Llegó julio y en las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires se actualizaron. El nuevo incremento aplica en los 135 municipios bonaerenses.

Cada Unidad Fija pasó a costar $ 2.271, valor que se determina en base al precio del litro de nafta premium en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, ubicada en el centro de la ciudad de La Plata.

De esta manera, las sanciones que aplica el Juzgado de Falta del municipio por infracciones de tránsito vuelven a elevarse.

No utilizar el casco protector puede implicar una multa de hasta $ 227.100 y una infracción por alcoholemia puede alcanzar el máximo de 1.000 Unidades Fijas, que traducido en moneda llega a $ 2.271.000, siendo esta una de las faltas más graves, pues en la provincia rige la tolerancia cero.

El Gobierno de la provincia aplica cada dos meses el sistema de actualización automática, siempre vinculado al precio del combustible.

De acuerdo al nuevo monto de la Unidad Fija, las infracciones pasaron a tener estos valores:

*Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 454.200 a $ 2.271.000.

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 227.100 a $ 1.135.500.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 227.100 a $ 1.135.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 454.200 a $ 2.271.000.

*Manejar con la licencia de conducir vencida, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 227.100 a $ 1.135.500.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 227.100 a $ 1.135.500.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 113.550 a $ 227.100.

*No llevar luces bajas, 100 y 300 UF: $ 227.100 a $ 681.300.

*Caños de escape antirreglamentarios, de 100 y 500 UF: $ 227.100 a $ 1.135.500.

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, quedó a un paso de enfrentar un juicio oral luego de que el fiscal platense Álvaro Garganta solicitara la elevación de la causa, que investiga una presunta maniobra de corrupción en torno al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Junto a D’Onofrio irán al banquillo empresarios y firmas vinculadas a la prestación del servicio.

Esta es una de las que se ciñe sobre el exfuncionario de Axel Kicillof, quien a su vez está sospechado sobre los casos del sistema de fotomultas (cuando San Pedro optó aplicarlo estaba en funciones) y el cobro de las infracciones a través de un grupo de gestores que se guardaban lo recaudado.

Según la acusación, en este caso las empresas concesionarias de la VTV habrían sido obligadas a contratar a una sociedad presuntamente vinculada a D'Onofrio y a otros exfuncionarios para acceder o mantener las concesiones, lo que habría generado millonarios ingresos mediante el cobro de un porcentaje de la recaudación.

De acuerdo con la investigación, la firma señalada en el expediente carecía de antecedentes en el rubro tecnológico, pese a convertirse en un actor central del sistema de asignación de turnos para la VTV.

La fiscalía sostiene que esa empresa habría facturado cerca de 5.000 millones de pesos en poco más de un año, producto de los contratos celebrados con las concesionarias.

Como se señaló, además de las fotomultas y la VTV, esta elevación a juicio se suma a otros frentes judiciales como el lavado de activos, que cuenta con un procesamiento ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D'Onofrio, sumó un nuevo revés judicial en las causas relacionadas con el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó su procesamiento en el expediente que investiga maniobras de corrupción vinculadas a ambos sistemas. El tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa y confirmó el avance de la investigación por supuesto lavado de activos.

La causa se originó tras una denuncia presentada en 2024 y apunta a una estructura que habría operado dentro del sistema de infracciones de tránsito, particularmente en el Tribunal de Faltas provincial de General Pacheco, además de contratos vinculados a empresas concesionarias de la VTV e irregularidades en licitaciones y adjudicaciones.

En el caso de las fotomultas, parte de la investigación involucra a la empresa Cecaitra, adjudicataria del sistema en San Pedro.

Según la pesquisa judicial, parte de los fondos obtenidos de manera ilícita habrían sido utilizados para adquirir bienes mediante presuntos testaferros e inversiones en España, algunas relacionadas con emprendimientos gastronómicos. Por ese motivo, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero, y fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

Además de D'Onofrio, la Cámara confirmó el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio. También se mantuvieron los embargos millonarios sobre ambos imputados: 350 millones de pesos para el exministro y 300 millones para Asensio.

El Ministerio de Transporte de la Provincia ahora intimó a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) a regularizar su situación registral en 30 días bajo apercibimiento de disponer su exclusión definitiva del registro, después de haberla dado de baja del registro de proveedores.

Ahora Cecaitra deberá dejar de lado la figura de una agrupación de empresas que se distribuyen los contratos de fotomultas con los municipios bonaerenses, para convertirse en una sociedad anónima.

De esta manera, Cecaitra pasará a pagar los impuestos que estaba exento (IVA, Ingresos Brutos y Ganancias), maniobra que para lograrlo utilizaba a las universidades como asesoras. La baja del registro de proveedores implica que la empresa no podrá seguir operando el sistema de radares ni percibiendo fondos hasta que se regularice su situación legal y administrativa.

La decisión del Ministerio de dar de baja a la firma Cecaitra del registro de proveedores estatales fue un cimbronazo y dejó un gran interrogante sobre el futuro del sistema de fotomultas, plagado de un entramada que por las irregularidades ha terminado en la Justicia.

La disposición fue comunicada a todos los intendentes que mantienen convenios vigentes con dicha entidad.

