El Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de San Nicolás continúa este jueves con el relevamiento de cada una de las pruebas que la fiscalía reunió para fundamentar la comisión de los delitos  y por las que ahora sólo tiene en el banquillo al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de Distribuidora Rey ya que Fernando Espíndola accedió a un juicio abreviado. El miércoles fue señalado como el “recaudador” o “cajero” de los aportes o coimas que según las víctimas debían ser entregadas mes a mes “como lo hacen todos tus colegas” a razón de un sueldo por mes para “el kiosco de Cabaleyro”. 

El miércoles se vivieron momentos de máxima tensión procesal porque desde la defensa de los trabajadores hay intención plena de llegar a una etapa de careos donde puedan contrastarse los dichos de los empleadores con los ex empleados de la firma. 

Tras tres extensos días de debate, -solo se para media hora para comer y otros 15 minutos de pausa-  las declaraciones de los titulares de la empresa mostraron algunas fisuras que abrieron la puerta al escenario deseado: la confrontación cara a cara. 

Sin embargo no hay nada que puedan rebatir las imágenes que se grabaron durante el bloqueo ni que desmientan la presencia de la fiscal en el lugar cuando el motorhome de Camioneros estaba estacionado en el acceso a la planta.

Tanto los hermanos Ariel y Gustavo Rey como el contador de la firma Víctor Grabovieski y los letrados intervinientes quedaron legalmente reservados a pedido de las defensas para someterse a careos. La situación sobrevino cuando se detectaron contradicciones entre los convenios en los que estaban encuadrados los empleados y la pretensión de su derivación al gremio de los Moyano. En ese sentido el titular del estudio Ruiz que patrocina a seis trabajadores advirtió las diferencias y planteó la legalidad del reclamo de sus defendidos amparados por el derecho a huelga. 

Uno de los momentos de mayor fricción en la sala se produjo con el testimonio de la esposa de Ariel Rey. Durante las audiencias previas y en sus declaraciones iniciales en fiscalía, la testigo se había referido a las sumas de dinero entregadas —incluso en la recordada caja de Chocolino— bajo el concepto de “aportes”.

Sin embargo, ante los magistrados, la testigo calificó dichos montos directamente como “coimas”, atribuyéndolo a una confusión inicial. Esta rectificación fue capitalizada por las defensas técnicas, que sostienen que los desembolsos respondieron a acuerdos de recomposición salarial, liquidaciones adeudadas a los choferes y aranceles convencionales de la actividad, y no a una maniobra ilícita de extorsión.

Para esa hipótesis resultaron útiles las declaraciones del propio contador de la empresa Rey y de los peritajes: según trascendió en la sala, los pagos efectuados (que rondaron los 500.000 pesos) contaron con respaldo documental pero todos apuntan a que Espíndola llevará la peor parte porque su sanción ya está conlcuída y era quien según consta en el expediente, el que “pasaba a cobrar”.

El abogado Gabriel Ruiz, representante legal de los seis exempleados imputados (Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez), fue tajante al evaluar la declaración de Ariel Rey y cuestionar la selectividad de la acusación penal porque había mencionado a dos decenas de manifestantes y solo quedaron acusados seis.

El letrado también cargó contra la postura del empresario sampedrino ante fallos laborales previos: “Rey vive en su propio mundo; admitió en la cara del tribunal que desobedeció una orden judicial de reincorporación de Di Mayo simplemente porque a él le parecía que no correspondía. Pretenden convertir el derecho constitucional de huelga en un delito penal” y agregó que sus representados nunca ejercieron ninguna presión física.

En la misma jornada declararon otros testigos. Una vecina de la planta, citada para dar cuenta de la magnitud del corte, reconoció la presencia de manifestantes y molestias en la cuadra, pero al ser interrogada por la defensa descartó haber presenciado amenazas, extorsiones o agresiones.

Para este jueves, el debate oral retomará su cauce con testimonios del entorno familiar y comercial de los denunciantes —entre ellos se aguarda la comparecencia de Sofía Rotundo la titular de la Secretaría de Trabajo de San Pedro— y nuevos testigos ofrecidos por las partes. 

Nota: La Opinión & Sin Galera agradecen a la periodista del Diario El Norte, Silvia D'Angelo por su aporte en la cobertura de las audiencias.