Este martes, maquinaria y personal trabajaba sobre el ingreso a la nueva Terminal de Ómnibus.

Tal y como anunció el intendente Cecilio Salazar en la reapertura del edificio bajo la órbita municipal, comenzaron las tareas para reparar el adoquinado del acceso.  

La obra, financiada a través del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, está a cargo de Coopser. 

“La obra cuenta con una inversión de 118 millones de pesos”, informó la Municipalidad. Se llevará adelante en “dos etapas” sucesivas, “con un plazo estimado de ejecución de un mes”, señalaron.

Los deteriorados adoquines, que fueron colocados por la empresa Alfa, serán reemplazados por hormigón sobre la prolongación de avenida 11 de Septiembre. 

Las maquinarias removieron gran parte del viejo pavimento articulado, que a pocos meses de su colocación, ya se habían levantado.  

Coopser informó sobre los avances y proyectos en ejecución que viene desarrollando a través del Departamento de Obras, financiado por el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC), como así también otras iniciativas impulsadas directamente por la entidad.

En lo que va de este año se concretaron tres nuevas extensiones de red de gas en distintos sectores de la ciudad:

*Facundo Quiroga, entre Sargento Selada y Manuel Iglesias.

*Alejandro Maino, entre Rómulo Naón y Maestro Reina.

*Independencia, entre Don Segundo Sombra y Rómulo Naón.

Asimismo, se avanza con los trámites para conectar estas obras a la red activa y alcanzar su habilitación definitiva. En paralelo, continúan las gestiones para futuras ampliaciones del servicio.

Existe un expediente administrativo ante Litoral Gas para llevar adelante una nueva obra de gas en los barrios Polo y El Escorial que beneficiará a 108 frentistas y se encuentra en etapa de obtención de apertura de obra.

En cuanto a otras obras, señalaron que continúa avanzando el futuro Salón Comunitario, encontrándose actualmente en proceso de licitación la provisión y el montaje del sistema de aire acondicionado del edificio.

La publicación de La Opinión que informó que el Gobierno irá a la Justicia contra Apco S. A, la empresa que cobró y abandonó la obra del tanque copa, desató la polémica en las redes sociales.

Alejandro pidió que se investigue a fondo: “No vaya a ser cosa que la plata esté en otro lado y los únicos que no sepan sean ustedes. Todos sabemos que el municipio nunca paga en tiempo y forma. Si salió plata antes para la empresa, es rarísimo, ¿no?”.

Cari también se preguntó: “¿Y por qué pagan antes de finalizar la obra?” y Bernardo indicó: “Otra más de estos inoperantes que nos gobiernan”.

Horacio supuso: “Si abandonó la obra, seguramente no le pagaron”, aunque la empresa contratada cobró alrededor del 70 por ciento del contrato, pero apenas cumplió con la mitad de las tareas acordadas. 

Sergio aprovechó para sumar otro reclamo: “Ya que están, podrían reclamar por la calle San Lorenzo (se refiere a Juan Ismael Giménez). No se terminó y se está rompiendo. Obra mal hecha y seguro se pagó o fue al bolsillo de alguien. Ahora empiezan porque quieren sumar votos. Se les viene la noche” y Elsa recordó: “La calle la terminaron los municipales, creo. Cómo se tragaron la plata”.

Luciano fue directo: “Dejá de estirar las cosas y ponete a terminar las obras, que se viene el verano”.

Daniel compartió: “Me acuerdo que personal de Obras Sanitarias me dijo que ellos podían arreglar eso, pero que Cecilio estaba esperando la plata que Coopser nos cobra todos los meses. Habían pasado un presupuesto millonario cuando se arreglaba con poco. Ya todos sabemos los chorros que son, pero bueh”.

Galli ironizó sobre los tiempos de reacción: “Qué casualidad, después de cuatro años van a la Justicia. ¿No se habían dado cuenta que no se hizo el trabajo? Se pasan”.

Patricia escribió: “Tic tac tic tac, el reloj no se detiene. Se vienen las elecciones y hay que hacer en meses lo que no se hizo en años”.

Enzo comentó: “Tendría que haber elecciones todos los años. Lo linda que estaría la ciudad” y Adan lanzó: “Bueno, preparemos como antes ¡bombas a mano!”.

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio afectando el abastecimiento de agua en toda la ciudad. 

Desde la subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad anticiparon que preparan una demanda por daños y perjuicios contra la firma, que sólo cumplió con la mitad del contrato acordado. 

El 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que el tanque copa quedó fuera de servicio, cuya reparación comenzó un año y medio más tarde, pero quedo trunca porque la empresa abandonó la obra. Ahora, el Municipio va a la Justicia.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que prepara la demanda por daños y perjuicios para accionar en la Justicia civil y comercial contra la firma Apco S. A., que cobró alrededor del 70 por ciento del contrato pero apenas cumplió con la mitad de lo acordado.

Apco, empresa con sede en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, asumió la obra a mediados de 2023, en plena campaña electoral, con un presupuesto de casi 70 millones de pesos provenientes de las reservas del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, y en el medio subcontrató a personal de la cooperatia Grupo Alfa.

El contrato era para el reemplazo de las tuberías metálicas por otras de poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y reparaciones edilicias menores. El plazo de ejecución era de tres meses, pero la obra quedó paralizada tras el retiro de los caños deteriorados.

En noviembre del año pasado, el Municipio intimó a la empresa a retomar la obra ante la constatación de que faltaba reemplazar la cañería principal, colocar los ventanales en la escalera, arreglar y pintar la puerta, y conectar la red de agua para que el tanque copa vuelva a operar.

La certificación de obra existente indicaba que sólo se había cumplido con el 54 por ciento del total, a pesar de que Apco cobró casi 48 millones de pesos del presupuesto, es decir alrededor del 70 por ciento.

Apco presentó una propuesta de readecuación que llevaba el monto de obra a 138 millones, lo que fue rechazado por el Gobierno municipal, puesto que el contrato establecía que no se podía modificar el monto de la obra.

En pleno proceso inflacionario del tramo final de la gestión de Alberto Fernández en Nación, la empresa nunca compró los caños y la devaluación posterior implicó mayores dificultades para hacer frente al compromiso.

En enero hubo una coinspección n escribano público, tras lo que el Municipio rescindió el contrato. Apco interpuso un recurso de reconsideración, que el Gobierno rechazó por extemporáneo y ratificó la decisión de dar por terminado el convenio.

Así, ahora el Estado local está en condiciones de ir a la Justicia para reclamar daños y perjuicios devenidos del incumplimiento de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

Mientras tanto, el 3 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que San Pedro tiene fuera de servicio el tanque copa, lo que implicará que, una vez más, el abastecimiento se vea complicado en el verano por falta de presión.

La presentación de una demanda para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que Coopser cobra con la factura de la luz tuvo respuestas por parte de la cooperativa y de la Municipalidad.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, cuestionó la pertinencia del recurso de amparo como instrumento para el planteo judicial.

Además puso reparos respecto de la incompatibilidad que podría implicar la participación en la causa de Paola Basso, que además de abogada de Coopser es concejal.

Desde la cooperativa, Basso respondió la demanda defendiendo la legalidad de la ordenanza y su aplicación por parte de la empresa que representa, que es la que cobra el FOPC en las facturas del servicio de energía eléctrica, al que se grava con el 4 por ciento para ese fondo.

Uno de los puntos de la demanda que cuestionó Basso es la falta de separación del cobro del FOPC del servicio de energía que planteó la denunciante junto a su abogada.

La cooperativa sostiene que los ítems están "separados", aunque no hay antecedente de alguien que haya ido a pagar la factura y solicite que no le cobren el FOPC, algo que, a juzgar por lo que dice la cooperativa, podría hacerse.

Coopser no cumplió todavía con la orden del juez Cornelli —del Juzgado de Familia donde cayó por sorteo la causa— de incorporar en las facturas información sobre la causa en trámite, que fue dictada y comunicada en febrero pasado a la cooperativa.

El especialista en defensa del consumidor que acompañó el proceso de presentación de la demanda, Roberto Zorzoli, dijo el sábado pasado en Sin Galera que el FOPC es "un verdadero impuesto hecho por el Municipio".

Uno de los presentadores del recurso ante la Justicia, donde se solicitó la inconstitucionalidad del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC), fue contundente al señalar que se trata de “un verdadero impuesto hecho por el Municipio”.

Así lo manifestó Roberto Zorzoli, quien junto a las abogadas María Andrea Ortiz y Karina Rivet, recurrieron a la Justicia mediante un amparo para frenar la manera en que se aplica el cobro del Fondo que conforman la Municipalidad y la CoopSer desde hace casi 40 años.

“La discusión pasa por si es tasa con contraprestación o un impuesto con fondos indeterminados, que por su naturaleza deben sancionarse a nivel provincial, no municipal”, dijo Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.

“Las obras que se realizan no están presupuestadas y esos fondos pasan a ser recaudación de un impuesto. Además, en el semanario La Opinión en 2022, el entonces secretario de Economía (Fabián Rodríguez) del Municipio declaró que había fondos ociosos; con más razón, no era una tasa”, agregó.

Para Zorzoli no se juzga la intención de las obras, sino que “deben hacerse cumpliendo las normas”.

Respecto al fallo del juez del Tribunal de Familia, Miguel Ángel Cornelli, donde cayó el expediente tras un sorteo de la Suprema Corte de la Provincia, donde rechazó el recurso de amparo, “consideró que no es insanable la cuestión, por lo tanto, se resolverá en la cuestión de fondo”, explicó.

Hizo hincapié que, mientras tanto, Cornelli obligó a la Cooperativa a colocar en la factura que “existe una causa y debió publicarse en la factura de la luz, lo cual no ocurrió en abril. Ahora se hizo una nueva presentación ante el juez para que se concrete”.

Otro aspecto saliente de los conceptos de Zorzoli, Ortiz y Rivet es que no debería existir una imposición sobre el pago del FOPC: “A la gente tendría que permitirle el pago por separado, troquelado o desdoblado. En el caso de los servicios sociales también deberían abonarse por separado”.

Finalmente, Zorzoli indicó que si se declara la inconstitucionalidad que ellos solicitaron, la Municipalidad “debería idear otra manera de cobrar el fondo y que no afecte las obras en marcha”. Mientras tanto, el juez analiza la inconstitucionalidad, “que para nosotros es clara por la naturaleza de lo que se cobra, que no es una contraprestación de servicio. Hay pruebas que demuestran el concepto del FOPC y la falta de facultades que tiene el Municipio”.

Una demanda contra la instrumentación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que administran la Municipalidad y la Coopser tramita en la Justicia, presentado por abogados que consideran inconstitucional el cobro de ese gravamen en la boleta de la luz.

El planteo fue elevado por María Andrea Ortiz, abogada que posee un medidor en nuestra ciudad, junto a sus colegas Roberto Zorzoli y Karina Rivet, en noviembre del año pasado.

Además del planteo de inconstitucionalidad —la “cuestión de fondo”—, los abogados presentaron un recurso de amparo para que se dicte una medida cautelar que deje sin efecto el cobro del FOPC de manera inmediata.

La Suprema Corte de la Provincia dispuso, sorteo mediante, que lo trate la sala a cargo del juez Miguel Ángel Cornelli, del Juzgado de Familia, quien denegó el recurso, es decir rechazó dictar la cautelar.

Ahora, se espera el tratamiento de la cuestión de fondo, relacioanda con el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias y sus modificatorias.

La normativa, en su momento, contó con la aprobación no sólo del obvio proceder del Concejo Deliberante sino también del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

En la presentación judicial, los abogados indicaron que “los usuarios del servicio de electricidad se encontraron obligados a pagar la mal denominada ‘Tasa’ ya que, sin contraprestación concreta, efectiva e individualizada, y en su condición de usuarios cautivos de un servicio público esencial y monopólico, se les impuso la obligación de pagar mensualmente una suma que implicó un encarecimiento del servicio eléctrico, y que es recaudado por la Coopser con destino a una cuenta especial”.

Asimismo, se cuestionó que en la factura solo se indica la sigla FOPC “sin mención alguna de la identificación del porcentaje, alícuota o parámetros de fijación para determinar de los valores monetarios del Fondo, dejando así al arbitrio de las autoridades municipales o de la Coopser, o de ambos, los montos a abonar por los usuarios”.

Parte del planteo también radica en que la Municipalidad omitió el detalle de solicitarle a cada socio de Coopser la aprobación de la contribución como “concepto ajeno” a la factura de la luz. 

Además, tampoco habilitó el pago por separado del Fondo y que la leyenda que se incluye en la factura solo reza la sigla FOPC, sin mencionar que corresponde a la Ordenanza Nº 4043/86.

Dentro de la presentación, los letrados requirieron que se ordene a la Coopser, hasta tanto se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas, “permitir a los usuarios pagar de manera separada los cargos ajenos al consumo eléctrico en todas las modalidades de pago".

También pidieron "incluir una leyenda que indique que la falta de pago del FOPC no constituye causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del suministro de energía eléctrica”.

En el fallo que rechazó la cautelar, el juez Cornelli reconoció la autorización de OCEBA para incluir el Fondo en las facturas, que le “otorga legitimación para efectuar la retención del FOPC”.

Además, el magistrado dispuso que, en las facturas de Cooser que se emitieron para los vencimientos de abril, y en lo sucesivo, se informe que existe en trámite esta causa.

La cooperativa debe citar la carátula e incluir los datos del Juzgado, para que aquellos socios que cuestionen el pago del Fondo de Obras Públicas Comunitarias puedan objetarlo.