El accionar del Tribunal de Cuentas, que audita las administraciones municipales, permitió detectar inconsistencias en la operatoria vinculada al municipio de Pilar, donde Cecaitra era el prestador del servicio y en el medio figuraba la asistencia técnica de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO). Lo llamativo fue establecer que Cecaitra y UNSO compartían la misma cuenta bancaria para percibir los fondos provenientes de las infracciones de tránsito.

Para la Provincia este esquema de convenio no se ajustaba a las normas de contratación pública. A su vez, es cuestionada por la tecnología aplicada y la gestión de infracciones con cámaras no homologadas.

Cecaitra es Bernardino y Mariano García, padre e hijo. También crearon otras empresas, que son subsidiarias, y compraron otras. De esa manera, en diferentes municipios firman convenios con una de estas sociedades, pero en definitiva es Cecaitra.

Full Collect S.A., Exulta S.A., Detectra S.A., son algunas de firmas que se encuentran bajo el paraguas de Cecaitra. Algunas de ellas. tienen el mismo domicilio legal.

Las sospechas de corrupción por la relación con Jorge D’Onofrio, hizo que éste haya renunciado como ministro de Transporte de la Provincia y, a su vez, quede procesado. Y detrás, un enorme entramado de cobro de multas con descuentos, dinero que nunca ingresó a las arcas de la provincia de Buenos Aires y hasta inversiones en España de algunos de los protagonistas.

La decisión del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires de dar de baja a la firma Cecaitra del registro de proveedores estatales sacudió el sistema de fotomultas y abrió un nuevo capítulo en una trama atravesada por sospechas, irregularidades y posibles beneficios indebidos.

La medida se adoptó luego de que el Tribunal de Cuentas detectara inconsistencias en la operatoria vinculada al municipio de Pilar, donde la empresa mantenía convenios de asistencia técnica con universidades. El punto más cuestionable de la investigación radica en que la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y Cecaitra compartían la misma cuenta bancaria para percibir los fondos provenientes de las infracciones de tránsito.

Según la normativa vigente, las universidades deben actuar como entes de control técnico independientes de las empresas prestatarias del servicio. Sin embargo, los registros contables analizados evidenciaron que, al menos en este caso, no existía tal separación, lo que representa un incumplimiento de los requisitos establecidos para la validación de infracciones.

El esquema de distribución de lo recaudado por fotomultas contempla la participación de municipios, provincia, empresas tecnológicas y universidades (no en todos los casos). La presencia de estas últimas dentro del sistema ha sido discutida en reiteradas oportunidades, ya que su inclusión permitiría a las firmas privadas evitar el pago de tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, al ampararse en estructuras sin fines de lucro.

Detrás de este entramado también aparecen actores políticos que quedan bajo sospecha por la implementación de estos mecanismos, que combinan tecnología, control estatal y convenios institucionales en un esquema que ahora vuelve a quedar bajo la lupa.

Recordemos que, por las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), debió renunciar el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien ahora está procesado por la Justicia.

Tras el informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transporte notificó formalmente a Cecaitra su exclusión como proveedor y comunicó la decisión a todos los intendentes que mantienen acuerdos vigentes con la firma.

En este contexto, el caso adquiere relevancia municipal. En San Pedro, Cecaitra fue adjudicada para la explotación del sistema de fotomultas tras una licitación pública en la que fue la única oferente. Tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, la aprobación del contrato quedó en manos del Concejo Deliberante, que finalmente dio el visto bueno.

Ahora, el interrogante se traslada al plano local: si el municipio fue realmente notificado de la medida y qué impacto podría tener esta decisión provincial sobre el funcionamiento del sistema de radares en la ciudad.

En distintos accesos a San Pedro se encuentran instalados tótems de control de tránsito pertenecientes a la empresa Cecaitra, que cumplen funciones de control de la velocidad vehicular.

Estos dispositivos están equipados con radares cinemómetros y cámaras que permiten medir la velocidad de los vehículos en tiempo real y registrar infracciones cuando se superan los límites establecidos.

En algunos casos, los tótems muestran en su visor led la patente del vehículo y la velocidad detectada, una función destinada a alertar al conductor y promover una conducción responsable. Sin embargo, no todos los equipos tienen activa esta visualización, lo que no implica que el sistema de fotomultas no esté funcionando.

Los dispositivos cuentan con cámaras orientadas a calcular la velocidad de circulación y publicarla en pantalla, donde el máximo permitido es de 60 km/h en los tramos semiurbanos.

El radar incorporado detecta la velocidad tanto al ingresar como al salir de zonas urbanas o sectores de ruta, señalizados con cartelería preventiva previa.

En caso de exceder el límite establecido, el sistema registra la infracción mediante fotografías del vehículo, material que luego es utilizado para la generación automática de la multa correspondiente que los Tribunales de Faltas de la Provincia se encargan de sancionar.

Si bien el sistema se aplica en Crucero General Belgrano, ruta 1001, el camino Lucio Mansilla y la ruta 191, solo en estas dos últimas existen los tótems informativos, y de estos solo en uno está funcionando. En los restantes, las cámaras están sujetas a columnas.

En una ruta provincial la velocidad máxima permitida es de 110 km/h y la mínima de 60 km/h, pero en estos sistemas se ha optado por limitar la velocidad por estar situados zonas semiurbanas.

¿Existen sampedrinos que hayan sido infraccionados por el sistema fotomultas? La modalidad de la operatoria en funcionamiento en San Pedro desde noviembre del año pasado, depende de los que capten las cámaras que se encuentran en el radio urbano y en los accesos a la ciudad.

Al momento de detectar una falta, no pasarán por el Juzgado de Faltas de San Pedro para su sanción. Directamente será la provincia de Buenos Aires de ejecutarlas mediante sus propios Juzgados, que en caso de nuestro distrito tiene como jurisprudente al ubicado en General Pacheco.

La manera de saber si se ha cometido una falta a la Ley de Tránsito es ingresando a la página web https://infraccionesba.gba.gob.ar/, previo registro. 

Este paso es simple, pues se puede acceder indicando algún sistema donde figure la persona interesada. Puede ser si está inscripto en ARCA, en la cuenta de Anses, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o en la Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA).

Pero, lo más interesante, son los valores que existen para aquellas sanciones que puede detectar el sistema en San Pedro.

Desde el 1 de enero el valor de la Unidad Fija pasó a tener un costo de $ 1.807, y las multas se miden en cantidades de unidades fijas.

Las infracciones que pueden detectarse cuentan con estos valores:

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 361.400 a $ 1.807.000.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir a exceso de velocidad, de 150 a 1000 UF: $ 271.050 a $ 1.807.000.

*No llevar luces bajas, 100 y 300 Unidades Fijas (UF): $ 180.700 a $ 542.100

*Mal estacionamiento, 50 y 100 Unidades Fijas (UF): $ 90.350 a $ 180.700

*Detenerse sobre sendas peatonales, 50 y 100 Unidades Fijas (UF): $ 90.350 a $ 180.700

En las estadísticas existentes en la Provincia, prevalece el exceso de velocidad, que lo detecta el cinemómetro. Luego surgen cruzar semáforo en rojo, la falta de cinturón de seguridad y las que son fáciles de observar en las calles, como circular a contramano y no respetar semáforos y las cebras de las sendas peatonales.

En todos los casos, quienes sean infraccionados deberán recibir una notificación del acta que acredita la falta, en la cual se incluye la fotografía, la fecha, hora y lugar. Generalmente se envían al correo electrónico declarado.

Además, los equipos utilizados por Cecaitra -la empresa que opera en nuestro distrito- deben contar con calibración vigente del INTI cada 12 meses y la autorización de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.

El Gobierno de la provincia aumentó nuevamente las multas de tránsito para el bimestre enero-febrero.

La Resolución n.º 11/25 del Ministerio de Transporte establece que desde el 1º de enero el valor de la Unidad Fija pasó a tener un costo de $ 1.807.

Las multas están establecidas por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija ahora es de $ 1.807 equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

De esta manera, por ejemplo, la sanción por la falta de uso de casco protector es de $ 180.700.

En el caso alcohol en sangre (en la provincia la tolerancia es “0”), el monto máximo de la sanción es de 1.000 Unidades Fijas: $ 1.807.000.

Respecto al resto de las infracciones, las mismas cuentan con estos valores:

 *Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 361.400 a $ 1.807.000.

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 361.400 a $ 1.807.000.

*Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 180.700 a $ 903.500.

*Circular sin casco, de 50 a 100 UF: $ 90.350 a $ 180.700.

Comienzó la temporada de verano y quienes opten por disfrutar de las vacaciones en la costa atlántica deberán tener la prudencia de siempre para conducir, y estar atentos a los radares, que cada año son más numerosos.

El Ministerio de Transporte de la Provincia dio a conocer la ubicación de estos equipos a través de un mapa interactivo (https://infraccionesba.gba.gob.ar/equiposDeConstatacion), que en definitiva son las mentadas fotomultas distribuidas en los principales corredores bonaerenses. Este puede visitarse desde este página.

Entre radares fijos y móviles hay más de 70, además de los operativos de tránsito que se dispondrán en el marco del operativo que cada año establece el Gobierno provincial. Aquí se efectúan controles de alcoholemia y solicitud de la documentación reglamentaria para circular.

Las fotomultas abundan en las rutas 2, 11, 63 y 74, que conducen directamente a los principales centros turísticos.

En este caso, las velocidades máximas permitidas van desde 60 a 110 km/h, según el sector que se atraviese, y hasta 120 km/h en la Autovía Ruta 2.

Al respecto, sobre esta se instalaron 48 radares fijos en ambos sentidos de circulación. Pero también están los móviles, que suman otros cinco equipos que se dispersan en diferentes puntos.

En cuanto a la Ruta 11, allí se desplegaron 11 radares; en la Ruta 36, 2; en la Ruta 63, 5; y la Ruta 74, 6.

Para los sampedrinos, existen otros radares: los que se encuentran en los accesos a nuestra ciudad, los de la Ruta 9 y los situados en la Ruta 41, conexión ineludible entre el norte bonaerense y la Ruta 2 o Ruta 11.

