Una mujer de 27 años identificada como Isabel Julia Muñoz falleció este domingo cuando, alrededor de las 20.00, fue embestida por una camioneta en el km 162 de la ruta 9, cuando intentaba cruzar la autopista con su hija de 4 años, que permanece internada luego de ser trasladada a San Nicolás.

Este lunes, en Radio Cuarentena, la fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11, que instruye la causa caratulada “homicidio culposo”, confirmó que el conductor de la Volkswagen Amarok, identificado como Juan Manuel Etchecolatz, de 49 años, no pudo evitar embestir a la mujer cuando se le cruzó en el camino, en medio de la autopista nacional.

“Se le aparece la mujer en medio de la vía y le fue imposible evadir el impacto, intentó frenar. Estaba acongojado y desesperado por el luctoso final”, dijo la fiscala Viviana Ramos en Radio Cuarentena.

“La familia del conductor del vehículo venía de Buenos Aires, son gente de venado tuerto”, informó Ramos y explicó los pasos procesales que se dieron en el marco de la causa: “Se les secuestró el vehículo y se le sacó sangre para las pruebas de alcoholemia”.

Ramos detalló que Julia Muñoz estaba “en una situación de vulnerabilidad” resdiendo provisoriamente en un puesto ubicado a la vera de la ruta. “Estaba viviendo en situación de calle”, señaló.

“Estaba provisoriamente en un asentamiento muy precario. En apariencia cruza a un carrito a comprar algo para comer, con ese motivo fue la situación que generó este lamentable hecho. Hablan de un alfajor. Es lo que se comenta y lo que se recabó en el lugar del hecho”, indicó la fiscala sobre la reconstrucción del hecho.

Ramos interviene en la instrucción de la causa, mientras que los organismos relacionados con la protección de los derechos de niños y niñas hacen lo propio en relación a la hija de la mujer fallecida, que permanece internada en San Nicolás.

Este lunes por la mañana la familia de Julia Muñoz aguardaba en el Hospital que tras la operación de autopsia, practicada de acuerdo a lo que establecen los pasos procesales correspondientes, les entregaran el cuerpo para el sepelio.

Personal de la Sub DDI San Pedro – Baradero detuvo este viernes, alrededor de las 14.00, a un hombre de 49 años oriundo de Gobernador Castro que está acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años.

La madre de la pequeña había radicado la denuncia en la Comisaría de la Mujer en enero del año pasado. Tras las diligencias judiciales de rigor y sometida a la prueba fundamental de declaración en cámara Gesell, la Justicia ordenó detener al acusado.

Las prácticas abusivas eran cometidas en ocasiones en que el detenido tenía bajo su guarda a la niña, de la que es familiar. La pequeña le relató la situación a la madre, que radicó la denuncia correspondiente.

Tras la declaración bajo el sistema de cámara Gesell, la fiscala Viviana Ramos, que investiga el caso, solicitó al juez de Garantías Román Parodi la detención del acusado, que fue ordenada y se hizo efectiva en Gobernador Castro este viernes.

El detenido prestaba declaración indagatoria imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal, luego de ello era trasladado a la sede de la DDI San Nicolás donde quedaba alojado a disposición de la Justicia.

El 27 de diciembre de 2019, la empleada municipal Carolina Moré, responsable de trasladar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones areneros ubicada en el predio de Coplac en camino Crucero General Belgrano, denunció que esa madrugada un motochorro le había robado un bolsín donde llevaba parte de la recaudación de varios días de la tasa que se cobra a cada transporte de cargas que sale de San Pedro.

El episodio, conocido como “el escándalo de la balanza”, provocó intensos debates porque reveló una manejo que el Gobierno reconoció al menos “desprolijo” en la modalidad de cobro de una tasa creada a medida de los camiones areneros luego de que se repavimentaran la ruta 1001 y el camino Crucero General Belgrano.

En materia judicial, dos novedades relevantes ocurrieron en las últimas semanas, de acuerdo a lo informado por la fiscala Viviana Ramos a La Opinión.

Por un lado, ante la falta de elementos probatorios para avanzar en la causa por el robo, decidió archivarla. Por el otro, las “desprolijidades” del manejo de esos recursos provocaron que la titular de la UFI 11 ordenara la conformación de una nueva causa para investigar si el Gobierno cometió algún tipo de delito respecto de esos fondos.

El robo es imposible esclarecerlo, al menos con los elementos obrantes hasta el momento.

Carolina Moré dijo que el 26 de diciembre de 2019, alrededor de las 22.00, fue a retirar el dinero con la recaudación de los últimos días, que eran varios porque hubo feriados de Navidad en el medio. Colocó los billetes en una mochila y se fue.

Pero no se fue a hacer el depósito, porque ya había pasado el horario bancario. Fue a un cumpleaños y luego a su casa, donde, relató, fue sorprendida por una pareja de motochorros armados que la apuntaron y le arrebataron el bolso. Habían pasado alrededor de tres horas desde que se fue de la balanza.

No hay pruebas que permitan imputar a nadie. Nada alcanzó para establecer sospechas respecto de quiénes le robarn el dinero a la empleada a la que la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri le confió el retiro de los billetes para su posterior depósito.

Ese aspecto del famoso “escándalo de la balanza” pasó a archivo en la Justicia y sólo volverá a abrirse el expediente si aparece algo o alguien que pueda aportar elementos contundentes para sostener una acusación.

La otra causa, la que Ramos ordenó abrir y que deberá tramitarse en una Fiscalía de Baradero porque allí van los expedientes en los que hay funcionarios públicos locales involucrados, trasciende el asalto a Moré y pone el ojo en otros puntos.

La modalidad de recuadación, los procesos para depositar el dinero en el banco y la rendición de los tickets, cuyo talonario desordenado fue reconocido como “desprolijo” por el Gobierno en más de una oportunidad tras el hecho están ahora en la mira de la Justicia.

Para Ramos, esa forma de manejar esos recursos públicos podría ser pasible de calificar como delito.

Por ello lo que ordenó que se abra una investigación en procura de establecer si caben responsabilidades penales al intendente Cecilio Salazar, al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y a quienes ellos hayan delegado tareas relacionadas con la recaudación de la tasa por pesaje de camiones.

Lo que Ramos sospecha es lo que los concejales del Frente de Todos expusieron en la sesión extraordinaria de febrero de 2020 en la que discutieron con el oficialismo por el tema. Gastón Casco dijo que hubo en el tema “una tremendo irregularidad” y una “improvisación” que provocó “un hecho demasiado grave”.

Sin cortapisas, acusó: “Estamos hablando del manejo imprudente y delictivo de los fondos municipales”.

Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, las palabras de Casco habían sido “imprudentes”. En ese momento, el concejal opositor reveló que la fiscala Ramos había informado acerca de una “demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia”. En efecto, la Fiscalía tardó seis días en tomar conocimiento de uno de los hechos delictivos más graves que involucran el Estado municipal.

Tras el episodio, la Municipalidad aseguró que dispondía modalidades distintas para la recaudación y posterior depósito del dinero, aunque el mecanismo vigente que implicaba que cada empleado tuviera un talonario y que los números entre turno y turno no sean correaltivos persistió.

En noviembre del año pasado, La Opinión reveló en exclusiva que el Gobierno de Cecilio Salazar había tomado la decisión de privatizar el servicio de pesaje de camiones.

Así, en lugar de alquilar la balanza a un privado y poner personal propio para la cobranza, recaudación y depósito del dinero, habrá una empresa administradora que se ocupará de todo el proceso. Buscan, aseguraron en ese momento a este medio, “veri si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”.

El jueves pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para ser autorizado a llamar a la licitación. El plan es que la empresa transfiera todo lo recaudado —en 2019, último dato disponible, fueron casi 9 millones de pesos— y a cambio reciba una remuneración mensual.

La firma adjudicataria también deberá ocuparse de la custodia de vehículos incautados, compactación y disposición final una vez vencidos los plazos vigentes para el reclamo por parte de los propietarios.