La Opinión no se distrae y Sin Galera expone los hechos que simplemente hay que listar para conectar “el mecanismo” por el que es fácil en nombre de una cooperativa de trabajo recibir dinero del estado nacional, provincial y municipal sin controles eficaces o distracciones sospechosas.

No es un signo político, no es un sólo intendente, gobernador ni presidente. Es el sistema aceitado de distraer el dinero o la calidad de lo que se construye. Esta vez el nombre es Grupo ALFA o FECOOVIMA o la desconocida “8 de Septiembre” con domicilio en Villa Constitución. Todas están atravesadas por apellidos que se repiten: Veneziano, Nizuno o Mansilla.

El 26 de marzo, murió en el obrador del caserío de Depietri, una edificación histórica y emblemática transformada en depósito de materiales, “El Tucu”, ese es el sobrenombre con el que se conocía a José Roberto Alcaraz, de 68 años.

¿Sería socio de la cooperativa?, monotributista, ¿empleado devenido en esclavo?, no se sabrá.

El hombre al que todos conocían, terminó sus días en un lugar donde las condiciones de habitabilidad eran aún peores que las que tenía cuando dormía en una de las casas “de adelante” de las 84 viviendas. Al igual que decenas de trabajadores a los que hacinaban en el lugar con la complicidad de los gremios de la construcción y la Secretaría de Trabajo, en nombre de la solidaridad en la obra pública se los redujo a las peores prácticas empresarias. Sin sueldo fijo, sin derechos, sin explicaciones debían obedecer a quienes tenían lo único que hoy nadie puede ofrecer: trabajo.

Repasamos hoy uno a uno todos los decretos, obras e importes que la ciudad de San Pedro adjudicó a este grupo de personas acostumbradas a visitar municipios en los que siempre encuentran amigos.

Las 84 viviendas son apenas la punta del iceberg. El litigio por los terrenos con la empresa Arcor oculta cuestiones mucho más graves que las torpezas legales que perpetran quienes se dan el lujo de ni mirar lo que firman o sortear lo que no tienen. Es una manera de estafar y ni hablar de los cómplices bien rentados del Concejo Deliberante a los que la denominación de “casta” les resulta diminuta si se los compara con la actividad de los ediles desde los tiempos de Farabollini interpelado, Juan José Sánchez casi destituido, Julio Pángaro con comisión investigadora, Mario Barbieri con juicios por obras públicas deficientes y usurpaciones de barrios o Pablo Guacone al que ni su propio partido apoyó porque el tándem que le marcaba el paso levantaba las banderas de la honestidad y la rigurosidad en las cuentas públicas. Timbre: llegó Salazar. 

Salazar Cecilio y Salazar Ramón, han sido testigos y protagonistas de un festival de obra pública que comenzó en 2021 y parece tener su fin en 2024. Tal vez no, todo puede ser.

La distracción de los responsables obliga a los medios a buscar en el archivo, conectar los nombres, publicar lo poco que se sabe y soportar la negativa del acceso a la información pública. No se pueden ver los planos, las certificaciones, los pagos, las fechas ni el destino de los millones de pesos en materiales que se esfumaron a la vista de todos. 

Aquí la lista de las obras que ALFA, que no es el de Gran Hermano, se ha llevado del partido de San Pedro y la historia de Fabián Veneziano, el hombre que comenzó como director de Viviendas en el municipio de Quilmes y luego se transformó en empresario solidario con ramificaciones en Entre Ríos y Santa Fe.

Detalle 1: las municipalidades fueron habilitadas a eludir licitaciones públicas hasta determinados montos de dinero para efectuar contrataciones directas siempre que se trate de cooperativas.

Detalle 2: las municipalidades son las que reciben el dinero del estado provincial o nacional para administrar y “vigilar” las obras.

Detalle 3: las municipalidades cuando sólo certifican y es otro el que debe abonar el dinero de las obras, deben velar por el interés de los vecinos. (¿no?)

PLAN 84 VIVIENDAS

Hoy ocupadas por las familias sorteadas como preadjudicatarias de las casas.

26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21 

Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la cooperativa “8 de Diciembre”. 

29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a ALFA con 73.5 puntos y ganó la obra.

Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas"

$ 385.497.960

12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construccion de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Pablo Guanone requerían de el “Movimiento de Suelos”  al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a ALFA

Decreto 1371. Expte 4107-2876/1 

$ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96% y por último y como para que la verdad nunca se sepa; ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el Secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron ”pasen si quieren". Y pasaron, sin luz, sin agua, sin ventanas, sin sanitarios, sin mesadas, sin cloacas, sin…

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo ALFA tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía, las 25 de Río Tala que también quedaron truncas y se preparaba para la inauguración de una primer casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven

En medio de tanta fiesta de millones, un día apareció la UOCRA con reclamos para “los compañeros”. Pararon la obra como para achacarles las culpas por las demoras y se fueron con las cien mil razones que cada mes tenían que pasar a recordarles a los titulares de la cooperativa que mantenía a sus cuadrillas de trabajadores durmiendo amontonados, sin registrar y amenazados. Horacio Azzoni mismo llegó al lugar y dijo: “No son cooperativistas, son trabajadores” y allí nomás se arremangaron para protagonizar la ficción en el escenario de la Delegación de la Secretaría de Trabajo. Muchas de esas caras eran vistas más tarde en los actos de campaña porque los pasaba a buscar el colectivo para llevarlos con la bandera que identifica al gremio. Eso sucedió el 29 de marzo de 2023 y vino como anillo al dedo.

¿A qué no saben que sucedió?. Seguro no imaginaban que cloacas y agua no estaban incluidas en las obras que algún arquitecto o ingenieron tenía que preveer antes de levantar las viviendas. Sólo había que sumar que a cuatro personas promedio con unidad, habría residuos cloacales sin planta depuradora para 336 personas que se agregan a esa zona recientemente urbanizada. Entonces… 

14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación.

Decreto 833. Expte 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de ALFA ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó?. La Municipalidad de San Pedro que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el gobierno provincial.

 $ 34.126.689 

 89 VIVIENDAS DE NUESTRO SUEÑO

La entusiasta historia que tejieron auxiliares de educación cuando soñaron con el techo propio, sólo se cumplió en parte. Hubo promesas de construcción colectiva, financiación y otras alternativas pero lo cierto es que más de un centenar de familias inquilinas se fueron vendiendo entre sí los terrenos que habían comprado para un complejo habitacional. No había calles, caminos, agua, cloacas, luz y gas, pero cada uno a su ritmo logró construir en su lote y la cooperativa subsistió porque poco a poco recaudó para ir llevando los servicios imprescindibles. Todo bien hasta que aparecieron “las casas que sobran”. Ese fue el concepto con el que desembarcaron los planes del gobierno nacional con una cantidad importante de casas que se iban a erigir con el mismo sistema de las 84 del Barrio Deptietri. Rapidito se consiguió un terreno sobre calle Independencia y comenzaron a ofertarlos a razón de 3000 dólares cada uno. Nunca este medio pudo conocer la lista completa de futuros propietarios. Incluso hubo un anuncio preliminar que involucró al Sindicato de la Industria del Papel que se frustó en una semana. El gremio no quiso participar y nunca quiso hacer públicos los motivos. En los documentos firmados en una escribanía de la ciudad se los denomina “tenedores” y a la vez “cedentes del terreno” para la construcción del barrio. Visitarlo da pena; está abandonado desde hace meses.

Aquí los decretos y los avances son como mínimo “curiosos”. Para la adjudicación de esta obra se tomaron documentos y resoluciones del año 2021. Por aquel entonces se llamó a la licitación N° 11/2021 en la que se presentaron dos cooperativas: ALFA y “8 de Noviembre” que ya eran conocidas porque en plena pandemia construían varias obras. Ganó “8 de Diciembre”. Eran 410 millones de pesos. Para junio de 2023 -cuando ya estaban los terrenos y las “casas que sobran”- había que ajustar por UVIS.

16-06-2023: Redeterminación de una orden de compra de 410.126.395 pesos a 801.360.650 y con un avance de obra certificado de 39,19% de construcción que debe promediarse entre los 59 terrenos individuales de los viejos socios de Nuestro Sueño y los 30 adquirentes del loteo del predio de cale Independencia. 

De acuerdo a las órdenes de compra 1227/22 reemplazada por la 1309/22 a solicitud del por entonces Secretario de Obras Públicas, Dr. Javier Silva. El abogado que fue Secretario de Gobierno de Guacone y luego director de la Oficina de Escrituraciones hasta que recaló en la estratégica secretaría que planifica, habilita y decide el destino de toda la obra pública de la ciudad. 

Lo más relevante de esa etapa es que fue el Grupo ALFA el que suplantó a la cooperativa “8 de Diciembre” que figuraba como adjudicataria de aquella licitación. Para esa época ya estaban por abrir las oficina de FECOOVIMA, en calle Boulevard Moreno al 800. Allí coincidían los empleados de las dos cooperativas como la incipiente “inmobiliaria social” que le compró a la inmobiliaria Bennazar terrenos sobre calle Güemes y Mateo Sbert. Pero ese es otro capítulo. 

$ 801.360.650  

“También articulamos a través de acuerdos productivos, la construcción de 89 viviendas que está realizando la Cooperativa 8 de Diciembre que es de Villa Constitución y además acabamos de ganar una licitación para construir 80 viviendas más en el paraje Santa Lucia, que es un paraje distante a 50 km de la ciudad de San pedro. Así que ahí tenemos una fuerte presencia con financiamiento de los ministerios de Hábitat Nación y de Provincia de Buenos Aires”. Esto anunció Fabián Veneziano en un reportaje que brindó al equipo de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo.

Este informe es extenso, porque requiere ir sumando montos y actualizaciones. Todavía falta bastante por recorrer. De hecho los aspirantes de este complejo habitacional en muchos casos no se conocen y son unos pocos los que asistieron a la reunión en la que el Consejo de Administración en la voz de Inés Mario propuso alternativas para seguir adelante.  

PLAZA CONSTITUCION

Para esta obra que llenó de ira a quienes respetan el patrimonio visual y arquitectónico de la ciudad, el dinero no vino de nación ni de provincia.

23-05-23: Adjudicación directa a ALFA de la “Puesta en valor de la Plaza Constitución” con dinero procedente del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, más conocido por todos los usuarios de Coopser que ven que en su factura de luz un rubro que se llama FOPC que ahorra mes a mes el 4% de lo que cada uno consume en su medidor para ser destinado a obras que deben administrar el municipio y la concesionaria del servicio eléctrico. Plata de todos los sampedrinos.

Decreto 719. Expte 4107 01531/23. El dólar oficial ya estaba en 247 pesos y el blue a 493. Poco más de un cuarto de millón de dólares siempre al valor “legal”.

$ 65.892.727 

CEC 801

Al Centro Educativo Complementario N° 801 se le voló el techo durante una tormenta que se desató a fines de 2021. La obra de refacción y remodelación quedó aquella vez en manos de una empresa sampedrina. No llegó a terminarla, había conflictos, atrasos en los pagos y cierto interés porque esa firma transfiera la obra. Estaba presupuestada por $ 22.719.000 pesos y las certificaciones con remisión de pagos tardaban más de lo previsto. Así llegó ALFA nuevamente.

02-06-2023: Alfa toma la obra del centro educativo y la termina con un presupuesto que se estableció de acuerdo a los valores de ese tiempo. Increíble. Más de un millón más cara que la totalidad de lo presupuestado por la firma anterior.

Decreto 762. Expte. 4107-1304/23 por contratación directa y sin que se especifique la procedencia de los fondos por lo que se presume que provienen o del dinero afectado a educación o al presupuesto de obras.

 $ 23.643.105 

JARDIN DE BANFIELD

El Jardín de Banfield resistió todas las gestiones. Empezó con Macri y terminó con Alberto Fernández. Pasaron por su ejecución tres empresas. La última también fue ALFA.07-02-2022: Retoman obra de gestión anterior. La Opinión llegó al lugar y sólo había un empleado que se quejó porque no le había llegado el material para continuar.  La escuela secundaria que se construyó e inauguró en la misma manzana, también necesitaba playón deportivo y espacios verdes. 

Playón deportivo Banfield

Acondicionamiento de Espacios Verdes y Playón Deportivo Banfield. Adjudicación directa con dinero procedente del  Fondo Educativo Municipal.

Decreto 1031. Adjudicación directa a la Cooperativa Grupo Alfa. Vale aclarar que en cada una de esas asignaciones siempre el texto habla de que se invita a varias cooperativas.

$ 2.828.538 

LA TOSQUERA

El 12 de Septiembre 2023 se firma el convenio por la primera etapa por valor de 680 millones de pesos. En el acto estuvo Fernanda Miño quien por entonces manejaba la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación que destinaba fondos del conocido “FISU”, el Fondo de Integración Socio Urbana. De esas obras sólo se ejecutó una parte. Red pluvial, calles, mejoras, desagües, luminarias, un salón de usos múltiples y un playón polideportivo.

Sobre ese dinero no hay demasiados datos. Sólo que Fabián Veneziano anunció en varios reportajes que ofreció en las gacetillas de la Federación de Cooperativas y en medios afines a la difusión de contenidos que apuntan a organizaciones sociales y políticas, relató la conmoción que le causó llegar a La Tosquera y observar las condiciones de vida de sus habitantes. Quien vive en San Pedro, sabe cómo se formó el Barrio Los Cazadores, por qué fue condenado a sobrevivir sin servicios y sobre todo sin transporte público para poder desarrollar tareas que permitan el desarrollo y la inserción de varias generaciones que refieren a sus abuelos como habitantes de la zona de islas, especialistas en cuidado de ganado, pescadores y otras tareas. En ese barrio que le causó sorpresa al referente de ALFA, lo único que había es una escuela, un Centro de Salud y por supuesto, un destacamento de policía. Desde el año pasado también crearon una “delegación” municipal pero sin que los vecinos opinen quién sería su mejor referente para llegar a la transformación de un barrio que no tiene fuentes laborales cercanas.

“Articulamos desde Conarcoop para ejecutar obras de SISU y firmamos un convenio para llevar a cabo un playón deportivo, un SUM comunitario y 2000 metros de veredas”, dijo Veneziano el 18 de Abril de 2023.

Algunas obras se hicieron no sin recelos por los controles, certificaciones, participación de vecinos que podían ejecutar tareas de albañilería y llegada de materiales que estaban destinados a una gran oportunidad para el barrio que sólo es noticia por cuestiones de inseguridad o cuando viene Sergio Berni a secuestrar caballos sin registrar.

“Se le propuso a Conarcoop realizar una segunda obra en la que vamos a construir una Planta de Reciclado que estamos iniciando pegada a ese barrio; y estamos proyectando realizar una tercera obra de infraestructura que incluiría redes de cloaca, agua, pavimentos, conexiones intramuros, intra lotes y luminarias”, esos eran los planes a ejecutar con dinero que La Opinión no puede chequear porque nadie está dispuesto a mostrar esa documentación. “Ya no va a ser aquel barrio que vi, y eso es una alegría”.

$ 680.000.000

TANQUE COPA

02-01-2023: Habían competido ALFA con APCO en un llamado a licitación que luego terminó en contratación directa. Quedó ALFA, pero en diciembre ya estaba todo abandonado. Para esta reparación que se paró “por falta de caños”, este medio no tiene documentación. Lo único que se sabe es que se utilizaría dinero del FOPC, el que los sampedrinos ahorran con la factura de luz.

EDIFICIO POLICIA COMUNAL

5-12-2023: Arreglos y refacción edificio Policía Comunal con fondos derivados del Ministerio de Seguridad BA Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros asociados. Esto es Gobierno de la Provincia. Se firmó el contrato y se aprobó 20% de anticipo para ALFA.

Decreto 1761/23 Expte 4107-01638/23

$ 22.853.850

En tiempos de pandemia, ALFA afianzó mucho su relación con San Pedro. Comenzó con obras más modestas pero no menos costosas. Eran tiempos de pandemia y vacunación. En la esquina del vacunatorio  donde no se podían sacar fotos ni hacer preguntas, estaba el edificio que fue sede de la proveeduría del Sindicato de Trabajadores Municipales. Ahora es el Departamento Canino.

REFACCION DEPARTAMENTO CANINO

21/04/2021: Decreto 453 adjudica refacción del edificio. El dólar oficial a esa fecha cotizaba a 224 pesos y el blue a 442.  Eran U$S 15.580

 $ 3.490.000 

21-10-21: En esa fecha tuvieron que acceder a la “ampliación de presupuesto” que fue solicitado por Tesorero Cooperativa Alfa y que no debía superar el 50% del total.

Decreto 1218. Es la adjudicación directa que se hizo con fondos del presupuesto de Obras Públicas.  Habían pasado seis meses. 

$ 1.723.005 

Aquel 21 de Abril también firmaron otro decreto pero que disponía de fondos procedentes del Ministerio de Turismo de la Nación.

ESTADIO MUNICIPAL PLAN INTEGRAL ETAPA 1

21/04/2021:  Decreto 454 adjudicación directa y misma cotización del dólar. Por entonces el periodista Emir Diamante escribió informes pormenorizados. Se reacondicionó y pintó la boletería, se pintaron chapas de colores y se invirtió el dinero. Eran unos 64.669 dólares.

$ 14.986.000 

Como se sabe el piso del gimnasio se levantó y hubo que afrontar su recambio y ALFA también sabía cambiar pisos de gimnasios.

Decreto 1030. Expte. 4107-02030/21. El dólar blue cotizaba a 287 pesos y el oficial a 108. Se pagó un anticipo del 20% a la firma del contrato con fondos del presupuesto de Obras Públicas. 

  $ 2.950.000 

Ese mismo año, el 2021 también había comenzado la construcción de la Terminal de Omnibus que se anunciaba con los locales de comida, espacios de co-working y llegada de mayor cantidad de servicios. Eso sí, le pidieron al municipio que prolongue la Avenida 11 de Septiembre que desemboca en los predios adquiridos por la empresa de capitales chicos que tiene proyectado loteo y barrio en lo que fuera la conocida quinta de Altamonte. 

PAVIMENTACION 11 DE SEPTIEMBRE

16-09-2021: Decreto 1057/21. Prolongación 11 de Septiembre. El documento dicen que llaman a distintas cooperativas pero ganó nuevamente ALFA. El dinero que se usó para ese adoquinado proviene del FIM - Fondo de Infraestructura Municipal que gira el gobierno de la provincia. 

$ 18.500.173 

Hasta aquí solo una parte y el video donde se analizan todos los pasos dados. Quedan las 80 viviendas de Santa Lucía, las 25 de Rio Tala de la que también se hicieron cargo trabajadores que cobraban a través de ALFA y la finalización de la Escuela de Paraje Basso en la que dicen haber trabajado los mismos obreros que también fueron asignados al Hospital, a Vuelta de Obligado y a otros trabajos que con seguridad formarán parte de otro informe en el que incluiremos la sede que construye el Movimiento Evita sin planos aprobados ni autorización, en Aulí y Mateo Sbert y la firma de un convenio para construir 214 viviendas a través de FECOOVIMA, donde ya hay gente preocupada porque compró su lote en cuotas.  

N. de la R.: este medio aclara que puede haber algún error en alguna de las obras porque no logró acceder a los pedidos de información solicitados durante la gestión de Ramón y Cecilio Salazar.

El año pasado, sin acompañamiento de la oposición, el Gobierno logró aprobar en el Concejo Deliberante una ordenanza que le permitirá utilizar la recaudación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que cobra Coopser en la factura del servicio de electricidad.

La reglamentación de la ordenanza estableció la creación de una comisión especial para el análisis de los proyectos, que tiene cinco miembros, de los cuales tres son del Ejecutivo (entre ellos presidente y secretario) y dos del Concejo, que deberán garantizar representación. Es decir que el oficialismo contará con cuatro de los cinco votos.

Hay dos maneras de presentar propuestas para utilizar el denominado Fondo de Obras Públicas Comunitarias Municipal. Por un lado, el propio Gobierno podrá elevar a esa comisión que domina y que preside el mismísimo intendente o un delegado designado por él proyectos con detalle de obra, ubicación y presupuesto, que será sometido a votación.

De la misma manera, tal como se había anunciado cuando se propuso la ordenanza, las comisiones de fomento podrán presentar sus planes para la inversión de esos recursos, propuestas que también serán analizadas y votadas por la comisión especial.

Cada comisión de fomento reconocida por el Estado local podrá elevar los proyectos que considere. Deberán presentarlos por Mesa de Entrada y será la Dirección de Comisiones de Fomento la encargada de enviarlo a la comisión especial del Fopc.

Cada proyecto debe contener un resumen de la obra, la ubicación, un presupuesto aproximado (opcional) y la firma del presidente y el secretario de la comisión de fomento que lo presenta.

La comisión que coordinan el intendente o su delegado y el secretario de Obras Públicas deberán convocar a una reunión ordinaria por mes y podrán hacerlo de manera extraordinaria cuando tres integrantes lo soliciten.

Esa comisión especial será la que determine qué porcentaje del Fopc se utilizará para proyectos propuestos por las comisiones de fomento y cuál a las obras elevadas por el Ejecutivo.

Una vez que haya dictamen de aprobación de una obra, la documentación irá al Gobierno para que comiencen los trámites por los canales que correspondan para la adjudicación y asignación de los recursos provenientes de ese fondo.

El Gobierno tiene la potestad de solicitar a Coopser todo o parte de los recursos disponibles del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, con excepción de los que se recauden en el ejercicio en curso. Es decir que pueden pedir todo lo ahorrado hasta julio de 2022, cuando terminó el último período contable de la cooperativa.

El Gobierno prepara la reglamentación de la ordenanza que permite la transferencia de más de 170 millones de pesos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias a las arcas municipales para el desarrollo de proyectos que presenten los barrios a través de las comisiones de fomento.

Este martes, en Radio Cuarentena, la directora de Comisiones de Fomentos del Gobierno municipal, Inés Mario, informó que son 42 las conformadas hasta el momento y que mientras algunas ya tienen sus proyectos listos para solicitar financiación a través de ese fondo otras están preparándolos para ponerlos a consideración.

El promedio implica, para esa cantidad de comisiones de fomento, alredeor de 4 millones de pesos para cada una, aunque el plan no es una distribución en esos términos sino un análisis por parte de una comisión evaluadora para definir prioridades, viabilidad y ejecución de la obra con esos recursos, puesto que otras pueden ser incluidas en planes de gestión con Provincia y Nación.

“Estamos trabajando en conjunto con el secretario de Planeamiento y el intendente para recibir proyectos y propuestas, algunos barrios ya las tienen porque lo estaban trabajando antes de esta noticia y otros que e se están poniendo a trabajar para poder presentar el proyecto y luego ver de qué manera se puede llevar a cabo”, informó la funcionaria.

Inés Mario aseguró que “hay un equipo que está trabajando en un plan estratégico para mejorar la ciudad de manera responsable” y que una vez que tengan las propuestas vecinales “se decidirá cuál de todos estos proyectos presentados alcanza el dinero”.

La directora de Comisiones de Fomento anticipó que la mayoría de los proyectos que están en danza y que se conversaron entre los vecinos en cada sector “son para devolver”, es decir que los habitantes de esos barrios están dispuestos a pagar en cuotas, tal como señala la letra de la ordenanza que creó el Fondo de Obras Públicas Comunitarias.

“Son cosas que se vienen proyectando hace tiempo, tienen claras cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren y que falta la financiación, pero son vecinos dispuestos a pagar su obra”, aseguró Inés Mario.

Consultada respecto del tipo de obra que piden en las comisiones de fomento, coincidió con los planteos que recibió La Opinión en las consultas que hizo a la comunidad: “Cordón cuneta, pavimento, luminarias, algún pedido de gas, cosas necesarias para mejorar la calidad de vida del vecino”.

“Este fondo es una tasa, es dinero del vecino, así que lo mejor es devorlo al vecino en obras que puedan proponer ellos”, destacó la directora de Comisiones de Fomento este martes en Radio Cuarentena.

La funcionaria puso de relieve la tarea que las comisiones de fomento llevan adelante en cada bario como grupos de vecinos que se reúnen para trabajar por el bien común de la zona donde residen. “No solamente se forman para la obra pública, también tienen talleres, trabajan en conjunto con los vecinos para acompañar grupos de niños, de madres, el tratamiento de residuos, talleres de lectura, cada barrio tiene distintas necesidades”, señaló.

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara las modificaciones a la ordenanza del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que permitirá que el Gobierno utilice el dinero acumulado para obras de infraestructura sin necesidad de pasar por el comité que integran concejales y Coopser, la presidenta del cuerpo, cuyo voto doble permitió el resultado favorable al Ejecutivo, dialogó con La Opinión.

Mónica Otero destacó que en la reglamentación, que tendrá a su cargo el intendente, los lineamientos serán similares a los existentes y que habrá una comisión integrada por tres miembros del Ejecutivo y dos del Legislativo que debatirán los proyectos a ejecutar, ya sin la cooperativa.

“La verdad es que el fondo lo único que está produciendo desde hace unos años a la fecha son intereses porque está en un plazo fijo y gastos. No se está usando y la ciudad necesita obras de infraestructura, más allá de las que se han hecho”, sostuvo la titular del HCD.

“No se ha tocado la ordenanza en el punto del reintegro, la comisión lo verá, lo analizará”, advirtió respecto del tema del “desfinanciamiento” que planteó la oposición.

“Esto abre más el abanico, porque cuando se creó el Fondo, las obras están exclusivamente a cargo de Coopser salvo que esté ejecutando otra y no la pueda hacer. Ahora desde el Estado municipal se abre el abanico para otras empresas, se puede conseguir menores costos”, destacó.

Otero señaló que el dinero del FOPC “siempre fue del Municipio” y que aunque estaba “administrado por el Comité de Obras Públicas Comunitarias y se cobraba a través de la cooperativa” esos recursos “le corresponden al Estado municipal”.“Este Fondo ahora tiene una comisión también, queda afuera la Coopser, pero la representación está”, analizó en relación a cuestonamientos de la oposición sobre la particpación de la comunidad en la definición de la sobras a ejecutar.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Juntos Pro, el concejal Gerardo Pelletier fue el encargo de pedir una moción para que el proyecto vuelva a comisión y profundizar el debate, tras considerar que fue dictaminado “a las apuradas”. La votación de su propuesta fue empate, 9 a 9, y definió el voto doble de Otero, que habilitó la continuidad del tratamiento para que finalmente, también con su voto doble, la ordenanza fuera aprobada.

Pelletier señaló que se podría haber discutido en el seno del Comité que define qué obras se ejecutan con ese fondo, y que ahora sólo decidirá por los recursos recaudados en el ejercicio económico en curso, era cómo agilizar el uso. “Tendríamos que haber ido por ese lado, ponernos de acuerdo en las obras prioritarias, los tiempos de estudio y ejecución fueran más cortos”, dijo.