Si el propósito es llegar a Mar del Plata, en el trayecto desde San Pedro hacia la ciudad balnearia, los radares se encuentran en:

Ruta 1001 (próximo al cruce con Rómulo Naón); Baradero, en Ruta 9; San Antonio de Areco, uno en Ruta 41; San Andrés de Giles, en Ruta 41, uno antes y otro posterior al cruce con la Ruta 7; Mercedes, en Ruta 41 antes de la Ruta 5; Navarro, en Ruta 41, uno antes y otro posterior al acceso a la ciudad; Lobos, en Ruta 41, uno antes del cruce con la Ruta 205 y otro en el cruce de ambas carreteras; Castelli, en Ruta 2, hay cuatro en derredor al cruce con la Ruta 41.

Sobre Ruta 2, existe los puntos de acceso a las localidades de Sevigne, Dolores, General Pirán, y cuatro en cercanías a Coronel Vidal.

Si el destino son otras ciudades de la costa:

En Ruta 63, que va desde Dolores hasta el paraje La Esquina de Crotto (empalme con Ruta 11), existen cinco.

En Ruta 11, uno en Villa Roch, dos en General Conesa, uno en Las Toninas, uno en Costa del Este, uno en San Bernardo y uno en Villa Gesell.

El sistema de fotomultas comenzó a funcionar en San Pedro en noviembre de 2025 con el objetivo de reforzar el control del tránsito y sancionar infracciones como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y el uso incorrecto del casco, entre otras conductas peligrosas.

Los dispositivos instalados —tótems y cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad y en accesos— fueron homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y cuentan con la aprobación del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, requisito indispensable para su validez legal.

La puesta en marcha del sistema se concretó luego de la aprobación del contrato con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) por parte del Concejo Deliberante. La entidad fue adjudicada para la prestación del servicio y es la responsable de procesar las imágenes captadas por los dispositivos y generar las actas de infracción, que luego son incorporadas al sistema unificado provincial para su cobro.

Las sanciones aplicadas se encuadran en multas dispuestas a nivel provincial. En casos de exceso de velocidad u otras infracciones graves, las penalidades pueden alcanzar cifras elevadas que, en determinadas situaciones, superan el millón de pesos.

No obstante, el funcionamiento del sistema no estuvo exento de cuestionamientos. Uno de los escenarios fue el Concejo Deliberante, donde pidieron evaluar la posible rescisión del contrato con Cecaitra, a partir de observaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre presuntas irregularidades vinculadas a la gestión del servicio.

Otro, no menos importante, fue el rechazo de la comunidad, que consideró que solo tenía un fin recaudatorio.

El tema también está en agenda por investigaciones judiciales que involucran a la empresa adjudicataria. Cecaitra es mencionada en causas que analizan presuntos vínculos con intermediarios en el marco de escándalos de corrupción a nivel provincial, lo que suma controversia al debate local. A su vez, disparó la renuncia del ministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio.

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos en el marco de una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien también procesó al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, sobre quien dictó un embargo de 300 millones de pesos. Los acusados continuarán en libertad, aunque se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia señaló que D'Onofrio y la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, una mujer muy allegada al funcionario, lideraban una estructura destinada a desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y distintos municipios.

Dentro de la causa quedaron involucradas autoridades de Cecaitra, pues las cámaras cuestionadas en su momento eran las instaladas por esta empresa, la misma que desde el 14 de noviembre último comenzó a prestar funciones en San Pedro.

Según la investigación judicial, no solo se obtuvieron pruebas contundentes con el manejo de las multas y el cobro del 50 % del valor, mediante un grupo de gestores falsos, sino que lo que este grupo recaudaba era blanqueado a través de una red de prestanombres que adquiría bienes muebles e inmuebles.

Pero, hubo un punto determinante en la investigación: la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio y de la empresa familiar Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. Se supo que esta sociedad no tenía actividad económica, por lo tanto, no había manera de justificar la tenencia de un rodado de un valor elevado.

El vehículo fue declarado por 30 millones de pesos, mientras que el seguro alcanzaba los $ 173.800.000. Si bien D’Onofrio dijo que no era propietario del vehículo y pese a que estaba a nombre de Asensio, el juez consideró que los dichos de ambos imputados no resultan verosímiles y concluyó que Asensio actuó como testaferro en una operación típica de lavado de activos.

En los últimos meses la causa sumó allanamientos en CECAITRA, una Universidad Tecnológica y domicilios particulares, también derivaciones asombrosas como inversiones gastronómicas en España por parte de los involucrados. Y entre los avatares, la contratación de CECAITRA por el Municipio de San Pedro.

Todo fue un escándalo que aún no tiene final. Sin embargo, fue suficiente para que D'Onofrio quede involucrado en serios delitos económicos y de corrupción, que llevaron a su renuncia al cargo de ministro el 30 de diciembre de 2024.

A una semana de que se ponga en marchael sistema de fotomultas, hasta el momento no existen novedades sobre cuántos infractores se registraron o qué tipo de vehículo encabezó el listado.

El mecanismo, después de haberse instalado hace varios meses en los accesos a la ciudad, y en algunas intersecciones de arterias con semáforos, recién entró en funcionamiento el viernes 14 de noviembre.

¿Cuándo se conocen o notifican las infracciones? Existe un procedimiento que comienza por la empresa adjudicataria, Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), quien tiene la responsabilidad de procesar los datos que van registrando los diferentes dispositivos.

Las infracciones detectadas por los cinemómetros o el resto del equipamiento instalado, con la captura y procesamiento de las imágenes, genera las actas digitales de infracción.

Esa información es enviada al SACIT, que es el sistema utilizado por la Provincia para gestionar, procesar y juzgar las infracciones de tránsito. Es decir Cecaitra no juzga porque no tiene poder sancionatorio, pero sí administra técnicamente todo el sistema.

Por lo tanto, administra las infracciones (toma la medición, procesa las fotos) y también participa en la parte del dividiendo económico, según el esquema definido en la concesión.

Al ser el SACIT el que valida o desestima la infracción, el cobro corresponde a la Provincia, que posteriormente distribuye lo recaudado de acuerdo al contrato suscripto.

Por lo tanto, el Juzgado de Faltas de San Pedro no tendrá intervención. En caso de reclamos de los infractores, también se deberá recurrir al ente provincial. Esto incluye los registros de las cámaras ubicadas dentro de la ciudad.

El "Servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial" establece, para las infracciones constatadas dentro del ejido urbano o sobre rutas provinciales que atraviesan el partido, que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) obtenga el 20 %; la Municipalidad, 40 %; y Cecaitra, 40 %.

Si existieran controles sobre rutas nacionales que atraviesan el partido, en función del acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el reparto sería: DPPSV, 20 %; Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 5 %; Municipalidad, 25 %; Cecaitra, 50 %.

Cada infracción elaborada contiene las imágenes y los datos, que previamente son corroborados por la adjudicataria.

Como contrapartida, Cecaitra tiene la obligación de utilizar un equipamiento que esté debidamente homologado y calibrado según establece la norma, la foto debe ser legible y tanto el vehículo como la patente deben aparecer como identificables para que la multa sea válida.

Asimismo, el conductor de todo rodado debe ser advertido de que se acerca a un radar, cuya señalización tiene que advertir sobre el puesto de control electrónico.

El viernes pasado entró en funcionamiento en San Pedro el sistema de fotomultas, por lo que están habilitados y operativos los tótems y cámaras instaladas en los accesos y en otros puntos de la ciudad donde hay semáforos.

La puesta en marcha llegó a pocos días de que el el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires volviera a actualizar el valor de las multas de tránsito, que en algunos casos son considerables.

Están contempladas por ley y rigen para los 135 municipios bonaerenses. Ahora cada Unidad Fija es de $ 1.711, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

Estos montos rigen para San Pedro y la empresa Cecaitra, que ya tiene en funcionamiento el sistema de fotomultas que en los accesos a la ciudad y en las avenidas establece que el límite para circular será de 60 km/h.

Para los excesos de velocidad, el monto máximo de las sanciones será de 1.000 Unidades Fijas, es decir 1.711.000 pesos.

Una de las habituales sanciones que se reflejan en el Juzgado de Faltas local es el uso del casco protector. Quien no lo posea deberá abonar $ 171.100.

Respecto a la alcoholemia, ahora que la Dirección de Tránsito pudo recuperar el aparato de medición, el tope de la sanción es de $ 1.711.000.

Las sanciones por infracciones que se registran en fotomultas en esta primera etapa tienen los siguientes valores:

Exceso de velocidad,  de 150 a 1.000 UF:  de $ 256.650 a $1.711.000.

Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 171.100 a $ 855.500.

Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

Circular sin casco, de, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

El resto de las multas por infracciones de tránsito, que se registran a través de los habituales controles operativos con personal de la Dirección de Tránsito y Policía cuestan lo siguiente:

No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 171.100 a $ 855.500.

Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 342.200 a $ 1.711.000.

Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 85.550 a $ 171.100.

Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 171.100 a $ 855.500.

Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 171.100 a $ 855.500.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 342.200 a $ 1.711.000.

El Gobierno municipal informó oficialmente que desde este viernes 14 de noviembre comenzará a implementarse, "de manera paulatina", el sistema de fotomultas en San Pedro.

Ello implica que desde ahora, los tótems y cámaras instalados en los accesos y otros puntos de la ciudad estarán operativos y registrarán las infracciones para sancionarlas con las multas correspondientes.

El Municipio confirmó la homologación de los dispositivos, tarea a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la aprobación del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

Estos son los puntos donde hay cámaras y tótems para fotomultas, con las infracciones que controla cada uno.

El Gobierno solicitó “a todos los conductores y conductoras la colaboración, responsabilidad y el compromiso con la seguridad vial” y señaló que "estas acciones tienen como finalidad proteger la vida y reducir los riesgos en la vía pública".

En San Pedro, el sistema de fotomultas está a cargo de Cecaitra, una asociacion civil que reúne, como cámara empresarial, a diversas compañías del sector, que se presentó como única oferente en la licitación, por lo que el contrato fue aprobado por el Concejo Deliberante.

Cecaitra es una empresa envuelta en polémicas y cuestionamientos tras ser involucrada en un escándalo de corrupción que le costó el cargo al ministro de Transporte Jorge D'Onofrio y que tiene en marcha causas penales en los fueros Federales de La Plata y Campana.

El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno evalúe, previa consulta a los organismos de contralor y a la Asesoría General de Gobierno, “la viabilidad de la contratación con la empresa Cecaitra y las posibles irregularidades en su funcionamiento”.

Los ediles radicales propusieron analizar la rescisión contractual del convenio suscripto con la firma. El expediente será tratado sobre tablas en sesión y, como ante cada cosa que se presenta relacionada con el tema, habrá que ver si el oficialismo está dispuesto a acompañar.

En la sesión también será tratado el pedido de informe que elevó el concejal Mauro de Rosa, presentado en abril de este año. Ese expediente, sin embargo, será enviado a archivo porque el edil consideró que sus inquietudes ya fueron respondidas en las reuniones que hubo con funcionarios del gabinete.

Así, una de las grandes tareas que tienen los concejales como representantes de la sociedad quedó vacía de contenido: hicieron un pedido de informe, lo mandaron a comisión y ahora lo archivan porque ya obtuvieron respuestas.

Todo ello sin que la comunidad pueda tener conocimiento de los pormenores, más allá de la tarea periodística de este medio, que publicó notas sobre las reuniones con los miembros del Ejecutivo.

La iniciativa radical también se origina en la adjudicación para la prestación del “Servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial”. Es decir las fotomultas.

La ordenanza fue sancionada en agosto de 2024, pero en los meses posteriores surgieron diversos cuestionamientos a la empresa. El bloque detalló el allanamiento la sede de Cecaitra, en el marco de una “causa por presuntas irregularidades en facturación sin la debida autorización legal”.

También las derivaciones políticas que tuvo el caso, que motivó la renuncia del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por la presunta implicancia de su pareja, la concejal y presidenta del HCD de Pilar, Claudia Pombo, señalada por “el direccionamiento de fotomultas a un grupo de gestores que ofrecían descuentos indebidos cuyos fondos no ingresaban a las arcas públicas”.

Otros argumentos refieren a las actuaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia contra el intendente de Tigre, “por haber concedido el servicio de fotomultas a Cecaitra”.

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina está liderada por Bernardino García y su hijo Mariano García, quienes se alternan en la presidencia. 

Figura como asociación civil sin fines de lucro, Cecaitra no tributa IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, y opera como prestadora de servicios de fotomultas en diversos municipios, incluso sin licitaciones o mediante contratos directos, según advirtió el Tribunal de Cuentas. 

“Es una cámara empresarial que actúa de hecho como concesionaria del servicio de fotomultas, operando radares, procesando infracciones y cobrando multas, pero legalmente no lo es”, fundamentaron desde la UCR.

La investigación que surgió tras el allanamiento a las oficinas de Cecaitra, empresa adjudicataria del sistema de las fotomultas y que tiene como como principal sospechoso al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y a las empresas proveedoras del sistema, continúa como una “megacausa”, describió el diario Clarín.

El escándalo surgió cuando se descubrió que una red de gestores ofrecía descuentos “ilegales” en multas de tráfico en la provincia de Buenos Aires, con la posible complicidad de funcionarios.

Las infracciones surgían del sistema de fotomultas (existen más de 200 cámaras en el territorio), cuyo equipamiento fue cuestionado por no tener la homologación correspondiente.

También surgió el vínculo de las adjudicatarias del sistema de fotomultas en diferentes distritos, que son Secutrans y Cecaitra, operadora en San Pedro. También se apunta a las irregularidades en la adjudicación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Por el momento, la Justicia investiga a D'Onofrio, quien renunció al cargo el 30 de diciembre de 2024, y a su entorno por un presunto lavado de activos, con conexiones en España. Y aquí la justicia federal y provincial se disputan la competencia de la causa.

Corrupción con las fotomultas en la Provincia: la justicia federal seguirá investigando posible lavado de dinero de parte del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y su entorno. https://t.co/VVCt4geCfl

Recordemos que D'Onofrio fue relevado de su cargo ante este caso y reemplazado por otro dirigente del Frente Renovador: Martín Marinucci.

En el Juzgado de La Plata, que conduce Juan Pablo Massi y cuyo fiscal es Álvaro Garganta, se analiza la red de gestores que se encargaban de “facilitar” el pago de las multas. 

Intermediaban ofreciendo saldar la deuda con el 50 % de descuento. Alguien hacía desaparecer la infracción, pero el dinero no llegaba al Juzgado de Faltas. 

“Se menciona que Claudia Pombo, quien sería pareja de D’Onofrio, había creado una sociedad en España junto al exjuez de Faltas, Mario Quattrochi (uno de los apuntados como ‘saca multas’), para explotar restaurantes y otras sociedades que se disolvieron después de que se conocieron las denuncias”, indicó Clarín. Pombo era, por entonces, la presidente del Concejo Deliberante de Pilar y está sospechada de manejar a los gestores. 

En cuanto a la VTV, la investigación pasa por la contratación de las concesionarias. Estas recurrieron a la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., responsable de conceder los turnos. 

