunque claro que para eso debe generarse el cupo en una unidad penal, algo que no ocurre con la premura que pretendería el fallo.

Durante la audiencia en la que comparecieron los detenidos alojados en la comisaría el martes pasado, antes del fallo que excarceló a cinco de los siet detenidos por el caso Andreani, la Justicia constató que “el cupo se encuentra excedido en tres personas, que las viandas de alimento no llegan en tiempo oportuno y que son de mala calidad” y que hubo quejas respecto del régimen de visitas y las requisas a los presos.

El hábeas corpus dispuso, además del traslado de Rivero, que en la Comisaría no haya detenidos en el calabozo para preventores —aunque está clausurado, habían alojado allí a los contagiados con COVID-19, por prevención—, y ordenó la “prohibición absoluta de las requisas personales que no guarden los estándares establecidos”.

Sobre las visitas, pidió que se acondicione un espacio que permita el contacto con los familiares y un mínimo de privacidad sin que por ello implique no tomar resguardos de seguridad pertinentes al respecto.

También hubo, otra vez, un llamado de atención respecto del comercio donde se compran las viandas para los detenidos. La jueza exigió que se implemente un libro rubricado sobre la entrega de viandas a cada detenido y que se deje constancia si ellos se niegan a recibirlo, al tiempo que remitieron copias a Fiscalía General para que investigue “la posible comisión de delitos de acción pública” respecto del servicio de comida.

Además, en ese sentido, dispusieron la remisión de una copia del fallo a la Municipalidad para que ordene una inspección bromatológica en el comercio “Mira que no”, ubicado en Libertad al 1560, propiedad de Analía Lorena Sánchez, quien en su momento, ante un cuestionamiento similar, contó en el aire de Sin Galera cómo funcionaba el servicio de viandas que le contrata la Comisaría.

El Juzgado volvió a recordar que el Ministerio de Seguridad fue emplazado a cumplir con un expediente de obra en el que quedó establecida la necesidad de refacciones integrales en la dependencia policial local, para lo que el Gobierno provincial debe disponer los recursos correspondientes y ejecutar las tareas previstas.

El titular de la Defensoría Oficial Nº 1, Alejandro Ares, elevó un habeas corpus para que el Juzgado de Garantías intervenga de inmediato ante la situación que atraviesan los detenidos alojados en la Comisaría local.

El cupo de presos en la dependencia policial está sobrepasado y a ello se suman los casos de coronavirus COVID-19 registrados.

A los detenidos que estaban en los calabozos, entre ellos algunos que llevan casi un mes, se sumaron el viernes los apresados por el caso Andreani, por lo que Defensoría entiende que es necesario el traslado urgente.

El fin de semana, dos de los siete detenidos por el caso Andreani, Roberto Carlos “Roque” Gutiérrez y Lucas “Bolillón” Medina, fueron trasladados a Ramallo y se esperaba cupo en otras dependencias para descomprimir los calabozos.

El lunes una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 acudió a la Comisaría para testear a detenidos con síntomas de coronavirus COVID-19 y Amilcar Palacios dio positivo. Antes de que lo detuvieran estaba aislado porque su esposa dio positivo en el operativo de testeo del jueves pasado en La Tosquera.

Más de 10 días pasaron desde que la Justicia resolvió a favor del hábeas corpus presentado por el defensor oficial Pablo Vacani para que los detenidos en la Comisaría sean trasladados a unidades penales del Servicio Penitenciario, todavía no se hizo efectiva la orden judicial porque no les asignaron cupo en las cárceles para remitir los presos.

Es decir que aún están en la dependencia local, alojados en las mismas condiciones que denunció el defensor oficial y que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 consideró “no puede tolerarse un día más” en su fallo del 25 de marzo pasado.

Las autoridades policiales volvieron a solicitar el cupo correspondiente para asignar destino para esos detenidos, pero sin respuestas aún, rige para los responsables, el Ministerio de Justicia Bonaerense, los plazos de apercibimiento planteados por el Tribunal.

En la Comisaría local, según consta en el hábeas corpus presentado por Vacani, son 19 los detenidos. Entre la fecha de la revisión y este martes hubo modificaciones, porque algunos fueron liberados -como Matías Torrez, acusado de abuso sexual y violencia de género, quien recuperó la libertad el jueves pasado- y otros llegaron en los días posteriores incluso al fallo del Tribunal.

Según pudo reconstruir La Opinión, estos son los detenidos, los delitos que cometieron y la fecha en la que fueron alojados en la Comisaría:

El de mayor antigüedad es Juan Carlos Bustos, un detenido por robo agravado que fue apresado por orden del Juzgado de Garantías el 20 de diciembre del año pasado y todavía permanece en la dependencia.

El 08 de enero fue apresado Oscar Ricardo Ybáñez, imputado por desobediencia, amenazas y violación de domicilio en el marco de una causa por violencia de género cuya denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer. La fiscala Ramos pidió su detención y la jueza Maiztegui la ordenó.

Matías Ricardo Birbante y Horacio René Balladares fueron detenidos el 19 de enero, acusados del ataque armado que sufrió el expresidente de Paraná, Gustavo Seery, quien fue abordado por los delicuentes en la esquina de Miguel Porta y Balcarce.

El acusado de herir con un arma blanca al taekwondista Ricardo Belo cuando quiso evitar que le roben pertenencias del auto también sigue detenido y alojado en la comisaría. Se trata de Joaquín Alejandro Figueroa, acusado de “robo agravado en grado de tentativa”.

Otro imputado por amenazas agravadas por violencia de género es Axel Joel Cáceres, quien fue detenido el 13 de febrero por orden del juez de Garantías Román Parodi tras una denuncia en la Comisaría de la Mujer que recayó en la fiscalía de María del Valle Viviani.

Alejandro Ariel Luna está preso desde el mismo día, pero robo agravado, al igual que Oscar Antonio Martínez y Darío Manuel Salvatierra, ambos atrapados en el barrio Bajo Puerto tras un raid delictivo que protagonizaron el 16 de febrero, cuando a bordo de una moto robaron a punta de pistola a un playero de una estación de servicio ubicada en Sarmiento y 3 de Febrero y luego repitieron en la escena en la heladería de 3 de Febrero y Salta.

Tras ser protagonista de diversos hechos delictivos que lo tuvieron como imputado, Bruno Agustín Gómez volvió a ser detenido por robo pero esta vez quedó alojado en la Comisaría con prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías interviniente.

Por “robo agravado” está detenido Mariano Daniel Banegas, apresado el 21 de febrero. Al otro día, se entregó ante una transmisión en vivo de Sin Galera el acusado del asesinato de Emanuel “Virolo” Velo, Luis Ramón Almirón, quien imputado por homicidio sigue detenido en la Comisaría.

Otro imputado por homicidio en la dependencia local es Jonathan Alejandro Pavón, quien está acusado de balear a José Ángel Weiss en el barrio La Tosquera, heridas que le causaron la muerte cinco días después en el Hospital.

Joaquín Eduardo Mansilla tenía orden de detención por robo agravado luego de haber cumplido 18 años fugado de un Instituto de Menores de Olavarría. Fue apresado en San Pedro, en la casa de su madre, a los pocos días de su cumpleaños. La orden del Juzgado era que sea trasladado a una unidad penal para cumplir la condena impuesta.

Juan Manuel Mercuri fue detenido el 11 de marzo. Su pareja lo había denunciado por ataques físico y psicológicos sostenidos en el tiempo. Su causa está caratulada “abuso sexual con acceso carnal”, porque la víctima contó que además de los golpes, las agresiones verbales, las amenazas y la violencia psicológica, la sometía sexualmente.

Mauro Adrián Escobar es el detenido por el asalto a mano armada en el local de la financiera Tarjeta Fértil, ubicada en Obligado 125. Permanece alojado en la Comisaría, desde donde la semana pasada fue trasladado a Fiscalía para ampliar su declaración, en la que aseguró que lo “confunden” con otra persona.

El 23 de marzo la Policía detuvo en el barrio 2 de Abril a Marcelo Fabián “Poche” Albacete, quien cumple condena por intento de homicidio, un delito que cometió en noviembre de 2017, cuando tras una discusión familiar descerrajó cinco disparos contra su hermano Diego Armando, alias “Bombero”. Con la condena a cuatro años firme y una denuncia por amenaza y daños, la Justicia ordenó revocarle el beneficio de arresto domiciliario y trasladarlo a un penal. Todavía está en la Comisaría.

Otro condenado que tenía solicitud del Juzgado de Ejecución Penal para que sea remitido a una cárcel es Carlos Prudencio Benítez, quien fue apresado por la policía el 30 de marzo. Completa el número de 19 detenidos Alejandro Aguilar, acusado de tenencia ilegal de arma de fuego, apresado el viernes pasado.

Además, en la Comisaría hay un aprehendido por amenazas agravadas, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego, identificado como Alcides David Bravo, quien ingresó a los calabozo de la dependencia policial el sábado.

Luego del hábeas corpus que ordenó trasladar a los detenidos que tenía en una oficina con rejas la dependencia Departamental de la Policía de Drogas en San Nicolás, otro fallo similar emanado desde el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 dispuso que los presos alojados en varias comisarías de la región, entre ellas la de San Pedro, sean enviados a unidades carcelarias, como corresponde, porque en esas dependencias policiales no hay lugar suficiente.

En el caso de San Pedro, la resolución exige a los juzgados de Garantías, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axeil Kicillof, que tomen cartas en el asunto porque la situación detectada por los defensores oficiales que interpusieron el hábeas corpus dan cuentas de una situación que se repite:

Los presos quedan en las Comisarías porque nadie les asigna el cupo correspondiente en los sitios donde deberían permanecer detenidos.

En la Comisaría de San Pedro, al momento de la constatación, había 19 detenidos, todos con causas penales de la Justicia ordinaria. En su descargo, el titular de la dependencia, el comisario Andrés Galiano, explicó que a diario pide reubicación de los encausados que están en sus calabozos, pero los traslados no son ordenados.

Además de tener más presos de lo permitido, hay faltante de colchones ignífugos, a pesar de haberlos solicitado oportunamente. Como no puede permitir el ingreso de colchones comunes por cuestiones de seguridad, “los detenidos se van turnando y colocan frazadas”.

Respecto de los sectores destinados al alojamiento de detenidos, San Pedro cuanta con uno habilitado y dos clausurados. Ello comporta dificultades en la medida en que ante problemas de convivencia, que muchas veces vienen de afuera, hay que apartar a algunos.

En las últimas semanas, por ejemplo, detuvieron a 11 personas relacionadas con episodios de violencia de género. Todos esos aprehendidos quedaron en la Comisaría, a la espera de una orden que no llegaba.

En cada caso solicitaron la reubicación a las autoridades pertinentes, sin que lo hayan ordenado hasta ahora, que el fallo del Tribunal lo torna imperativo.

El Tribunal ya había exigido en otra oportunidad que los arquitectos del Ministerio de Seguridad tomaran internveción en la dependencia local. De hecho, hay un informe en el que están explicitadas las mejoras edilicias que se necesitan y que implican ampliar espacio físico, reformar estructuras de ventilación e instalar correctamente el baño en los sectores complicados.

Los informes técnicos del arquitecto Fabricio Sorrentino fueron elevados a la Dirección de Planificación de Obras del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, pero ante la falta de ejecuión de esas obras el Tribunal vuelve a llamar la atención al Gobierno provincial sobre la situación de la Comisaría de San Pedro en relación a los calabozos.

Cada uno de los dos sectores para alojar detenidos cuenta con tres celdas, dos grupales y una individual, con capacidad para cinco detenidos. Hay dos baños y un patio cubierto y, separada por el sector de imaginaria, hay otra celda grupal con baño en la que no se puede alojar detenidos por su cercanía con la antena y equipos de comunicación.

En el interior de las celdas hay una “instalación eléctrica precaria, con tendidos aéreos y sin artefactos”, de 12v., tiene un pico de gas con una pantalla infrarrojo, en el pasillo de circulación, a modo de calefacción, y no posee sistema contra incendio, más allá de los dos matafuegos con que cuenta.

En el fallo que ordenó trasladar a los detenidos a unidades carcelarias, los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, advirtieron que es el Ministerio de Seguridad, como máximo responsables de las dependencias policiales, quien debe ocuparse del tema

Berni “debe ser intimado para que en un breve plazo ordene la ejecución de las obras en las Comisarías de la Región”, entre ellas la local.

La resolución ordena el urgente alojamiento de los detenidos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás u otra de la región, y dispone notificar al Servicio Penitenciario Bonaerense “bajo apercibimiento de la imposición de astreintes por dia de incumplimiento en este caso, al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario, Dr. Xavier Areses”, que depende del Ministerio de Justicia del Gobierno provincial.

Los jueces recordaron que el cupo otrogado para la Comisaría de San Pedro en la actualidad es para apenas cuatro detenidos, por lo que hicieron un llamado de atención al ministro Berni para que disponga con “urgencia” el “comienzo de las obras para rehabilitar el calabozo de la Comisaría de San Pedro” y hasta le impone “el plazo de quince días” para ello.

Según consta en el fallo, el estado de los calabozos y la necesidad de las refacciones ya fue informado al Ministerio de Seguridad “pero a la fecha no se ha recibido ninguna partida para comenzar”.

El problema es generalizado. “La capacidad de alojamiento de detenidos está colapsada en toda la provincia de Buenos Aires y no solamente en el partido de San Nicolás”, reconoce el jefe distrital de esa ciudad, que en el fallo al que tuvo acceso La Opinión también tuvo requerimientos por las comisarías primera, segunda y tercera.

En cada caso, incluida la comisaría de Arrecifes, que directamente no puede tener a nadie alojado en sus instalaciones, aparecen en los descargos los constantes pedidos al Poder Judicial y a los ministerios de Seguridad y Justicia por la situación. La Unidad Penal 3, donde se ordena en principio que sean trasladados los detenidos, también está sobrepoblada.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Defensora General Celina Berterame por las condiciones de detención de 14 presos que estaban alojados en una oficina con rejas de la Jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado que conduce el comisario Gabriel Saldaña, que no contaba con autorización para tener detenidos.

Los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano consideraron acreditado el agravamiento de las condiciones de detención de 11 varones y 3 mujeres, entre ellos varios sampedrinos, que compartían la misma “celda”, que en realidad era una oficina a la que el jefe de la DDA le colocó, por su cuenta y sin autorización alguna, una reja para convertirla en calabozo.

El fallo judicial obligó a remitir a los detenidos a la Unidad Penal 3 de manera urgente al tiempo que dispuso prohibir el alojamiento de personas en la Jefatura que conduce Saldaña y retirar dentro de los 15 días las rejas ilegales que dispuso, “bajo apercibimiento de formar causa por desobediencia”.

Todo comenzó cuando la Defensora General habló por teléfono con Romina Balenzuela, detenida por venta de drogas, oriunda de Río Tala, donde la conocen como “La Chinguda”, aunque su familia sostiene que ninguno de sus allegados la llama por ese apodo. En esa comunicación, la presa le informó a Berterame las condiciones de detención en las que estaba.

Tres funcionarios de Defensoría se presentaron en la dependencia que conduce Saldaña para constatar lo que parecía un insólito relato por parte de Romina Balenzuela. Para su sopresa, todo era cierto: en una oficina de aproximadamente tres metros por dos, sin ventilación, sin agua corriente y sin baño había 14 personas.

Los detenidos informaron que a partir de las 23.00 tenían que “hacer sus necesidades en un balde o una botella hasta las 8.00 del día siguiente”.

En su descargo, según obra en el fallo al que tuvo acceso La Opinión, Saldaña dijo que “cuando comenzaron a recibir personas detenidas las mantenían esposadas en un banco, hasta que en el año 2019 comenzaron a recibir muchas personas detenidas por lo que decidieron colocar rejas en dos oficinas diferentes, situación que se mantiene hasta el día de la fecha”.

En una audiencia del 18 de marzo, el comisario Abiel Saldaña reconoció que su dependencia no está habilitadoa para alojar detenidos y que “improvisó” de “forma provisoria” un calabozo, para lo que colocó rejas en una oficina “para no tener a una persona esposada en un banco por 45 días”. En ese mismo acto, el jefe de la ex DDA dijo que había informado de la situación al Juzgado de Garantías.

Cuando le preguntaron de dónde salieron los recursos para colocar esos barrotes, informó que los había pagado de su bolsillo.

La jefatura que conduce Saldaña es una Unidad Investigativa creada para el traslado de detenidos pero en tránsito hacia su lugar de alojamiento. Ya en 2018 habían informado a Garantías que no había personal ni calabozos ni sanitarios disponibles para tener presos.

Ni siquiera hay partida asignada para alimentos o elementos de limpieza e higiene personal. Saldaña dijo que hasta dispuso una heladera de su propiedad para que los reos guardaran comida.

En su descargo, el comisario de la policía de investigación de drogas dijo que las dependencias de la Jefatura Departamental de Seguridad no admitían a los detenidos provenientes de las causas en las que su área intervenía, por eso, también, se vio en esta situación ahora denunciada.

Al otro día de la audiencia hubo una pelea en al improvisado y clandestino calabozo. Romina Balenzuela se peleó con las otras dos mujeres que estaban allí, rompió un vidrio y amenazó con cortarse. Tuvo que presentarse un defensor oficial para dialogar con ella.

Saldaña y el titular de la Defensoría 3, Joaquín Castro, lograron calmarla. La detenida por venta de drogas dijo que se sentía mal por estar encerrado en ese pequeño espacio, reconoció que el trato con el personal policial era bueno pero expresó su deseo de ser trasladada al anexo femenino de la UP 3.

La Defensora General consideró que en la dependencia en cuestión había 14 personas “sometidas ante un agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención”.

El Tribunal entendió lo mismo y destacó que no hay autorización para alojar presos en ese lugar, puesto que nunca tuvo calabozos. Para los jueces, la situación implica una “emergencia de la seguridad en el Departamento Judicial de San Nicolás” y “no puede sostenerse un día más”.

López y Baquedano ordenaron notificar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acerca del fallo. “Sin desconocer la estructura jerárquica de la fuerza policial, la orden de mando no debe ser cumplida cuando la misma es a todas luces ilegítima”, recordaron en la resolución, que también tiene como destinatario al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses.