Una nueva pericia practicada en el marco de la causa que investiga el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que apareció muerto en un baño de sangre en una finca de ruta 191, pone en debate la participación de la hasta ahora única imputada y siembra la duda respecto de la intervención de otras personas en el crimen.

Un examen físico practicado sobre la imputada Marisel “Pili” Solís, que permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, indica que no tiene la fuerza suficiente como para haber cometido un asesinato de las características del que investiga la causa.

El perito médico Manuel Armando Caro, el mismo que aseguró que a Marcel lo mataron y no se quitó la vida él mismo, sostuvo en su conclusión que "si bien el criterio médico legal es que las lesiones fueron infligidas por un tercero", él "descarta a la imputada como productora de las lesiones la humanidad de la víctima".

Para Caro, ella "no hubiese podido infligir las lesiones" que presentaba Marcel porque "no posee la fuerza física para doblegar a González", lo que "significa que Solís no tuvo un enfrentamiento" con la víctima.

Caro indicó en su análisis que un cuerpo como el de Pili Solís, que pesa 60 kilos y mide 1,64 m, debería tener "traumatismos" como "hematomas y heridas contusocortantes" si hubiera tenido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Marcel.

"Prevalecería la fuerza de González", dijo Caro y agregó que la cítvima "no habría recibido la multiplicidad de lesiones" que presentaba si ella hubiera sido quien lo atacó.

Así, la pericia repone la sospecha respecto de la participación de otras personas, que al menos la querella deslizó en varias oportunidades en el marco del aporte de elementos probatorios que se sumaban a la causa.

El fiscal Vicente Gómez había solicitado la elevación a juicio del caso para que el Juzgado de Garantías interviniente analice pasar la causa a la órbita del Tribunal Oral para el debate oral y público.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la de prisión perpetua.

El fiscal Vicente Gómez decidió cerrar la instrucción de la investigación del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que apareció en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, identificada como Sonho Verde.

Gómez recibió la causa luego de que la Fiscalía General apartara a María del Valle Viviani del caso. Tras estabelcer contacto con el expediente y tomar declaraciones testimoniales, resolvió solicitar la elevación a juicio.

Ahora, el Juzgado de Garantías interviniente debe ponderar los planteos del fiscal y definir la solicitud para que la causa pase a la órbita de un Tribunal Oral en lo Criminal para el debate.

Marisel "Pili" Solís llegará detenida, con doble conforme porque Casación ratificó la decisión de Cámara de rechazar la prisión domiciliaria, tal como habían planteado tanto Viviani como la abogada particular de la familia de Marcel, Sofía Sanjurjo.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena posible en caso de condena es la de prisión perpetua.

La situación de Pili Solís es comprometida, sobre todo luego de que la pericia toxicológica echara por tierra su principal coartada, relacionada con el consumo de drogas alucinógenas.

Ella dijo que tomaron cucumelo, que en medio del “viaje” caminó durante horas por el campo y que al regresar lo encontró a Marcel en un baño de sangre. Los análisis revelaron que ninguno había consumido hongos, como relató la acusada.

El fiscal de Baradero Vicente Gómez, titular de la UFI 9 de la vecina ciudad, quedó a cargo de la instrucción de la causa que investiga el homicidio de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años que murió en medio de un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

Tras la decisión de Fiscalía general de apartar a Viviani del caso, Gómez ordenó una serie de medidas de prueba y tomó declaraciones testimoniales la semana pasada, camino al último tramo de la instrucción rumbo al juicio.

Gómez llamó a declarar a los policías que tomaron intervención apenas se tuvo conocimiento de lo ocurrido, puesto que la familia de Marcel, que tiene a la abogada Sofía Sanjurjo como representante, quiere profundizar la investigación.

Sobre todo luego de que, como había anticipado Sanjurjo a La Opinión, las pericias sobre los teléfonos secuestrados abonaran las sospechas de que además de la imputada, Maricel "Pili" Solís, podría haber participación de terceros.

Las pruebas contra Solís son cada vez más contundentes: a la pericia que estableció que Marcel murió asesinado se sumó la que informó que ninguno de los dos habían consumido drogas alucinógenas, tal como ella había declarado al principio.

Para la sociedad resulta incomprensible: una persona desangrada y golpeada con una maza, cinco personas acusadas —dos de ellas con las armas letales— y todos liberados por un jurado popular. 

Ese fue el resultado del juicio por el crimen de Adolfo Vallejos, ocurrido en mayo del año pasado. Todos absueltos. Todos “no culpables”. Un homicidio impune.

La única voz que reclamó y sin recursos económicos para hacerlo fue la de la hermana de Adolfo. 

Norma confió en que el sistema judicial lograría finalmente condenar a quien o quienes asesinaron de manera salvaje al hombre que hasta aquella trágica noche, habitaba una vivienda que Ricardo Ontivero reclamaba como propia.

Hubo amenazas previas, situaciones confusas y discusión por la propiedad, pero nadie imaginaba el desenlace. 

Desde el minuto uno la fiscalía a cargo de Viviana Ramos caratuló el hecho como “un homicidio agravado por promesa remuneratoria”. 

El fiscal que la reemplazó camino al juicio, Vicente Gómez, continuó con la misma imputación y con todos los acusados detenidos terminó acordando un jucio abreviado que no fue aceptado por la familia y así derivó en la resolución del veredicto ante un jurado popular.

Ricardo Ontivero, Jesús Montaldi, Matías Tesey, Carlos Martínez y Juan Juárez fueron absueltos, tres de ellos festejaron la liberación frente al escenario del crimen.

El defensor oficial Joaquín Castro asistió a dos de los acusados por el homicidio de Adolfo y el sábado respondió a las preguntas en el programa Sin Galera. Lejos de mostrarse victorioso con la liberación de sus representados, invitó a la reflexión.

Explicó que el sistema de jurados en la provincia de Buenos Aires tiene ciertas particularidades que pueden llevar a la absolución si la acusación no es sólida. 

Este es el caso: la Fiscalía no pudo probar el homicidio agravado por promesa remuneratoria y esa es la clave para generar dudas en el jurado sobre la quien había sido finalmente el autor del crimen.

"Ahí hubo un exabrupto de una de las persona que fue que estaba en ese lugar y ese exabrupto se llevó la vida de una persona". 

Hay que recordar que durante el juicio hubo confrontación entre dos de los presuntos ejecutores: el que tenía la maza y el que empuñaba el arma blanca con la que le perforaron el cuello. 

Tampoco se pudo probar que haya habido dinero de por medio, aunque tres de los cinco acusados contaban con patrocinio letrado particular y una estrategia que incluso les permitió cercar el terreno que estaba en disputa y que contaba con documentación respaldatoria que el mismo Ontivero le mostró a la policía la noche del crimen, con pretensión de recuperarlo en ese mismo momento.

“Evidentemente acá tiene un caso impune y eso no es lo que se buscaba”, expresó Castro para reconocer que el o los autores materiales no pagarán por ese delito.

Castro destacó que tampoco se pudo demostrar que había intención de matar, que fue "un exabrupto", un exceso en manos de sus defendidos, aunque al mismo tiempo reconoció que el mensaje del fallo es "difícil de interpretar" y deja a la población con la sensación de que hubo impunidad.

Una secuencia de llamados telefónicos efectuados a diversos domicilios de Baradero originaron un operativo en San Pedro en el marco de una causa que procura establecer responsabilidades sobre estafas e intentos de estafa cometidos bajo esa modalidad.

Los primeros pasos de la investigación determinaron que desde un domicilio local se habían comunicado ofreciendo distintas propuestas con el único fin de engañar a los destinatarios del llamado.

Los datos recogidos permitieron que el Juzgado de Garantías autorice una orden de allanamiento que una comisión policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro – Baradero cumplió en los últimos días en el domicilio señalado en la causa.

El operativo fue en un departamento del barrio 104 Viviendas, desde donde se sospecha salieron llamados para cometer este tipo de delitos.

El rastreo satelital efectuado durante la instrucción determinó que desde un equipo de comunicación ubicado en ese lugar habían partido las llamadas que tenían como objetivo engañar a los interlocutores con modalidades del tipo “cuento del tío”.

Los llamados ofrecían dinero y premios provenientes de ANSES, distintas sucursales bancarias y hasta del canal de televisión abierta Telefé. A cambio, intentaban obtener los datos personas de los destinatarios para concretar la estafa mediante el depósito de dinero.

Hubo un caso, también en Baradero, en el que la estafa llegó a concretarse: engañaron a una señora de 84 años a quien una mujer le indicó que se comunicaban del banco Nación y que un contador retiraría el dinero.

Efectivamente, una persona pasó por el domicilio y se llevó el efectivo del que disponía la víctima en su vivienda.

El allanamiento solicitado por el fiscal Vicente Gómez, titula de la UFI 9 de Baradero, tuvo como finalidad obtener datos que permitan esclarecer el hecho. Aunque por ahora no se solicitó la aprehensión de ninguna persona, sí hubo secuestro de elementos de importancia para el proceso.

En el domicilio allanado en las 104 Viviendas incautaron teléfonos celulares y computadoras que serán peritados para establecer si de algunos de esos dispositivos partieron lo llamados a los vecinos de Baradero que fueron víctimas de estafa o intento de estafa bajo esta modalidad.