La causa restante se encuentra en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde se tratará de establecer si se cometió el delito de lavado de activos, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La puja de estos días se da entre los jueces. Massi le solicitó a González Charvay que se inhibiera de seguir investigando la causa de lavado de dinero porque lo que se indaga en La Plata es más grave (incluye asociación ilícita, entre otros) y que por ese motivo debía unificarse en los tribunales provinciales. 

El juez de Campana lo quiso hacer al principio, pero la Cámara Federal de San Martín se negó porque consideró que debía continuar con la investigación para obtener más elementos.

Cecaitra continúa en la mira de la Justicia. Fue allanada, y también la casa de su presidente. Para el fiscal no hay dudas del vínculo. Existen elementos que demuestran que la pareja de D’Onofrio, la exconcejal Pombo, se conocía con el presidente de la empresa Bernardino García.

Mientras tanto, en la ciudad y los accesos a San Pedro las cámaras están, pero aún no fueron habilitadas.

La inoperatividad de un alcoholímetro en el Municipio obedece a que el equipo existente ha superado los seis meses de vigencia legal, plazo que impone la Ley 19511 y la Resolución 145/21. Esto significa que después de este período deben ser homologados para su utilización y que las multas aplicables tengan validez.

En el programa Sin Galera se abordó el tema, indicándose que en San Pedro no se están realizando los controles de alcoholemia por carecer el equipo de la legalidad necesaria.

Esto implica contar con el aval del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la posterior calibración a cargo de una empresa privada.

La homologación consiste en revisar el dispositivo para garantizar su correcto funcionamiento, en momentos que se realiza un control.

En el caso del que utiliza la Dirección de Tránsito y Nocturnidad, que en meses anteriores ha sido muy aplicado y con resultados sorprendentes durante algunos fines de semana, pertenece al Ministerio de Transporte de la Provincia. Y ahora se aguarda que cumpla con los requisitos legales para volver a ser utilizado. La calibración tiene un costo de $ 390.000, una cifra considerablemente menor respecto a lo que es el valor de una multa por alcoholemia, que en la provincia de Buenos Aires tiene tolerancia “cero”.

La sanción pecuniaria para un infractor que conduce con exceso de alcohol en sangre es de 200 a 1.000 Unidades Fijas: $ 321.000 a $ 1.606.000.

Estos valores están establecidos por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija es de $ 1.606, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

¿Qué pasa si un conductor es sancionado, pero con un equipo no homologado? El procedimiento se explica paso a paso en la página https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, "Trámites a Distancia" (TAD).

Técnicamente, lo que se consulta es si el alcoholímetro cuenta con la legalidad para ser utilizado. Para ello se recurre a la “metrología legal”, adjuntándose los documentos necesarios por parte del infractor:

*Nota solicitando información sobre la vigencia del instrumento.

*Imagen legible del ticket emitido por el alcoholímetro durante la prueba.

La firma en el ticket es elemental para la validez de la prueba.

Si la verificación del alcoholímetro no está vigente, la prueba de alcoholemia puede ser cuestionada e impugnada ante el Juzgado de Faltas local.

De igual manera, sucede con los dinamómetros, que miden la velocidad de los vehículos. Este fue un tema álgido cuando comenzaron a proliferar las cámaras para las fotomultas. Por un lado, el caso de corrupción de los gestores que ofrecían reducir las multas al 50 % y el dinero no ingresaba en las arcas de la Provincia, y por otro la falta de homologación de los equipos, en su mayoría colocados por CECAITRA, la empresa adjudicataria del sistema en nuestro distrito.

Una vez más el Gobierno de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de las multas de tránsito para el bimestre septiembre-octubre, en un 11,9 %.

Las multas están establecidas por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija ahora es de $ 1.606, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

De esta manera, por ejemplo, la sanción por la falta de uso de casco protector será de $ 160.600.

En el caso del exceso de los límites de velocidad, el monto máximo las sanciones serán de 1.000 Unidades Fijas, es decir 1.606.000 pesos.

Aunque todavía no están en funcionamiento, en San Pedro ya están instalados los tótems de la empresa Cecaitra, adjudicataria del sistema de fotomultas para el distrito de San Pedro.

En cuanto al resto, las infracciones pasaron a tener estos valores:

*Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes, de 200 a 1.000 UF: $ 321.000 a $ 1.606.000.

*Cruzar el semáforo en rojo, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*No usar el cinturón de seguridad, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.500.

*Dejar el auto mal estacionado, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular sin patente, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Conducir sin seguro, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Conducir sin tarjeta verde, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular en contramano o por banquina, de 200 a 1.000 UF: $ 321.200 a $ 1.606.000.

*Manejar con la licencia vencida, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

*Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*Circular sin VTV, de 100 a 500 UF: $ 160.600 a $ 803.000.

*Circular sin casco, de, de 50 a 100 UF: $ 80.300 a $ 160.600.

Una serie de audios que se viralizaron en los últimos días aseguraban que el sistema de fotomultas, cuyas cámaras fueron instaladas en diversos puntos de la ciudad y los accesos por la empresa Cecaitra, comenzaban a funcionar sin aviso previo. Son falsos.

