Sólo quienes compartieron el tiempo con ella en cada diálisis recuerdan su existencia. El misterio aún persite y a un año de la muerte de esta paciente no hay contacto con familiares y mucho menos una investigación sobre la suerte que corrió esta joven mujer que estuvo alojada en el “Geriátrico de la Vergüenza” que cuenta con la protección de quienes deben bregar por la situación de sus internos. 

Un día antes del deceso, la recientemente asumida Secretaria de Salud, recorrió el lugar junto al responsable del monitoreo de casas de cuidados de adultos mayores, Diego Lafalce. Se descubrió que había denuncias previas y una orden de cierre que jamás se cumplió. Los abuelos debían bañarse en un mismo lugar, no tenían la higiene necesaria y aquella mañana contaron más de 30 en un lugar que apenas podía albergar la mitad.

Fueron varios los episodios que dieron lugar a noticias relacionadas con la precariedad con la que se asiste a personas que en muchos casos están “institucionalizadas”, pacientes con enfemedades mentales, indigentes e incluso jóvenes que pasan allí sus días.

El 11 de enero se cumplió un año de la muerte y hoy, se cuentan también 365 días sin sanciones que ya estaban escritas pero sobre las que nadie dio explicaciones. Verónica tenía 38 años y una historia.

“Los datos, videos, fotos, testimonios y la documentación comenzaron a fluir desde que La Opinión supo que la presencia de patrulleros y de una ambulancia el día 11 de enero a las 20.05 en calle San Martín al 1900”, decía la crónica de La Opinión que reveló que había un lugar en el cementerio donde yacía una NN.

El día de la recorrida de las autoridades, el dueño no estaba. Contaron 32 personas pero tras el fallecimiento nadie pudo precisar si entre ellas estaba Verónica.. Es llamativo que no exista comunicado ni obligación de dar cuentas respecto a los resultados de nuevas inspecciones que dependen de la Región Sanitaria IV y por ende del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco hubo organismos de Derechos Humanos ni investigación sobre quien fue durante más de una semana una NN en un lugar tenebroso.

Durante más de dos horas, una comitiva compuesta por personal destinado a inspeccionar el funcionamiento del geriátrico denunciado en varias oportunidades por las condiciones en las que se presta servicio de alojamiento a los internos, revisó las instalaciones y tomó conocimiento de los últimos episodios ocurridos en el lugar.

La muerte de Verónica del Valle Romero, también fue informada en esta ocasión en la que quedaron confirmadas varias de las irregularidades que habían desencadenado una orden de clausura que nunca se ejecutó.

Según pudo saber este medio, la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Humano, y representantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estaban en conocimiento de la visita a realizar el lunes.

Las versiones de uno y otro difieren pero todos coinciden en que se notificó al dueño, que recibe y asiste a internos derivados de Pami, algunos pedidos especiales de los municipios de San Pedro y Baradero, personas con curatelas judiciales y otros que dicen estar allí por voluntad propia. 

Entre ellos hay pacientes psiquiátricos o los había al momento en que murió Verónica y otros llegan como indigentes que necesitan un lugar temporario.

Las personas que han trabajado en el lugar cuentan historias lastimosas y violatorias de los derechos de las personas que están sometidas a tratos hostiles y humillantes. 

Resulta como mínimo curioso que tantos meses después y con sanciones pendientes, con tanto tiempo para acondicionar instalaciones que están registradas en videos y relatos, con dos internos muertos en circunstancias que nadie investigó en el momento adecuado, se produzca la llegada del Ministerio de Salud de la Provincia y desde su área de Fiscalización Sanitaria avisen con tiempo a la comuna que visitará el lugar. 

"Creo que le habían avisado de la inspección y le marcaron deficiencias edilicias y de personal. Le pidieron que haga el descargo lo antes posible", dijeron desde el área de Salud de la Municipalidad.

El geriátrico San Francisco de Asís, tal es su nombre comercial, ya había sido notificado varias veces y hay una denuncia penal del Inspector de Geriátricos Diego Lafalce en sede fiscal. 

También fue recorrido por la secretaria de Salud, María Vargas, un día antes de la desaparición física de una paciente diabética que se descompensó y murió al llegar de su sesión de diálisis. Nunca se supo si la vieron o no supieron de su existencia en ese “hogar”. 

También el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, se sorprendió por aquella noticia que golpeó de lleno sobre los mecanismos de sepultura exprés con los que contó una joven mujer cuya vida se apagó casi de incógnito.

Quien se incorporó también a esta comitiva fue la Directora del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad, Silvia Triñanes. Ella, mejor que nadie, sabe de las necesidades mínimas de un ser humano para transcurrir esta larga etapa de la vida que mantiene institucionalizadas a personas que deben bañarse apiñadas sobre pisos resbaladizos o compartir habitación con internos con problemáticas diversas tal como se vio en los videos que se difundieron oportunamente.

Por el momento, sólo se sabe que “otorgaron un plazo” para corregir las irregularidades que ya habían sido sancionadas en mayo de 2023 con multa y clausura.  

Falleció en el hospital de Baradero el exinterno del geriátrico San Francisco de Asís que fue abandonado en la vecina ciudad en febrero por un automóvil que lo trasladó desde San Pedro luego del fallecimiento de Verónica Romero en ese establecimiento de calle San Martín.

Identificado como Iván Polizano, de 59 años, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, informó a Tu Radio Baradero el médico Carlos Baliela, director del Hospital Lino Piñeiro.

Polizano estaba internado en ese nosocomio a la espera de una derivación a un centro de asistencia en salud  mental luego de que lo encontraran en situación de calle en las puertas del CIC de Baradero, tras ser abandonado en la calle.

El paciente había sido internado en el geriátrico del médico baraderense Julián Gómez, donde lo mantenían atado e inmovilizado. 

En medio de la polémica desatatada por el deceso de Verónica Romero, lo llevaron en un auto a Baradero y lo abandonaron en la calle, con un colchón.

El médico Julián Gómez, exfuncionario público de la Municipalidad de Baradero y titular del geriátrico San Francisco, ubicado en San Martín al 1800, envió una carta documento al responsable de la inspección de ese tipo de instituciones, el también concejal Diego Lafalce, para exigirle que se retracte de las "agraviantes y falaces acusaciones" en su contra.

Gómez cita las notas que La Opinión & Sin Galera publicaron con declaraciones de Lafalce, las que consideró "calumnias e injurias". El médico aseguró que el edil tuvo intención de dañar su buen nombre y honor con contenido "falso y malicioso" respecto de su accionar como responsable del denominado "geriátrico de la vergüenza".

El titular del establecimiento le exige al responsable de la fiscalización de ese tipo de instituciones que "arbitre todo lo necesario para suprimir y cesar en la distribución o republicación de los contenidos agraviantes".

Lafalce respondió la carta documento por la misma vía y rechazó todos sus términos. Negó "haber emitido acusaciones agraviantes" hacia Gómez o el geriátrico que dirige así como difundir intencionalmente algo que haya dañado el buen nombre y honor del médico.

El responsable de la inspección de geriátricos recordó que en su carácter de funcionario público municipal "y en cumplimiento de expresas instrucciones impartidas por las autoridades" le ha tocado inspeccionar ese y otros geriátricos para elaborar informes elevados a "las autoridades con poder de decisión para la toma de las resoluciones legales que correspondan conforme la situación fiscalizada".

Recordó que radicó una denuncia penal en Fiscalía y que recaen "en la cabeza de la fiscala interviniente y de la Secretaría de Salud" la "responsabilidad sobre los hechos y actos acaecidos en la institución" así como "la integridad de las personas que allí permanecen a pesar de la orden de clausura legalmente dispuesta por el Ministerio de Salud".

