La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, intimó al intendente municipal Cecilio Salazar, y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, a que expliquen las demoras en responder un requerimiento de ciudadanos, en el marco de un amparo vinculado al acceso a la información referente al arbolado público en la ciudad.

La presentación judicial fue interpuesta por la abogada Karina Cecilia Rivet, quien en junio pasado manifestó la imposibilidad de continuar con su investigación sobre un tema ambiental, amparada por diversas leyes, que considera “fundamental para el mantenimiento de un entorno saludable”.

Rivet fundamentó su solicitud en el derecho de acceso a la información pública, con el argumento de que no deben existir motivos o intereses particulares que limiten este acceso. 

El pedido de información, presentado el 15 de abril, contaba con el respaldo de más de 200 firmas de vecinos, lo que obligaba al Municipio a responder en un plazo de 30 días hábiles.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, optaron por interponer un recurso de amparo, asistidos técnicamente por María Andrea Ortiz, quienes señalaron que esta omisión constituye una violación de las normativas establecidas en las Leyes 25.675 y 25.831.

Finalmente, la jueza Fulgheri requirió a Salazar y Vlaeminck que expliquen los motivos de su demora. 

Desde la parte demandante lamentaron haber tenido que recurrir a instancias judiciales para obtener información solicitada.

La causa interpuesta por la empresa Arcor, que ya tiene una cautelar firme que dejó sin efecto el sorteo de las 84 viviendas, avanza en el fuero Contencioso Adminsitrativo, cuya titular, la jueza María Isabel Fulgheri, solicitó a la Municipalidad documentación para analizar la cuestión de fondo.

Arcor reclama que el Gobierno cumpla con el cargo de la ordenanza sancionada en 2004, que señala que los terrenos de Villa Depietri donde se construyen las casas eran para “relocalizar” a vecinos del Bajo Puerto, o bien que devuelva el predio o pague una indemnización a valor de mercado.

Fulgheri le pidió a la Municipalidad que remita dos expedientes administrativos, uno de 2004 y otro de 2023, así como todo decreto, resolución o actuación vinculada al caso para sumar al expediente en análisis.

Pero además le pidió al Estado local que envié el listado con nombre, apellido y domicilio de las familias que resultaron preadjudicatarias de las viviendas en el marco del sorteo de febrero, que la medida cautelar dictada dejó sin efecto mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El Gobierno había anunciado que estaría en condiciones de entregar las viviendas a fines de junio, principios de julio. No sólo la medida cautelar lo impidió: a comienzos de octubre, tres meses después del plazo previsto, la obra sigue en marcha.