Esta semana el Gobierno nacional anunció el funcionamiento de la línea *910 destinada al bloqueo de teléfonos celulares que hayan sido robados.

Con motivo de desalentar el mercado informal de venta de celulares, el sistema garantiza que los aparatos que hayan sido sustraídos queden completamente fuera de funcionamiento para llamadas, conexión a redes móviles o registros con otras  líneas.  

La línea fue anunciada a través de un correo masivo que en un primer momento muchos creyeron que se trataba de un intento de estafa, pero luego se comprobó que no era así, ya que el sistema se encuentra anunciado en la página web oficial del Gobierno nacional. 

Para utilizar el servicio y solicitar el bloqueo del dispositivo, solo hay que llamar al *190, brindar una serie de datos del titular de la línea y el número de IMEI, si se lo recuerda. Luego de estos pasos, el sistema cruzará la información con la empresa de telefonía para completar el proceso de bloqueo. 

Además, informaron que en caso de que se recupere el dispositivo o se quisiera utilizar el mismo número en otro teléfono se puede llamar para revertir el bloqueo presentando cierta documentación que acredite la titularidad. Este servicio de reactivación puede demorar algunas horas o días. 

Cabe destacar que esto no reemplaza la denuncia penal que tras sufrir un hecho de inseguridad, se debe radicar en la Comisaría o Destacamento policial correspondiente. 

El intendente Cecilio Salazar participó el martes de una movilización de jefes comunales de todo el país, convocada por la Federación Argentina de Municipios, en la que reclamaron ante el Ministerio de Economía por la obra pública paralizada.

Los intendentes dejaron un documento en el que piden al Gobierno de Javier Milei que baje el precio de los combustibles y lo retrotraiga al 1 de marzo y que ejecute las obras públicas con la recaudación del impuesto que se cobra en los surtidores de todo el país.

En San Pedro la obra pública paralizada contempla varios proyectos que empezaron y no continuaron, como los de tres barrios de viviendas o la urbanización integral de La Tosquera, y también otros cuya ejecución nunca comenzó, como la escuela técnica profesional, el jardín de infantes para el Normal o el Centro de Desarrollo Infantil del CIC.

Las 84 viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño y las 25 Viviendas de Río Tala tenían certificaciones a la espera de pago y planteos de redeterminación de precios por parte de las empresas.

Cooperativa Grupo Alfa, cooperativa 8 de Diciembre y APCO se retiraron sin dar demasiadas explicaciones, lo que derivó en reclamos legales por parte del Municipio.

Todas esas obras estaban en el último tramo de ejecución cuando cambió el Gobierno nacional. En cada caso, hay reclamos por parte del Municipio para recuperar los anticipos y rescindir contratos.

Las de Nuestro Sueño fueron continuadas por los propios vecinos; las de Villa Depietri están ocupadas por los preadjudicatarios, conflicto con Arcor incluido; y las de Río Tala fueron usurpadas.

La escuela Técnica Profesional que se iba a construir en el paraje Mataderos, detrás del Corralón municipal, sólo tuvo movimiento de suelos en medio de la campaña electoral.

La empresa Indahl cobró el anticipo financiero y nunca más apareció. El Municipio rescindió el contrato y exige a la empresa que restituya los 153 millones de pesos de anticipo y pague los seguros de caución que corresponden.

Esa misma empresa, que estaba en proceso de concurso preventivo y quiebra, había sido adjudicataria de la construcción de un edificio para el jardín de infantes del Normal, obra que jamás comenzó.

El denominado Centro de Desarrollo Infantil San Pedro que se iba a construir en la zona del CIC tampoco está. La empresa Tecnicoop se retiró y la obra no se ejecutó, a pesar de que también estaba incluida en los presupuestos hasta el año pasado.

En La Tosquera, el plan de urbanización integral sólo vio la colocación de adoquines en la bajada y en una vereda que recorre la costanera, más los caños para el nuevo tanque de agua.

Una vez más, la empresa cooperativa Grupo Alfa se retiró tras reclamar "redeterminación de precios". En este caso, el Gobierno local logró recuperar el seguro de caución.

Entre las obras paralizadas en La Tosquera también están las que no pasaron por administración municipal y se gestionaron directamente desde la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), cuyos fondos fueron reducidos. La Municipalidad se sumó a un amparo colectivo contra la eliminación del fondo de financiamiento de esas obras.

