El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.

La Fiscalía federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello tiene a su cargo la investigación penal relacionada con el presunta sustracción de alrededor de 40 millones de pesos de la sucursal del Banco Nación San Pedro y que tiene a la entonces tesorera interina como principal imputada.

La causa penal, paralela a un sumario administrativo que también alcanza a quienes al momento de los hechos denunciados eran gerente y contador, tramita en el juzgado federal de Carlos Villafuerte Ruzo y la semana pasada tuvo movimientos importantes.

El fiscal Di Lello tiene 90 días para reunir pruebas, profundizar hipótesis y sumar evidencias a las que ya obran en el expediente para sostener la acusación de presuntas maniobras defraudatorias que configuran el delito de peculado y, eventualmente, ampliarla a quienes hoy aparecen con presuntas responsabilidades de omisión.

Los elementos más relevantes sobre los que trabaja el fiscal están relacionados con videofilmaciones internas de la sucursal San Pedro del Banco Nación en los que aparece la tesorera en situaciones que alimentarían las sospechas que pesan sobre ella.

En el expediente está asentado que un registro de cámaras de seguridad la muestran "dirigiéndose sola al recinto del tesoro" para retirar "una suma de dinero" con la que se dirigió a la zona de carga de los cajeros automáticos, según.

"Luego de buscar una bolsa de nylon, ingresó el dinero en la misma y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal", dice el expediente, según reveló Infobae, y agrega que "ocultó debajo de su campera la bolsa en la que había colocado los fajos de billetes".

En otra filmación se la ve "ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio" el mismo día en que hubo un movimiento de 10 millones de pesos en el tesoro "que no se correspondía con el movimiento físico del dinero".

Además, hay otras videovilmaciones que deberán ser analizadas en profundidad,—puesto que muchas implican gente manipulando fajos de billetes, algo habitual dentro de un banco—,  cotejadas con los movimientos del tesoro y con los testimonios recogidos en la causa.

El sábado, en Sin Galera, las abogadas de la tesorera imputada, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, aseguraron que "las declaraciones" de otros empleados del banco "presentan grandes contradicciones entre sí" y que podrían ser acusados de "falso testomionio".

Sostuvieron que el día del fallo de caja por 40 millones que provocó el sumario administrativo y la causa penal en trámite, "los compañeros la obligaron a firmar" el documento que registraba el faltante, “pero no estaba constadao”, y que "le dijeron que se haga cargo, que salga a buscar la plata que faltaba".

Además, señalaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno, que implican "un montón de fallas en los controles", como el uso compartido de las claves personales dentro de la entidad. 

La Fiscalía Federal que conduce Matías di Lello confirmó a La Opinión el secuestro de documentación durante los allanamientos que Gendarmería Nacional encabezó en San Pedro el miércoles por la mañana en el marco de una causa por "contrabando".

Los gendarmes secuestraron diversa documentación y copiaron registros digitales. Todo será analizado en procura de establecer vinculaciones con los delitos investigados.

Di Lello tiene a su cargo una causa que investiga la presunta triangulación en exportaciones que habría derivado en mecanismos de evasión impositiva y que configurarían delitos relacionados con la introducción en operaciones clandestinas de comercio exterior.

En San Pedro los gendarmes allanaron un estudio contable, un estudio relacionado con despachantes de aduana y un establecimiento exportador, informaron fuentes del caso.

Además, llegaron por error a una vivienda de Gomendio y Obligado, donde reside una familia que adquirió recientemente la propiedad y nada tiene que ver con la investigación.

Efectivos de la Gendarmería nacional con asiento en San Pedro rescataron a una adolescente de 15 años que era llevada contra su voluntad hacia el norte del país por dos personas de nacionalidad peruana que están acusados del delito de trata de personas.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre pasado, alrededor de la medianoche, cuando el personal de esa fuerza nacional interceptó a un micro en la zona del puente de acceso a San Pedro, en ruta 9, y detectó la situación.

La adolescente era trasladada contra su voluntad en un ómnibus que había partido desde Buenos Aires y se dirigía hacia el norte del país, donde, según la investigación en marcha, sería sometida a prostitución.

Por el caso están detenidos un hombre de nacionalidad peruana de 37 años y su madre, quienes estaban encargados del traslado de la joven, que fue asistida en el Hospital bajo custodia de Gendarmería.

En el nosocomio le practicaron una serie de estudios para descartar la posibilidad de que fuera utilizada como "mula" para el transporte de drogas, es decir la sospecha de que podría haber ingerido cápsulas con estupefacientes para el traslado por ruta.

La causa tramita en la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello, bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual y los detenidos están a disposición del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

La causa conocida como "la ruta del cobre" tuvo un nuevo capítulo esta semana, con la revocatoria de la falta de mérito de los acusados titulares de chatarrerías en San Pedro y San Nicolás, Jonathan Panizza y Roberto Andriola, respectivamente.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo había considerado que no había elementos para procesar a los cuatro imputados —también están acusados el padre de Panizza y un empleado de Andriola—, por lo que les había dictado la falta de mérito.

Sin embargo, la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello apeló y la Cámara de Apelaciones hizo lugar a sus planteos, por lo que revocó la decisión original de Villafuerte Ruzo, lo que implica que los acusados serán procesados.

En diálogo con La Opinión, el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, destacó la decisión de la Cámara y aseguró que "es un paso fundamental" para la prosecución de la causa.

La investigación comenzó tras una denuncia de la empresa Telecom por el robo de cables, que subsumió otros episodios similares. 

La Policía Federal llevó adelante la tarea que derivó en los allanamientos en las chatarrerías y en los domicilios de Paniza, en San Pedro y Santa Lucía, y de Andriola, en San Nicolás.

La Cámara confirmó la postura del Ministerio Público Fiscal, que es el paso previo para formular la elevación a juicio de una causa relevante no sólo por los más de 7500 kilos de cobre secuestrado sino porque se trata de un delito, el robo de cables para la reventa del metal, que afecta servicios públicos esenciales de la ciudadanía.

La causa es importante, no sólo porque está como querellante Telecom, lo que evidencia una situación extrema, sino por el daño y el saqueo que implica este tipo de ilícitos.

Para los investigadores, los acopiadores de metal que se alimentan del circuito ilegal de robo de cables no sólo se enriquecen a costa de un delito sino que además lo propician.

El 22 de junio de 2023 Roberto Andriola fue allanado en su galpón de la ruta 188, en San Nicolás. A su vez, la Policía Federal hacía lo propio en la chatarrería de Jonathan Panizza en Independencia al 3100 y en su casa de Santa Lucía.

En su defensa, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, había asegurado que lo que secuestraron en poder de su defendido no podía determinarse que fuera lo que Telecom denunció como robado.

Informó que el material que se llevó la Federal era parte de lotes "comprados una parta a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa".

En el expediente, agregó, presentó "todas las facturas de compra de los cables de electricidad, porque nadie que compre cable robado lo va a atener en carretes, como estaban, ni los va a esconder en su propia casa".

En su momento, el juez Villafuerte Ruzo atendió razones y dictó la falta de mérito porque "la generalidad" de los cables secuestrados" no permitían corroborar el vínculo con el ilícito investigado.

Ahora, la Cámara de Apelaciones consideró que "la serie de evidencias que se analizaron permiten inferir que se ha configurado el delito", por lo que los imputados serán procesados y Fiscalía podrá requerir la elevación a juicio.

Una de las dos investigaciones en curso por la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium fue archivada porque los acusados Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan no volcaron al mercado legal el dinero que ganaron gracias a "la China".

El fiscal federal Matías di Lello resolvió archivar la causa, decisión que fue ratificada por el fiscal revisor, Martín Suárez Faisal. La resolución implica que "no se ha podido establecer, al menos por ahora" que Pardo, Braga y Pan hayan cometido los delitos de "lavado de activos" o de "intermediación financiera no autorizada".

En el escrito, el fiscal advirtió que los casi 150 mil dólares que Pardo recibió en la billetera Lemon Cash, los más de 250 mil de Braga y los casi 213 mil de Pan "constituirían el producido de la maniobra defraudatoria" que investiga la Fiscalía de Viviani en el fuero Ordinario.

En ese sentido, señaló que su rol era investigar si hubo lavado de activos, es decir aplicación y puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito, lo que no se pudo acreditar porque los activos virtuales que obtuvieron los imputados están "congelados por orden de la Justicia provincial", es decir no los "gastaron".

Pardo, Braga y Pan no hicieron operaciones inmobiliarias o de otros bienes que puedan resultar incompatibles con sus ingresos. 

Incluso la compra de una Amarok y de un Gol por parte de Pardo podrían estar enmarcadas en las posibilidades de los recursos obtenidos por su comercio de ropa o su sueldo como empleado de Papel Prensa.

El archivo de las actuaciones no implica el cierre definitivo de la causa o el sobreseimiento de los imputados, pero sí indica que no hay elementos suficientes para considerar que el delito investigado esté configurado de manera tal que se pueda avanzar en el proceso penal. Eventualmente, si surgieran pruebas, la causa podría ser reactivada.

En el expediente que tramitaba en la Justicia Federal estuvo involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S. A., que fue allanada oportunamente, al igual que su cara visible, Lucas Liberatti.

Tanto la empresa como sus responsables no están imputados en la causa provincial que investiga las maniobras defraudatorias, por lo que en el fuero Federal sólo remitieron al banco Central los antecedentes del caso para que ese organismo evalúe si acaso hubo algún tipo de infracción de tipo cambiario por parte de la financiera.

La causa provincial por estafas reiteradas sigue su curso, con Pardo, Braga y Pan detenidos con prisión preventiva.

A los tres la Justicia les denegó el beneficio de arresto domiciliario que habían solicitado sus abogados defensores, en febrero pasado.

Además de ellos, hay otros 11 sampedrinos imputados, algunos identificados como grandes beneficiarios de la estafa piramidal y otros señalados como promotores para la captación de inversores a través del Knight Consortium.

Cuatro estuvieron detenidos y recuperaron la libertad: el líder sindical de los papeleros, Gerardo Gelabert; Maximiliano Diez; Rodolfo Desanzo; y Facundo Villalba.

Siete de los allanados el 19 de diciembre no fueron apresados: Diego Ariel Churruarín, Paulo Ricardo Ribas, Roque Esteban Maneiro, Washington Elías Velo, Alexis Roberto Aguilar, María Salomé Monfasani y Braían Ezequiel Cáceres.

Previstas para esta semana, fueron pospuestas las indagatorias al intendente Cecilio Salazar y otros miembros de su gabinete por la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.

El abogado Hugo Lima (h) representa a Cecilio Salazar; al exsecretario de Servicios Públicos y actual de Producción, Ariel Álvarez; al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; y al exdirector de Obras Sanitarias, Jorge Ponzio.

Lima logró posponer las indagatorias hasta la semana que viene tras elevar la solicitud al juez Villafuerte Ruzo, en cuyo Juzgado Federal tramita el expediente, que comenzó tras la denuncia de una ONG por los vertidos al río de una fábrica en Baradero cuyos análisis revelaron que el agua venía con altos niveles de contaminación fecal previa.

Cecilio Salazar y Ariel Álvarez declararán el miércoles 26 de marzo a las 11.00 de la mañana, mientras que Mariano Brañas y Jorge Ponzio harán lo propio al otro día, a la misma hora.

El único que este martes se presentó ante el Juzgado Federal de San Nicolás fue Javier Silva, también imputado en la causa por su rol como secretario de Obras Públicas de la gestión Salazar.

Silva tiene asistencia de la Defensoría Oficial que conduce Héctor Galarza Azzoni y concurrió a la audiencia para tomar conocimiento de los alcances de la imputación.

Su declaración será por escrito y objetará los elementos probatorios, la recolección de esas pruebas y buscará deslindar sus responsabilidades en relación a la acusación que pesa sobre el Municipio y los funcionarios actuantes, relacionada con la falta de obras que permitieran evitar el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento al río.

En San Pedro, la planta depuradora dejó de funcionar en 1982 y desde entonces no hay tratamiento para los residuos cloacales, por lo que las responsabilidades de inacción u omisión atraviesan todas las gestiones políticas desde el retorno de la Democracia.

En su Mensaje Anual, el intendente anunció la firma de un convenio con una consultora que, con recursos provenientes de Provincia, lleva adelante un estudio previo que desembocará, eventualmente, en la confección un proyecto para el que luego habrá que buscar financiamiento.

Personal del Juzgado Federal de San Nicolás procedió este jueves a notificar al intendente, funcionarios y exfuncionarios que fueron imputados por el vuelco al río Paraná de efluentes cloacales sin tratamiento.

La causa tiene al intendente Cecilio Salazar, al exsecretario de Servicios Públicos —actual de Producción— Ariel Álvarez, al exsecretario de Obras Públicas Javier Silva, al actual de Obras Públicas Mariano Brañas y al exdirector de Servicios Sanitarios Jorge Ponzio involucrados.

Todos están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y de "contaminación ambiental" por la falta de planta depuradora para el tratamiento de efluentes cloacales, tras una denuncia en Baradero que derivó en análisis que comprobaron presencia de materia fecal en las aguas del riacho.

Las notificaciones, al menos de los funcionarios, se produjeron en el despacho de la Privada, en Palacio, este jueves durante la mañana. Las audiencias para tomar declaraciones indagatorias serán 18, 19 y 20 de marzo del año que viene.

La causa comenzó con una denuncia por los efluentes de la empresa Ingredion en el riacho Baradero. Cuando tomaron muestras, se percataron de que había altos niveles de contaminación fecal previa, es decir que provenía de la zona de San Pedro.

Luego, la Fiscalía Federal ordenó tomar muestras en la boca de salida de los efluentes de la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo. En ambas, constataron que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

Por eso en su momento hubo allanamientos en la Municipalidad y solicitud de documentación al Concejo Deliberante. Di Lello comprobó así lo que los sampedrinos ya sabemos: desde 1982 no hay planta depuradora en funcionamiento, es decir no hay tratamiento de los efluentes cloacales antes de ser volcados al río.

En el expediente obra una declaración del director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, quien señaló que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que los funcionarios locales "no habían manifestado inconvenientes al respecto".

En el Presupuesto 2025, Provincia incluyó en su planificación de obras 10 millones de pesos para "TdR para la elaboración del proyecto licitatorio para desagües cloacales en San Pedro".

Es decir que el año que viene el Gobierno bonaerense financiará los estudios necesarios para la elaboración de una evaluación marco para la posterior planificación del proyecto que, una vez cumplidos ese y los pasos siguientes, podrá derivar en un llamado a licitación.

El fiscal Federal Matías di Lello imputó al intendente Cecilio Salazar y a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno en la causa que investiga la contaminación ambiental del río Paraná por el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento.

La causa es la misma por la que el año pasado el Juzgado Federal de Villafuerte Ruzo ordenó allanar la Municipalidad para solicitar planos de la planta depuradora.

Los imputados, además de Salazar, son el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; el exdirector de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; al exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y el exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez.

Tras el allanamiento, el fiscal le requirió a la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, una gran cantidad de documentación relacionada y ahora avanza en el proceso para indagar a quienes considera "coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "contaminación ambiental".

La causa comenzó con una denuncia de una organización ambiental sobre la contaminación del río Paraná en Baradero que apuntaba a una empresa radicada en esa ciudad. Cuando la Justicia ordenó las pruebas, se encontraron con indicios del vuelco de líquidos cloacales en el riacho.

Así, el Juzgado Federal de Campana que tenía esa denuncia le pasó a Villafuerte Ruzo la situación de San Pedro, que corresponde a su competencia, para que disponga el desarrollo de la causa penal contra el Estado local.

Las muestras originales fueron tomadas frente a la descarga de la empresa Ingredion, en Baradero. El resultado arrojó contaminación fecal previa, confirmada luego por el área de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó nuevas muestras.

Los análisis del agua del riacho en San Pedro establecieron la presencia de coliformes fecales en alto grado. 

La investigación tuvo que constatar con la documentación secuestrada en la Municipalidad y pedida al Concejo Deliberante lo que todos los sampedrinos ya sabemos: no hay planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Las muestras se tomaron en la boca del puerto y en proximidades del buque museo General Irigoyen. En ambos casos, los responsables del análisis dejaron asentado que había "olores nauseabundos".

La Dirección de Control Técnico de la Autoridad del Agua (ADA) concluyó que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

La resolución cita diversas notas publicadas por La Opinión que dan cuenta de que la planta depuradora de calle Rómulo Naón está fuera de servicio desde 1982, fecha desde la que los residuos cloacales van al río sin tratamiento.

Del análisis de la documentación que Mónica Otero tuvo que llevar en papel a la Fiscalía Federal, la causa estableció que "en 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora".

La entonces secretaria Legal y Técnica reconoció ante la Justicia que la planta depuradora no sólo no está en funcionamiento sino que "tampoco se realizan tareas vinculadas a reciclaje o cualquier actividad relacionada con desechos, sean éstos cloacales o residuos".

El director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, dijo en su declaración testimonial que el organismo que conduce nunca tuvo ningún planteo del Gobierno local sobre el tema.

Dijo que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que "los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto".

La Justicia Federal tomará declaración indagatoria a Salazar, Brañas, Silva, Ponzio y Álvarez 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La causa que investiga el accionar de los delincuentes que simularon un allanamiento en la oficina de la financiera Reuterfin en San Pedro fueron trasladados a una cárcel Federal, donde permanecerán alojados mientras se sustancia el proceso.

Lucas Santiago Ruiz, de 24 años, y Braian Alexander Moré, agente de la Policía Federal de 23, estaban uno en la Comisaría local y otro en la 5.ª de Avellaneda. Desde esas dependencias fueron llevados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Ruiz está imputado de los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

Moré, por su parte,  está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Ambos son oriundos de San Miguel de Tucumán, pero tenían domicilio en Buenos Aires. El agente de la Policía Federal se desempeñaba en la División Antifraude con asiento en el barrio porteño de Monserrat.

Tras hacer uso de su derecho a no prestar declaración durante la indagatoria, Fiscalía consideró que los delitos de los que están acusados son de competencia federal y pidió derivar la causa a ese fuero.

El Juzgado interviniente hizo lugar, por lo que todas las actuaciones pasaron al juez Carlos Villafuerte Ruzo y al fiscal Matías di Lello.

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

La Justicia resolvió la cuestión de competencia en el caso de los delincuentes que vestidos como agentes de la Policía Federal simularon un allanamiento en la financiera Reuterfin con el objetivo truncado de llevarse todo lo que había, por lo que la causa pasó al fuero Federal.

Además, rechazaron el pedido de excarcelación que Defensoría había interpuesto en favor de los dos detenidos, que seguirán alojados en la Comisaría quinta de Avellaneda mientras se sustancia el proceso en su contra.

Braian Alexander Moré tiene 23 años y es efectivamente agente de la Policía Federal, asignado a la División Antifraude en la ciudad de Buenos Aires.

Oriundo de San Miguel de Tucumán, donde reside su familia, está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Su cómplice, Lucas Santiago Ruiz, tiene 24 años y también es tucumano. Está imputado por los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

La Justicia consideró que todos esos delitos son de competencia federal, por lo que la causa pasó de la Fiscalía 11 de San Pedro a la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello.

Los delincuentes "se han valido de un documento público apócrifo supuestamente emanado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, un arma de fuego reglamentaria, indumentaria, credenciales y otros elementos oficiales de la Policía Federal", señala la resolución judicial.

Es decir que hay "afectación del interés nacional en los hechos que se investigan".

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

El abogado Daniel Spirópulos representa a la financiara Overcash en la investigación por el caso de la plataforma Rainbowex que coordinan los referentes del denominado Knight Consortium.

La financiera fue señalada como uno de los lugares donde los usuarios de la plataforma hacían los ingresos y retiros de fondos vía billeteras virtuales, una operación que en principio podría hacerse en cualquier casa de cambios que opere con esas aplicaciones de manejo de dinero digital.

Spirópulos se presentaba este lunes para formalizar su rol como representante legal en la causa e interiorizarse de los pormenores de la investigación del fiscal Federal Matías di Lello, que ordenó allanamientos en la financiera y en la casa de Lucas Liberatti, uno de los socios de la empresa.

"Lo más grave no viene de la comunidad de San Pedro, viene de afuera, de gente que ha diagramado esto de una manera magistral. Su objetivo es la impunidad", sostuvo el abogado.

En ese sentido, destacó la concepción de Di Lello acerca de que detrás de la maniobra hay "autores intelectuales" y consideró que no serían de San Pedro, puesto que la plataforma opera de la misma manera en otros puntos del país y, al menos, de Latinoamérica.

"No están convocados en la causa, nadie los mencionó ni trató de identificarlos, no hay exhorto a ningún organismo internacional", advirtió el abogado.

"Di Lello dijo algo muy cierto: la persona que interviene en este ilícito tiene que tener conocimiento, le agregaría el dolo, la intención de cometer un ilícito, programarlo, hacerlo de manera concertada para lograr un objetivo", señaló.

Spirópulos sostuvo que la maniobra delictiva "ha sido diagramada y programada por autores intelectuales que pueden ser asiáticos, occidentales, foráneos, argentinos o lo que sea" y que hoy "no están en este enorme debate que se ha generado como consecuencia de todas estas operaciones".

Para el abogado de Overcash, una de las cuestiones fundamentales sobre las que se apoya la maniobra es la de haber llamado la atención "de una comunidad donde existe gente que tiene comunicación entre sí y tiene confianza entre sí".

"Eso es lo fundamental. Lo que importa acá es la publicidad boca a boca. Porque un vecino le dice a otro que hizo un negocio y así. A mí también me llegó y me invitaron a participar", relató.

El fiscal Federal Matías di Lello brindó detalles de la investigación que lleva adelante por el caso de la plataforma Rainbowex y el denominado Knight Consortium, grupo que coordinaba la captación de inversiones para la presunta compra de criptomonedas.

Di Lello repasó en Sin Galera las medidas de prueba que comenzó a tomar desde que decidió actuar de oficio ante los informes periodísticos que revelaron las maniobras de la plataforma.

Para el fiscal, existe la posibilidad de la comisión de delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, tipos penales sobre los que se apoya su investigación.

Lo primero que confirmó el fiscal fue que Rainbowex no está autorizada para operar en la Argentina para la captación de inversiones puesto que no está registrada en la Comisión Nacional de Valores.

Ese organismo le informó a la Justicia la novedad al otro día de que el fiscal remitirá el oficio para solicitar esos datos, lo que derivó en otras medidas relevantes.

Entre ellas, Di Lello y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) pidieron al juez Villafuerte Ruzo que ordene el bloqueo a los accesos a las páginas web de Rainbowex y el Knight Consortium.

Además, la Justicia autorizó una serie de allanamientos por el caso. Los primeros fueron en la financiera Overcash, en el centro de la ciudad, y en una casa en el Apart Club San Pedro a la que llegaron por error.

El sábado allanaron el departamento donde reside Lucas Liberatti, uno de los socios de Overcash que aparecía nombrado en los movimientos de Rainbowex, y la de Luis Pardo, cara visible de los líderes del Knight Consortium, en el barrio El Escorial, donde se mudó recientemente.

En ambos domicilios secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Los imputados fueron trasladados a la sede de la Policía Federal para cumplir con la diligencia de notificación y luego recuperaron la libertad.

Di Lello tiene varias medidas de prueba por delante, entre las que no se descartan una serie de allanamientos en otros domicilios de personas sindicadas como partícipes de la red de captación de inversiones con una promesa de ganancias diarias de entre el 1 y el 2 por ciento.

Una investigacón de La Opinión en colaboración con la empresa de seguridad informática Birmingham Cyber Arms Ltd., que lidera Mauro Eldritch, quien la semana pasada reveló la vulnerabilidad de la plataforma, permitió revelar este sábado en Sin Galera una serie de impactantes datos, obtenidos junto al hacker Guido Marlowe, sobre la plataforma Rainbowex y sus promotores, el denominado Knight Consortium.

Además de dar a conocer que detrás del perfil de “la China” en Telegram está el número de Maximiliano Braga, uno de los líderes locales del “consorcio”, domiciliado en Río Tala y registrado como trabajador rural, el programa reveló detalles del funcionamiento de la plataforma.

En Rainbowex hay, en total, 62 mil usuarios registrados que "invirtieron", en total, más de 49 millones de dólares. Entre ellos los más de 12 mil —en algunos casos se habla de hasta 20 mil— sampedrinos.

Los últimos retiros efectivos registrados son del viernes 4 de octubre. El martes siguiente, y tras el “evento del cambio de moneda”, suspendieron por 14 días hábiles la posibilidad de sacar los USDT y cambiarlos por dinero, presuntamente para “colaborar con la Justicia”.

En total, los retiros efectivos ascienden a poco más de 40 millones de dólares. Es decir que del total ingresado, quedaron 9 millones de dólares. Los movimientos pendientes de retiro —intentaron pero no pudieron— ascienden a 23 millones de dólares.

Hubo 169.425 movimientos de extracción. El primer retiro fue el 12 de julio de 2023: fueron 5 dólares. Las dos primeras fueron pruebas. La tercera, a nombre de una persona cuyas iniciales son ERG.

Los 20 que más retiraron, en total sacaron casi 4 millones de dólares. El que más se llevó fue Maximiliano Braga, “la China”, casi 400 mil dólares.

Maximiliano Braga ingresó en total 1164,42 dólares. Se registró en la plataforma el 2 de agosto de 2023. Eran las 15.52. Su primer ingreso fue el 14 de agosto. Sus inyecciones de dinero fueron seis. Dos el 14 de agosto y otro el 17.

El 5 de noviembre del año pasado hizo un terecero. En 2024 fueron dos: el 19 de marzo y el 4 de mayo. Su número de identificación en la plataforma termina en 273. 

Sus retiros suman 338.301,10 dólares. Está primero en el ranking de los que más plata sacó. Lo hizo en 143 extracciones distintas entre el 25 de agosto de 2023 y el 29 de septiembre pasado.

La primera fue de 11 dólares y la última de 4750. El 9 de octubre quiso retirar 1900, pero quedó pendiente. En los registros, su saldo es de 69.125,244 USDT. 

Braga refirió a 55 personas, entre ellos a Luis Pardo, el otro gran referente públicio del Knight Consortium, allanado este sábado en su casa del barrio El Escorial.

Pardo ingresó a la plataforma el 11 de noviembre de 2023. El primer ingreso fue de 77,83 dólares. En total, hizo 12 movimientos de inyección de dinero. El de mayor cantidad fue el 5 de diciembre, por 1083,90 dólares. En total, “invirtió” 3571,54 dólares. 

También está entre los que lideran el ranking de extracciones, con la suma total de 228.443,65 dólares en 92 movimientos entre noviembre de 2023 y el 4 de octubre pasado, fecha en la que retiró 9.500 dólares. 

Su mayor retiro fue de 25 mil dólares, el 9 de septiembre. Antes, el 13 de julio, había sacado 20 mil dólares. En los días previos a que se suspenda el retiro, sacó otros 40 mil dólares, en cuatro tandas. 

Luis Pardo invitó a 114 personas y es, de los líderes, el que mayor cantidad de referidos tiene. Su saldo disponible es de más de 147 mil USDT.

A su nueva casa en el exclusivo barrio El Escorial, donde se mudó hace poco tras toda una vida en inmediaciones del asentamiento precario conocido como Hermano Indio, la Policía Federal llegó con orden de secuestrar todo elemento de almacenamiento digital o físico de documentación vinculada a Rainbowex.

La Justicia Federal ordenó bloquear en el país el acceso a las páginas web vinculadas a Rainbowex y al Knight Consortium, en el marco de la investigación penal por posibles delitos financieros cometidos por la plataforma de "la China" y sus responsables.

El fiscal Federal Matías di Lello solicitó la medida tras la confirmación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) respecto de que Rainbowex no está registrada ni tiene autorización para operar en la Argentina.

"Pese a ello, los servicios siguen ofrecidos el público en general", advirtió el fiscal. La medida de bloquear los sitios web fue solicitada "con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores".

Aunque la infraestructura de los sitios web utilizada "está montada fuera de la República Argentina", la orden es que se restrinja su acceso al público general dentro del país.

Las páginas web bloqueadas son knightconsortium.com y h5.rainbowex.life más el link que lleva a la descarga de la app y fue ordenada a "todos los representantes de las cámaras, asociaciones y otras entidades vinculadas a la prestación de servicios de internet en el país".

En los grupos de Telegram no hubo aviso, todavía, respecto de la orden. “Están pidiendo que no se opere más en la Argentina”, fue el único mensaje de los referentes en los grupos.

Aunque ya se sabe que cambiaron el dominio para que se pueda acceder de otra manera tanto a la plataforma como a la descarga de la aplicación, aunque hay referentes que dicen que sería falso.

Mientras tanto, les informan que “pueden operar" a los usuarios de la plataforma, aunque los retiros fueron suspendidos por 14 días hábiles (alrededor de tres semanas) el martes.

Además de la causa Federal, hay un expediente en la Justicia provincial a cargo de la fiscala María del Valle Viviani, quien investiga la presunta estafa piramidal.

Desde el miércoles a la mañana, Fiscalía recibirá a todos los damnificados que consideren necesario dejar asentada su situación ante la Justicia.

La causa penal en trámite que investiga la comisión de posibles delitos financieros por parte de la plataforma de captación de inversiones en criptomonedas con promesa de ganancias Rainbowex, de la que participan más de 12 mil sampedrinos, avanza en la Justicia Federal.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer la primera novedad relevante para el caso: la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que la plataforma de "la China" no está registrada.

"A la fecha del presente, 'RainbowEX', 'Rainbow Exchange' y/o 'Knight Consortium' no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales —Personas Jurídicas— y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo", dicie el reporte del organismo que controla el mercado de capitales.

Esto significa que para la ley argentina, Rainbowex no existe formalmente como plataforma para la actividad que lleva adelante lo que, advirtió la agencia de noticias del Ministerio Público Fiscal, "refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada".

El fiscal Di Lello investiga, además, la posible comisión del delito de lavado de activos por parte de la plataforma Rainbowex y los referentes del denominado Knight Consortium, encargados de la captación de "inversores" con la promesa de una ganancia de entre el 1 y el 2 por ciento diario en dólares.

El registro en la Comisión Nacional de Valores es uno de los requisitos para operar en la actividad de intermediación financiera, por lo que la confirmación de ese incumplimiento es un paso relevante para la causa penal en trámite.

Di Lello solicitó colaboración a la Procelac (Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos), a la Ufeci (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que se ocupa de los ciberdelitos, y dio intervención al área antifraudes de la Policía Federal, que también llevará adelante una investigación por el tema.

Además, remitió oficios a la fiscala María del Valle Viviani y solicitó a la Municipalidad que informe si Rainbowex o el Knight Consortium tiene locales habilitados o con trámite de habilitación.

Tras conocerse la noticia de que la Justicia Federal investiga el caso, la plataforma y sus referentes informaron a quienes colocaron dinero que no podrán hacer retiros por al menos tres semanas.

La plataforma Rainbowex y el Knight Consortium están sospechados de llevar adelante una “estafa piramidal” tipo “esquema Ponzi” que se sostiene sólo con el ingreso de nuevos “inversores”.

Especialistas en trading aseguran que la plataforma es “una simulación" de inversiones que nada tiene que ver con la actividad de traders profesionales.

Además, un experto en seguridad informática advirtió que su sistema es vulnerable y que ya hubo hackeo de datos, que se pusieron a la venta en foros e incluyen documentos y fotografías de sampedrinos.

El intendente Cecilio Salazar se refirió este martes, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Día del Trabajador Rural, a la situación de Rainbowex y al fenómeno que implica que más de 12 mil personas participen en esa plataforma a través del denominado Knight Consortium.

El jefe comunal informó que había hablado “con la fiscal de turno y con la Justicia Federal, porque si hay un delito sería de índole Federal y debe actuar la Justicia”.

“Nosotros no tenemos oportunidad alguna de actuar en nada porque ni siquiera somos terceros damnificados. Tendrá que investigar la Justicia”, dijo Salazar este martes y todavía no estaba al tanto de las actuaciones judiciales iniciadas.

“Habría que ponerse en la cabeza de esa gente, la situación es tremendamente complicada hoy, la gente no llega a la mitad del mes, llega el 10 y se les termina el sueldo, por eso cuando llegan este tipo de cosas pasa esto”, analizó sobre lo que ocurre.

“Yo no puedo ir a decirle a cada persona, porque el intendente siempre es la primera ventana y tiene la culpa de todo, pero qué puedo hacer yo para evitar que  cada persona que va y juega, decirle que no juegue”, señaló el jefe comunal.

El fiscal Di Lelló informó a La Opinión que inició actuaciones de oficio. Las figuras penales sobre las que comienza la investigación están relacionadas con la “intermediación financiera sin autorización o un posible lavado de dinero”.

Di Lello señaló que su Fiscalía comenzó a desplegar “todas las medidas de investigación características de estos hechos”, que no son distintas a las que en su momento dispuso para el caso Intense Live.

Esa plataforma captaba inversores en criptomonedas para la presunta compra de acciones de una empresa internacional de servicios de taxis similar a Uber y resultó ser una clásico esquema Ponzi, una estafa piramidal, como advirtieron expertos que podría ser Rainbowex.

La Justicia tomó intervención en el caso Rainbowex tras la amplia difusión del tema que hicieron los medios nacionales y luego de que el Gobierno municipal diera cuentas de la situación tanto a la Fiscalía local como al fuero Federal.

El intendente Cecilio Salazar informó este martes, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Día del Trabajador Rural, que había hablado “con la fiscal de turno y con la Justicia Federal, porque si hay un delito sería de índole Federal y debe actuar la Justicia”.

El fiscal Federal, Matías Di Lello, informó a La Opinión que inició una “investigación preliminar de oficio en base a la trascendencia pública”, algo que también hizo la fiscala María del Valle Viviani, del fuero ordinario.

Desde el Gobierno municipal se habían comunicado con el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, para que la Justicia tome conocimiento de lo que ocurre.

Como no hay denuncias, las actuaciones iniciadas por el fiscal Di Lello son de oficio y en procura de establecer si en el marco de la captación de inversiones por parte de los referentes del denominado Knight Consortium existe la comisión de delitos.

El fiscal explicó a La Opinión que las figuras penales sobre las que comienza la investigación están relacionadas con la "intermediación financiera sin autorización o un posible lavado de dinero", aunque advrtió que “todavía es muy prematuro".

Para el desarrollo de la investigación, la Fiscalía Federal dio intervención a diversos organismos que entienden en delitos como los que la hipótesis de la investigación va a abordar.

Por eso intervienen la Procelac (Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos) y la Ufeci (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que se ocupa de los ciberdelitos.

Además, informó Di Lello, dieron intervención al área antifraudes de la Policía Federal, que también llevará adelante una investigación por el tema.

Una de las primeras medidas tomadas por la Fiscalía Federal de San Nicolás en el caso es elevar oficio a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Solicitamos que nos informe sobre estas plataformas, para ver si están autorizadas o no”, detalló el fiscal.

Di Lello señaló que su Fiscalía comenzó a desplegar “todas las medidas de investigación características de estos hechos”, que no son distintas a las que en su momento dispuso para el caso Intense Live.

Esa plataforma captaba inversores en criptomonedas para la presunta compra de acciones de una empresa internacional de servicios de taxis similar a Uber y resultó ser una clásico esquema Ponzi, una estafa piramidal, como advirtieron expertos que podría ser Rainbowex.

Además, la Fiscalía Federal envió un oficio a la fiscala Viviani para que informe si existe alguna denuncia o si está llevando adelante algún tipo de investigación por eventuales estafas, un delito que es independiente al que investiga Di Lello y que, en caso de existir, tramitará en el fuero ordinario.

“Nosotros no tenemos oportunidad alguna de actuar en nada porque ni siquiera somos terceros damnificados. Tendrá que investigar la Justicia”, dijo Salazar este martes y todavía no estaba al tanto de las actuaciones judiciales iniciadas.

“Habría que ponerse en la cabeza de esa gente, la situación es tremendamente complicada hoy, la gente no llega a la mitad del mes, llega el 10 y se les termina el sueldo, por eso cuando llegan este tipo de cosas pasa esto”, analizó sobre lo que ocurre.

“Yo no puedo ir a decirle a cada persona, porque el intendente siempre es la primera ventana y tiene la culpa de todo, pero qué puedo hacer yo para evitar que  cada persona que va y juega, decirle que no juegue”, señaló el jefe comunal.

Varios dispositivos fueron secuestrados por la Policía Federal este lunes en un allanamiento que tuvo lugar en una vivienda ubicada en Uruguay al 2000, donde la Justicia ordenó el procedimiento en el marco de la investigación por las amenazas de bomba en escuelas de San Pedro.

El Juzgado Federal de Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento tras una investigación que permitió establecer serias sospechas acerca de que desde ese domicilio se habrían enviado los e-mails con amenazas de bomba a la escuela Normal la semana pasada, durante martes y jueves.

La requisa permitió el secuestro de "importantes elementos de interés para la causa, como ser varios teléfonos celulares, notebook, pendrive, CPU de computadora, y escritos realizados por el principal investigado", informó la Policía Federal tras el procedimiento.

Se llevaron un DVR y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad que no arrojaron los resultados esperados, según revelaron fuentes de la investigación, aunque todo lo grabado fue dispuesto en pendrives que, junto al resto del material secuestrado, será enviado a peritar por los expertos en ciberdelitos.

Los efectivos de la División de Unidad Operativa de la Policía Federal de San Nicolás llegaron alrededor de las 8.00 de la mañana con el objetivo de allanar la vivienda ubicada en la planta alta del inmueble.

Apenas arribó la Federal, una empresa que presta servicios de seguridad fue convocada para colaborar con el procedimiento, de acuerdo a lo que pudo divisar el móvil de La Opinión & Sin Galera, mientras los vecinos aportaron datos sobre la propiedad.

Esa casa y otra que da sobre calle Rojas, pertenecían a un mismo dueño y de hecho la requisa sólo se hizo en la planta alta, tal como muestran las imágenes captadas sobre el acceso lateral de Uruguay 2060.

El principal investigado sería un menor de edad que reside en ese domicilio, sobre cuya participación en el delito que investiga la Fiscalía Federal que conduce Matías di Lello junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Hernando Insúa sólo informó que está imputado por "intimidación pública".

“Hay más de dos extensos informes que ahora analizará el fiscal”, indicaron fuentes judiciales esta noche a La Opinión. En esos textos, peritos informáticos y colaboradores hilvanaron los datos que habían relevado el jueves y que terminaron el viernes con la llegada de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás a un domicilio que ya habían allanado en el mes de abril, tras una ola de amenazas de bomba que inlcuyeron colegios, bancos y otras instituciones.

El personal policial “coordinó con autoridades educativas, un relevamiento informático, de la cual participó personal División Unidad Investigativa antiterrorismo, con integrantes de Delitos Tecnológicos en otras partes de la ciudad”, informaron en un parte remitido desde Policia Federal respecto a la tarea desplegada en San Pedro. 

El jueves la Jefa Distrital Lorena López se reunió con el Fiscal Matías Di Lello en San Nicolás; el viernes el municipio informó que se había presentado como “particular damnificado” ante la justicia y esta noche, se supo que el nuevo procedimiento está directamente vinculado a la situación que se desató el lunes 6 de mayo en la Escuela Normal. Al igual que en las anteriores falsas advertencias, un correo electrónico anónimo indicaba la presencia de explosivos en varias escuelas. Con eso solo bastó para que nuevamente se dispararan los protocolos de evacuación y se recuerra a todas las fuerzas de seguridad y personal especial de la brigada antiexplosivos para revisar los establecimientos.

La orden de allanamiento no tardó en llegar y esta tarde, pasadas las 17.30 los efectivos ingresaron al domicilio del principal investigado: un menor que cursa en un establecimiento sampedrino sus estudios. 

“Durante el allanamiento, avalado por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, se secuestraron importantes elementos de interés para la causa”, dice la gacetilla de prensa remitida desde el Departamento de Prensa de la Policía Federal.

Aunque la identidad se mantiene en reserva por la edad del joven sospechado de participar en estas maniobras, se supo que en esta ocasión se llevaron un segundo celular y hay que esperar el resultado de las pericias anteriores y de las actuales. 

Hay mucha preocupación en las familias por la cantidad de días de clase que se han perdido y por la situación a la que están sometidos sin que haya sanciones para el o los responsables.