Una mujer de 38 años que murió y fue sepultada de manera exprés; un interno que fue abandonado en Baradero con problemas psiquiátricos; un paciente con una enfermedad mental que tuvo que refugiarse en el Hospital y una inspección sorpresiva de la Secretaría de Salud; y el responsable de inspección de hogares geriátricos que reveló las condiciones de hacinamiento y violatorias de los derechos humanos no fueron suficientes para que se tomen medidas judiciales, administrativas o de protección.

No estaba habilitado, tenía una clausura pendiente, una multa y advertencias, aún así era un “alojamiento” para personas vulnerables o en situación de calle a pedido de las municipalidades de San Pedro y Baradero.

“Busqué todas las notificaciones de años, descargos del Ministerio, notas, denuncias, todo”, dijo la secretaria de Salud María Vargas en relación a las acciones que emprendió tras su visita al lugar en su condición de titular de la cartera sanitaria de la Municipalidad de San Pedro.

Por el momento la única demanda que se conoce es la que presentó Diego Lafalce quien era el encargado de ejecutar la clausura en el mes de mayo de 2023. 

Al respecto, la fiscala Viviana Ramos declaró que estudiará el caso para saber si efectivamente inicia una investigación sobre las responsabilidades en el desempeño de quienes están obligados a velar por las condiciones en las que viven o vivían en el lugar más de 35 personas.

“Lo presenté a Asesoría Letrada, se elevó nota al Ministerio y a Fiscalía. Llegó la clausura, pero hay algunos internos todavía, que faltan reubicar”, indicó Vargas, aunque no ofreció más precisiones sobre la cantidad de internos que aún están al cuidado de médico Julián Gómez. 

El pasado sábado, Danilo Gallana, periodista de Tu Radio Baradero relató en el programa Sin Galera el caso de un paciente psiquiátrico  que era interno del geriátrico San Francisco de Asís y que fue encontrado en la ciudad vecina en situación de calle.

“El doctor Julián Gómez hace unos 10 o 15 años atrás tenía un geriátrico en donde pasaron tantas cosas que nunca se supo a ciencia cierta qué era lo que había ocurrido con pacientes que incluso habían perdido la vida”, contó Gallana.

El caso del geriátrico de Gómez volvió a ser tema de debate en Baradero luego de que La Opinión revelara a través de una larga investigación la trágica muerte de Verónica Romero, una mujer de 38 años que estaba alojada en ese lugar.

La novedad en el caso gira en torno a Iván Polisano, otro interno del geriátrico San Francisco de Asís que era conocido en la ciudad vecina debido a disturbios que generaba en el barrio en el que habitaba a causa de sus problemas de salud mental. 

"Los vecinos estaban cansados. Los insultaba, les defecaba la puerta de sus casas, se metía en los patios y les rompía los vidrios", indicó el periodista baraderense.

Luego explicó que "lo internaron múltiples veces pero se escapaba. Hasta que en un momento de rebelión, el mismo personal del hospital se rebeló contra las autoridades y fue trasladado al geriátrico de San Pedro". 

En la residencia de Gómez lo tenían atado e inmovilizado, pero en el medio de la urgencia por la investigación que comenzó luego de la trágica muerte de Verónica decidieron enviarlo a Baradero nuevamente y abandonarlo en la calla con tan sólo un colchón que utilizaba para dormir.

"Pensábamos que era una persona en situación de calle", expresó Danilo, que además explicó que luego de una investigación notaron que se trataba de Polisano y que al reconstruir la historia lograron llegar a ciertas conclusiones.

"Hasta el momento lo que se sospecha es que un auto de color gris lo traslada a Baradero, lo deja en la puerta del Centro Integrador Comunitario con un colchón y a partir de ahí este hombre comienza a vivir hasta el día martes en la puerta del CIC", concluyó Galliana. 

Sin novedades en la causa más que la denuncia radicada por el concejal y responsable municipal de la inspección de ese tipo de instituciones, Diego Lafalce, el geriátrico del horror sigue con sus puertas abiertas y en el foco de una investigación que se espera que ponga fin a la historia de un verdadero “depósito de carne humana”.

Las múltiples irregularidades en las que todo indica incurre desde hace años el geriátrico San Francisco de Asís, propiedad del médico baraderense Julián Gómez, provocaron una denuncia penal ante la Justicia radicada por Diego Lafalce, que además de concejal opositor es empleado municipal a cargo de la inspección de ese tipo de instituciones.

El sábado, en Sin Galera, la fiscala Viviana Ramos dijo que analiza la denuncia para intentar configurar lo que debe investigar como presunto delito, algo que todavía no tiene del todo claro y que, advirtió, podría llegar a tener como imputado al mismísimo Lafalce, por su labor como inspector.

Ramos dijo que la denuncia "es muy genérica, en forma extemporánea" y que requirió al Municipio informe sobre la habilitación del geriátrico y acerca de si está clausurado. "Obtuve, tras insistir bastante, una contestación que es un poco ni, está clausurado pero...", señaló.

En ese marco, consideró que la presentación de Lafalce podría tener como objetivo su propio resguardo, lo que no cayó bien en el concejal y responsable de las inspecciones, que solicitó responderle al aire antes de que termine el programa.  

Lafalce reveló que el geriátrico San Francisco de Asís contaba con una habilitación precaria entre 192 y 1994 pero que desde entonces carece de autorización oficial para funcionar. 

"Ramos dice que yo hago una denuncia para resguardame, pero se equivoca. Nadie antes fue a poner la cara para que se investigue la comisión de un delito dentro de esa institución geriátrica. Todo está informado a la Municipalidad", señaló.

"Ramos falta a la verdad", se quejó Lafalce y aseguró: "Yo tengo que ver los actos administrativos, yo en principio informé a mis superiores. Como nadie se pone los pantaloes largos, por eso voy y denuncio"

"Lo voy a seguir hasta que lo cierren, ese lugar no debe existir", sostuvo Lafalce.

"La señora fiscal sale a decir que yo me quiero resguardar. No, el resguardo personal lo puedo hacer solo. Hago la denuncia porque quiero que deje de existir, ese lugar no tiene las condiciones de bioseguridad ni el personal que corresponde y mucho menos los valores éticos para ser llevado adelante", aseguró.

"Como a lo largo de veintipico de años nadie hizo nada, me acerqué e hice la denuncia para que se investigue la posibilidad de la existencia de un delito por no haberlo clausurado. Que caiga quien tiene que caer", disparó Lafalce.

La denuncia que recibió la fiscalía de Viviana Ramos ya cuenta con los expedientes que el responsable de fiscalizar e inspeccionar todos los establecimientos geriátricos de San Pedro, debió haber cumplido al menos en el caso del que dirige el médico Julián Gómez.

Tal como adelantó La Opinión, en mayo de 2023 había orden de clausura y multa y en enero de 2024 el establecimiento no estaba habilitado.

La muerte de Verónica del Valle Romero disparó muchas preguntas respecto a las responsabilidades de las autoridades y la semana pasada desde el Juzgado de Familia N° 3 se cursaron oficios a las municipalidades de San Pedro y Baradero para que remitan información sobre el caso de la mujer de 38 años que fue sepultada de manera expres en el cementerio local el 12 de enero y cuya documentación recién se tramitó el 17 de ese mismo mes en el Registro Civil.

Lafalce, ahora también concejal, adjunta al pedido que formula a la UFI N° 11 un documento que revela las irregularidades en las que incurre el médico que además de administrar firma los certificados de defunción. 

Falta de habilitación, exceso de camas en habitaciones, cantidad de internos superior a la permitida, colchones vencidos, ropa de cama deteriorada, baños sin pisos antideslizantes, heladeras sin estantes, freezer oxidado, cableado a la vista, calefacción deficiente, humedad, deterioro de pisos de madera y techos y residuos patogénicos sin tratamiento.

Esos son sólo alguno de los puntos que -reiteramos- al menos desde el mes de mayo cuando se había ordenado la clausura no se cumplen y están a la vista de las autoridades tanto de la comuna como de las obras sociales que ofrecen el lugar y las familias que tienen allí a algunos de sus integrantes.

A todo ello hay que sumarle la internación de pacientes psiquiátricos cuya edad no es compatible con la de los abuelos que forman parte de ese hogar. 

La medida de clausura y multa estaba prevista en abril, hubo un descargo que fue desestimado y en mayo no se ejecutó bajo promesa de concretar algunas obras para las que se comisionó a una inspectora que “alargó la agonía” y perjudicó con su accionar a decenas de abuelos.

Aún nadie con responsabilidades de gobierno u organizaciones de defensa de los derechos de los más vulnerables se ha expresado. 

Las repercusiones impactaron en la justicia y hay un pedido del Juzgado de Familia para que se brinden datos sobre la mujer de 38 años que murió el 11 de enero, fue sepultada el 12 y recién el 17 hubo certificado de defunción en el Registro Civil.

Verónica del Valle Romero había llegado al lugar a fines de noviembre producto de una situación de extremo abandono y a merced de decisiones que denotan el trato que recibió en sus últimos días. Su deceso se produjo un día después de la recorrida de la Secretaria de Salud, María Vargas y del responsable de las inspecciones de hogares en nuestra ciudad, Diego Lafalce. Contaron 32 internos pero no pudieron precisar si esa mañana, Verónica estaba en el lugar ni tampoco se la observa en el material de video que quedó registrado y publicado.

Con muchos datos que se desconocían, incluidas las sanciones de clausura y multa que pasaban sobre el hogar que dirige el Dr. Julián Gómez, ahora quedó claro que el lugar tampoco cuenta con habilitación. Allí internan pacientes de obras sociales como Pami, Profe, Ioma y otros particulares entre los que hay varios con diagnóstico psiquiátricos.

Las denuncias abundan y los relatos de ex internos son estremecedores. También llegan preguntas respecto a qué pasó o habrá pasado con personas que otras familias veían en el lugar al que no regresaron por algún inconveniente.

Ex empleadas que cuentan lo que sucedía puertas adentro o las que no duraron más de 48 horas producto de las vicisitudes por las que debían pasar.

Está claro que la muerte de Verónica del Valle Romero fue un grito que rompió el silencio o en todo caso las complicidades porque pese a todo tenía gente que la apreciaba porque desde hace muchos años compartía con ella, la práctica de diálisis. Su salud estaba deteriorada pero nadie sabe que pasó aquella tarde cuando bajó del remise que la traía de la Clínica Coopser y salió en un furgón al día siguiente para ser sepultada.

De acuerdo a los registros, pasaron 45 minutos entre su arribo al lugar y la presencia de policía y ambulancia. La sepultura fue expres y ahora hay un pedido para poder -en caso de ser necesario- exhumarla.

“En los autos caratulados: Romero, Verónica s/Determinación de la Capacidad Jurídica”, reza el oficio que debe estar en manos de las autoridades y que tiene fecha de inicio el pasado 22 de enero. 

El expediente judicial que se abrió ante el Juzgado de Familia N° 3 de San Nicolás indica que los responsables de monitorear, controlar o habilitar ese geriátrico deben informar “respecto de las irregularidades existentes en el geriátrico en cuestión, y las medidas que se adoptaran al respecto”. 

Los notificados son la Municipalidad de San Pedro, la de Bardero, el Geriátrico San Francisco de Asís, el Departamento de Discapacidad y Tercera Edad, la Fiscalía General y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Que falleció el día 11 de enero de 2024, a las 19.30 hs., en San Martín 1875, SAN PEDRO, Provincia de Buenos Aires, Argentina siendo la causa de defunción Distres respiratorio, Hipoglucemia, Diabetes tipo 1 constatado por el/la Médico Alberto Julián Gómez, matrícula M.P. 61405, según certificado médico n| 00790620, de sexo Femenino, edad 38, de profesión Pensionada, con domicilio en San Martín 1875, SAN PEDRO, Provincia de Buenos Aires, Argentina, de nacionalidad Argentina, DNI 31.553.634, nacida el 29 de abril de 1985, hijo/a de "... y de ... ”, o sea: hija de nadie.

Este es el texto del certificado que da por terminado el trámite que más tarde o más temprano se debe cumplir con un fallecido. Así de irregular: falleció el jueves 11, fue sepultada de manera expres el 12 y en el Registro Civil pusieron el sello el 17 de enero.

Verónica del Valle Romero, tiene domicilio en la localidad de Derqui partido de Pilar. Los que escucharon su historia en la ciudad de Baradero saben que tiene familia y que llegó al partido vecino junto a Francisco, un hombre mayor que falleció hace dos años y que la tenía a su cuidado porque en el lugar en el que ambos recibían tratamiento le solicitaron que quedara a cargo de esta mujer que por entonces ya necesitaba ayuda porque había quedado ciega.

Morir ha sido la única posibilidad que tuvo Verónica del Valle Romero de probar su existencia. 

Según pudo reconstruir La Opinión, la vida de Verónica cambió abruptamente cuando quedó sola y otro hombre comenzó a hostigarla, a utilizar el dinero de su pensión, a maltratarla e incluso a echarla del lugar donde vivía hace poco más de dos meses. “No la dejó entrar a la casa cuando volvía de la diálisis”, relatan quienes escucharon su historia en el Hospital Lino Piñero, donde estuvo alojada unos días hasta que una asistente social decidió “traerla” a San Pedro y dejarla al cuidado del Dr. Julián Gómez en el geriátrico San Francisco de Asís.

“Iba sucia a la diálisis, ese hombre no la dejaba bañarse porque como no veía no la quería ayudar”, evoca un paciente que estuvo cerca porque cada martes, jueves y sábado debía ser trasladado al Sanatorio Coopser para dializarse en el servicio que está en manos de una empresa tercerizada. Refirió que incluso estaba endeudada con el Anses porque sacaban créditos a su nombre.

Punto a punto, se borda la corta historia que ninguna de las personas responsables del cuidado de sus derechos observó.

Las pocas semanas que transcurrió en el geriátrico no fueron suficientes como para hilvanar sus últimos días ya que el médico a cargo le dijo a La Opinión que la mujer que murió había venido de Entre Ríos y que pese a que hicieron lo posible por salvarla, su vida se apagó. Eso sucedió entre las 19.20 del jueves 11 de enero y las 20.05, momento en el que se registró la llegada de un patrullero primero y una ambulancia después. Cuarenta y cinco minutos.

“Ella decía que tenía un montón de hermanos, pero nunca, nunca nadie se hizo cargo de ella y ella se quejaba siempre que había una que le pegaba porque iba con moretones, pero como ella no veía pobrecita, ella no sabía" señalar quien era su agresora relató una auxiliar que pudo tratar con ella en el consultorio al que asistía. 

Punto a punto, se borda la corta historia que ninguna de las personas responsables del cuidado de sus derechos observó. Morir ha sido la única posibilidad que tuvo de probar su existencia. Si hubiese sobrevivido jamás la sociedad hubiese notado su ausencia. El desprecio por su identidad, su género, su condición y su exclusión es más que notorio. 

¿Cómo llegan las noticias?: “Yo mañana iba a ir al cementerio para ver a dónde estaba ella, para saber a ver a dónde estaba enterrada porque ya que no tiene a nadie”, reflexionó una mujer que la conocía y llamó a La Opinión para que se le indique cómo llegar a la tumba. 

“Yo hace siete años que estoy acá y estoy muy bien”, dijo uno de los abuelos internados en el San Francisco de Asís junto a otros cuatro internos que, acompañados por una empleada del lugar, le pidieron explicaciones a este medio por las publicaciones. 

Entre ellos estaba una mujer que era la compañera de cuarto de Verónica del Valle Romero, tal es el nombre completo de esta mujer que yace en el cementerio de San Pedro sin que nadie se moleste en saber de dónde vino, cómo llegó, qué familiares tiene y qué perspectivas de vida le aguardaban.

Tal vez, sólo tal vez, su muerte no haya sido en vano y despierte a las autoridades sanitarias, a los responsables del control, a los curadores judiciales, a los asistentes sociales que recomiendan o derivan y por supuesto a todos los organismos de Derechos Humanos que puedan intervenir para establecer qué sucede con “los indigentes NN”.

Los datos, videos, fotos, testimonios y la documentación comenzaron a fluir desde que La Opinión supo que la presencia de patrulleros y de una ambulancia el día 11 de enero a las 20.05 en calle San Martín al 1900, obedecía a algo más que a uno de los tantos disturbios que suelen registrarse con internos que se escapan del lugar para pedir comida, ayuda, trabajo o cigarrillos.

El día anterior había sido el de la inspección que llevaron a cabo la Secretaria de Salud María Vargas y el responsable de la inspección de geriátricos, el actual concejal Diego Lafalce. Ambos sabían que el lugar tenía una clausura pendiente y también que no contaba con habilitación. Ese día, el dueño no estaba. Contaron 32 personas pero no pudieron precisar si entre ellas estaba Verónica.

Sólo hizo falta saber que el 12 de enero, muy temprano, la cochería Secchi llegó al lugar, retiró el cadáver que cerca de las 9 de la mañana ya estaba bajo tierra en un espacio “que sobra” entre tumba y tumba. 

“Es indigente, le correspondería una cruz de madera”, indicaron quienes conocen la ordenanza que rige por iniciativa del concejal José Alberto “Pepe” Sánchez Negrete. Un edil que en la década del 80 no paraba de caminar y recorrer en representación del pueblo. 

También esa norma indica que la Municipalidad debe pagar los servicios de quienes no tienen medios. Este no era el caso. No, no era el caso. Verónica del Valle Romero tenía una pensión y sus días transcurrían entre diálisis y diálisis. Los martes, los jueves y los sábados tenía turno en Coopser.

Los responsables del servicio de diálisis no fueron avisados y por ende recién supieron el sábado, cuando el remis fue a buscarla al geriátrico que la paciente había muerto. 

Aquel último jueves que se la vio con vida, llegó en el vehículo en el que viajaban otros tres pacientes ¿Estaba ya descompuesta? Según respondió el Dr. Julián Gómez “pobrecita, falleció”. Eso dijo el miércoles 17 de enero cerca de las 10 de la mañana cuando llegó con su camioneta blanca al establecimiento. 

“Era de Entre Ríos”, informó cuando le fueron requeridas las circunstancias del deceso. Mintió. “Acá la trajo Carolina hace diez días”, refirió sin inmutarse ni decir a qué Carolina se refería.

La historia sigue y merece otro capítulo porque a partir de la visita de este medio al geriátrico y al cementerio comenzaron a aparecer los documentos que hasta el momento dormían en algunas oficinas. “¿Quién es Verónica del Valle Romero?”, ese es un título aparte y La Opinión podrá contar bastante sobre los últimos años de esta mujer que había quedado ciega y que era oriunda de Pilar.

El certificado de defunción recién fue labrado en el Registro Civil en esa misma mañana de miércoles 17, casi seis días después de la muerte. Está firmado por el dueño del geriátrico y el trámite fue ingresado pasadas las 10 de la mañana. 

Si esta noticia sirve para que la justicia intervenga de oficio no habrá más que preguntar dónde está y en que sepultura descansa el cuerpo de una mujer de 38 años que estaba alojada en el geriátrico de calle San Martín o en todo caso la derivaron para ser sepultada en San Pedro y cuyo deceso ocurrió dos días después de la presencia de la Dra. María Vargas y el responsable del control de geriátricos Diego Lafalce.