También hubo algunos casos de obras complementarias, sobre todo en los barrios de viviendas, que el Municipio ejecutó con fondos propios porque Nación no enviaba los recursos, a pesar de eran obras comprometidas en el presupuesto nacional, es decir que forman parte de esa deuda.

Además, hay proyectos que tenían el visto bueno de Nación y habían sido incluidos en presupuestos locales con los montos que se esperaban llegaran del erario nacional y que quedaron truncos.

En el paraje La Buena Moza estaba previsto un plan para mejorar las conexiones a la red de agua potable; la escuela primaria de Banfield se iba a ejecutar con recursos nacionales, al igual que el edificio nuevo para la escuela 17 que ahora se hará con recursos provinciales en lo que era el proyecto escuela de San Roque; y en Santa Lucía estaba prevista la construcción de 80 viviendas.

El Gobierno provincial estimó que Nación adeuda "más de 23 billones" de pesos. "Es plata que el gobierno de Milei les roba a los bonaerenses y por lo tanto a los sampedrinos", consideró el intendente tras participar de la movilización al Ministerio de Economía.

En ese marco, señaló que ese dinero es "plata que debería usarse para obras de infraestructura y mejoras para nuestra ciudad". Las obras paralizadas, estimó Provincia, son alrededor de mil en todo el territorio bonaerense.

Salazar cuestionó que Milei "en más de dos años no construyó ni un solo km de ruta, no realiza mantenimiento y mucho menos proyecta invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país".

Finalmente, este viernes 27 en la provincia de Buenos Aires habrá asueto para la administración pública, medida que no es extensible a los municipios.

El Gobierno nacional, a través del Boletín Oficial, oficializó la eliminación del feriado establecido para esta fecha. El decreto Nº 430/25, firmado por el presidente Javier Milei junto con su gabinete ministerial, así lo dispone.

Esta decisión implica que los trabajadores estatales deberán presentarse a sus trabajos con normalidad, puesto que deja sin efecto lo estipulado anteriormente por la ley n.º 26.876, sancionada en 2013, que consagraba este día como no laborable.

Sin embargo, la situación adquiere un matiz diferente en la Provincia, donde el gobernador Axel Kicillof confirmó que, a pesar de la derogación a nivel nacional, los empleados de la Administración Pública bonaerense disfrutarán de un día de asueto.

La ley provincial n.º 14.600 establece que el 27 de junio de 2025 es un día de descanso para aquellos que desempeñan funciones en el Estado provincial, en conmemoración del Día del Trabajador del Estado.

De esta manera, todas las reparticiones provinciales como ARBA, IOMA y Registro Civil, entre otros, no atenderán al público.

Así como el asueto no se extiende a los municipales, tampoco rige para trabajadores auxiliares de la Educación. Sin embargo, ATE convocó a un paro para reclamar por el feriado, lo que implica que muchas escuelas verán resentida su actividad por la adhesión de ese personal.

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Ojo con las estafas. Una convocatoria publicada por un perfil con el nombre Guadalupe Sandoval en Facebook es falsa. En el texto que aparece en un grupo de compra venta se convoca a postulantes para trabajar en el supermercado VEA y resulta una trampa para obtener los contactos de quienes se interesan en la oferta.Desde la sucursal local del supermercado advirtieron sobre el anuncio apócrifo.

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Entre las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el segundo día hábil desde que Javier Milei asumió la presidencia, aparece la anticipada suspensión de la obra pública financiada por el Estado nacional.

“No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y los empresarios”, dijo el ministro en su mensaje difundido el martes.

El anuncio fue que el Estado nacional “no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado”, lo que impacta en proyectos que estaban en carpeta en San Pedro.

Con incertidumbre sobre el final de algunos proyectos en marcha, como las 84 Viviendas de Villa Depietri, las 89 viviendas de Nuestro Sueño y las 25 viviendas de Río Tala —todas con certificaciones a la espera de pago y con debates sobre redeterminación de precios—, hay otras cuyo futuro parece sellado tras el anuncio del Gobierno nacional.

La construcción de una escuela Técnica en un terreno ubicado detrás del Corralón municipal es una de ellas. Antes de las elecciones, Nación envió recursos para el anticipio financiero para la empresa Indhal SRL —una firma concursada que participa de licitaciones con autorización del síndico— y comenzaron, apenas, los movimientos de suelo.

