La Opinión detectó que el viernes, entre los "cholulos" que fueron a las 55 viviendas del barrio Güemes para sacarse una foto con el gobernador Axel Kicillof estaba nada menos que Fabián Veneziano, el "jefe" de la polémica cooperativa Grupo Alfa.

En una de las fotos que difundió la Municipalidad se lo ve a Veneziano al lado del intendente Cecilio Salazar; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el gobernador Kicillof. Todos sonríen. Detrás están los trabajadores de la cooperativa que construyó las viviendas, que no es otra que Grupo Alfa.

En el recorrido previo, La Opinión vio a ese hombre abrazarse con el propio gobernador, con funcionarios, con beneficiarios de las viviendas. Sonreía contento. En San Pedro hay muchos que tienen un serio gesto de disgusto cuando les nombran a Fabian Veneziano.

Las 55 viviendas del barrio Güemes —primera etapa de un plan de 214 que luego derivó en 94 y del que el viernes entregaron 15— es un proyecto de la Federación de Cooperativas de Viviendas de La Matanza (Fecoovima).

Para la construcción, esa federación de cooperativas convocó a una federación "hermana", la Fecootra, de cooperativas de trabajo. Uno de los principales referentes es Fabián Veneziano, el "jefe", acaso "el dueño" encubierto, de Grupo Alfa.

La construcción de las viviendas estuvo a cargo de la mismísima Grupo Alfa, aunque con trabajadores sampedrinos contratados —en sus términos "asociados"— para esa cooperativa de lamentable paso por San Pedro.

Algunos lo sabían con claridad. Otros no estaban muy enterados de nada, sólo iban a trabajar. La semana pasada les dijeron que cambiarían de cooperativa. A Veneziano no lo habían visto jamás en la obra. Hasta el viernes, cuando llegó con casco blanco, el de los jefes, para sacarse la foto.

Veneziano tiene un triste historial ligado a San Pedro con obras contratadas por la Municipalidad con fondos públicos nacionales financiados por el Gobierno de Alberto Fernández que quedaron "colgadas" cuando asumió Milei. Pero también con obras cuyos recursos eran provinciales o municipales.

Él era la cara visible de Grupo Alfa, cooperativa con sede en Quilmes, en las 84 viviendas de Villa Depietri que quedaron a medio construir y hoy tienen a sus preadjudicatarios viviendo en situación de toma, en medio de un litigio entre Arcor y el Municipio.

Él era la cara visible de la cooperativa 8 de Diciembre, con sede en Villa Constitución, que tenía a su cargo la construcción de las 89 viviendas del barrio Nuestro Sueño, cuyo proyecto también nació de una cooperativa de docentes y auxiliares de la educación.

Él era la cara visible de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), con sede en La Plata, que repartía las adjudicaciones de obras en diversos puntos del país, entre ellos San Pedro.

Con Grupo Alfa tenía a su cargo las obras de integración sociourbana de una de las zonas más postergadas del distrito, la ahora localidad de La Tosquera, que tiene figura de delegación municipal pero con las mismas carencias de siempre.

Él era la cara visible de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) que tenía a su cargo otras obras en La Tosquera y que habían sido contratadas directamente por el Gobierno nacional.

Todas las obras de Grupo Alfa de contratadas para 2023 quedaron sin terminar. A las consignadas en los párrafos anteriores hay que sumar obras con fondos provinciales para aguas y cloacas; las 80 viviendas en Santa Lucía que nunca comenzaron; la puesta en valor de la plaza Constitución, con severos errores.

También se adjudicó obras como el CEC 801; el jardín de Banfield; el playón contiguo; las reparaciones del edificio de la Comisaría; las refacciones en el Departamento Canino.

Además, el recambio del piso del gimnasio del Estadio; la prolongación de la avenida 11 de Septiembre con adoquines que ahora están haciendo a nuevo; el adoquinado de Juan Ismael Giménez en Las Canaletas; entre otras.

Veneziano sonreía para las fotos. Quienes estaban a su lado, también. Mucha gente fue a sacarse fotos. Pero los protagonistas de este acto no podrían desconocer quién era el que los abrazaba y conversaba con ellos. 

La presencia de Fabián Veneciano durante el acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof para la entrega de viviendas en San Pedro desató la indignación, luego de que fuera identificado entre los asistentes y fotografiado junto a funcionarios provinciales y municipales que debían recordar que el titular del Grupo Alfa se fue con dinero del estado nacional, provincial y local.

Durante una transmisión de Sin Galera, Lili Berardi y Rafael Flaiman reconocieron a Veneziano en el predio donde se desarrolló la actividad oficial que también conto con la presencia de miembros del gabinete del gobernador.

Señalaron que se trata del referente ligado a cooperativas quilmeñas que años atrás estuvieron a cargo de distintos proyectos habitacionales en la ciudad, entre ellos el plan de 84 viviendas que fue ocupado por los adjudicatarios, el barrio Nuestro Sueño, las 25 viviendas de Río Tala y otras tantas obras donde utilizó el nombre de distintas organizaciones.

Su aparición generó sorpresa, especialmente por los antecedentes de obras inconclusas que aún son motivo de reclamos por parte de vecinos y adjudicatarios, pese a haber cobrado centenares de millones de pesos por certificaciones de obras que nunca se cumplieron. 

Así se recordó en Sin Galera: “elevados niveles de certificación de avance, aunque nunca fueron terminadas”.

Además de las viviendas, se enumeraron proyectos de urbanización y obras comunitarias vinculadas a cooperativas relacionadas con Veneziano, particularmente en el sector de La Tosquera.

Flaiman contó que testimonios recogidos en el lugar, los trabajadores que actualmente participan de nuevas construcciones, confirmaron la identidad del “empresario cooperativista”, aunque señalaron que no lo habían visto previamente durante el desarrollo de las obras y que solo habría asistido únicamente al acto oficial.

Las fotografías son contundentes. En algunas, surgidas oficialmente desde el Municipio, se observa a Veneciano junto a autoridades provinciales y locales durante el acto encabezado por Kicillof. Inclusive, se dio un abrazo el mandatario bonaerense, de cuyo erario cobró una cifra superior a los 1.700 millones de pesos por obras para San Pedro, certificadas por el Municipio.

Las viviendas entregadas en el barrio Güemes no fueron todas. Ahora se aguarda la finalización del resto, y rogar que no queden inconclusas conociendo quién es el responsable de la construcción.

Mientras tanto, numerosos vecinos en otros barrios continúan esperanzados de que algún día sus casas serán concluidas.

El intendente Cecilio Salazar anunció que buscarán utilizar dinero del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) para realizar arreglos en la entrada de la nueva Terminal de Ómnibus.

Tras la firma del convenio con los dueños del edificio y en medio de la toma de posesión,  el jefe comunal aseguró que comenzaron las charlas con Coopser para realizar una inversión en  el acceso.    

“Esa obra no se terminó o no se hizo bien y los efectos son estos que se ven ahora”, aseguró Salazar.

Creado por el Municipio, el FOPC es un fondo que se cobra en la factura de la luz para generar recursos para financiar obras requeridas por la comunidad, que luego los frentistas deben pagar a la cooperativa.

Al momento de anunciar la prolongación de la avenida 11 de Septiembre, a fines de 2021, hubo un llamado a licitación, del cual la empresa cooperativa Grupo Alfa resultó adjudicataria.

La empresa a cargo de diversas obras —no exentas de irregularidades— en la ciudad, como las 84 viviendas, cooperativa Nuestro Sueño, jardín de Banfield, CEC 801, plaza Constitución, entre otras, cobró alrededor de 18 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para realizar la continuación de la avenida.

La nueva Terminal fue inaugurada el 10 de marzo de 2023, pero a poco más de un año, el adoquinado de la entrada estaba levantado en múltiples sectores.

Al momento de la reinaguración del edificio, esta vez en manos del Gobierno local, Cecilio Salazar afirmó que habló con “la gente de Coopser" a los efectos de que con el Fondo de Obras Públicas Comunitarias puedan "reparar el acceso, que está muy deteriorado”.

“La idea en los próximos tiempos es trabajar en forma conjunta con Coopser y reparar  el ingreso, así San Pedro tiene la terminal que se merece”, sentenció. 

El Concejo Deliberante aprobó en 2022 una ordenanza que permite al Ejecutivo solicitar a Coopser los recursos del FOPC que no hayan sido utilizados en ejercicios vencidos.

Un informe de La Nación + retomó hace pocos días la situación que viven los habirantes de las 84 Viviendas, ubicadas en Villa Depietri y que permanecen inconclusas.

El último domingo de septiembre se conoció un informe en el que el canal de cable reflotó el tema y repasó los avatares de la obra iniciada en el 2021. 

Después de ser sorteadas, las familias adjudicatarias tomaron posesión de la propiedad en 2024, ante el riesgo de usurpaciones.

En el medio, una intervención que luego se judicializó, por parte de la empresa Arcor, que planteó que el Municipio incumplió el cargo de donación de los terrenos.

La empresa reclama que allí podían edificarse casas, pero destinadas a quienes residen en la zona de barrancas, desde la bajada Vapor Nacional Correo hasta el final del camino costero, en el Bajo Cementerio.

Entre el pleito y la posterior desaparición de la empresa constructora (Cooperativa Grupo Alfa), las viviendas quedaron incompletas. Fueron los adjudicatarios quienes, de acuerdo a sus posibilidades, les dieron forma colocándole las aberturas, pisos, arreglos de techos, cloacas y diversos pormenores con la finalidad de hacerlas habitables.

En el informe de La Nación + se destaca que para la Municipalidad el proyecto estaba casi terminado (98 %), pero la realidad muestra una falta de infraestructura básica como alcantarillado, calles pavimentadas e iluminación en el barrio, además de todo —mucho— que quedó por hacer en el interior de cada casa.

Los residentes afirman que el Municipio ha estado ausente en gran medida, sin haber proporcionado los recursos prometidos. Lo nuevo, ahora, es la promesa de dotar de iluminación en derredor del barrio.

La palabra “estafa” está latente en el informe, donde aparece Ana Tabbita, una de las adjudicatarias, para un recorrido por la realidad de estos días. 

Consultada acerca de si se avanzó en alguna mejora, Tabbita fue contundente: “Sigue todo igual. Cada uno fue haciendo su casa, terminándola, arreglando los techos. Yo recién lo pude hacer el mes pasado porque se llovía. Las calles están totalmente con pozos y barro. Lo que nos prometieron ahora, que es lo que están haciendo, es tratar de ponernos la luz”.

El litigio impone limitaciones. El caso de dotar de energía tiene su impedimento. “No nos pueden poner la luz como a cualquier barrio. Entonces la van a poner por fuera del perímetro”, dijo la adjudicataria, mientras que, hace más de un mes, se observa la tarea de poner los medidores para cada domicilio.

Sobre el estado de las calles, Tabbita contó que pidieron tosca, “por lo menos como para llevar a nuestro hijo a la escuela, o entrar y salir del barrio, no tener que ir con barro. Según lo que nos dijeron en la Municipalidad, en Obras Públicas, nos habían mandado 20 camiones con tosca. Y la verdad, si la llevaron fueron dos o cuatro como mucho. No sé dónde están los otros”.

“Al intendente no le gusta que yo salga a hablar, pero bueno, tampoco nos escucha. Entonces, que nos mande los camiones de tosca. A las casas las iremos terminando cada uno”, agregó.

Sostuvo que está agradecida por contar con una vivienda, mientras recalcó la necesidad de tener energía en sus hogares.

En una parte de la entrevista, pintó un panorama de la ciudad: “En general San Pedro no está bien, porque no hay obras. En las calles hay un pozo atrás de otro. Está bastante feo en lo que es su mantenimiento”, mientras se lamentó de que “una ciudad tan linda esté tan venida menos con la gente que tiene. Es hermosa también porque la gente del barrio, que somos todos trabajadores, la peleamos todos los días, todos tenemos hijos”.

Parte de esa pelea también se relaciona con una construcción defectuosa, como cañerías mal instaladas, que les obligan a realizar costosas reparaciones.

Tabbita describió lo que los fortalece, que es el apoyo mutuo entre los vecinos, que no solo a duras penas van mejorando su hábitat, sino también pugnan para que cumplan las promesas de infraestructura.

A más de un año y medio desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, la obra pública nacional sigue paralizada, lo que repercute en las municipalidades que, como San Pedro, tenían trabajos en ejecución.

Algunos estaban muy avanzados, otros por la mitad e incluso había los que apenas habían comenzado. En cada caso, las empresas habían cobrado anticipos financieros que el Municipio, desde el año pasado, busca recuperar.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, instruyó al subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta para la rescisión de los contratos vigentes en aquellas obras paralizadas que dependen de aportes financieros del Gobierno nacional.

Así, se firmaron decretos para rescindir contratos con las empresas, sobre todo con la cooperativa Grupo Alfa, la 8 de Diciembre y otras similares, con el objetivo de recuperar el anticipo financiero o cobrar el seguro de caución.

El sábado, Porta dio detalles en Sin Galera acerca de ese proceso, que ya recuperó 110 millones de pesos de la obra de La Tosquera y que, en algunos casos como el de la escalera del Vía Crucis, tiene un proceso en la Justicia Civil.

"Cambió la dinámica política y lo que era el financiamiento de Nación, que tenía que venir para la ejecución de obras, dejó de estar. Entonces ahora se miran las (obras) que habían quedado a mitad de camino y las que no habían comenzado", explicó Porta.

Los vecinos de las 84 viviendas habían solicitado al Gobierno municipal en mayo pasado que intervinieran de manera urgente para solucionar problemas acuciantes para la vida cotidiana del barrio, a un año y medio desde que en febrero de 2024 les entregaron las casas sin terminar, en medio del conflicto con Arcor.

Una de las problemáticas más importantes estaba relacionada con el servicio de energía eléctrica, puesto que las unidades habitacionales tienen conexiones clandestinas, lo que implica riesgos de accidentes domésticos, electrocución y daños en los artefactos.

La semana pasada observaron a personal de Coopser que llegaron, tras un dictamen favorable por parte de los abogados de la cooperativa respecto de la viabilidad, para comenzar el proceso que derivará en la conexión regular de la luz para cada vivienda.

Como el barrio constituye un "macizo", Coopser no podía hacer la conexión si no estaban abiertas las calles, puesto que el suministro puede pasar por la línea municipal para que desde allí se haga la conexión domiciliaria.

Independientemente de la causa judicial y el litigio con Arcor, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, consideró en Sin Galera que era "una cuestión de justicia social" garantizar el servicio de energía eléctrica como corresponde.

Personal de Coopser comenzó con la construcción de unos gabinetes desde donde se establecerán las conexiones hacia los pilares, algo que cada frentista deberá afrontar por sus propios medios.

"Merecen condiciones dignas", dijo Porta y agregó: "Se descartó el impedimento legal, porque en la medida cautelar vigente Arcor pide que no se avance con la adjudicación, pero aclara que no pedía que se paralizara la obra".

"Todos los habitantes están en condiciones de recibir el servicio", aseguró el funcionario y destacó que los abogados de Coopser señalaron que "esto es como un edificio acostado" y así debe tratarse a la hora de establecer las conexiones domiciliarias de electricidad.

"No sabíamos nada", dijo un vecino y aseguró: "Ojalá que conecten, es lo mejor, así no sabemos qué va a pasar, sería un golazo".

Otra vecina señaló que vio al personal de Coopser trabajando y también celebró que llegue el servicio de electricidad de manera regular al barrio.

El Municipio cobró el seguro de caución tras la rescisión del contrato con la empresa cooperativa Grupo Alfa por la primera etapa de las obras de urbanización de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

La compañía aseguradora Integrity S. A. firmó un convenio con la Municipalidad para el pago de 109.851.546,40 pesos correspondientes a la póliza de seguro de caución por la garantía del anticipo financiero para la obra denominada "desagües pluvial, red vial y peatonal", que Grupo Alfa abandonó sin terminar.

El Gobierno rescindió el contrato e intimó a la empresa para que retome la obra o reintegre el adelanto financiero. Cumplidos los plazos, el reclamo administrativo, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, llegó al convenio para el pago de esos 110 millones, que la aseguradora ya hizo efectivo.

Como con todas las obras que tenía en marcha en 2023 —las 84 viviendas de Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, las más relevantes—, Grupo Alfa desapareció y abandonó las tareas tras las elecciones presidenciales. En medio de planteos por redeterminación de costos y con la decisión del nuevo Gobierno nacional de discontinuar la obra pública, el Municipio reclamó.

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos y formaba parte de un proyecto del programa de integración sociourbana de barrios populares del Renabap, que se financiaba con el denominado Fisu, que generó polémica al comienzo de la gestión Milei, quien apuntó al dirigente Juan Grabois por el destino de los recursos de ese fondo.

Grupo Alfa comenzó la obra y colocó adoquines en la bajada de la escuela 44, en una vereda que recorre la calle del bajo e instaló la red de agua, aunque no la conectaron porque nunca llegó el tanque.

El Municipio consideró "incompleta y abandonada la obra" por lo que requirió el reintegro del anticipo financiero, teniendo en cuenta que Grupo Alfa no justificó el parate ni retomó el plan de trabajos previsto. Al contrario: desarmó el obrador que tenía y se llevó todo.

Además de los desagües pluviales, el adoquinado de la bajada y la construcción de la vereda, el proyecto preveía pavimentar el camino que lleva a ruta 1001, la apertura de una calle de varias cuadras y la consolidación de 12 mil metros cuadrados de calzad acon ripio.

También estaba previsto construir un muro de contención en el límite de la escuela 44, que tiene serios riesgos de derrumbe porque está ubicada en la cresta de barranca, entre otras obras complementarias para las que el presupuesto original quedó corto a poco de ser aprobado.

El Concejo Deliberante tratará en la sesión de este jueves un pedido de informe del concejal opositor Martín Rivas relacionado con las obras que la empresa cooperativa Grupo Alfa dejó sin concluir en la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera.

El edil de Juntos por el Cambio pide al Gobierno que informe plano y detalle del proyecto, presupuesto, motivos por los que no hubo licitación sino contratación directa a la cooperativa Grupo Alfa, tareas cumplidas y pendientes, entre otros puntos.

Además, solicita conocer las razones por las que el Municipio "no demandó en tiempo y forma a la cooperativa de trabajo Grupo Alfa" respuestas ante el abandono de la obra y el obrador para julio de 2024, fecha en la que vencía el plazo previsto.

El Gobierno rescindió el contrato con Grupo Alfa a fin del año pasado y quedó habilitado para reclamar por las vías administrativas y eventualmente judiciales el adelanto financiero y el seguro de caución tras considerar incumplido el convenio por parte de la cooperativa.

Casi 750 millones de pesos había previsto el Gobierno nacional durante el mandato de Alberto Fernández para una obra de desarrollo urbano de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, tareas que quedaron sin terminar y cuya empresa a cargo, la cooperativa Grupo Alfa, desapareció como hizo con otras obras relevantes en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas de Villa Depietri.

El Gobierno municipal decretó la rescisión del contrato con Grupo Alfa y quedó habilitado para reclamar por las vías administrativas y judicial el adelanto financiero y el seguro de caución de garantía tras considerar que la cooperativa no cumplió lo acordado.

El convenio fue firmado el 6 de septiembre de 2023. Tres semanas después, hubo redeterminación de precios y acordaron la contratación de mano de obra local. 

El 2 de noviembre de ese año, el Municipio pagó el anticipo financiero en el marco del programa "integración sociourbana de barrios populares" del Renabap, financiado con recursos del denominado Fisu, que el Gobierno de Javier Milei puso en duda y por el que apuntó al dirigente Juan Grabois.

"El proyecto de integración socio urbana contempla la realización de la red de agua, conexiones domiciliarias, una perforación nueva con tanque elevado para reemplazar las instalaciones existentes, instalaciones intra-lotes de agua, electricidad y cloacas con sistema alternativo de biodigestor y la ejecución de núcleos húmedos", informó en ese momento la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecootra.

"Desagües pluviales, red vial y peatonal — Etapa A", decía el convenio. Dispusieron adoquines en la bajada de la escuela 44, hicieron la "peatonal" que no es otra cosa que una vereda sobre la calle del bajo que va del basural al barrio, instalaron la red de agua pero no hay tanque ni conexión, por lo que todavía Los Cazadores, jerarquizada a localidad, tiene dificultades para el suministro.

El relevamiento formal de Obras Públicas municipal constató que "la obra se encuentra incompleta y abandonada", con "demora en exceso e injustificada en la ejecución del plan de obras, con el consecuente abandono" sin "presentación de documentación obligatoria".

"Transcurrido holgadamente el plazo total de ejecución de obra (ocho meses) sin que se haya dado cumplimiento en modo alguno al avance de obra conforme Plan de Trabajos", la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta dictaminó la rescisión, cuyo decreto firmó el intendente.

Grupo Alfa dejó la obra por la mitad y no dio señal alguna. Incluso desarmó el obrador que tenía en la zona y se llevó todo.

La ejecución de obras con el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) quedaron detenidas antes de que asumiera Javier Milei, que ordenó una auditoría. 

Sus resultados generaron una polémica al interior del propio Gobierno nacional: mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que era "lapidaria", el nuevo Subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y armadador político provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, aseguró que su antecesora, Fernanda Miño, tuvo una "gestión ejemplar" sin "desvío de fondos ni sobreprecios ni nada".

El concejal Mauro de Rosa había consultado en varias oportunidades respecto de la posibilidad de reactivación de la obra de La Tosquera, sin respuestas concretas. 

Aunque Pareja tenía intenciones de que tras la auditoria se retomaran las tareas en todo el país, el Ministerio de Economía redujo del 30 al 1 por ciento del impuesto País la inyección de recursos al Fisu, por lo que no avanzaron.

El proyecto en Los Cazadores incluía red pluvial con más de 6100 metros de cordón cuneta; más de 100 metros cuadrados de badén de hormigón; la instalación de 29 sumideros y 28 cámaras de inspección; la construcción de casi de 6300 metros lineales de cordón cuneta; 99 metros cuadrados de badén; cuatro sumideros y cuatro cámaras de inspección.

También la consolidación de más de 12.000 metros cuadrados de calzada con ripio, 678 metros cuadrados de pavimento articulado, la apertura de una calle de 2300 metros lineales; la pavimentación de 19030 metros cuadrados de calzada con asfalto para facilitar la accesibilidad del barrio a la ruta 1001, cuyo camino en la actualidad es de mejorado con tosca.

A su vez, incluía la construcción de 1250 metros cuadrados de vereda para complementar la red peatonal existente, junto con la instalación de 54 metros cuadrados de rampas de accesibilidad; y un nexo de 4207,5 metros cuadrados de vereda de bloques intertrabados para conectar la manzana 10, al igual que 265 metros cuadrados de rampas de accesibilidad.

Por último, preveía la construcción de un muro de contención en el límite de la escuela 44 y rejas metálicas para cerrar el acceso, con el objetivo de "fortalecer y garantizar una mayor seguridad de las instituciones educativas".

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos, pero antes de que las obras comiencen hubo redeterminación porque lo previsto, producto de la inflación, no alcanzaba para todas las obras planificadas.

A un año y medio desde que la cooperativa Grupo Alfa dejó la obra de plaza Constitución, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical elevaron un pedido de informe para que el Gobierno explique qué hizo respecto de los visibles defectos que presenta.

En el expediente, los ediles radicales exigen que el Ejecutivo informe si hay certificación provisoria o definitiva de la obra y quiénes estuvieron a cargo de la inspección.

Además, quieren saber qué gestiones hizo el Gobierno ante la cooperativa Grupo Alfa, la misma que dejó sin terminar las 84 Viviendas y otras obras, para la reparación de los defectos constructivos que están a la vista.

Señalaron que esos defectos provocan "acumulación  de agua de lluvia, barro, levantamiento de baldosas en varios sectores" que "faltan terminaciones" y surgieron "movimientos de suelo por falta de trabajos previos de apisonamiento".

La obra de puesta en valor de la plaza Constitución fue financiada con recursos del denominado Fondo Municipal de Obras Públicas Comunitarias, cuyos recursos salen del acumulado del FOPC que recauda Coopser. El presupuesto era de casi 66 millones de pesos.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra y a dos meses de que hayan tomado posesión, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En esta primera entrega, La Opinión revela las promesas de Fabián Veneziano, síndico y cara visible de Grupo Alfa. 

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Veneziano los guía por la primera fila, la más avanzada de la obra, y dentro de una de las viviendas les explica dónde va la cocina, el termotanque eléctrico y cómo funciona el termotanque solar.

Les asegura que resta sólo una mano de pintura y la colocación del cielorraso. También, ante consultas de las familias, les ofrece que le contraten a la cooperativa la colocación de las rejas y la construcción de las medianeras.

De ese recorrido de Veneziano participan el entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien luego mantiene una reunión con los preadjudicatarios para explicarles los avances del expediente y la situación con Arcor a esa fecha.

La obra de mantenimiento de la plaza Constitución, que comenzó a principios de junio, sigue sin ser concluida. El proyecto de refacción integral está a cargo de la cooperativa Grupo Alfa, la misma que participó en las obras del CEC 802 y las 84 viviendas, a la que también abandonaron.

Según se había proyectado, la reconstrucción constaría de tres etapas: recambio de luminarias —que estuvo a cargo de otra empresa— el reemplazo de las veredas antiguas por baldosones y la intervención sobre la histórica fuente de agua.

El cambio de las antiguas bolas amarillas fue concluido luego de que las intercambiaran por más de 30 farolas con luces led y el nuevo semblante de la plaza de “la iglesia” fue inaugurado a pocos días de las elecciones en condiciones que denotaron cierto apuro electoral.