"Ya están en marcha los controles de velocidad de la Lucio Mansilla les aviso por las dudas", dice uno de los audios que muchos atribuyeron, porque la voz es parecida, al secretario de Producción de la Municipalidad, Ariel Álvarez.

"Ojo que toman cinturón de seguridad y si van con el teléfono, eso también lo toma. Tengan cuidado con eso: teléfono, cinturón de seguridad y luces prendidas", dice otro de los audios que se viralizaron.

Consultado por La Opinión, el secretario de Gobierno Martín Baraybar confirmó que el sistema todavía no está en marcha.

"Los equipos de control de tránsito que se colocaron en el marco  de la licitación aprobada por el Concejo Deliberante no se encuentran todavia en funcionamiento", indicó el funcionario.

Baraybar informó que todavía están en proceso de "pruebas que son necesarias para su habilitación y calibración", y que cuando estén en condiciones de ser habilitados "se hará la difusión necesaria y establecida en la resolución del Ministerio de Transporte".

Recién luego de esa difusión obligatoria, los pondrán en funcionamiento. "Se avisará y comunicará con el tiempo necesario para que todos estén en conocimiento", señaló el secretario de Gobierno.

El contrato con la polémica Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina fue aprobado por el Concejo Deliberante hace un año, en agosto de 2024.

En marzo, Cecaitra comenzó a instalar las cámaras en los semáforos elegidos para los controles de tránsito que serán registrados vía sistema de fotomulta y luego, en abril, dispusieron los tótems en los accesos.

En el medio, la empresa fue allanada vinculada a una causa que investiga hechos de corrupción que involucran al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien renunció en medio del escándalo.

En el Concejo Deliberante, funcionarios del Gobierno citados en el marco de un expediente relacionad con Cecaitra ratificaron que no hay impedimento alguno para la continuidad del convenio aprobado el año pasado.

Eso fue luego de que la Justicia de La Plata, que investiga los hechos de corrupción que vinculan a la empresa, informara que no hay impedimentos legales para el funcionamiento de los cinemómetros instalados.

Mientras se aguarda la habilitación del sistema de fotomultas en San Pedro, la Justicia continúa la investigación sobre la relación entre el exministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, y el titular de Cecaitra, empresa adjudicataria en nuestro distrito, Bernardino Antonio García.

La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta puso en evidencia distintas maniobras que implican la sospecha del montaje de un aceitado sistema de recaudación basado, principalmente, en las multas de tránsito.

La Justicia sospecha que un grupo de funcionarios, bajo la dependencia directa de D'Onofrio, actuó en connivencia con personas ajenas a la administración pública. 

Éstos operaban como "gestores" ofreciendo reducciones del 50% a los deudores de infracciones de tránsito, recaudación que mayormente no ingresaba a las arcas correspondientes.

Además, Garganta también avanza contra D'Onofrio por su presunto favorecimiento a la “asociación civil” —es una cámara que nuclea a empresas del sector— Cecaitra, que desde el 3 de enero de 2022 opera 155 cámaras de monitoreo en varios municipios. 

Aunque hubo debate acerca de si las cámaras contaban con las habilitaciones necesarias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia autorizó la continuidad de su utilización.

Ello permitió que el Gobierno municipal de San Pedro informara en comisión a los concejales que plantearon sus dudas que la continuidad del contrato con Cecaitra está garantizada, independientemente de la investigación judicial, porque “no hay impedimentos”.

El fiscal y el juez Juan Pablo Massi llevan a cabo una instrucción pormenorizada que incluyó allanamientos en la sede de Cecaitra, en la residencia de su presidente, García, y en la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en La Plata (intermediaria), con el fin de obtener documentos que validen la habilitación de los equipos y el flujo de fondos.

En total, la causa incluye a 16 imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector. 

Uno de los nombres destacados es el de Mario Quattrocchi, titular del Juzgado de Faltas de La Plata (la causa está caratulada “Quattrocchi, Mario y otros s/ fraude en perjuicio de la Administración Pública”), quien fue  vinculado a viajes frecuentes al exterior junto a la concejala de Pilar Claudia Pombo, persona cercana a D'Onofrio (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, destituida por este escándalo).

Ambos podrían estar involucrados en dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según informes reservados que han llegado desde el extranjero para ser incorporados en la causa.

Aparte de su vínculo con Cecaitra, D'Onofrio enfrenta acusaciones relacionadas con la concesión irregular de servicios de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que cobraba comisiones desproporcionadas por cada turno.

En el marco de la causa, no se descarta que las infracciones detectadas por cinemómetros cuestionados, puedan invalidarse legalmente y hasta ejecutar la devolución de lo recaudado por los municipios.

A su vez, otra faceta de la investigación alude a presuntas maniobras de desvío de fondos en 11 municipios, donde se supone que existieron acuerdos simulados para evitar licitaciones utilizando las universidades. 

Como si esto fuese poco, comenzó a surgir la participación de los gremios de los empleados municipales que, en consonancia con los intendentes, advirtieron que una eliminación del sistema de fotomultas implicaría postergar los aumentos salariales.

En San Pedro, Cecaitra fue la única oferente en la licitación, por lo que el convenio de adjudicación tuvo que ser validado por el Concejo Deliberante.