Sin familiares que reclamen por ella, hay testimonios que indican que la cochería que intervino llegó el día 12 de enero minutos después de las siete de la mañana al lugar y trasladó el cadáver hasta el cementerio. Las causas del deceso se desconocen y todas las preguntas que formuló La Opinión al respecto fueron en vano. El certificado de defunción por ahora no está disponible y se desconoce en qué registro civil debe presentarse o ya fue presentado.

“La institución de mención en la actualidad no cuenta con ningún tipo de habilitación vigente”, dice el informe que tienen en sus manos las autoridades.

Dos días antes, la Secretaria de Salud y el responsable del control de geriátricos asignado por la provincia habían ingresado al establecimiento para relevar su estado y el de sus alojados. Dijeron que habían contado 32 personas aunque no especificaron si en ese número están los que duermen en una construcción aledaña al “hogar”. En mayo de 2023 había orden de clausura y multa. En noviembre una “inspectora” muy permisiva dijo que habían hecho algunos arreglos pero que aún restaban mejoras entre las que estaban los dormitorios, los baños, los accesos, la higiene y una larga lista de pendientes que en cualquier lugar del mundo impedirían la presencia de personas vulnerables. Se abrió así un compás de espera que está cimentado en una carta que el dueño del lugar envió a los responsables del área en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando de una especie de “conspiración política”. El encubrimiento de la inspectora y los plazos otorgados violan los más esenciales derechos del ser humano, videos, fotos, testimonios y hasta cicatrices visibles. 

EN ESTE LUGAR LOS DERECHOS HUMANOS SE VIOLAN MINUTO A MINUTO

La Secretaria de Salud dijo al salir que tomará medidas y que llegará hasta las últimas consecuencias pero tras la reunión que mantuvo con el Ministro Kreplak y el Intendente Salazar tomó sus vacaciones y en su reemplazo está el Secretario de Hacienda, Roberto Borgo. Recibió al día siguiente de la inspección un informe que dice claramente que el geriátrico no cuenta con habilitación vigente. Las imágenes eximen de comentarios cuando se ve a más de tres ancianos desnudos al mismo tiempo bañándose sobre pisos resbaladizos sin que la privacidad y la dignidad sean derechos que les corresponden. No hay más tiempo para esperar a los “dos pancitos” que dijo un abuelo que habían faltado de su mesa o a las prendas esparcidas en el piso de un lavadero cuyo aspecto denota que hace mucho tiempo que no hay orden ni limpieza

Respecto a la joven fallecida quedan interrogantes: alguien buscará el ADN de la fallecida para corroborar su identidad o -como siempre- justificarán su destino final con un sencillo “la familia la abandona” o “es responsabilidad del curador judicial”. Ninguno va a explicar su ausencia o “desaparición” al resto de los internos si es que alguna vez, efectivamente estuvo alojada allí o si era heredera de bienes.

Que no se cuente con todos los datos no significa que no se sepa. Sobre el lugar pesa un dictamen que sostiene que no cumple con la normativa “tanto en su situación edilicia como con habilitación ministerial y/o municipal contemplada en el articulado de la Ley 14263 de establecimientos geriátricos de la Provincia de Buenos Aires”. Sin palabras.

“En la actualidad se encuentran alojados en la residencia San Francisco de Asís, sita en calle San Martin N° 1875, de esta localidad, 32 internos entre hombres y mujeres de distintas edades. La misma se encuentra en infracción de la Ley 14263 art. 4 ya que cuentan con 5 internos menores de 65 años, de los cuales 3 son judicializados”, eso dice textualmente el informe elaborado con fecha 10 de enero. Acaso quedaron 31 o no detectaron a la mujer que fallecería dos días después.

En junio de 2019, la policía rescató a un abuelo que escapó en silla de ruedas del geriátrico del Dr. Julián Gómez. Tuvo que volver. ¿Qué habrá sido de él?