Sin embargo, la refacción y el mantenimiento de la antigua fuente de agua continúa sin novedades y el estado de uno de los lugares más vistosos de la ciudad se encuentra en una situación que refleja el abandono.

Con los palos caídos, el enrejado doblado y la tela enganchada entre sí, las medidas que previenen la entrada de personas a la zona no parece poder resistir más el paso del tiempo.

Sin novedades para la finalización de la obra, cabe recordar que los más de 60 millones de pesos destinados a refacción de la plaza Constitución provienen del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que tuvo que ceder Coopser tras aprobarse el traspaso de los montos acumulados en el Concejo Deliberante ya se gastaron y hasta es probable que reclamen mayores costos por inflación.

De todos modos, césped y plantines no deberían representar un impedimento para que el predio luzca como corresponde.

Tras demoras y conflictos con el contratista anterior, la obra del Centro de Educación Complementaria 801 quedó a cargo de la cooperativa Grupo Alfa, la misma que construye las 84 vviendas del barrio Villa Depietri.

La firma, que tiene domicilio en la ciudad de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense, fue asignada para continuar las tareas, cuya finalización estaba prevista para el comienzo del ciclo lectivo pero que ahora estiman podría estar para después de la vacaciones de invierno.

La obra, que comenzó a mediados del 2022 luego de que en octubre de 2021 se volaran los techos durante una tormenta, implica refacciones integrales. En los útimos días, instalaron rejas en las salas ubicadas sobre calle Aulí y finalizan los pisos.

Uno de los encargados de la obra dijo a La Opinión que ya llevan alrededor de un mes de trabajo desde que la cooperativa Grupo Alfa se hizo cargo de las tareas.

Agregó que el plan es cumplir con lo pactado en un mes y medio, de manera tal que podrían haber actividad en el lugar luego de las vacaciones de invierno.

Hasta el momento, señaló, la obra avanza sin dificultades respecto de la provisión de materiales o los pagos al personal.

El jardín de Banfield “va a estar activo para el próximo ciclo lectivo”, dijo en noviembre el secretario de Gobierno, Pablo Vlaeminck. El plan del Ejecutivo es que la obra esté lista para mediados de marzo, pero todo indica que habrá que esperar

Al menos es lo que surgió desde la propia obra en construcción este lunes cuando el móvil de Radio Cuarentena llegó, luego de que la semana pasada el Gobierno difundiera en un comunicado que estaba tod muy avanzado.

Si bien es cierto que la obra avanzó, la proyección de inaugurar para el 15 de marzo está en dudas. En el lugar este lunes había apenas un trabajador que ni siquiera podía hacer su tarea porque no le habían llevado los materiales.

“Desde el miércoles que estoy esperando que me traigan unas bolsas de yeso para ponerle al enduido que va y todavía no me lo trajeron”, dijo el empleado de una empresa local a la que contrató la adjudicataria de la obra.

“Acá está la misma empresa del barrio allá en la rotonda, la cooperativa Alfa”, dijo el trabajador. Pero la que está a cargo de la obra es la empresa Quilcon S. A., una constructora de Quilmes, mismo distrito del que es oriunda la cooperativa Alfa.

Dentro del jardín de Banfield hay sectores que tienen el piso pero otros que todavía no. En todo el edificio falta el cielorraso y en muchos baños todavía no están los azulejos, además de que resta colocar los sanitarios.

La instalación eléctrica se terminó de colocar hace poco y la mayor parte del interior del edificio está pintada, aunque como restan otras tareas seguro habrá que repintar.

Las ventanas están colocadas y hay que sellarlas, pero en algunas hay vidrios rotos. Incluso hasta se robaron algunas hojas corredizas, a pesar de que hay sereno de noche, personal que tuvo que poner palos cruzados en las puertas para evitar que ingresen con fines de robo.

La expectatva es importante porque el jardín de Banfield debería haber sido inaugurado para el ciclo lectivo 2017, por lo que ya tiene cinco años de demoras.

La estimación es que para que lleguen a mediados de marzo o principios de abril con los 300 bancos ocupados por niños y niñas habrá que acelerar la tarea y disponer más personal, de lo contrario no podrán cumplir con el objetivo planteado de que el inicio del ciclo lectivo 2022 tenga este nuevo jardín en marcha.