Consideró que el Gobierno y la cooperativa deberían “haberse puesto de acuerdo para facilitarle al vecino” la ejecución de las obras y que todo “se podría haber tratado en el comité, con la Coopser”.

“Esto no debería haber salido a las apuradas, hay muchos sectores que podrían haber aportado para que esto saliera de la mejor forma”, se quejó el edil de Juntos Pro, bloque que integra junto a Vanina Cappelletti y que votó en contra de la iniciativa aprobada con los votos del oficialismo.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Frente de Todos Convicción y Coherencia, que sola Florencia Sánchez pero que por la licencia de Tamara Vlaminck y la excusación de Cecilia Vázquez tuvo al referente del Partido Comunista, Roberto “Tati” Escalzo en la banca, expusieron sus argumentos para no acompañar.

Escalzo fue el vocero y dijo que votaron en contra porque no está “claro cómo será gastado” el dinero acumulado en todos estos años en el Fondo de Obras Públicas Comunitarias una vez que pase a las arcas del Estado municipal para su ejecución.

“Más allá de las comisiones de fomento, que no hay en todos los barrios, no queda claro de qué manera se va a gastar el dinero y cómo va a ser la participación comunitaria”, dijo el referente del PC en la sesión de este jueves.

Escalzo señaló que es necesario modificar la ordenanza que regula el FOPC pero para mejorar las problemáticas que se presentaron hasta el momento respecto de la cantidad de cuotas y los montos a pagar por los vecinos cuando se ejecutan obras.

“Tenemos que encontrar la manera para que este dinero sea utilizado en obras pero sin que sea el Gobierno el que decida arbitrariamente, sin participación de otros sectores políticos y sociales”, dijo y cuestionó que el proyecto aprobado por el oficialismo también derogue la ordenanza de Presupuesto Participativo, que llevaba años sin reglamentación ni puesta en marcha.

“Vemos con preocupación que en un año electoral se pueda utilizar arbitraramiente este dinero sin control, abogamos por una gestión transparente en el uso de los fondos públicos”, dijo el concejal de la bancada Frente de Todos Convicción y Coherencia.

“Tiene que haber una participación comunitaria, no sólo con un voto cada dos años sino en lo cotidiano, y tiene que ser el Estado el que impulse esa participación, una es la de las comisiones de fomento, pero hay muchas otras instancias de participación en las que debería involucrarse a la comunidad para que se defina cómo se gastan los recursos públicos”, finalizó.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la iniciativa del Gobierno local de transferir a las arcas municipales los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y que no hayan sido utilizados al cierre de cada ejercicio económico de la cooperativa, es decir a julio de cada año.

La ordenanza fue aprobada con los votos del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, que ante la paridad 9 a 9 le tocó hacer uso del voto doble y definió a favor de la propuesta.

La oposición votó en contra y desde los tres bloques que representan a los sectores que (ahora) no acompañan a Salazar hubo exposiciones para explicar la postura.

Desde el bloque Juntos, que integran los radicales, el vocero fue Lucas Pisani, que integra la comisión de Presupuesto junto a Paola Basso, que pidió licencia para no participar de la votación, puesto que además de edila es abogada de la cooperativa.

Nos encontramos en una ambigüedad porque acompañamos el espíritu de la ordenanza, de nada sirve tener un fondo acartonado, inquieto, sin utilización. Lo que ponemos en duda y creemos que faltan especificaciones es de qué manera se va a aplicar este fondo”, dijo Pisani.

El médico advirtió que “si transferimos todo el fondo hacia una cuenta municipal” se corre el riesgo de desfinanciación “si se utiliza todo el dinero y no hay devolución”.

Al finalizar su alocución, anunció: “Vamos a seguir trabajando y discutiendo sobre cuáles son las mejores formas, y si es necesario haremos otra ordenanza e intentaremos reglamentar la situación en beneficio de todos”.

El Concejo Deliberante aprobó, con el voto del oficialismo y gracias al desempate de la presidenta Mónica Otero, las modificaciones que propuso el Gobierno para que se le permita utilizar desde las arcas del Estado local los recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias (FOPC) que no hayan sido ejecutados al final de cada ejercicio anual de Coopser, que recauda y administra ese dinero.

La ordenanza aprobada implica un cambio radical en la lógica histórica de funcionamiento del FOPC, puesto que desde ahora el dinero guardado de ejercicios anteriores podrá pasar a una cuenta especial del Municipio para ejecutar obras en conjunto con las comisiones de fomento.

El FOPC lo recauda Coopser con la factura del servicio de electricidad. Cada titular de medidor abona un 4 por ciento sobre el consumo mensual que se acumula en ese fondo para llevar adelante obras de agua, gas, cloacas, cordón cuneta, pavimento, iluminación, entre otras, que hasta ahora se ejecutaban tras la decisión de un comité integrado por la cooperativa, el Ejecutivo y el Concejo, con devolución por parte de los beneficiarios.

Lo que se aprobó este jueves es que el Gobierno pueda solicitar hasta el 100 por ciento del excedente de ejercicios anteriores acumulado y no comprometido para ejecutar de manera tal que pase a una cuenta del ahora denominado Fondo de Obras Comunitarias Municipal, para definir con las comisiones de fomento dónde invertirlo sin pasar por el Comité y ya sin la participación de Coopser.

Durante la sesión hubo debate y la oposición votó en contra. El oficialismo logró aprobar la ordenanza gracias al voto doble de la presidenta del HCD, Mónica Otero, que tuvo que desempatar, porque la votación había resultado nueve a favor y nueve en contra.

El concejal Gerardo Pelletier, del bloque Juntos Pro, hizo una moción para pedir que el expediente vuelva a comisión de manera tal que pudieran discutirse en profundidad algunos aspectos y hacer modificaciones que permitieran aprobar una ordenanza consensuada.

Sin embargo, no prosperó. Al votar la moción, hubo empate y el voto doble de Otero fue en contra de que vuelva a comisión es decir a favor de la continuidad del tratamiento como estaba previsto de manera tal que se votara por sí o por no la iniciativa que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante en marzo.

El desempate de Otero tuvo lugar porque el oficialismo perdió un voto propio con la licencia de la concejala de La Cámpora y titular de Anses, Tamara Vlaeminck, y la excusación de su suplente inmediata, la titular de Pami Cecilia Vázquez. Ello provocó que la banca la asuma el referente del Partido Comunista Roberto “Tati” Escalzo, quien está alineado en el denominado “Frente de Todos Convicción y Coherencia” con Florencia Sánchez, es decir en la oposición a Salazar.

En el bloque Juntos que integran los radicales y que preside Alejandro Donatti pidió licencia Paola Basso, que además de concejala es abogada de Coopser y entendía que no podía se parte de la votación. Como Hugo Binimellis retomó a su banca, Yanina Batalla dejó la suplencia y reasumió en lugar de Basso.

Los voceros de la oposición fueron Lucas Pisani por el Juntos (UCR); Tati Escalzo por el FdT Convicción y Coherencia; y Gerardo Pelletier por Juntos (PRO), que coincidieron en señalar que el planteo del Gobierno respecto de la necesidad de agilizar la utilización del Fondo era válido, pero destacaron que el mecanismo propuesto no era el adecuado. Hubo además advertencias relacionadas con que el Ejecutivo tendrá disponibles estos recursos en año electoral.

A 35 años de la creación del Fondo de Obras Públicas Comunitarios (FOPC) que recauda Coopser a través de la factura del servicio de electricidad, el Gobierno municipal busca utilizar por su cuenta los recursos que no se ejecuten y queden de un año para otro, en lugar de que se ahorren en la propia cooperativa, como hasta ahora.

Para ello, el intendente interino Ramón Salazar elevó al Concejo Deliberante, donde tiene los votos para aprobarlo, un proyecto de ordenanza que modifica algunos artículos del reglamento, lo que le permitirá, una vez votada la ordenanza, tener a disposición un dinero que hoy no sólo administra Coopser sino que, además, su ejecución depende de la aprobación del Comité de Obras Públicas Comunitarias y la aceptación de los frentistas respecto de la obra a ejecutar, que además los vecinos deben pagar para reponer el fondo.

La propuesta implica un cambio radical en el espírituo del FOPC, creado para que con el 4 por ciento que los titulares de medidores pagan por encima del consumo de electricidad se puedan llevar adelante obras de agua, gas, cloacas, cordón centa, pavimento, iluinacón, entre otras, puesto que por un lado intenta evitar que el dinero se licúe por inflación y por el otro corre de la escena tanto a la cooperativa como al Concejo Deliberante a la hora de definir los destinos de esos recursos.

El Gobierno propuso que el dinero excedente de un ejercicio económico a otro, es decir FOPC sin ejecutar, pueda ser requerido por la Municipalidad en el porcentaje que desee, incluso la totalidad de esas reservas, para pasar a una cuenta afectada para el desarrollo de obras como las previstas originalmente, pero “ya sin intervención del Comité de Obras Públicas Comunitarias”.

La idea es que con ese dinero se ejecuten obras que se decidirán a través de las comisiones de fomento de cada barrio, de manera participativa, y con un plazo de ejecución de 12 meses. En el caso de que el dinero transferido desde Coopser no sea utilizado, deberá regresar a la cuenta original para, eventualmente, volver a ser solicitado por el Gobierno.

Además, al disponer esta manera de participación ciudadana en la ejecución de recursos destinados a obras en los barrios, el Gobierno propone la derogación de la ordenanza que creó el Presupuesto Participativo en 2011 y que nunca tuvo asignado porcentaje alguno en los ejercicios económicos subsiguientes hasta ahora.

Para la iniciativa, el intendente argumentó que el FOPC constituye “una fuente de inanciamiento para que la comunidad organizada pueda hacer frenta a obras de benficio vecinal” que hasta el momento “dado que se propicia la devolución” se convirtió en “un fondo ocioso que lejos se encuentra de cumplir acabadamente el fin social para el que fuera concebido”.

El proyecto del Gobierno implicará un debate en el Concejo Deliberante puesto que, como se dijo, viene a reformular de manera radical el Fondo de Obras Públicas Comunitarias, cuya ejecución en la actualidad se decide dentro del Comité correspondiente, donde hay tres representantes del Ejecutivo, tres del HCD y tres de Coopser, que dejarán de tener injerencia, al menos en lo que respecta a los recursos “excedentes” de cada ejercicio, es decir al ahorro del FOPC.

“La gente necesita obras y hay que hacerlas”, había dicho en noviembre del año pasado el intendente Cecilio Salazar cuando La Opinión le preguntó su opinión respecto a las demoras en la inversión del Fondo de Obras Públicas Comunitarias que recauda Coopser y administra esa entidad junto al Gobierno y el Concejo Deliberante. El Comité se reunió, al fin, para comenzar a evaluar en qué se utilizará este año de elecciones en los que la obra pública se ve y se nota.

La reunión fue el viernes 30 de abril y participaron, como establece el reglamento, representantes de cada una de las tres partes que conforman el comité. Por Coopser estuvo el presidente en persona, Iván Groppo; por el Gobierno, el secretario de Obras, Infraestructura y Planeamiento, Javier Silva, acompañado de su segundo en el área, Roberto Borgo; y por el HCD los ediles Gerard Pelletier y Gastón Casco.

Fue Casco quien, a consulta de La Opinión, brindó un resumen acerca de lo conversado en esta primera reunión del Comité de Obras Públicas Comunitarias, el espacio que define qué obras se ejecutan en San Pedro con los recursos que se recaudan a través del cobro de un 4 por ciento del consumo de electricidad y que los usuarios pagan en sus facturas de luz.

Casco informó que, como cada vez que se habla de obras en la ciudad, parte de la reunión giró en torno a la necesida de actualizar la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como San Pedro 2000. También discurrieron sobre los inconvenientes que genera la falta de estudios que definan las consecuencias hidráulicas de los proyectos en un distrito donde los anegamientos por carencia de desagote suelen ser recurrentes.

El Comité de Obras Públicas analiza cómo implementará el recupero de la inversión que se hará en obras de iluminación en la zona ubicada detrás del club Mitre, para lo que deben definir si cobrarán por metro de frente o parcela, explicó Casco.

Las localidad de Pueblo Doyle y Santa Lucía, los barrios Villa Lolita y La Providencia aparecieron entre las prioridades respecto de la necesidad de obras. En San Pedro, uno de los objetivos es que paulatinamente vayan desapareciendo las luminarias colgantes.

Antes de ser edil, Gastón Casco tuvo una activa participación en el grupo San Pedro Reclama, una iniciativa ciudaana para protestar por el incremento de las tarifas en los servicios públicos que derivó en una lista opositora en las elecciones de Coopser. Por eso el bloque Frente de Todos lo eligió como su representante en el Comité de Obras Públicas Comunitarias.

Casco se soprendió en la reunión porque se enteró allí de algo que nunca, incluso hasta ahora con esta nota, se había informado públicamente: la existencia de una especie de “Fondo chico” que Coopser tiene para obras gas, por un lado, y de electricidad, por otro.

“Con la cual generan obras sin necesidad de consultar con el Municipio”, advirtió Casco, lo que significa sin pasar por el voto del Comité, que es después de todo el que, con la participación de Coopser, Ejecutivo y Concejo, define qué obras se ejecutarán con los recursos que genera el fondo.

“Esto se debe, según dijeron, a que, como nunca se reunían, decidieron que hasta cierto monto la Coopser puede ejecutar sin necesidad de consultar al Comité. No sé cuanto es el monto ni esl estado del Fondo, pero son cosas que voy preparando para la próxima reunión”, informó el edil del bloque opositor.