Tras el veredicto que ordenó absolver a todos los imputados en la causa Camioneros, la firma Rey Distribución anunció que brindará una conferencia de prensa este jueves por la mañana en sus instalaciones, ubicadas en Bonorino 175.

Desde el momento en que el Juez Alejandro López consideró que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y seis exemplados de la empresa sampedrina comenzaron a circular los cuestionamientos sobre los motivos que llevaron al magistrado a considerar que la firma no sufrió impedimentos para llevar a cabo su operatoria.

La única que queda es comprarse un arma para defender tu propiedad privada. Este juez que absolvió a este mafioso mando a la casa a un violador que un jurado popular había condenado. Alejandro López se llama el juez, kuka.

Los hermanos Ariel y Gustavo Rey expondrán sobre las implicancias de este fallo en lo que denominan “la defensa del derecho a trabajar en paz” y tomarán como base las primeras declaraciones de su abogada defensora, la senadora bonaerense Florencia Arietto.

Es que la abogada cuestionó duramente el fallo, adelantó que apelarán la medida y ahora el foco apunta a los antecedentes del juez Alejandro López, ya que en las últimas horas se han dado a conocer varios fallos en los que se le han cuestionado decisiones proclives a las garantías de los victimarios y no a las de las víctimas. 

Uno de los casos más resonantes fue el que tuvo lugar en 2023 cuando tras un fallo por jurados que condenó al profesor Pablo Javier Gordillo por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor. La acusación y la escala penal habilitaban 20 años de prisión para ese delito, fijó una condena de 5 años y otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

También se lo recuerda por la condena contra el efectivo policial Iván Polo a quien sancionó con 17 años de prisión, por la persecución y muerte de dos jóvenes que circulaban en moto en el barrio San Jorge de San Nicolás.  Esa vez consideró que se trataba de un homicidio simple. 

El magistrado tuvo a su cargo también el juicio al sacerdote Tulio Mattiussi, que fue condenado por cometer abusos en el Jardín Belén de gran repercusión en San Pedro.

En exclusiva para Lo Que Importa, Gustavo Rey, dueño de la empresa, anticipó que apelarán el fallo en la Justicia. 

En el marco de la investigación judicial que terminó con la detención y procesamiento del titular del gremio de Camioneros y ex concejal de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, una escucha telefónica que contó con la aprobacion para su reproducción en la sala de audiencias compromete seriamente el rol activo que cumplió Cecilio Salazar, interviniendo con llamados a distintos funcionarios policiales, políticos e incluso al abogado de la empresa para simular que no hubo bloqueo en la planta de la Distribuidora Rey.

La reproducción del audio fue motivo de discusión puesto que los abogados intentaron restringirlo por haber sido obtenido de una conversación que era privada pero el tribunal entendió que “estando presentes” ambos, uno como imputado y el otro como testigo podía escucharse en la sala. Se sabe que el lunes, hubo otra discusión y otros audios que la defensa de Rey quería que se hagan públicos pero eso no sucedió. El relato quedó en boca de un efectivo policial que tuvo que apelar a su memoria para poder revelar que durante el bloqueo hubo llamados y amenazas a varios proveedores de la empresa para que no le entreguen mercadería. Esas escuchas también constituían una prueba importante para demostrar que la misión del sindicato era cercenar las posibilidades de todo tipo de actividad comercial. 

En la conversación, Cabaleyro y Salazar se tratan de "compañeros" y exhiben una estrecha sintonía gremial. Hablaban de la orden de desalojo dispuesta por la fiscala María del Valle Viviani ante el impedimento de entrada y salida de camiones en la distribuidora.

 El audio circuló el lunes por la noche en grupos de whatsapp y llegó a todos los medios de comunicación abriendo el dilema de la oportunidad de su publicación en coincidencia con la noche previa a la jornada de alegatos. Allí se escucha al intendente proporcionarle seguridad a Cabaleyro informándole que intervino en persona y a través de sus funcionarios más cercanos en ese momento: el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, el Comisario Juan Ramón Catalano y su amigo, el Dr. Daniel Spirópulos que por entonces era abogado de la familia Rey.

“Lo mandé a Roleri hace un rato y a que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal. Lo único que va a hacer ahí el comisario (...) va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está”, le detalla el jefe comunal al gremialista.

 En el mismo diálogo se menciona al comisario Juan Catalano, a quien acordaron encargarle la confección del acta policial que dejara asentado que la protesta era "amistosa" y sin conflicto. 

Durante la llamada, Salazar le relata a Cabaleyro la conversación que mantuvo con el abogado de Distribuidora Rey, Daniel Spiropulos. Lejos de garantizar la libre circulación y el amparo a la empresa local, el mandatario admitió haberle recriminado al letrado que la firma hubiera filmado y grabado a los sindicalistas para denunciar penalmente la extorsión.

"Le dije a Spiropulos: '¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. Vos tenés que aconsejar a la empresa que eso es no tener códigos. ¿Cómo van a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?'", afirmó Salazar en el diálogo telefónico.

Con la conclusión de los alegatos, La Opinión & Sin Galera decidieron darle difusión en el informativo Lo que Importa y transcribir textualmente la conversación entre ambos, incluídas las pausas que podrán escucharse en el archivo de audio completo una vez finalizada la audiencia de hoy y que abre el plazo de cinco días que ahora tiene el tribunal para expedirse.

Nota de la Editorial: La utilización política y partidaria de ese material correrá por cuenta de quienes ven en la justicia un instrumento de presión para satisfacer sus intereses. Los sótanos y los subsuelos del poder se alimentan de las injusticias que atormentan a la sociedad y empañan toda posibilidad de llegar a la verdad.

ESTO SE ESCUCHÓ EN EL TRIBUNAL Y EN PRESENCIA DE SALAZAR Y CABALEYRO

Cecilio Salazar: Hola.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Hola, Cecilio?

Cecilio Salazar: Sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo anda? Maxi Cabaleiro le habla, Cecilio.

Cecilio Salazar: ¡Ah! Querido, ¿cómo anda, compañero?

Maximiliano Cabaleyro: Bien, ¿usted? Ahí me mandó el audio que le mandó Fernando.

Cecilio Salazar: Ah, bien, bien, bien. ¿Vos estás por San Pedro, estás por allá?

Maximiliano Cabaleyro: No, me vine a San Nicolás porque tuve dos despedidos en San Nicolás y tenía una reunión con la empresa y los trabajadores a las 4 de la tarde.

Cecilio Salazar: Ah, bueno.

Maximiliano Cabaleyro: Recién termino de cerrar el sindicato. Ahora voy a casa, me pego un baño y ya salgo para San Pedro de vuelta, porque me vino a ver el comisario de la Distrital también, que la fiscal dictó un desalojo.

Cecilio Salazar: No, ya acordamos ahí, viste ya... Yo lo mandé a Roleri hace un rato y a Bueno que hablaran con ustedes, ahora lo mandé a hablar con la empresa, también hablaron con la fiscal... Eh, lo único que va a hacer ahí el comisario, ya quedó hablado el comisario con Fernando, va a hacer un acta como que ustedes no están obstruyendo nada y ya está, ¿viste? Pero lo lo también hablé con el con el abogado. Hablé con el abogado, con Spiropulos, le dije que que lo que me dijo Fernando, ¿viste? Que en realidad se tiene que sentar la empresa con ustedes y acordar este tipo de cosas. Eh, lo que me dijo Spiropulos es lo siguiente: él estuvo hablando, me dice, con una abogada del gremio que le mandó eh a propuesta de ustedes eh no sé si son tres o cuatro puntos. Eh lo lo que recuerdo es que levanten la sanción de un delegado, ¿puede ser eso? O Ah, sí, está. Bueno, la empresa está de acuerdo con eso. Que en vez de nueve camioneros tengan 12, ¿algo así también?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, porque habían despedido a tres y no le reincorporaron nunca al convenio.

Cecilio Salazar: Bueno, lo van a reincorporar.

Maximiliano Cabaleyro: Ajá.

Cecilio Salazar: Lo van a reincorporar. Y hay otro punto, Maxi, que no me acuerdo cuál es ahora, porque quedó Spiropulos de mandarme...

Maximiliano Cabaleyro: El de enero y febrero, la diferencia salarial de enero y febrero. Y el cuarto, que yo te dije, que sí o sí está en el reclamo, es la diferencia salarial de los últimos 24 meses que están en el expediente, Cecilio.

Cecilio Salazar: Debe ser seguramente ese, sí.

Maximiliano Cabaleyro: Yo vengo a ver, yo vengo vengo con esto, Cecilio, derecho de enero. Tratar sin llegar a estar en el conflicto, sin llegar a generar esto, pero bueno... Usted como como yo lo ha vivido que es sindicalista, en el sindicato lo que lo que uno como sindicalista hace. Esta gente se puso muy vigilante, todas las reuniones que tuvimos nos grabaron...

Cecilio Salazar: No...

Maximiliano Cabaleyro: Y ellos no no se dan cuenta... Usted lo habrá vivido como yo, no se habrá... no se dan cuenta que por ahí tiene tiene una relación con el doctor, no me interesa tampoco, ni mucho menos, pero acá el único beneficiario y que está cobrando guita es el el doctor, por lo que trabaja. Y genera genera un conflicto gigante penal que no no se... nunca termina en nada, porque la la verdad usted con muchos más años de sindicalismo como yo, como... Me lo ha hecho Siderar una denuncia penal, me lo ha hecho Loma Negra... Imagínese que no me voy a asustar por Rey. (Risas) ¿Me explico?

Cecilio Salazar: No, pero escuchá... Le acabo de decir a Spiropulos: "¿Vos te creés que los vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel. No no hagas esas cosas", digo, "vos tenés que aconsejar a la empresa que eso eh es no tener códigos. Sentar..."

Maximiliano Cabaleyro: Grabar no, Cecilio. Grabar no.

Cecilio Salazar: Claro, totalmente.

Maximiliano Cabaleyro: Grabar en una reunión y mandarlo a fiscalía lo que grabaron, ¡dejate de hinchar las bolas!

Cecilio Salazar: No, no va eso.

Maximiliano Cabaleyro: No te lo dice en junio... No le hice un reclamo de diferencia salarial en junio porque hablé con la empresa y le dije: "A ver, tenés que poner 3 millones de pesos si te reclamo 24 meses para atrás de los trabajadores. Convencionalo y pagale a partir de ahora lo que tenés que hacer", ¡y ahora me obliga a hacerlo!

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Porque haciéndome toda esta causa penal toda, yo me tengo que salir a cubrir el culo sindicalmente y con la con con los trabajadores más que nada, porque encima se me dicen los trabajadores, me vienen a picar la nuca a ustedes. "¿Te estás cagando, boludo?".

Cecilio Salazar: Ah, claro.

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo cómo hago yo con el trabajador después para decirle que no? Le tengo que pedir todo. (Risas)

Cecilio Salazar: Totalmente. Totalmente. Tenés razón.

Maximiliano Cabaleyro: Me me me me deja sin herramientas.

Cecilio Salazar: No te deja margen para negociar. Claro, sí, sí, sí.

Maximiliano Cabaleyro: ¡Y no! Pero claro.

Cecilio Salazar: Pero bueno, mirá, lo que yo veo ahora que la empresa va a aflojar. Pues yo le dije: "Mirá, yo te digo una cosa: no quiero quilombos, dejen de joder". Le dije a Spiropulos. Digo: "Daniel, vos tenés que sentarte con la empresa, decirle que ellos se sienten con los muchachos, tratar de evitar, si no estás vos, mejor", digo. "Decirle que se dejen de joder con andar grabando", digo, "eso es no tener códigos. ¿Cómo van a hablar va a sentarse a negociar y van a estar grabando a los muchachos?", digo. "¿Qué clase de situación es esta?". Viste, bueno... Me dijo que...

Maximiliano Cabaleyro: La verdad no lo concibo, no me ha pasado jamás. Es la primera vez que me pasa.

Cecilio Salazar: Pero aparte vamos a ser reales, Maxi: estos son unos piojitos. Ustedes se han peleado con empresas mucho más poderosas...

Maximiliano Cabaleyro: Pero bien, Cecilio, la última causa penal me la hace Siderar por las vías...

Cecilio Salazar: Claro.

Maximiliano Cabaleyro: Y tuve delitos federales, no estamos hablando de la fiscal Viviani en San Pedro, ¿qué estamos hablando? (Risas)

Cecilio Salazar: Sí, no...

Maximiliano Cabaleyro: ¿Y no sucedió nada después?

Cecilio Salazar: La fiscal se fue a... ahora se fue a San Nicolás, está en San Nicolás, qué sé yo, porque yo quería hablar con ella. De todas maneras, habló Roleri con ella por teléfono. Le di... Le dijo que que era complicado hacer un un desalojo así por la fuerza y demás. Y bueno, lo que acordamos con Catarano que fuera a tomar la nota diciendo: "No, no hay ninguna obstrucción". Listo. Así que eso es lo que va a pasar ahora amistosamente, sin ningún tipo de de problemas.

Maximiliano Cabaleyro: Cecilio, yo mire lo que le digo: yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 de la noche voy a estar de vuelta en San Pedro. No sé si es horario para reunirnos o no. Si usted quiere que hagamos la reunión y tratar de trabar más esto lo más que se pueda, no tengo problema porque yo vine por otro conflicto que tengo acá en San Pedro... en San Nicolás. Y me baño, me cambio, dos minutos estoy en mi casa y vuelvo para allá. Yo estoy de una ya.

Cecilio Salazar: Yo le pedí... Ahora lo mandé a Roleri a hablar con la empresa. A decirles que se dejen de joder, que que se pongan de acuerdo con ustedes, que acuerden todo y que siga todo el trabajo normal.

Maximiliano Cabaleyro: Bueno, otra cosa que les quede bien claro: porque ahí hay un chico, sí, que nosotros lo sabíamos de ayer a esto, ahí hay un chico que la mamá o no sé está en el Consejo Escolar o en una escuela, en algo de esto de la comida que tienen ellos que tienen con ustedes, contrato con el Consejo Escolar, no sé bien cómo es, a mí no me interesa eso, la verdad...

Cecilio Salazar: No, no, no, el Consejo el Consejo... No, no, no.

Maximiliano Cabaleyro: O es directo con la Provincia...

Cecilio Salazar: Eso es con la Provincia.

Maximiliano Cabaleyro: Está bien, no tengo no no me interesa a mí, le digo la verdad, Cecilio, no tengo inconveniente ahí. Eh ayer ya sabíamos que se le había notificado a las escuelas que no iban a tener la mercadería hoy.

Cecilio Salazar: Sí, correcto. Mirá...

Maximiliano Cabaleyro: Y yo y yo no no no interrumpí la salida de ese camión ayer a hoy a la mañana.

Cecilio Salazar: El el servicio se hace de Provincia directamente con el Consejo Escolar, ellos le mandan la plata, el Consejo Escolar contrata, hace la licitación y licitan las empresas. El Municipio no tiene nada que ver. Pero bueno, eh...

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, sí, sí.

Cecilio Salazar: Pero repercute en la ciudad, repercute en la ciudad importante, que no le llegue la comida a los chicos a la escuela, que le están dando lo que habían dado hoy en pandemia, ¿o no?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, no, está bien.

Cecilio Salazar: ¿Y a quién le voy a hacer, Cecilio? Se lo pongo a usted ahí, por más que venga del Consejo, de donde sea...

Maximiliano Cabaleyro: No, totalmente, ya lo sé.

Cecilio Salazar: No lo tome a mal, pero el comisario el comisario de la ciudad y es usted. (Risas)

Maximiliano Cabaleyro: Maxi, yo tengo una excelente relación ahí con con Fernando, nosotros tenemos buena relación con ellos, así que no hay problema. Creo que la empresa va a aflojar, por lo que tengo entendido van a aflojar. Yo, la verdad que hablé recién con Spiropulos, le dije: "Dejá de joder, tratá de hacer entender a la empresa que tienen que acordar con el sindicato, no pueden estar grabándolos, no pueden... Se tienen que sentar ahí sin grabador por medio y van a acordar las cosas", le digo, "quedate tranquilo, yo conozco cómo piensan los muchachos, si yo también he estado en estas cosas".

Maximiliano Cabaleyro: ¿Cómo te van a venir a grabar?

Cecilio Salazar: Te van a venir a grabar...

Maximiliano Cabaleyro: Aparte ya una... Mire, lo último que pasó, creo que fue ayer, ayer martes: terminaron denunciando a la abogada también. Eh entre un colega que está denunciando a otro colega, en la causa penal lo involucró. Yo, la verdad, falta de códigos total, Cecilio. Porque que nos denuncien a nosotros como sindicato, a mí como persona, todo, pero ya entre colegas, abogado contra abogado... ¿Qué qué son? ¿Todos vírgenes? ¿Nunca se les va a caer... tienen que sacar plata son todos ellos?

Cecilio Salazar: No, no, quedate tranquilo...

Maximiliano Cabaleyro: Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿me está cargando? ¿Cómo que yo le haga una denuncia a usted? ¡Hola! Somos colegas. O sea, cualquier dirigente sindical, ¿cómo le voy a pisar la manguera yo a un a un colega? ¿Estamos todos locos?

Cecilio Salazar: Está bien. Bueno, mirá, yo cualquier cosa que pase en estos próximos momentos yo te... ¿Este es tu celular?

Maximiliano Cabaleyro: Sí, sí, sí, el mismo de siempre tengo, Cecilio. Hace 14 años que lo tengo.

Cecilio Salazar: Perfecto.

Maximiliano Cabaleyro: Y no lo voy a cambiar por esta causa, imagínese. (Risas)

Cecilio Salazar: No, claro, seguro. Más vale.

Maximiliano Cabaleyro: Yo tengo hace 14 años que tengo el mismo número, Cecilio.

Cecilio Salazar: Dale, listo. Yo cualquier cosa te llamo, mi querido.

Maximiliano Cabaleyro: Yo calculo que entre las 8:30 y las 9:00 voy a estar en San Pedro de nuevo.

Cecilio Salazar: Listo.

La nota más llamativa de la jornada del lunes en el Tribunal fue la presencia de la senadora provincial y abogada de la empresa Rey Distribución, Dra. Florencia Arietto. Llegó para ultimar los detalles de su alegato el martes cuando todas las partes hagan uso de la hora que el juez concedió para exponer los argumentos que determinarán la situación de Maximiliano Cabaleyro y de los seis ex empleados.

La causa  por el bloqueo y extorsión a la empresa de la familia Rey terminó esta mañana con la presentación de los últimos tres testigos citados en el debate: el perito de parte, la psicóloga y un oficial de policía.

Durante el análisis testimonial de la profesional de salud mental, los cuestionamientos giraron en torno a las manifestaciones expresadas oportunamente en sede prejudicial y pericial respecto de las entregas de dinero y los aportes. La defensa buscó centrar su argumentación técnica en que los pagos o acuerdos económicos entre un empleador y la representación sindical constituyen infracciones de índole laboral o desleal bajo la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no configuran por sí mismos el tipo penal de extorsión o coacción, eje sobre el cual basarán su planteo de inocencia. Así lo consideró el Dr. Gabriel Rogelio Ruíz quien patrocina a los ex trabajadores de la empresa.

Para este martes, el Tribunal dispuso el inicio de los alegatos de clausura a partir de las 10, con un tiempo estipulado de una hora de exposición para cada parte.

Abrirá la parte acusadora con la fiscal que instruyó la causa, Dra. María del Valle Viviani; continuará el particular damnificado y la querella de la familia Rey, con la alocución de la abogada Florencia Arietto, y luego será el turno de las defensas: el Dr. Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas en representación del sindicalista Maximiliano Cabaleyro, y el Dr. Gabriel Ruiz por los exempleados de la distribuidora.

Tras los alegatos de mañana, el Tribunal pasará a deliberar y quedará a la espera del veredicto final, que por los plazos procesales se dará a conocer dentro de los cinco días hábiles posteriores.

«Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas», sostuvo tras brindar su testimonio ante la Justicia", ese fue el resumen de los casi 20 minutos que Salazar dijo haber estado en la sala de audiencias en la quinta jornada del juicio que tiene como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la Distribuidora Rey.

La Opinión se comunicó con el Jefe Comunal para obtener declaraciones de primera mano y pese a que en febrero de 2022 el  bloqueo a la planta de la familia Rey en calle Bonorino cobró repercusión pública local y nacional, sostuvo que no tenía constancia de que la firma estuviese impedida de operar. Por entonces, Rey Distribución era proveedora de los alimentos de los comedores escolares y mantenía contratos de provisión en plena pandemia con acopio de mercadería en un galpón alternativo sobre el Camino Lucio Mansilla.

Desde la sala del Tribunal las conclusiones fueron diferentes, puesto que se reprodujeron audios que mantuvo Salazar con Cabaleyro.

 «Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción», se escuchó en uno de esos registros respecto de la orden que impartió al Comisario Juan Ramón Catalano cuando nadie imaginaba que la Fiscal María del Valle Viviani se iba a hacer presente en el lugar para liberar la entrada.

Lo cierto es que en los registros quedó claro que el intendente de San Pedro estuvo casi una hora declarando y cuando la defensa de Rey y la fiscalía pudieron interrogarlo se vivieron momentos de tensión porque no pudo explicar el motivo por el que le pedía al comisario que no deje constancia de un bloqueo porque era una protesta. 

Por la mañana, el Tribunal tomó declaración a la titular de la Secretaría de Trabajo, Dra. Sofía Rotundo. Su intervención en ese momento se limitó a dejar constancia de los reclamos que efectuaban los trabajadores: el cuerpo de baños que en un plazo determinado la empresa construyó en un terreno frente al depósito.

La quinta jornada culminó minutos antes de las 16.30 y la tarea continuará al menos hasta el 8 de octubre.

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El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

El Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de San Nicolás continúa este jueves con el relevamiento de cada una de las pruebas que la fiscalía reunió para fundamentar la comisión de los delitos  y por las que ahora sólo tiene en el banquillo al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de Distribuidora Rey ya que Fernando Espíndola accedió a un juicio abreviado. El miércoles fue señalado como el “recaudador” o “cajero” de los aportes o coimas que según las víctimas debían ser entregadas mes a mes “como lo hacen todos tus colegas” a razón de un sueldo por mes para “el kiosco de Cabaleyro”. 

El miércoles se vivieron momentos de máxima tensión procesal porque desde la defensa de los trabajadores hay intención plena de llegar a una etapa de careos donde puedan contrastarse los dichos de los empleadores con los ex empleados de la firma. 

Tras tres extensos días de debate, -solo se para media hora para comer y otros 15 minutos de pausa-  las declaraciones de los titulares de la empresa mostraron algunas fisuras que abrieron la puerta al escenario deseado: la confrontación cara a cara. 

Sin embargo no hay nada que puedan rebatir las imágenes que se grabaron durante el bloqueo ni que desmientan la presencia de la fiscal en el lugar cuando el motorhome de Camioneros estaba estacionado en el acceso a la planta.

Tanto los hermanos Ariel y Gustavo Rey como el contador de la firma Víctor Grabovieski y los letrados intervinientes quedaron legalmente reservados a pedido de las defensas para someterse a careos. La situación sobrevino cuando se detectaron contradicciones entre los convenios en los que estaban encuadrados los empleados y la pretensión de su derivación al gremio de los Moyano. En ese sentido el titular del estudio Ruiz que patrocina a seis trabajadores advirtió las diferencias y planteó la legalidad del reclamo de sus defendidos amparados por el derecho a huelga. 

Uno de los momentos de mayor fricción en la sala se produjo con el testimonio de la esposa de Ariel Rey. Durante las audiencias previas y en sus declaraciones iniciales en fiscalía, la testigo se había referido a las sumas de dinero entregadas —incluso en la recordada caja de Chocolino— bajo el concepto de “aportes”.

Sin embargo, ante los magistrados, la testigo calificó dichos montos directamente como “coimas”, atribuyéndolo a una confusión inicial. Esta rectificación fue capitalizada por las defensas técnicas, que sostienen que los desembolsos respondieron a acuerdos de recomposición salarial, liquidaciones adeudadas a los choferes y aranceles convencionales de la actividad, y no a una maniobra ilícita de extorsión.

Para esa hipótesis resultaron útiles las declaraciones del propio contador de la empresa Rey y de los peritajes: según trascendió en la sala, los pagos efectuados (que rondaron los 500.000 pesos) contaron con respaldo documental pero todos apuntan a que Espíndola llevará la peor parte porque su sanción ya está conlcuída y era quien según consta en el expediente, el que “pasaba a cobrar”.

El abogado Gabriel Ruiz, representante legal de los seis exempleados imputados (Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez), fue tajante al evaluar la declaración de Ariel Rey y cuestionar la selectividad de la acusación penal porque había mencionado a dos decenas de manifestantes y solo quedaron acusados seis.

El letrado también cargó contra la postura del empresario sampedrino ante fallos laborales previos: “Rey vive en su propio mundo; admitió en la cara del tribunal que desobedeció una orden judicial de reincorporación de Di Mayo simplemente porque a él le parecía que no correspondía. Pretenden convertir el derecho constitucional de huelga en un delito penal” y agregó que sus representados nunca ejercieron ninguna presión física.

En la misma jornada declararon otros testigos. Una vecina de la planta, citada para dar cuenta de la magnitud del corte, reconoció la presencia de manifestantes y molestias en la cuadra, pero al ser interrogada por la defensa descartó haber presenciado amenazas, extorsiones o agresiones.

Para este jueves, el debate oral retomará su cauce con testimonios del entorno familiar y comercial de los denunciantes —entre ellos se aguarda la comparecencia de Sofía Rotundo la titular de la Secretaría de Trabajo de San Pedro— y nuevos testigos ofrecidos por las partes. 

Nota: La Opinión & Sin Galera agradecen a la periodista del Diario El Norte, Silvia D'Angelo por su aporte en la cobertura de las audiencias.

“No vaya a ser cosa”… fue la lapidaria frase que se escuchó en el teléfono del abogado Daniel Spirópulos cuando el principal dirigente del gremio Camioneros de la región y ahora exconcejal Maximiliano Cabaleyro profirió las amenazas que resonaron en el aire del programa Sin Galera un sábado por la mañana a principios del año 2022. De ahí en más y por primera vez en la historia de los constantes aprietes a empresarios locales que hasta hoy guardan silencio, se conocieron las condiciones que los representantes del gremio imponían sin compartir beneficios con sus representados.

En el caso de esta empresa comenzaron con un reclamo por la falta de baños y luego mutaron los argumentos hacia el incumplimiento de pagos a los que obliga el convenio que rige la actividad. La historia es conocida pero tiene una particularidad; por primera vez una fiscal se hizo presente en el lugar donde un motohome bloqueaba el acceso a la planta de la distribuidora y frente a la policía y a la prensa dio la orden de apertura del acceso mientras continuara la medida de fuerza.

Ni Fernando Espíndola, el dirigente local y ex concejal ni Cabaleyro imaginaron que terminarían tras las rejas cuando la carátula de la causa se complicó hasta llegar a intentar probar las exigencias en dinero y las extorsiones que denunció la familia Rey. 

En la mañana de lunes 28 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás, presidido por el juez Alejandro López, abrió formalmente el juicio contra el líder del Sindicato de Choferes de Camiones seccional San Nicolás y el exconcejal Maximiliano Cabaleyro ya que Fernando Espíndola cerró su expediente en un juicio abreviado. Hay además seis exempleados de la empresa: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez que deberán rendir cuentas por su participación pero solo en el bloqueo a la planta. 

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en conjunto con Florencia Arietto como representante del particular damnificado y quien reemplazó al Dr. Daniel Spirópulos cuando el caso escaló en el ámbito del Movimiento Antibloqueo (MEAB). 

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Las imputaciones formales se concentran en concurso ideal de turbación de la posesión con dos hechos de coacción y tres de extorsión  en concurso real. 

La defensa del dirigente, encabezada por los abogados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, sostiene que las medidas respondieron a un “reclamo gremial lícito” y para ello han batallado durante los últimos años para lograr que la reclusión de sus defendidos en San Nicolás se transformara en arresto domiciliario para los dirigentes acusados.

La primera audiencia estuvo concentrada de manera exclusiva en la declaración de Gustavo Rey, uno de los titulares de la firma familiar sampedrina. Durante más de cinco horas y con la exhibición de registros audiovisuales y llamadas, el empresario relató cómo operaba el mecanismo de presiones. Muchos de ellos pertenecen al archivo de La Opinión & Sin Galera y de hecho, la directora del medio ha sido citada a declarar a pedido de la defensa de los trabajadores.

Archivo de cobertura: Mirá el registro del bloqueo en Rey Distribución y los testimonios de los titulares de la firma en el archivo de La Opinión.

Rey detalló ante el Tribunal que las exigencias monetarias comenzaron en 2017 bajo la modalidad de pagos mensuales fijos para "dejar trabajar" a la empresa. Dijo que “al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos” y de acuerdo con el expediente, el primer corte total del acceso se ejecutó el 15 de febrero de 2022. Ese día empezó todo y una semana después, desde la madrugada del 22 y hasta el 26 de febrero, apostaron un colectivo motorhome frente al portón de ingreso impidiendo toda carga y descarga.

El denunciante ratificó también las entregas de dinero en efectivo —una de ellas embalada en una caja — y cheques librados para frenar los impedimentos laborales que ponían en riesgo la continuidad de la empresa familiar.

Rey vivió momentos difíciles en la sala de audiencias cuando fue interrogado en varias oportunidades por los abogados defensores de los imputados. Hubo momentos de extrema tensión y llamados de atención a las partes.

La causa iniciada en 2022 marcó un punto de quiebre y un antecedente increíble para toda  la región no sólo por la orden de detención dictada el 8 de abril de ese año por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, sino por el nivel de violencia desplegado en las coberturas periodísticas.

Durante aquellas jornadas de bloqueo en el portón de la empresa, el trabajo de cobertura fue blanco  de intimidaciones, insultos,  y escupitajos. En momentos en que la periodista Lilí Berardi realizaba la transmisión en directo y el registro testimonial del corte ilegal sobre el acceso comercial, integrantes de la patota sindical apostada en el lugar agredieron físicamente, insultaron y pretendieron impedir su labor de prensa para ocultar el accionar desplegado frente a los galpones y posteriormente frente a la sede de la Fiscalía donde una manifestación con Julio Cabaleyro (padre del detenido y de estrecha relación con Hugo Moyano) al frente arremetieron y rodearon con una bandera a la periodista contra una pared para “bañarla en agua saborizada” que curiosamente aportaron empresas locales como colaboración a la movilización.

Archivo documental: Revisá la cobertura del 2022: El día que la patota gremial atacó a la prensa durante el corte a Rey Distribución.

Maximiliano Cabaleyro afronta el juicio tras cumplir prisión preventiva efectiva y haber obtenido en 2023 la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo. El debate continuará en las próximas jornadas con la ronda de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas técnicas. Cabe acotar que los trabajadores acusados cuentan con el patrocino letrado del Estudio Ruíz y que en el momento de los hechos sólo se los observó participando de la protesta. En las últimas semanas una pericia los favoreció con un dictamen que indica que tienen diferencias para cobrar a su favor que deberían haber sido abonadas por la empresa, aunque todas ellas enmarcadas en el convenio que rige a Camioneros.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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El sábado 1 de lJunio, la casona ubicada en Boulevar Moreno 114 será inaugurada como espacio para el nuevo partido que lidera Ariel Rey. 

Tras varios meses de tarea de refacción, el excandidato de Juntos por el Cambio resolvió generar un sello que le permita incursionar en un espacio en el que puedan confluir distintas ramas del Pro y los Libertarios.

Su referente en el Movimiento Anti Bloqueo (MEAB), la senadora provincial Florencia Arietto, ya ha provocado un nuevo sismo dentro de las filas del espacio al que ingresó de la mano de Patricia Bullrich tras abandonar el Frente Renovador de Sergio Massa. 

A poco tiempo de ocupar su banca en la Legislatura rompió con sus pares y se alineó con La Libertad Avanza y en esta última semana hubo renuncias masivas de dirigentes bonaerenses que respondían históricamente a Cambiemos y pretenden un nuevo armado para competir en 2025. 

En ese mapa, Ariel Rey ocupa un lugar de interés para las próximas elecciones legislativas y desde octubre de 2023 continúa en actividad pese a que los concejales de su lista, Martín Rivas y Diego Lafalce, trazan su propio camino a la espera de definir en qué lugar se alinearán. Rivas con José Luis Espert y Lafalce con Patricia Bullrich.

 “Va a ser un partido formal para participar en las elecciones. Este es el primer paso formal de lo que creo va a ser el cambio que necesita San Pedro, plasmándose efectivamente en el 2027”, refirió respecto al futuro de su propuesta”, dijo Rey en la tarde del jueves. 

En la nueva sede de “San Pedro Puede” habrá oradores, rueda de prensa y anuncios vinculados a la tarea solidaria de la Fundación Ciudadanos del Mundo con la que organizan donaciones a entidades intermedias y ponen en marcha bases y talleres para los que cuentan con voluntarios que se suman a la tarea.

“Es el símbolo para las personas que creen en el trabajo, la transparencia y el sentido común. Pretendo que sea un lugar donde se puedan formar futuros dirigentes, concejales”, indicó respecto al propósito de capacitarse para la función pública.

Se sabe que ya han comenzado varias actividades como talleres de costura, capacitaciones y reuniones barriales en las que aprovechan para dar a conocer las actividades. 

Hoy es jueves 26 de octubre. Estos son los títulos de “Lo que importa”, el resumen diario de noticias de La Opinión

Detuvieron a prófugo por un homicidio de hace 10 años

Vercelli pidió aumento de colectivo en San Nicolás con un expediente con tarifas para San Pedro

Festival Clown en Cuarta Pared: seis obras y un taller de comedia

San Pedro 2050: mejoró la participación en los talleres

Juntos separados: Rey en reunión con Arietto; Rivas y Lafalce, con los radicales

Juan Almada le contestó a Rey: “El compromiso estuvo, sólo faltó que la otra parte aceptara”

Casi catorce millones de pesos para las cinco estaciones solares y cuatro para luces

Siguen los robos en el barrio Mirador del Paraná: se llevaron hasta las macetas

Intentaron robar cables del predio de Papel Prensa

Para evitar nuevos robos sacaron todas las placas de bronce de la parroquia del Socorro

Panorama poselectoral: ¿qué le dirías al próximo presidente?

Auspician Lo Que Importa:Vía Costa, Bachicha Ruedas, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Mecánica Agrícola, Rey Distribución, Aberturas San Luis, Mecánica Agrícola, EFE Uniformes, Sindicato de la Industria del Papel, Valenziana Muebles, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, INESPRO, Boulevard Ahorro, coach Dalmy Butti, Lubricentro Mitre, Ostoich Inmobiliaria y Construcción, Rapicuotas,Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio Ariel Rey encabezó este miércoles una rueda de prensa y posterior caminata por el centro junto a su referente en Seguridad, la abogada Florencia Arietto, actividad que reemplazó al lanzamiento de campaña que tenían prevista para la tarde y que se suspendió “por algunas cuestiones internas”, según dijo el propio Rey.

Arietto se refirió a diversos aspectos vinculados al plan de seguridad que esperan aplicar en San Pedro en caso de ganar las elecciones del 22 de octubre próximo. En ese marco, ante una consulta de La Opinión, que la puso al tanto de que en la ciudad existe una sobretasa del 5 por ciento destinada a un fondo de seguridad local, la referente de Juntos dijo que “es ilegal” y que si gobiernan “vuela”, en alusión a que la van a sacar de la ordenanza impositiva para dejar de cobrarla.

La sobretasa de seguridad tenía prevista una estimación de recursos de alrededor de 50 millones para 2023, según el presupuesto municipal vigente, que se sumó a los 243 millones que previó el Gobierno de Salazar para este año para el área.

Arietto aseguró que no sería problema dejar de contar con los recursos que genera esa sobretasa puesto que lo importante es redistribuir el presupuesto vigente para hacerlo eficiente para mejorar la situación de seguridad en el distrito.

“El presupuesto se va a achicar un montón, pero la gente va a saber que vamos a priorizar porque vamos a hacer un mapa del delito, un censo de seguridad”, dijo Florencia Arietto al respecto. “Debe haber una decisión política de que haya seguridad”, dijo Ariel Rey.

Aunque explicó que muchas cosas relacionadas con la seguridad dependen de modificación de leyes en la Legislatura y de la aplicación de políticas de orden provincial desde la Gobernación, la abogada sostuvo que hay muchos aspectos que son necesarios resolver en el corto plazo “para que el vecino se sienta seguro, que vea un cambio”.

Consideró que la tecnología del Centro de Monitoreo de San Pedro “está caduca, al igual que en muchas ciudades incluso en el conurbano” y que es necesaria la instalación de un anillo digital que permita trabajar en conjunto con distritos vecinos para la prevención del delito.

Dijo también que es importante la puesta en marcha de un sistema de geolocalización en el área rural, como el que fue aprobado en el Concejo Deliberante, y destacó el uso de la app para alertar sobre situaciones de inseguridad, aunque señaló que es una herramienta importante para actuar sobre los hechos consumados y que lo relevante es abordar la prevención.

Ariel Rey encabezó la mesa junto a Arietto, Mauro Rasio, Enzo Gravino y también estaba el primer candidato a concejal de la lista, Martín Rivas, quien no tomó la palabra en esta oportunidad en el marco de la rueda de prensa convocada por Juntos.

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Luego de que La Opinión revelara la orden de detención emitida por la Justicia para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa penal por “pedido de coimas” que comenzó con la denuncia de la empresa Rey Distribución, el Centro de Comercio volvió a respaldar a la firma comercial local y celebró la decisión de la Justicia.

“Más allá de las consecuencias definitivas que este fallo pueda generar, creemos que la valentía de los empresarios para visibilizar la violenta presión de la que fueron víctimas se ve recompensada parcialmente con la exposición de un modo de accionar que claramente es inadmisible”, señalaron desde la entidad que preside Raúl Cheyllada.

Cuando Camioneros bloqueó la planta de la empresa Rey Distribución, antes y después de la denuncia por extorsión, el Centro de Comercio se había expresado en defensa de la familia comerciante y hasta propició una reunión entre empresarios del sector con funcionarios del Gobierno y concejales.

“Nuestra entidad acompañó y acompañará siempre a las empresas que apuesten al trabajo, a la inversión y al desarrollo, respetando todas las leyes vigentes pero no admitiendo, bajo ninguna circunstancia, la extorsión y la violencia como una modalidad de reclamo”, señalaron.

El sábado en el programa La noche de Mirta Legrand, la abogada y dirigente opositora Florencia Arietto mencionó el conflicto de la empresa Rey Distribución con el Sindicato de Camioneros en la televisión abierta.

El programa fue conducido por Juana Viale debido a la situación de salud que atraviesa la mítica conductora de la televisión argentina, y Arietto compartió mesa con Ricardo López Murphy, Claudio Savoia y Diana Mondino.

“Para que nosotros podamos bajar la pobreza y pagar mejores jubilaciones, tenemos que generar empleo. Para generar empleo, le tenemos que dar condiciones a los que generan empleo, a los invierten y arriesgan, para que tengan la posibilidad de generar el empleo”, explicó Arietto para luego mencionar el caso Rey.

“Ahora, tenés un sindicalismo extorsivo donde te bloquean una empresa porque no le pagaste la coima, como tenemos ahora. Le mando un abrazo y un beso a la familia Rey de San Pedro, que estamos dando una pelea contra el sindicato de Camioneros”, dijo a continuación la abogada del Movimiento Anti Bloqueo que representa a la empresa sampedrina.

El último capítulo del conflicto Rey-Camioneros tuvo a principios de la semana pasada 6 despidos de empleados involucrados en la denuncia penal, una orden judicial para retirar pruebas y pedido a Maximiliano Cabaleyro, referente regional de Camioneros, para que no se presente a la planta.