La misma empresa ganó la licitación para la construcción de una nueva sede para el jardín 914 que funciona en la escuela Normal, que iba a ser trasladado a un terreno ubicado en La Laguna y Güemes, con el objetivo de descomprimir el histórico edificio de calle Bottaro.

Desde el Gobierno local informaron que la empresa adquirió materiales y que en el Municipio, de quien depende la obra aunque los fondos son nacionales, esperan que comiencen de un momento a otro.

En La Tosquera hay incertidumbre respecto de cómo seguirá el proyecto integral de urbanización financiado por el desaparecido Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que preveía una inversión milmillonaria en el barrio que este año se convirtió en Delegación municipal.

La mayoría de las etapas quedarán en espera, entre ellas la relocalización de 26 familias en nuevas viviendas. La primera, que corresponde a desagües pluviales, debería comenzar la semana que viene, señalaron desde Palacio.

El Presupuesto 2023 del Municipio de San Pedro tenía previstos 2300 millones de pesos del Gobierno nacional para obras, lo que representó casi el 25 por ciento del total de recursos.

Allí estaban incluidos proyectos que no llegaron a licitación como una escuela primaria en la cancha de Banfield; un edificio nuevo para la secundaria 17; 80 viviendas en Santa Lucía. Ninguno de ellos, de acuerdo al anuncio de Caputo, será puesto en marcha, al menos este año.

Misma suerte correrá el proyecto para el agua para el paraje La Buena Moza, que tenía el visto bueno de Obras Públicas de Nación, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, pero no llegaron a firmar el convenio y ya no lo harán.

Aunque en Palacio aguardan definiciones de Nación, puesto que todavía no hubo contacto el nuevo ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, ya hay cierta alarma porque con la fecha límite para presentar el Presupuesto 2024 no hay datos disponibles sobre los recursos con los que se contará para la continuidad de esas obras.

El nuevo secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas, dijo a La Opinión el día de la jura que hay obras que están “neutralizadas” hasta tanto se conozcan definiciones del Gobierno nacional.

“Neutralizar” las obras es un concepto compartido en muchos municipios que temen que la paralización de las tareas derive en rescisión, lo que implicaría perder lo invertido y dejar a mitad de camino los proyectos en marcha.

“Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, dijo el ministro de Economía en el mensaje en el que informó una devaluación de más del 50 por ciento que llevó la cotización oficial del dólar a 800 pesos y anunció que “vamos a estar un par de meses peor de lo que estuvimos antes”.

Hoy es martes 24 de octubre. Estos son los títulos de “Lo que importa”, el resumen diario de noticias de La Opinión

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Nueva campaña solidaria por Matías Delgado

Auspician Lo Que Importa:Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, Boulevard Ahorro, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Ostoich Inmobiliaria y Construcción, Rapicuotas,Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos.

Luego de las restricciones impuestas para acceder al país, el Gobierno nacional anunció este domingo otras medidas con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus ante la amenaza de la llegada de la denominada “segunda ola”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establecieron nuevas normas que todavía se desconoce si rigen en San Pedro, motivo por el que, por estas horas, el Municipio analiza lo establecido para, después, informar su alcance. La duda radica en que el distrito no fue incluido entre los de mayor riesgo.

La Nación impuso una serie de medidas como el “teletrabajo de la administración pública nacional” entre hoy y el miércoles. “El sector público nacional quedará eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo”, precisó. A su vez, “invitó” a que los gobiernos provinciales y municipales; los poderes legislativos y judicial; y el sector privado, “se sumen”.

Además, aclaró que las “actividades educativas” continuarán con la presencialidad en las aulas de las escuelas porque es “prioridad” mientras que se pidió “fortalecer los cuidados” en el sector turístico ante la llegada de Semana Santa.

En la Provincia de Buenos Aires son varios los municipios en los que en las últimas semanas aumentó la “razón” e “incidencia” por lo que deben ajustarse a las nuevas disposiciones. La mayoría de ellos están en el Conurbano mientras que, de los ubicados cerca de San Pedro, sobresalen Campana, Pilar y Chivilcoy.

En ellos, la “razón de casos” es superior a 1,20 (resultado de dividir el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos) mientras que la incidencia está por encima de 150 (número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes).