Este lunes por la mañana, en las puertas del boliche Lux, el abogado Mauricio Gugger habló en representación de la empresa responsable de ese local bailable donde el domingo por la madrugada un joven embistió el frente con su automóvil luego de que el personal de seguridad lo retirara y le propinara una golpiza.

Gugger dijo que la empresa “está preocupada por la salud de sus trabajadores” y que los dueños están “consternados con lo que ha sucedido, que es de una gravedad inusitada”.

“La intencionalidad con la que actuó este sujeto que está internado, un desprecio total por la vida, arremetió contra todo el mundo que estaba adelante y detrás de la puerta”, señaló el abogado.

Gugger dijo que “la vida de los trabajadores se salvó de milagro gracias a las medidas de seguridad, porque al ser puertas de emergencia se abren vaivén por cualquier emergencia, por eso no los aplastó”. Confirmó que el trabajador que resultó herido, Facundo Madariaga, de 29 años, permanece internado pero “fuera de peligro”.

Cuando Gugger respondió las preguntas de La Opinión dijo que todavía no había dialogado con Fiscalía ni tomado contacto con la causa penal, que “está en ciernes” y que aún no sabía si la golpiza previa estaba acreditada o documentada en el expediente.

“La cuestión es la siguiente, el contexto: son las 5 de la mañana, en un boliche bailable, me agarro de las declaraciones del hermano del conductor: ‘Coca-Cola no estaba tomando y los tendría que haber matado a todos’, eso dijo”, señaló el abogado.

Relató que todo comenzó cuando Esteban Damián Reyes, de 25 años, estaba dentro del boliche y “empieza a agredir a una mujer”, por lo que convocaron al personal de seguridad y lo retiraron del interior del local. “Opuso resistencia y amenazas, con todo tipo de insultos”, agregó.

“Se lo trata de reducir de alguna manera y se lo saca, pasado un tiempo considerable vuelve y comete esto” dijo y sostuvo que “la seguridad siempre actuó conforme a los protocolos que tiene establecido”.

Respecto de la golpiza previa, repitió: “Es cuestión de investigación si hubo algo antes, pero no opaca ni justifica para nada lo que sucedió luego, cuando embistió a la gente que estaba en el boliche”.

Sobre los patovicas que fueron aprehendidos, informó que recuperaron la libertad tras ser notificados y que quedaron “a derecho”, a disposición de la Justicia para la investigación. En ese marco, reafirmó: “El delito más grave lo ha cometido la persona que embistió a los trabajadores y al público”.

“Esto es inusitado, el desprecio por la vida con la que actuó el conductor del auto es algo nunca visto”, analizó Gugger y graficó: “La realidad es que utilizó el vehículo como un arma y con premeditación, le debería caber una figura agravada dentro de los delitos dolosos”.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió este miércoles respecto de la situación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y confirmó la prisión preventiva contra ambos y además anuló arresto domiciliario con el que habían sido beneficiados.

Los jueces Eduardo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Moreno resolvieron rechazar el recurso de apelación planteado por el abogado defensor Mauricio Gugger y dejar firme la medida de prisión preventiva contra ambos detenidos acusados de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

También resolvieron hacer lugar al pedido de la fiscala María del Valle Viviani y anularon la medida de atenuación de prisión, es decir que dejaron sin efecto el beneficio de arresto domiciliario otorgado.

Aun así, los magistrados dispusieron devolver al Juzgado de Garantías el expediente para que resuelva la petición de la Defensa, previa audiencia y vista de Fiscalía, como si analizara de cero, el incidente de arresto domiciliario solicitado por Gugger.

Así, los detenidos permanecen alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de que el Juzgado resuelva su situación respecto de dónde deberán cumplir los ocho meses de prisión preventiva que tienen por delante, si tras las rejas o en sus viviendas.

La Cámara de Apelaciones y Garantías entiende que existe “peligro de la frustración de lso fines del proceso” y que “de hallarse en libertad” Cabaleyro y Espíndola “podrían fugarse”. En ese sentido, señalaron que podrían “incidir en forma manifiesta” sobre “las restantes diligencias, testimonios y conductas de sus afiliados con el interés que talescondiciones resulten de sus respectivas conveniencias y temores”.

Respecto del arresto domiciliario con pulsera electrónica, los jueces indicaron que el juez Parodi, que subrogó a Maiztegui en la audiencia, no tuvo en cuenta la posición al respecto de la fiscala Viviani, por lo que decidieron anular el beneficio y devolverlo a Garantías para que se cumpla el procedimiento, por ello es que vuelve “a cero” la instancia de debate respecto de la morigeración.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos en la sede de la DDI de San Nicolás en el marco de la causa en la que están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acuso de “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Ambos permanecen en esa dependencia policial porque no se generó cupo en las cárcesl del Servicio Penitenciario de San Nicolás, Campana o Junín, donde la jueza de Garantías dispuso que se los traslade luego de denegar la solicitud de excarcelación que interpuso el abogado que los representa, Mauricio Gugger, una vez que prestaron declaración indagatoria.

Este jueves Maximilino Cabalayro era sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, informó el abogado, que confirmó que tanto el intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, como el exsecretario de Seguridad, Eduardo Roleri, fueron citados a declarar como testigos en la causa, declaración que iba a tener lugar este miércoles pero que se pospuso.

La semana del 9 de mayo será la audiencia en la que la jueza María Eugenia Maiztegui deba resolver si decide mantenerlos detenidos con prisión preventiva mientras se sustancia el proceso que derivará en juicio, puesto que se vencen los plazos previstos en el Código Procesal Penal bonaerense.

La fiscala María del Valle Viviani hizo uso de la prórroga disponible, por lo que se tomó el mes completo para reunir los elementos probatorios que le permitan solicitar la prisión preventiva para ambos acusados. Con esas pruebas, la titular de la UFI 7 irá a la audiencia para pedir que permanezcan detenidos por lo menos durante ocho meses, plazo en el que debería elevar la causa a juicio o bien la defensa podrá plantear la excarcelación.

El abogad Mauricio Gugger adelantó que se opondrá al pedido de prisión preventiva con el argumento de que si bien los hechos registrados en la causa existieron y “son innegables”, consideran que no hay delito alguno en ellos. “Hay un acuerdo de pago, que es un proceder normal de un sindicato”, dijo sobre el presunto “pedido de coima”.

“la Fiscalía entiende otra cosa, estamos viendo una misma cosa con distintos puntos de vista”, señaló Gugger. Respecto del presunto delito de “turbación de la propiedad” consideró que hay allí también una “contraposición de derechos”, puesto que, entiende él, el sindicato de Camioneros hizo uso a su derecho a la huelga y a la protesta.