Una victoria judicial de la provincia de Entre Ríos que permitió recuperar para la propiedad estatal unas 5450 hectéras en la zona de islas trajo a la memoria la situación de decenas de familias sampedrinas que sufrieron, en su momento, el embate de quienes pretendían quedarse con la propiedad insular frente a las costas de San Pedro.

Periodistas de La Opinión recordaron la investigación llevada a cabo en los primeros años del nuevo milenio, respecto al caso que involucró a la empresa Deltagro, que por entonces explotaba las Islas Las Lechiguanas, contra la población, que durante décadas estaba afincada en la zona.

Se trataba de la firma vinculada a Victorio Gualtieri -el Lázaro Báez de Eduardo Duhalde de los 90-, que por entonces logró hacerse de decenas de miles de hectáreas para diferentes emprendimientos, y que utilizaba el puerto de San Pedro como muelle de cabecera para trasladar maquinarias hacia la zona insular.

Gualtieri intentó la apropiación de las tierras, haciéndole firmar a los pobladores un reconocimiento de su permanencia ilegal, lo cual significaba un elemento sustancial para ser despojados de su terruño en los años siguientes.

La indignación por la injusticia se apoderó del grupo de La Opinión, que emprendió una cruzada que Lilí Berardi, Quique Pareta y Matías San Hilario recordaron orgullosamente en Sin Galera, porque en definitiva estaban ilustrando la ocupación indebida en un predio tan enorme como la impunidad de aquellos poderosos que se creyeron ser dueños de lo que nunca les perteneció.

“Para nosotros, Las Lechiguanas son nuestras más allá de que sean territorio entrerriano, porque son el paraíso natural y productivo que los sampedrinos tenemos”, sostuvo Lilí, contundente definición de lo que sentimos los sampedrinos.

En medio de los incendios de 2008, junto a su equipo realizó un trabajo de campo, con viajes en lancha y equipos de comunicación que estaban lejos de la tecnología de esta época, pero que, en definitiva, igualmente conformó un gran despliegue.

Allí lograron recopilar testimonios de los isleños que habían sido engañados para firmar contratos de comodato, que les quitaban sus derechos sobre la tierra. Estos contratos eran obtenidos con artimañas de los abogados de Gualtieri.

Tras las anécdotas surgieron las reflexiones sobre el rol del periodismo comprometido, en momentos en que muchos se hacen eco de los dichos del presidente Javier Milei: “No hablamos lo suficientemente mal de los periodistas”.

Si buscaban justicia, casi 17 años después lograron parte del cometido -pese a la resolución judicial, aún existe más camino por desandar- con el fallo judicial reciente que declara la restitución de aproximadamente 5.450 hectáreas a la provincia de Entre Ríos. 

Si bien la sentencia no recupera la totalidad de las tierras apropiadas, representa una victoria parcial tras años de lucha. 

Lili, Quique, Matías y también Rafael Flaiman, aludieron al significado de este fallo, no solo como un triunfo legal, sino como una confirmación de la importancia de lo logrado, de lo que puede alcanzar el periodismo al momento de desplegar su arsenal más poderoso: la búsqueda de la verdad. 

El archivo es incontrastable y de este no se vuelve. Así como, hasta nuestros días, el drama de los incendios en Las Lechiguanas es persistente, cíclico cada año, y de consecuencias graves para la población aledaña del norte de la provincia, para los isleños es aún más dramático.

Si esas partículas en suspensión, nocivas y contaminantes, repercuten en la salud de los urbanos, es fácil imaginarse el padecimiento de los pobladores del lugar, que ya supieron hacer una demostración acabada de una tolerancia “sufrida” a estos severos azotes que algunas manos iniciaron.

Un documento de abril de 2008, del entonces diario “Crítica de la Argentina”, propiedad de Jorge Lanata, recuerda el punto de partida de estos hechos en aquellos días, siendo los más álgidos en esta década y media.

Centrado en la familia Cardozo, como los Cáceres y los Carnero, el texto describe la lucha de padres e hijos para evitar que su rancho fuera consumido por las llamas.

Pero también, como un complemento inesperado e indignante, resalta que estos pobladores “no son sólo víctimas del fuego. Su tierra es tierra caliente en varios sentidos” y destaca el asedio al que fueron sometidos mientras miraban de reojo si el fuego avanzaba hacia sus viviendas.

Es que, por entonces, gran parte de las 300 mil hectáreas de Las Lechiguanas, el paraíso terrenal que tenemos frente a San Pedro, habían sido vendidas a la empresa agropecuaria Deltagro S.A., propiedad del grupo Gualtieri. El mismo que supo demostrar una habilidad inusitada a la hora de ganar licitaciones de obras públicas en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Los hermanos Salvador y Victorio Gualtieri se hicieron de este sector insular en 1999, y se recuerda que operaba desde el puerto de San Pedro, donde cargaban maquinarias de gran porte, algunas anfibias.

“Luego comenzaron un plan expansivo de acopio que consiste en operar sobre los pobladores locales, haciéndolos firmar comodatos y cesiones de las parcelas que ocupan desde siempre”, describió “Crítica”, munido de datos que, por entonces, La Opinión venía denunciando sobre el asedio a los indefensos habitantes de varias décadas en esta zona.

“Consideran que ellos son los dueños de la tierra, donde proyectan una megaexplotación ganadera, y que sus campos están intrusados por esta gente que vive allí desde hace varias generaciones”, describió el periodista Gonzalo Sánchez.

“A pocos metros de cada casa, empleados de la firma estacaron carteles con la leyenda definitiva: Propiedad Privada Deltagro SA”, aportó Sánchez, y detrás el testimonio de Rosalía, una madre de 16 hijos, que contó cómo le hicieron firmar un documento, porque “tenía que hacerlo para que no haya problemas con la tierra”.

Con el paso de los días, Rosalía y el resto de los acosados isleños se percataron que “era como darles todo lo nuestro a ellos. Pero imagínese que no podemos irnos de acá. Ni con el humo podemos irnos de acá”, expresó. Tampoco lo hicieron ante una gran inundación. Nada es un obstáculo para abandonar su hábitat, que evidencia su idiosincrasia plena.

El “modus operandi” empresarial era marcar presencia con un abogado, quien sostenía que Gualtieri era dueño de la tierra donde vive esa gente.

–¿Quiere decir que compró con las familias adentro?, preguntó Sánchez.

–Los títulos de dominio dicen que los campos se entregaban libre de ocupantes, respondió el abogado.

–Pero esa gente nació ahí, trató de hacer reflexionar el periodista.

–Tiene que demostrar que hace 20 años que están ahí. Si hay gente que vive en forma irregular yo los tengo que desalojar. Pero mientras tanto, los hago firmar un comodato y hasta les permito tener sus animales, fue el salvataje del apoderado de la empresa.

Es decir, había que documentarle la veracidad de su estadía de antaño, cuando lo único que tenían para mostrar era el cuero de un carpincho o una yarará secados al sol y que guardaron como trofeo de otra época. Otros hicieron negocios directamente.

Además, sabían que no eran dueños ni de extensiones mínimas de terreno. Si algo caracteriza a los isleños es que residen sobre la costa y sobre los terraplenes construidos por capitales estadounidenses en la década del 60.

Con el tiempo la embestida se aplacó. Tal vez notaron de que estas familias no influían en sus proyectos pomposos, una explotación agropecuaria propicia por el bajo costo arrendatario de las tierras.

Quién más podría hacerlo que los Gualtieri.

Los nativos de aquí, desde el primer día, tienen trazada su vida hasta la eternidad: solo saben, con creces, subsistir para alimentar a sus familias con lo que les da el río y la naturaleza. Nada más.

Un resumen de audios e imágenes editadas por Andrés “Topo” Pereyra, el relato minucioso sobre la historia de las decenas de vidas que se perdieron en las rutas del norte de la Provincia de Buenos Aires a causa del humo, el desastre ambiental, los intereses económicos de la empresa Deltagro S.A. que se quedó con Las Lechiguanas y expulsó a los isleros y habitantes originarios, las denuncias en los juzgados federales, la inacción de los sucesivos gobiernos municipales, provinciales y nacionales y “la farsa” montada en reiteradas ocasiones para mostrar preocupación sobre las miles de hectáreas de humedales extintos. El repaso y el resumen del desinterés por estudiar, prevenir y proteger el medio ambiente en la voz de la periodista que conduce Sin Galera y publicó en La Opinión.