Durante más de dos horas, una comitiva compuesta por personal destinado a inspeccionar el funcionamiento del geriátrico denunciado en varias oportunidades por las condiciones en las que se presta servicio de alojamiento a los internos, revisó las instalaciones y tomó conocimiento de los últimos episodios ocurridos en el lugar.

La muerte de Verónica del Valle Romero, también fue informada en esta ocasión en la que quedaron confirmadas varias de las irregularidades que habían desencadenado una orden de clausura que nunca se ejecutó.

Según pudo saber este medio, la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Humano, y representantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estaban en conocimiento de la visita a realizar el lunes.

Las versiones de uno y otro difieren pero todos coinciden en que se notificó al dueño, que recibe y asiste a internos derivados de Pami, algunos pedidos especiales de los municipios de San Pedro y Baradero, personas con curatelas judiciales y otros que dicen estar allí por voluntad propia. 

Entre ellos hay pacientes psiquiátricos o los había al momento en que murió Verónica y otros llegan como indigentes que necesitan un lugar temporario.

Las personas que han trabajado en el lugar cuentan historias lastimosas y violatorias de los derechos de las personas que están sometidas a tratos hostiles y humillantes. 

Resulta como mínimo curioso que tantos meses después y con sanciones pendientes, con tanto tiempo para acondicionar instalaciones que están registradas en videos y relatos, con dos internos muertos en circunstancias que nadie investigó en el momento adecuado, se produzca la llegada del Ministerio de Salud de la Provincia y desde su área de Fiscalización Sanitaria avisen con tiempo a la comuna que visitará el lugar. 

"Creo que le habían avisado de la inspección y le marcaron deficiencias edilicias y de personal. Le pidieron que haga el descargo lo antes posible", dijeron desde el área de Salud de la Municipalidad.

El geriátrico San Francisco de Asís, tal es su nombre comercial, ya había sido notificado varias veces y hay una denuncia penal del Inspector de Geriátricos Diego Lafalce en sede fiscal. 

También fue recorrido por la secretaria de Salud, María Vargas, un día antes de la desaparición física de una paciente diabética que se descompensó y murió al llegar de su sesión de diálisis. Nunca se supo si la vieron o no supieron de su existencia en ese “hogar”. 

También el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, se sorprendió por aquella noticia que golpeó de lleno sobre los mecanismos de sepultura exprés con los que contó una joven mujer cuya vida se apagó casi de incógnito.

Quien se incorporó también a esta comitiva fue la Directora del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad, Silvia Triñanes. Ella, mejor que nadie, sabe de las necesidades mínimas de un ser humano para transcurrir esta larga etapa de la vida que mantiene institucionalizadas a personas que deben bañarse apiñadas sobre pisos resbaladizos o compartir habitación con internos con problemáticas diversas tal como se vio en los videos que se difundieron oportunamente.

Por el momento, sólo se sabe que “otorgaron un plazo” para corregir las irregularidades que ya habían sido sancionadas en mayo de 2023 con multa y clausura.  

La secretaria de Salud, María Vargas y el responsable de la supervisión de establecimientos de alojamiento para personas de la tercera edad y discapacitados, Diego Lafalce, llegaron en la mañana del martes a la propiedad ubicada en calle San Martín .

El mismo lugar que en 2017 fue denunciado por el maltrato que se dispensaba a un interno y que desató una polémica por la difusión de un video donde se observaba a una empleada que salió a buscar al hombre que se había fugado, es nuevamente noticia.

Esta vez fue una persona joven, cuya identidad La Opinión preserva por razones de seguridad, la que relató el calvario que viven las más de 30 personas que permanecen alojadas en el lugar. 

Algunas por derivación de PAMI, otras por necesidad de refugio, la mayoría por decisión de sus familias y otros porque ya no tienen lugar en APAND de Baradero. 

Hay personas que duermen atadas y otras que necesitan de cuidados especiales que debe dispensar el titular del lugar, el médico Julián Gómez, un profesional acostumbrado a enviar cartas documento para intimidar a quienes revelan su accionar pero no a mejorar las condiciones se su establecimiento.

Es un secreto a voces que “cuenta con protección”, porque varias veces se han labrado infracciones e incluso ordenado clausuras sin que el mandamiento se efectivice. 

Tal vez no sea esa la expresión adecuada para describir el modo en que muchas familias se desentienden de los adultos mayores o de las personas con discapacidad sobre todo cuando están tuteladas por medidas judiciales. 

Cuando los internos logran trasponer las rejas siempre surge algún rumor que explica los gritos que suelen escucharse a diario en la zona. 

Tras la visita de las autoridades, este medio consultó a la secretaria de Salud. La Dra. Vargas ya remitió a Asesoría Letrada sus impresiones. 

Entre otras consideraciones y en su condición de profesional de la medicina constató, por ejemplo, que un joven residente tenía sarna y que otro presentaba algunas lesiones que merecían ser tenidas en cuenta. 

“Esas personas no merecen las condiciones en las que viven”, reflexionó la médica y apuntó que hay pacientes de distintas obras sociales y procedencias.

“No le deseo a nadie ese lugar”, concluyó tras anunciar que agotará las medidas necesarias para resolver la situación porque “acá, la verdad es que el peor abandono es de las familias, muy triste”, dijo.