Coopser informó sobre los avances y proyectos en ejecución que viene desarrollando a través del Departamento de Obras, financiado por el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC), como así también otras iniciativas impulsadas directamente por la entidad.

En lo que va de este año se concretaron tres nuevas extensiones de red de gas en distintos sectores de la ciudad:

*Facundo Quiroga, entre Sargento Selada y Manuel Iglesias.

*Alejandro Maino, entre Rómulo Naón y Maestro Reina.

*Independencia, entre Don Segundo Sombra y Rómulo Naón.

Asimismo, se avanza con los trámites para conectar estas obras a la red activa y alcanzar su habilitación definitiva. En paralelo, continúan las gestiones para futuras ampliaciones del servicio.

Existe un expediente administrativo ante Litoral Gas para llevar adelante una nueva obra de gas en los barrios Polo y El Escorial que beneficiará a 108 frentistas y se encuentra en etapa de obtención de apertura de obra.

En cuanto a otras obras, señalaron que continúa avanzando el futuro Salón Comunitario, encontrándose actualmente en proceso de licitación la provisión y el montaje del sistema de aire acondicionado del edificio.

Durante la jornada de este viernes, la Coopser lanzó un comunicado en el que informaban que ninguno de sus representantes participará en una convocatoria vecinal, que pretende tratar la utilización recursos pertenecientes al Fondo de Obras Públicas.

En su informe, la cooperativa destacó que la situación surge luego de que “vecinos de los barrios Polo, Escorial y Villa Merced” difundieran un encuentro para tratar la "realización de obras de tendido de gas" utilizando dichos fondos.

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A través de Instagram, Coopser refirió que la entidad no fue convocada "de manera oficial para participar" de la reunión, por lo cual "no estará presente ningún representante técnico ni institucional de la cooperativa en esa reunión, ni se ha designado a persona alguna para brindar información o responder consultas".

“Esta comunicación tiene como objetivo evitar confusiones o situaciones inconvenientes”, indicaron. 

Resaltaron que si bien "la organización y el trabajo conjunto de los vecinos para impulsar este tipo de proyectos es absolutamente válido y positivo, es fundamental aclarar que, hasta el momento, la cooperativa no mantiene ningún tipo de vínculo formal con esta iniciativa más allá de haber emitido oportunamente una cotización escrita solicitada por vecinos de la zona". 

La presentación de una demanda para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que Coopser cobra con la factura de la luz tuvo respuestas por parte de la cooperativa y de la Municipalidad.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, cuestionó la pertinencia del recurso de amparo como instrumento para el planteo judicial.

Además puso reparos respecto de la incompatibilidad que podría implicar la participación en la causa de Paola Basso, que además de abogada de Coopser es concejal.

Desde la cooperativa, Basso respondió la demanda defendiendo la legalidad de la ordenanza y su aplicación por parte de la empresa que representa, que es la que cobra el FOPC en las facturas del servicio de energía eléctrica, al que se grava con el 4 por ciento para ese fondo.

Uno de los puntos de la demanda que cuestionó Basso es la falta de separación del cobro del FOPC del servicio de energía que planteó la denunciante junto a su abogada.

La cooperativa sostiene que los ítems están "separados", aunque no hay antecedente de alguien que haya ido a pagar la factura y solicite que no le cobren el FOPC, algo que, a juzgar por lo que dice la cooperativa, podría hacerse.

Coopser no cumplió todavía con la orden del juez Cornelli —del Juzgado de Familia donde cayó por sorteo la causa— de incorporar en las facturas información sobre la causa en trámite, que fue dictada y comunicada en febrero pasado a la cooperativa.

El especialista en defensa del consumidor que acompañó el proceso de presentación de la demanda, Roberto Zorzoli, dijo el sábado pasado en Sin Galera que el FOPC es "un verdadero impuesto hecho por el Municipio".

Uno de los presentadores del recurso ante la Justicia, donde se solicitó la inconstitucionalidad del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC), fue contundente al señalar que se trata de “un verdadero impuesto hecho por el Municipio”.

Así lo manifestó Roberto Zorzoli, quien junto a las abogadas María Andrea Ortiz y Karina Rivet, recurrieron a la Justicia mediante un amparo para frenar la manera en que se aplica el cobro del Fondo que conforman la Municipalidad y la CoopSer desde hace casi 40 años.

“La discusión pasa por si es tasa con contraprestación o un impuesto con fondos indeterminados, que por su naturaleza deben sancionarse a nivel provincial, no municipal”, dijo Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.

“Las obras que se realizan no están presupuestadas y esos fondos pasan a ser recaudación de un impuesto. Además, en el semanario La Opinión en 2022, el entonces secretario de Economía (Fabián Rodríguez) del Municipio declaró que había fondos ociosos; con más razón, no era una tasa”, agregó.

Para Zorzoli no se juzga la intención de las obras, sino que “deben hacerse cumpliendo las normas”.

Respecto al fallo del juez del Tribunal de Familia, Miguel Ángel Cornelli, donde cayó el expediente tras un sorteo de la Suprema Corte de la Provincia, donde rechazó el recurso de amparo, “consideró que no es insanable la cuestión, por lo tanto, se resolverá en la cuestión de fondo”, explicó.

Hizo hincapié que, mientras tanto, Cornelli obligó a la Cooperativa a colocar en la factura que “existe una causa y debió publicarse en la factura de la luz, lo cual no ocurrió en abril. Ahora se hizo una nueva presentación ante el juez para que se concrete”.

Otro aspecto saliente de los conceptos de Zorzoli, Ortiz y Rivet es que no debería existir una imposición sobre el pago del FOPC: “A la gente tendría que permitirle el pago por separado, troquelado o desdoblado. En el caso de los servicios sociales también deberían abonarse por separado”.

Finalmente, Zorzoli indicó que si se declara la inconstitucionalidad que ellos solicitaron, la Municipalidad “debería idear otra manera de cobrar el fondo y que no afecte las obras en marcha”. Mientras tanto, el juez analiza la inconstitucionalidad, “que para nosotros es clara por la naturaleza de lo que se cobra, que no es una contraprestación de servicio. Hay pruebas que demuestran el concepto del FOPC y la falta de facultades que tiene el Municipio”.

Una demanda contra la instrumentación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que administran la Municipalidad y la Coopser tramita en la Justicia, presentado por abogados que consideran inconstitucional el cobro de ese gravamen en la boleta de la luz.

El planteo fue elevado por María Andrea Ortiz, abogada que posee un medidor en nuestra ciudad, junto a sus colegas Roberto Zorzoli y Karina Rivet, en noviembre del año pasado.

Además del planteo de inconstitucionalidad —la “cuestión de fondo”—, los abogados presentaron un recurso de amparo para que se dicte una medida cautelar que deje sin efecto el cobro del FOPC de manera inmediata.

La Suprema Corte de la Provincia dispuso, sorteo mediante, que lo trate la sala a cargo del juez Miguel Ángel Cornelli, del Juzgado de Familia, quien denegó el recurso, es decir rechazó dictar la cautelar.

Ahora, se espera el tratamiento de la cuestión de fondo, relacioanda con el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias y sus modificatorias.

La normativa, en su momento, contó con la aprobación no sólo del obvio proceder del Concejo Deliberante sino también del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

En la presentación judicial, los abogados indicaron que “los usuarios del servicio de electricidad se encontraron obligados a pagar la mal denominada ‘Tasa’ ya que, sin contraprestación concreta, efectiva e individualizada, y en su condición de usuarios cautivos de un servicio público esencial y monopólico, se les impuso la obligación de pagar mensualmente una suma que implicó un encarecimiento del servicio eléctrico, y que es recaudado por la Coopser con destino a una cuenta especial”.

Asimismo, se cuestionó que en la factura solo se indica la sigla FOPC “sin mención alguna de la identificación del porcentaje, alícuota o parámetros de fijación para determinar de los valores monetarios del Fondo, dejando así al arbitrio de las autoridades municipales o de la Coopser, o de ambos, los montos a abonar por los usuarios”.

Parte del planteo también radica en que la Municipalidad omitió el detalle de solicitarle a cada socio de Coopser la aprobación de la contribución como “concepto ajeno” a la factura de la luz. 

Además, tampoco habilitó el pago por separado del Fondo y que la leyenda que se incluye en la factura solo reza la sigla FOPC, sin mencionar que corresponde a la Ordenanza Nº 4043/86.

Dentro de la presentación, los letrados requirieron que se ordene a la Coopser, hasta tanto se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas, “permitir a los usuarios pagar de manera separada los cargos ajenos al consumo eléctrico en todas las modalidades de pago".

También pidieron "incluir una leyenda que indique que la falta de pago del FOPC no constituye causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del suministro de energía eléctrica”.

En el fallo que rechazó la cautelar, el juez Cornelli reconoció la autorización de OCEBA para incluir el Fondo en las facturas, que le “otorga legitimación para efectuar la retención del FOPC”.

Además, el magistrado dispuso que, en las facturas de Cooser que se emitieron para los vencimientos de abril, y en lo sucesivo, se informe que existe en trámite esta causa.

La cooperativa debe citar la carátula e incluir los datos del Juzgado, para que aquellos socios que cuestionen el pago del Fondo de Obras Públicas Comunitarias puedan objetarlo.

Entre las postales más decadentes, la plaza principal del pueblo muestra los mismos problemas que otras obras. Desde que el Gobierno decidió destinar parte del dinero ahorrado por los sampedrinos en el Fondo de Obras Públicas Comunitarias que se recauda en cada factura de luz, no se ha podido acceder al certificado de obra que -como tantas otras- quedó en manos de los trabajadores que prestaban servicios en empresas cooperativas como ALFA y 8 de diciembre.

El martes por la mañana, Lilí Berardi se sorprendió con la presencia de trabajadores municipales que intentan reparar la fuente central. Una pieza únicá, histórica y de valor patrimonial que requiere de tratamiento especial. 

Allí grabó imágenes y relató las distintas etapas de la plaza principal de la ciudar con diseño de Carlos Thais que es una de las imágenes identitarias del lugar que también se eligió para emplazar el monumento al General San Martín.

Hace pocas semanas la placa de mármol con el texto del preámbulo de la Constitución nacional cayó y se quebró cuando un niño que jugaba en el lugar quedó herido y fue trasladado al Hospital. Hasta el momento no ha sido repuesta.

El estado general de esas dos manzanas dista mucho de aquella plaza con canteros verdes, flores, pequeños arbustos, caminos de polvo de ladrillo, baldosones rectangulares bordeados de pasto y árboles longevos que supo apadrinar la empresa Arcor durante varios años pagando un cuidador, el sistema de riego y la puesta en valor paisajístico que hoy se extraña. Las deficiencias están a la vista.

Comenzó este lunes la tarea de reparación y reemplazo de las veredas de la plaza Constitución, una obra que se enmarca en un proyecto de refacción integral de ese espacio público icónico de San Pedro y cuya primera etapa fue el recambio de las farolas de iluminación.

La cooperativa Grupo Alfa, la misma que construye las 84 Viviendas y tiene a su cargo la obra del CEC 802, es la encargada de las tareas. Lo primero que hicieron fue vallar la zona donde comenzaron a trabajar, que corresponde a un cuarto de las dos manzanas de la plaza.

Presente en el luga este martes, el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, dijo a La Opinión que la obra tiene “un plazo de 60 días”, que puede demorarse por cuestiones climáticas.

“Se dividió la plaza en cuatro. Una vez que terminemos esta parte, avanzamos con otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto”, explicó Silva. La zona vallada en esta instancia comprende Mitre, desde Fray Cayetano Rodríguez, hasta poco más de la mitad de la cuadra de Yrigoyen.

Esta es la segunda etapa del proyecto de refacción integral, tras el recambio de luminarias, y la siguiente será la intervención sobre la fuente, que volvió a ser vandalizada tras los últimos trabajos que se desarrollaron en ella. El plan es que poner en marcha el sistema y que vuelva a tener agua.

Silva explicó que el plan de dividir en cuatro cuartos para el reemplazo de las veredas obedece a la necesidad de continuar utilizando la plaza y no alterar la actividad de la parroquia Nuestra Señora del Socorro. “Está consensuado con el Padre (Héctor Molfesa, cura párroco) y los vecinos.

Reemplazarán las veredas actuales por baldosones y además también trabajarán sobre los caminos internos para mejorar el estado en el que se encuentran.

La obra es financiada con el Fondo de Obras Públicas Comunitarias Municipal, que permite al Municipio obtener recursos del fondo que recauda Coopser en la factura de electricidad y que no se hayan utilizado al cierre del ejercicio anterior al vigente.

El tema se debatió en la comisión que autoriza la solicitud de ese dinero y que integran tres miembros del Ejecutivo y dos del Concejo Deliberante, uno por el oficialismo y otro por la oposición, lo que implica que el Gobierno tiene tres votos a favor de los cuatro posibles.

En la sesión de Rendición de Cuentas la concejala Paola Basso cuestionó la manera en la que se llevó este proyecto a esa comisión. Diseñado por dos jóvenes arquitectos de la Municipalidad recientemente incorporados al ámbito del Estado local, las refacciones se tercerizaron y la oposición preguntó si acaso no era posible hacerlo con personal propio.

En esas reuniones se habló de montos que van entre 42 y 65 millones de pesos, dependiendo de la inclusión de la puesta en marcha de la fuente o no. “Les pedimos un presupuesto abierto, para ver bien los montos de materiales y de mano de obra”, dijo Paola Basso a La Opinión.

El año pasado, sin acompañamiento de la oposición, el Gobierno logró aprobar en el Concejo Deliberante una ordenanza que le permitirá utilizar la recaudación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que cobra Coopser en la factura del servicio de electricidad.

La reglamentación de la ordenanza estableció la creación de una comisión especial para el análisis de los proyectos, que tiene cinco miembros, de los cuales tres son del Ejecutivo (entre ellos presidente y secretario) y dos del Concejo, que deberán garantizar representación. Es decir que el oficialismo contará con cuatro de los cinco votos.

Hay dos maneras de presentar propuestas para utilizar el denominado Fondo de Obras Públicas Comunitarias Municipal. Por un lado, el propio Gobierno podrá elevar a esa comisión que domina y que preside el mismísimo intendente o un delegado designado por él proyectos con detalle de obra, ubicación y presupuesto, que será sometido a votación.

De la misma manera, tal como se había anunciado cuando se propuso la ordenanza, las comisiones de fomento podrán presentar sus planes para la inversión de esos recursos, propuestas que también serán analizadas y votadas por la comisión especial.

Cada comisión de fomento reconocida por el Estado local podrá elevar los proyectos que considere. Deberán presentarlos por Mesa de Entrada y será la Dirección de Comisiones de Fomento la encargada de enviarlo a la comisión especial del Fopc.

Cada proyecto debe contener un resumen de la obra, la ubicación, un presupuesto aproximado (opcional) y la firma del presidente y el secretario de la comisión de fomento que lo presenta.

La comisión que coordinan el intendente o su delegado y el secretario de Obras Públicas deberán convocar a una reunión ordinaria por mes y podrán hacerlo de manera extraordinaria cuando tres integrantes lo soliciten.

Esa comisión especial será la que determine qué porcentaje del Fopc se utilizará para proyectos propuestos por las comisiones de fomento y cuál a las obras elevadas por el Ejecutivo.

Una vez que haya dictamen de aprobación de una obra, la documentación irá al Gobierno para que comiencen los trámites por los canales que correspondan para la adjudicación y asignación de los recursos provenientes de ese fondo.

El Gobierno tiene la potestad de solicitar a Coopser todo o parte de los recursos disponibles del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, con excepción de los que se recauden en el ejercicio en curso. Es decir que pueden pedir todo lo ahorrado hasta julio de 2022, cuando terminó el último período contable de la cooperativa.

El Gobierno prepara la reglamentación de la ordenanza que permite la transferencia de más de 170 millones de pesos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias a las arcas municipales para el desarrollo de proyectos que presenten los barrios a través de las comisiones de fomento.

Este martes, en Radio Cuarentena, la directora de Comisiones de Fomentos del Gobierno municipal, Inés Mario, informó que son 42 las conformadas hasta el momento y que mientras algunas ya tienen sus proyectos listos para solicitar financiación a través de ese fondo otras están preparándolos para ponerlos a consideración.

El promedio implica, para esa cantidad de comisiones de fomento, alredeor de 4 millones de pesos para cada una, aunque el plan no es una distribución en esos términos sino un análisis por parte de una comisión evaluadora para definir prioridades, viabilidad y ejecución de la obra con esos recursos, puesto que otras pueden ser incluidas en planes de gestión con Provincia y Nación.

“Estamos trabajando en conjunto con el secretario de Planeamiento y el intendente para recibir proyectos y propuestas, algunos barrios ya las tienen porque lo estaban trabajando antes de esta noticia y otros que e se están poniendo a trabajar para poder presentar el proyecto y luego ver de qué manera se puede llevar a cabo”, informó la funcionaria.

Inés Mario aseguró que “hay un equipo que está trabajando en un plan estratégico para mejorar la ciudad de manera responsable” y que una vez que tengan las propuestas vecinales “se decidirá cuál de todos estos proyectos presentados alcanza el dinero”.

La directora de Comisiones de Fomento anticipó que la mayoría de los proyectos que están en danza y que se conversaron entre los vecinos en cada sector “son para devolver”, es decir que los habitantes de esos barrios están dispuestos a pagar en cuotas, tal como señala la letra de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias.

“Son cosas que se vienen proyectando hace tiempo, tienen claras cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren y que falta la financiación, pero son vecinos dispuestos a pagar su obra”, aseguró Inés Mario.

Consultada respecto del tipo de obra que piden en las comisiones de fomento, coincidió con los planteos que recibió La Opinión en las consultas que hizo a la comunidad: “Cordón cuneta, pavimento, luminarias, algún pedido de gas, cosas necesarias para mejorar la calidad de vida del vecino”.

“Este fondo es una tasa, es dinero del vecino, así que lo mejor es devorlo al vecino en obras que puedan proponer ellos”, destacó la directora de Comisiones de Fomento este martes en Radio Cuarentena.

La funcionaria puso de relieve la tarea que las comisiones de fomento llevan adelante en cada bario como grupos de vecinos que se reúnen para trabajar por el bien común de la zona donde residen. “No solamente se forman para la obra pública, también tienen talleres, trabajan en conjunto con los vecinos para acompañar grupos de niños, de madres, el tratamiento de residuos, talleres de lectura, cada barrio tiene distintas necesidades”, señaló.

La semana pasada, el oficialismo logró aprobaro, con votos propios y la oposición en contra, la ordenanza que modifica el reglamento del Fondo de Obras Públicas Comunitarias y permite transferir a las arcas municipales el dinero ahorrado, de manera tal que el Gobierno pueda decidir, junto a las comisiones de fomento, qué obras ejecutar en los barrios.

Según las estimaciones que los concejales informaron en sesión, el FOPC tiena más de 170 millones de pesos ahorrados en plazo fijo y dólares, que serán los que el Ejecutivo podrá disponer para las obras que los propios vecinos elijan y propongan a través de las comisiones de fomento.

Desde el viernes, La Opinión & Sin Galera mantienen en Facebook e Instagram espacios para la recepción de iniciativas, como una manera de poner en debate la necesidades de la población que podrían asistirse con esos recursos, de acuerdo a lo que los propios interesados comentan.

Quienes quieran dejar sus aportes, pueden hacerlo a través de este botón de WhatsApp:

Entre los cientos de comentarios, algunos fueron expuestos en el aire de Sin Galera el sábado. En general, hay muchas solicitudes de gas, pavimento, cordón cuneta, luminarias, cloacas, etc.

Ante la consulta “Fopc: ¿qué obras harías en tu barrio?”, Mari, de Gobernador Castro, contó que en la zona donde reside hace falta “más iluminación, cloacas” y que los servicios “no están muy lejos”.

Germán, desde la zona de Dávila y Benefactoras Sampedrinas dijo que “hace muchos años” están “esperando por el gas” en el barrio donde reside.

“Lo tenemos a una seis, siete cuadras, está cerca”, agregó el sábado cuando habló con Lilí Berardi durante la emisión de Sin Galera.

Jésica, desde Ayacucho y General Pueyrredón, dijo que en la zona donde vive hace falta que limpien, mantengan la higiene y dispongan carteles para que no tiren basura en los zanjones.

Aseguró que se ve a diario que “pasan camionetas y van a arrojando a la zanja profunda y otras más superficiales, así como quien viene”.

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara las modificaciones a la ordenanza del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que permitirá que el Gobierno utilice el dinero acumulado para obras de infraestructura sin necesidad de pasar por el comité que integran concejales y Coopser, la presidenta del cuerpo, cuyo voto doble permitió el resultado favorable al Ejecutivo, dialogó con La Opinión.

Mónica Otero destacó que en la reglamentación, que tendrá a su cargo el intendente, los lineamientos serán similares a los existentes y que habrá una comisión integrada por tres miembros del Ejecutivo y dos del Legislativo que debatirán los proyectos a ejecutar, ya sin la cooperativa.

“La verdad es que el fondo lo único que está produciendo desde hace unos años a la fecha son intereses porque está en un plazo fijo y gastos. No se está usando y la ciudad necesita obras de infraestructura, más allá de las que se han hecho”, sostuvo la titular del HCD.

“No se ha tocado la ordenanza en el punto del reintegro, la comisión lo verá, lo analizará”, advirtió respecto del tema del “desfinanciamiento” que planteó la oposición.

“Esto abre más el abanico, porque cuando se creó el Fondo, las obras están exclusivamente a cargo de Coopser salvo que esté ejecutando otra y no la pueda hacer. Ahora desde el Estado municipal se abre el abanico para otras empresas, se puede conseguir menores costos”, destacó.

Otero señaló que el dinero del FOPC “siempre fue del Municipio” y que aunque estaba “administrado por el Comité de Obras Públicas Comunitarias y se cobraba a través de la cooperativa” esos recursos “le corresponden al Estado municipal”.“Este Fondo ahora tiene una comisión también, queda afuera la Coopser, pero la representación está”, analizó en relación a cuestonamientos de la oposición sobre la particpación de la comunidad en la definición de la sobras a ejecutar.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Juntos Pro, el concejal Gerardo Pelletier fue el encargo de pedir una moción para que el proyecto vuelva a comisión y profundizar el debate, tras considerar que fue dictaminado “a las apuradas”. La votación de su propuesta fue empate, 9 a 9, y definió el voto doble de Otero, que habilitó la continuidad del tratamiento para que finalmente, también con su voto doble, la ordenanza fuera aprobada.

Pelletier señaló que se podría haber discutido en el seno del Comité que define qué obras se ejecutan con ese fondo, y que ahora sólo decidirá por los recursos recaudados en el ejercicio económico en curso, era cómo agilizar el uso. “Tendríamos que haber ido por ese lado, ponernos de acuerdo en las obras prioritarias, los tiempos de estudio y ejecución fueran más cortos”, dijo.

Consideró que el Gobierno y la cooperativa deberían “haberse puesto de acuerdo para facilitarle al vecino” la ejecución de las obras y que todo “se podría haber tratado en el comité, con la Coopser”.

“Esto no debería haber salido a las apuradas, hay muchos sectores que podrían haber aportado para que esto saliera de la mejor forma”, se quejó el edil de Juntos Pro, bloque que integra junto a Vanina Cappelletti y que votó en contra de la iniciativa aprobada con los votos del oficialismo.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Frente de Todos Convicción y Coherencia, que sola Florencia Sánchez pero que por la licencia de Tamara Vlaminck y la excusación de Cecilia Vázquez tuvo al referente del Partido Comunista, Roberto “Tati” Escalzo en la banca, expusieron sus argumentos para no acompañar.

Escalzo fue el vocero y dijo que votaron en contra porque no está “claro cómo será gastado” el dinero acumulado en todos estos años en el Fondo de Obras Públicas Comunitarias una vez que pase a las arcas del Estado municipal para su ejecución.

“Más allá de las comisiones de fomento, que no hay en todos los barrios, no queda claro de qué manera se va a gastar el dinero y cómo va a ser la participación comunitaria”, dijo el referente del PC en la sesión de este jueves.

Escalzo señaló que es necesario modificar la ordenanza que regula el FOPC pero para mejorar las problemáticas que se presentaron hasta el momento respecto de la cantidad de cuotas y los montos a pagar por los vecinos cuando se ejecutan obras.

“Tenemos que encontrar la manera para que este dinero sea utilizado en obras pero sin que sea el Gobierno el que decida arbitrariamente, sin participación de otros sectores políticos y sociales”, dijo y cuestionó que el proyecto aprobado por el oficialismo también derogue la ordenanza de Presupuesto Participativo, que llevaba años sin reglamentación ni puesta en marcha.

“Vemos con preocupación que en un año electoral se pueda utilizar arbitraramiente este dinero sin control, abogamos por una gestión transparente en el uso de los fondos públicos”, dijo el concejal de la bancada Frente de Todos Convicción y Coherencia.

“Tiene que haber una participación comunitaria, no sólo con un voto cada dos años sino en lo cotidiano, y tiene que ser el Estado el que impulse esa participación, una es la de las comisiones de fomento, pero hay muchas otras instancias de participación en las que debería involucrarse a la comunidad para que se defina cómo se gastan los recursos públicos”, finalizó.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Juntos, que integran los radicales, el vocero fue Lucas Pisani, que integra la comisión de Presupuesto junto a Paola Basso, que pidió licencia para no participar de la votación, puesto que además de edila es abogada de la cooperativa.

Nos encontramos en una ambigüedad porque acompañamos el espíritu de la ordenanza, de nada sirve tener un fondo acartonado, inquieto, sin utilización. Lo que ponemos en duda y creemos que faltan especificaciones es de qué manera se va a aplicar este fondo”, dijo Pisani.

El médico advirtió que “si transferimos todo el fondo hacia una cuenta municipal” se corre el riesgo de desfinanciación “si se utiliza todo el dinero y no hay devolución”.

Al finalizar su alocución, anunció: “Vamos a seguir trabajando y discutiendo sobre cuáles son las mejores formas, y si es necesario haremos otra ordenanza e intentaremos reglamentar la situación en beneficio de todos”.

El Concejo Deliberante aprobó, con el voto del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, las modificaciones que propuso el Gobierno para que se le permita utilizar desde las arcas del Estado local los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que no hayan sido ejecutados al final de cada ejercicio anual de Coopser, que recauda y administra ese dinero.

La ordenanza aprobada implica un cambio radical en la lógica histórica de funcionamiento del FOPC, puesto que desde ahora el dinero guardado de ejercicios anteriores podrá pasar a una cuenta especial del Municipio para ejecutar obras en conjunto con las comisiones de fomento.

El FOPC lo recauda Coopser con la factura del servicio de electricidad. Cada titular de medidor abona un 4 por ciento sobre el consumo mensual que se acumula en ese fondo para llevar adelante obras de agua, gas, cloacas, cordón cuneta, pavimento, iluminación, entre otras, que hasta ahora se ejecutaban tras la decisión de un comité integrado por la cooperativa, el Ejecutivo y el Concejo, con devolución por parte de los beneficiarios.

Lo que se aprobó este jueves es que el Gobierno pueda solicitar hasta el 100 por ciento del excedente de ejercicios anteriores acumulado y no comprometido para ejecutar de manera tal que pase a una cuenta del ahora denominado Fondo de Obras Comunitarias Municipal, para definir con las comisiones de fomento dónde invertirlo sin pasar por el Comité y ya sin la participación de Coopser.

Durante la sesión hubo debate y la oposición votó en contra. El oficialismo logró aprobar la ordenanza gracias al voto doble de la presidenta del HCD, Mónica Otero, que tuvo que desempatar, porque la votación había resultado nueve a favor y nueve en contra.

El concejal Gerardo Pelletier, del bloque Juntos Pro, hizo una moción para pedir que el expediente vuelva a comisión de manera tal que pudieran discutirse en profundidad algunos aspectos y hacer modificaciones que permitieran aprobar una ordenanza consensuada.

Sin embargo, no prosperó. Al votar la moción, hubo empate y el voto doble de Otero fue en contra de que vuelva a comisión es decir a favor de la continuidad del tratamiento como estaba previsto de manera tal que se votara por sí o por no la iniciativa que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante en marzo.

El desempate de Otero tuvo lugar porque el oficialismo perdió un voto propio con la licencia de la concejala de La Cámpora y titular de Anses, Tamara Vlaeminck, y la excusación de su suplente inmediata, la titular de Pami Cecilia Vázquez. Ello provocó que la banca la asuma el referente del Partido Comunista Roberto “Tati” Escalzo, quien está alineado en el denominado “Frente de Todos Convicción y Coherencia” con Florencia Sánchez, es decir en la oposición a Salazar.

En el bloque Juntos que integran los radicales y que preside Alejandro Donatti pidió licencia Paola Basso, que además de concejala es abogada de Coopser y entendía que no podía se parte de la votación. Como Hugo Binimellis retomó a su banca, Yanina Batalla dejó la suplencia y reasumió en lugar de Basso.

Los voceros de la oposición fueron Lucas Pisani por el Juntos (UCR); Tati Escalzo por el FdT Convicción y Coherencia; y Gerardo Pelletier por Juntos (PRO), que coincidieron en señalar que el planteo del Gobierno respecto de la necesidad de agilizar la utilización del Fondo era válido, pero destacaron que el mecanismo propuesto no era el adecuado. Hubo además advertencias relacionadas con que el Ejecutivo tendrá disponibles estos recursos en año electoral.

El Gobierno envió al Concejo Deliberante un proyecto para utilizar los recursos de años anteriores al ejercicio en curso del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que recauda Coopser en la factura del servicio de electricidad.

El plan es ejecutar obras que decidan los vecinos a través de las comisiones de fomento, sin que la autorización pase por el Comité de Obras Públicas Comunitarias y sin necesidad de devolución.

El secretario de Economía municipal, Fabián Rodríguez, uno de los impulsores del proyecto, se refirió al tema en Radio Cuarentena este viernes, luego de mantener durante la semana una reunión con autoridades de Coopser.

Rodríguez dijo que en el FOPC hay “alrededor de 150 millones de pesos” y graficó: “En obras, se puede hacer una cuadra de pavimento con dos millones de pesos, del tipo que venimos haciendo”.

El funcionario informó que durante la reunión con el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Emilio Longueira, el Gobierno planteó “la necesidad que estamos viendo de que podamos ayudar a que este fondo, que se fue incementando y se encuentra ocioso, tenga el destino para el cual fue creado, que es para hacer obras”.

Longueira expresó en la reunión su preocupación respecto de dejar sin efecto la modalidad de recuperación prevista en el reglamento. Además, “consideraron que estaría bien que se utilice un porcentaje del fondo remanente pero no la totalidad”, señaló Rodríguez.

La mayoría del dinero que recuadó Coopser y que todavía no se utilizó se encuentra depositado en plazos fijos en pesos y en dólares, y también hay alrededor de 8 millones de pesos en una cuenta corriente, cuya inmovilidad se ve afectada por el proceso inflacionario que afecta al país.

“Lo que vemos es que no tenía salida la ejecución de estos fondos y queremos facilitar esa salida, que el Fondo vaya al fin para el que fue creado y la manera que se nos ocurrió es a través de las comisiones de fomento, que es el sector que que mejor expresa la voluntad popular”, dijo Rodríguez.

El secretario de Economía explicó que uno de los mayores problemas que enfrenta la ejecución del Fondo de Obras Públicas Comunitarias en la actualidad es “la capacidad económica del contribuyente”, en la medida en que el mecanismo prevé la obligatoriedad del pago por parte de los vecinos de la obra que pasa por su frente.

“Por eso, en el esquema actual que se está manejando se va del sentido de justicia, porque al alcanzar la voluntad de un conjunto de vecinos se quedaba ante un decreto de utilidad pública gente que a lo mejor no tenía esa capacidad como para responder a la parte, entonces queremos evitar estos desequilibrios y la manera de hacerlo es flexibilizando el modo de utilización”, detalló.

A 35 años de la creación del Fondo de Obras Públicas Comunitarios (FOPC) que recauda Coopser a través de la factura del servicio de electricidad, el Gobierno municipal busca utilizar por su cuenta los recursos que no se ejecuten y queden de un año para otro, en lugar de que se ahorren en la propia cooperativa, como hasta ahora.

Para ello, el intendente interino Ramón Salazar elevó al Concejo Deliberante, donde tiene los votos para aprobarlo, un proyecto de ordenanza que modifica algunos artículos del reglamento, lo que le permitirá, una vez votada la ordenanza, tener a disposición un dinero que hoy no sólo administra Coopser sino que, además, su ejecución depende de la aprobación del Comité de Obras Públicas Comunitarias y la aceptación de los frentistas respecto de la obra a ejecutar, que además los vecinos deben pagar para reponer el fondo.

La propuesta implica un cambio radical en el espírituo del FOPC, creado para que con el 4 por ciento que los titulares de medidores pagan por encima del consumo de electricidad se puedan llevar adelante obras de agua, gas, cloacas, cordón centa, pavimento, iluinacón, entre otras, puesto que por un lado intenta evitar que el dinero se licúe por inflación y por el otro corre de la escena tanto a la cooperativa como al Concejo Deliberante a la hora de definir los destinos de esos recursos.

El Gobierno propuso que el dinero excedente de un ejercicio económico a otro, es decir FOPC sin ejecutar, pueda ser requerido por la Municipalidad en el porcentaje que desee, incluso la totalidad de esas reservas, para pasar a una cuenta afectada para el desarrollo de obras como las previstas originalmente, pero “ya sin intervención del Comité de Obras Públicas Comunitarias”.

La idea es que con ese dinero se ejecuten obras que se decidirán a través de las comisiones de fomento de cada barrio, de manera participativa, y con un plazo de ejecución de 12 meses. En el caso de que el dinero transferido desde Coopser no sea utilizado, deberá regresar a la cuenta original para, eventualmente, volver a ser solicitado por el Gobierno.

Además, al disponer esta manera de participación ciudadana en la ejecución de recursos destinados a obras en los barrios, el Gobierno propone la derogación de la ordenanza que creó el Presupuesto Participativo en 2011 y que nunca tuvo asignado porcentaje alguno en los ejercicios económicos subsiguientes hasta ahora.

Para la iniciativa, el intendente argumentó que el FOPC constituye “una fuente de inanciamiento para que la comunidad organizada pueda hacer frenta a obras de benficio vecinal” que hasta el momento “dado que se propicia la devolución” se convirtió en “un fondo ocioso que lejos se encuentra de cumplir acabadamente el fin social para el que fuera concebido”.

El proyecto del Gobierno implicará un debate en el Concejo Deliberante puesto que, como se dijo, viene a reformular de manera radical el Fondo de Obras Públicas Comunitarias, cuya ejecución en la actualidad se decide dentro del Comité correspondiente, donde hay tres representantes del Ejecutivo, tres del HCD y tres de Coopser, que dejarán de tener injerencia, al menos en lo que respecta a los recursos “excedentes” de cada ejercicio, es decir al ahorro del FOPC.