“Mi hija está grave, fue muy grave lo que le hizo la agresora, fue directo a matarla”, dijo la mamá de la adolescente de 15 años que está internada en el Hospital tras las heridas que le provocó otra joven de 16 que ya está a disposición de la Justicia.

Las versiones que hablan de una disputa “de vieja data en conflicto vecinal” quedaron sepultadas frente al cúmulo de situaciones que desde hace dos semanas encendieron la alerta sobre lo que podía ocurrir.

Amenazas, burlas y hasta una feroz golpiza que le propinaron tras tirarla de su bicicleta a pocas cuadras de la casa de su abuela fueron los antecedentes que ahora la Fiscalía debe evaluar para continuar el trámite.

La causa, por ahora caratulada como “lesiones graves”, podría transformarse en “intento de homicidio” en consideración al estado de salud de la víctima, a la que le colocaron un tubo de drenaje en el pulmón para salvarle la vida.

“Mi hija está grave, fue muy grave lo que le hizo la agresora, fue directo a matarla”, dijo Alejandra desde la sala de internación del Hospital.

“Mi hija no la conoce, nunca antes había tenido ningún tipo de trato con la agresora”, aclaró respecto de la presunción de que se trataba de vecinas de calle Aulí. Tanto la víctima como quien la apuñaló tienen domicilios cercanos, pero no linderos. 

“Esto empezó hace dos semanas más o menos. Mi hija empezó a hablar con un chico que resulta que es uno de los exnovios de la agresora, y de ahí está chica hostiga a mi hija”. 

De hecho, el día anterior, cuando la víctima transitaba en bicicleta hacia la casa de su abuela, fue sorprendida por tres chicas, entre las cuales estaba quien ahora está detenida.

“La tiraron de la bici entre las dos la agresoras y otra menor, le pegaron y hay un vídeo”, señaló Alejandra y mostró las imágenes que seguramente la Justicia requerirá porque se cometió un delito previo.

[IMÁGENES SENSIBLES] La chica de 15 años apuñalada había sido agredida previamente.La de 16 aprehendida y trasladada a un centro de conteción para menores la había golpeado un día antes de atacarla con un arma blanca. De esa primera agresión, hay registro en video. pic.twitter.com/thibNoSQ02

“Al día siguiente estás chicas pasaban por la casa de la abuela de mi hija y le gritaban cosas, estaban esperando a que mi hija esté sola para hacerle daño. Durante la noche mi hija fue a comprar con dos amigas y en ese trayecto la agresora la invitó a pelear mano a mano, no conforme que le pegó cuando mi hija ya se venía para la casa de la abuela ya golpeada por la agresora, sacó un cuchillo y apuñaló a mi hija hasta que uno de los chicos, ex de la agresora, la saca de los pelos para que no siga hiriendo a mi hija con el cuchillo”, tal el relato de lo sucedido.

“Mi hija se fue caminando con las amigas hasta lo de la abuela con las tres puñaladas y de ahí la llevo el tío en camioneta hasta el hospital”, explicó Alejandra..

Lejos de asustarse por las consecuencias, las chicas agresoras redoblaron la apuesta con nuevas amenazas y burlas. 

“No fue suficiente con lo que pasó, la otra menor le mandaba mensajes burlándose de lo sucedido y festejando que ellas ganaron , que la agresora no estaba detenida”, apuntó Alejandra junto a varias capturas de pantalla.

Horas antes del mediodía de este viernes la víctima pudo declarar de manera virtual. Allí dejó registrado que siguen recibiendo amenazas por parte de los amigos de la detenida.

La Dra. María del Valle Viviani trabaja para establecer si existió o no delito en el acceso de las familias preadjudicatarias del barrio que se financió con fondos del estado nacional a través de la administración municipal y a cargo de la empresa cooperativa ALFA.

Desaparición de materiales, robo de instalaciones, deficiencias en la construcción y amenazas de usurpación serán algunas de las cuestiones con las que deberán lidiar los titulares de las casas en caso de que por fin logren que se les reconozca el derecho de habitarlas y pagarlas en cuotas tal como está estipulado.

Por ahora, la causa está caratulada como “averiguación de ilícito”, ya que es difícil suponer que en presencia de los empleados del obrador de la empresa y del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, se haya organizado una usurpación.

Desde el martes 13 a las 19 horas, más de la mitad del complejo habitacional está ocupado por personas que aún alquilan viviendas o viven en casas prestadas y que deben turnarse para cuidarlas. En aquel sorteo que había sido invalidado por una medida judicial y que se concretó pese a existir una notificación de advertencia, empleados de fábrica, emprendedores, enfermeras, maestras y hasta policías celebraron el plan que les permitía pagar en cuotas la vivienda propia sin saber que el intendente interino Ramón Salazar tomó la decisión de desoír el mandato de la justicia.

Decenas de contradicciones y embustes comenzaron a circular de modo de enfrentar por un lado a los sorteados; por el otro a un grupo de vecinos de Bajo Puerto que quedaron desplazados y a la espera de que se cumpla con lo estipulado en la ordenanza en la que Arcor (por entonces Indalar) donó los terrenos. Ya con Cecilio Salazar en funciones hubo reuniones, negociaciones, promesas e incluso mensajes de audio que decían “de acá no los saca nadie” o “no hablen porque van a perder todo” y hasta “Arcor ya saben que es un monopolio, no nos vamos a dejar ganar”. Los vecinos obedecieron, nadie quiere perder la única oportunidad de un techo propio y por eso hicieron silencio y no contrataron a profesionales que los asesoren para reclamar sus derechos.

Un detalle que le fue expuesto hoy a la funcionaria judicial es clave: en diciembre el municipio entregó “las llaves” a cada preadjudicado y ahora habrá que determinar qué responsabilidades tiene quién o quiénes hayan ejecutado la acción de considerarlos propietarios e incluso solicitarles que arreglen sus jardines "así van poniendo linda las casas”.

Será tarea de Viviani investigar esos antecedentes mientras en la justicia Civil se resuelve la cuestión de fondo entre Arcor y la Municipalidad.

Eso no es todo: hay un mandamiento judicial que anuló el sorteo y por ende, una violación a una disposición de una magistrada por parte de la comuna y de la empresa que tampoco terminó su tarea ni fue fiscalizada en las inumerables deficiencias que presenta la construcción.

Si hay denuncias de incumplimiento de funcionario público, o que no han cumplido las medidas de no innovar o de no hacer el sorteo son las cuestiones que investiga ahora la fiscal María del Valle Viviani.

Las únicas medidas que Viviani ha hecho efectivas en las últimas 48 horas son las siguientes. 

El mismo día del ingreso de las personas al complejo habitacional ordenó la identificación de quienes permanecen dentro del predio. Esa tarea fue realizada por la policía. En segundo término ya intimó al municipio a entregar el listado de “los futuros adjudicatarios”, tal es el término que eligió la fiscal para hablar de los ocupantes que en principio temían ser considerados “usurpadores”. Por último calificó como “averiguación de ilícito” la causa a la espera de la información que determine el rol de quienes puedan haber incurrido en el delito de “incumplimiento” en el caso de los funcionarios públicos que participaron en el trámite tanto de la información, el sorteo, los dictámenes, la entrega de llaves y la apertura del complejo el pasado martes 13 cuando unas cuarenta personas accedieron a las viviendas de acuerdo al número que les habían adjudicado.

Sin novedades de los camiones robados en la playa de estacionamiento ubicada detrás de la estación de servicio Puma de Crucero General Belgrano, Fiscalía sumó a la Policía Federal a la investigación.

Pasaron diez días desde el momento en el que un Peugeot 504 blanco llegó con los delincuentes al lugar y se retiraron con tres camiones, dos propiedad de Diego Melgar y un tercer, con batea, de Omar Caputto.

Desde entonces, sólo aparecieron una de las puertas de uno de los vehículos de Melgar, que los delincuentes perdieron en la colectora de la ruta 9 e Río Tala cuando retomaron hacia la autopista tras equivocar el camino, y la batea, hallada en una especie de desarmadero en Córdoba.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, que tiene a su cargo la investigación del caso, tiene probado, gracias también a la tarea de campo que hicieron los propios dueños, que los camiones fueron hacia esa provincia.

Por eso pidió intervención a la Policía Federal de Córdobo capital para que colabore en la tarea que se lleva adelante en ese territorio en procura de hallar los vehículos.

“Hasta el momento no hay novedades”, dijo Melgar a La Opinión y consideró “terrible” la situación, aunqeu destacó que “la Justicia se está moviendo” en busca de los rodados.

En el marco del caso que la fiscala María del Valle Viviani investiga bajo la carátula abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad, La Opinión reveló parte de la declaración de Maximiliano Ramos, el imputado al que muchos señalan como el “líder de la banda” de la que formarían parte los involucrados, relacionada con la venta de drogas.

La primera parte de su declaración está centrada en lo que ocurrió el sábado por la noche en la casa del abogado Pablo Visca, primer denunciante del hecho y quien acusó a Ramos y al policía Carlos Devito de robarle un arma y un celular. El presunto “jefe de la banda” acusó a Visca de ser quien “proveía la droga” y hasta de ofrecerle ser parte de un presunto negocio relacionado con la explotación de mujeres y la provisión de estupefacientes.

En la segunda parte, el joven nacido en Baradero y domiciliado en Lobos hace dos años se centró en la víctima de abuso y privación ilegítima de la libertad con el objetivo de dejar asentado un relato que si bien no contradice muchos de los hechos denunciados sí se contrapone a su condición de delito, en la medida en que Ramos pretende sostener que en todo lo que ocurrió no hubo sometimiento alguno, como denunció el muchacho de 30 años.

Maximiliano Ramos dijo que estaba en San Pedro porque cada 20 días viene desde Lobos para visitar a su hijo, algo que hace asiduamente desde hace seis meses, según declaró. Había llegado a la ciudad ese jueves 21 de abril por la noche y fue a la casa de su hermano Lucas, en Rivadavia 1665, donde, asentó, estaban también lo detenidos Isaías Luppi, Ramiro Mansilla y el denunciante abogado Pablo Visca, con quienes, aseguró, consumieron cocaína.

En su declaración, Maximiliano Ramos dijo que el joven que denunció abusos mantenía “una relación de amor/odio con Devito”, el policía detenido y que ese vínculo tendría ciertos ribetes que, para él y en base al relato que expuso ante la fiscala Viviani, podrían explicar lo ocurrido en esa casa, hechos que, sostuvo, fueron consentidos.

En ese sentido, dijo que en el marco del consumo de cocaína vio la práctica de sexo oral que denunció la víctima, aunque no refirió la presencia de un arma de fuego en las manos de Devito obligándolo. También dijo que vio el momento en el que se introdujeron elemento en el cuerpo del denunciante, pero no consideró que hubiera sometimiento.

Esos, dijo fueorn los únicos hechos sexuales que vio esa noche. “Mi hermano les puso un freno a los dos”, dijo Mximilano Ramos. “Se abrazaban, se pegaban, debe ser por el efecto de las drogas”, declaró.

En su denuncia, la víctima refirió que además de someterlo sexualmente y golpearlo, lo llevaron al Hospital con el objetivo de que matara con una daga a un joven que está internado tras recibir un disparo de arma de fuego. Maximiliano Ramos declaró que el joven, su hermano y Devito “salieron juntos a pasear en el auto”.

Declaró además que el joven que denunció abuso tenía intenciones de robarle un arma y que le dijo que no medía las consecuencias de sus actos. “En un momento también estuvo acostado conmigo en la cama, cocinó un pollo al disco que estaba muy rico, estuvimos tomando mates”, dijo y aseguró que en el lugar también estuvo su harmana con su sobrino. A la víctima, refirió, le dijeron que “vaya al Hospital” porque “tenía golpes”.

Maximiliano Ramos señaló que su hermano Lucas “tiene muchos problemas con las drogas” y que a veces lo veía “como una calavera”. De la misma manera, señaló, solía verlo en ese estado a Isaías Luppi y a Devito, todo “muy inestables por el consumo de drogas”.

Al joven denunciante de abusos dijo que lo conocía y que alguna vez le dio trabajo y hasta “de comer a él, a la mamá, a la hermana” en 2019. También dijo haber compartido con todos, detenidos y denuncantes, noches de cocaína, marihuana, alcohol y sexo.

Ramos rechazó la acusación sobre “privación ilegítima de la libertad” y que ello pueden atestiguarlo vecinos del barrio y las cámaras de un comercio cercano al que la víctima habría ido solo. Señaló que había “una mujer rubia” que facilitó el auto para ir a buscar al joven y que los instrumentos que denunció como robados “los llevó él”.

En su declaración, Maximiliano Ramos construyó un relato en el que si bien no desmintió la existencia de la mayoría de los hechos señalados por el denunciante, intentó poner énfasis en que cada uno de ellos sucedieron sin imposición alguna por parte de los acusados y en el marco de una situación de consumo de drogas por parte de unos y otros.

Ramos prestó declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani asistido por el reconocido abogado baraderense Diego Jeanmaire. Su declaración, de 13 páginas, incluyó respuestas a preguntas de la titular de la UFI 7, que lo mantiene imputado por “lesiones leves, privavación ilegítima de la libertad y hurto (dos hechos) en concurso real”. Permanece detenido en la sede Zárate de la Prefectura Naval.

Declararon ante la fiscala María del Valle Viviani los dos detenidos hasta el momento por el caso que la Justicia investiga bajo la carátula “abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad” que tiene como víctima a un joven de 30 años y también a un abogado de 54.

Lucas Ramos e Isaías Luppi fueron detenidos por el caso en allanamientos que tuvieron lugar durante el lunes por la madrugada en Rivadavia 1665 y Mitre al 2600, respectivamente. Ambos estaban alojados en la sede de Prefectura a la espera de la indagatoria que cumplieron este martes.

Tanto Ramos como Luppi declararon ante la fiscala Viviani y en su relato aseguraron ser inocentes respecto de los delitos de los que están acusados. Los dos estuvieron acompañados por sus abogados particulares y al menos en el caso del segundo su relato está vinculado a su propia adicción a las drogas y al desconocimiento respecto de lo que el denunciante dejó asentado.

La Justicia procura dar con el paradero de al menos otras dos personas involucradas en la causa, identificados como Maximiliano Ramos, hermano de uno de los detenidos, y el policía Carlos Devito. Los dos aparecen sindicados en la causa, señalados por los denunciantes como presuntos partícipes de los hechos que se investigan.

La situación de inseguridad en la zona rural mantiene preocupados a vecinos, productores y organizaciones ruralistas porque la cantidad de hechos registrados creció en las últimas semanas.

“Se están surtiendo para las fiestas”, dijo un productor, enojado tras el robo de 20 lechones la semana pasada y tres novillos el jueves. En la Policía Rural también consideran que es así.

“Para la Policía Rural, mirando la estadística, se incrementa para este año la faena clandestina y la sustracción de animales, por el tema de las fiestas, lamentablemente”, dijo el nuevo jefe regional de Seguridad Rural, Comisario Cristian Suárez.

“No es que no ocurre en todo el año, pero se ve un incremento importante para estas fechas. El vecino está más atento y la policía también”, señaló el nuevo coordinador de la Regional con asiento en Pergamino.

Suárez se presentó oficialmente hace tres semanas como jefe zonal y es conocido en San Pedro porque estuvo a cargo del Comando de Prevención Rural local hace unos años, cuando el destacamento estaba en Pueblo Doyle.

“Hoy hace tres semanas que soy coordinador de la zona con asiento en Pergamino, que abarca cuatro municipios de ruta 8 y cuatro de ruta 9, entre ellos San Pedro”, explicó el comisario, que este viernes participaba de la reunión con productores y la fiscala Viviani.

Suárez informó que en los ocho municipios que conduce hay un promedio de entre cuatro y cinco móviles por ciudad, con un total de 190 efectivos, aunque no todos están de servicio activo.

“Estamos esperando el arribo de 10 efectivos por cada comando, según nos refirio el superinteindente, por lo que estaremos incrementando la capacidad operativa en un número importante”, destacó el policía.

En San Pedro hay cuatro patrulleros de la Policía Rural para el recorrido de más de 1400 kilómetros que tiene bajo su jurisdicción el Comando que coordina el comisario Gastón Cabrera. “Tenemos un recorrido extenso y la cantidad de efectivos no da para utilizar los cuatro móviles al mismo tiempo las 24 horas”, advirtió Suárez.

El nuevo jefe regional estuvo presente en San Pedro la semana pasada cuando referentes de organizaciones ruralistas de toda la región se reunieron con la Policía Rural en un encuentro del que partiticipó el superintendente Ignacio Rosales, máxima autoridad de la policía con jurisdicción en el campo en la provincia de Buenos Aires.

“Es una problemática que se vine viendo hace tiempo, esto es continuidad de reuniones que veníamos manteniendo, para acortar distancias entre productores y policía, son reuniones muy fructíferas”, dijo al respecto.

“Yo he vivido en San Pedro y conozco la zona, he trabajado tanto tiempo y sé que es algo que tanto preocupa”, señaló respecto de los delitos cometidos en la zona rural”.

Suárez destacó el trabajo conjunto con la DDI local, que investiga los hechos de las últimas semanas, y con la Policía Comunal que conduce Juan Catalano. “Hacen un trabajo muy bueno”, señaló.