El costo del servicio de barrido, limpieza y recolección de residuos que presta la empresa Ashira en San Pedro y las localidades cuesta 362 millones de pesos por mes.

Así quedó establecido tras el último aumento dispuesto a solicitud de la compañía, que pidió revisión del precio con arreglo a lo que estipula el contrato de concesión.

El incremento es del orden del 8,79 por ciento y rige con retroactividad al 1 de abril, de acuerdo con el decreto firmado por el intendente que tiene fecha del 15 de mayo.

El servicio para San Pedro cuesta ahora 335 millones de pesos por mes y el de las localidades, 27 millones. En total, el Municipio debe reunir 362 millones para cumplir con el pago mensual del contrato con Ashira.

Desde hace tiempo el Estado local no paga completo el costo a la empresa, lo que implica una acumulación de deuda que a comienzos de abril provocó un paro de los trabajadores, puesto que Ashira no había pagado el total de los salarios.

Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo y el desembolso de Provincia de 80 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento que fue directo al pago de ese servicio, la empresa pagó los sueldos y todo volvió a la normalidad, tras varios días sin recolección en la ciudad.

La declaración de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires y de los municipios que la componen había advertido que "la crisis se profundiza" especialmente en territorio bonaerense.

Un informe de la consultora PPA analizó las transferencias de recursos de Provincia a los municipios en concepto de coparticipación y estableció que hubo una importante disminución en términos reales.

El primer trimestre de 2026 registra el nivel de recursos más bajo para un período similar desde la pandemia. El volumen total de transferencias está casi un 4 por ciento por debajo del año anterior.

Son 75 los municipios que registraron caídas que superan el 3 por ciento. San Pedro es uno de ellos. La evolución de la coparticipación de los últimos tres años en relación al primer trimestre así lo revela.

Si en enero hubo un incremento del 1,5 por ciento respecto del mes anterior, la caída para febrero fue estrepitosa: San Pedro recibió un 11,8 por ciento menos de recursos. 

Para marzo, el porcentaje respeto del mes anterior fue del 3,86 %, según datos obtenidos por La Opinión en análisis de las publicaciones que hace la Secretaría de Economía sobre la evolución de los recursos.

En el primer trimestre, San Pedro recibió unos 6 mil millones de pesos de coparticipación.

Como advirtió el secretario de Economía Roberto Borgo en una entrevista con este medio, los fondos que llegan de coparticipación por mes no alcanzan para cubrir la masa salarial que debe pagar el Estado  local.

En la declaración de emergencia, Kicillof advirtió que la situación es "causada por la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que, por ley y acuerdos vigentes, corresponden a la Provincia de Buenos Aires".

En se marco, el Gobierno provincial sostuvo que "dicha conducta vulnera el federalismo fiscal, afecta la autonomía provincial y compromete la continuidad y calidad de los servicios esenciales, en detrimento de las y los bonaerenses".

El producto bruto interno muestra caída significativa en rubros como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, arrastrado por una importante caída de la actividad económica.

Provincia atribuye además al "derrumbe en el consumo y la destrucción de empresas", con la consecuente pérdida de puestos laborales, los altísimos niveles de morosidad registrados entre las familias bonaerenses.

El impacto fiscal, en se sentido, es claro: la recaudación cae y con ella,  las transferencias automáticas a los municipios. 

Sólo en febrero, señalaron desde Provincia, Buenos Aires recibió 100 mil millones de pesos menos que el mismo mes del año anterior.

La emergencia económica dispuso un fondo especial de "emergencia y fortalecimiento de la inversión municipal" que destinará recursos, cuya primera cuota se desembolsó en abril.

A San Pedro le tocaron alrededor de 80 millones que fueron utilizados de inmediato para saldar deuda con Ashira, de manera tal de reponer el servicio cortado.

De esos recursos, el 70 por ciento es de libre disponibilidad y el 30 restante va para programas que pueden ser de Infraestructura, Transporte y Cultura. San Pedro eligió el primero, para un plan de refacción integral de calles con pavimento deteriorado.

Los concejales analizan la Rendición de Cuentas 2025, que deberán tratar antes del 31 de mayo. Mientras celebra que no le impusieron ninguna multa por el ejercicio 2024, el Gobierno mira con atención cómo los gráficos muestran el deterioro financiero del Estado local frente al resto de los municipios.

Uno de los puntos relevantes para el análisis es, desde hace mucho tiempo, el de la comparación entre los ingresos propios contra los ingresos totales de San Pedro, puesto que refleja la alta dependencia que el Municipio tiene de la coparticipación provincial.

Aun así, advirtió Roberto Borgo en Sin Galera el sábado pasado que lo que llega mensualmente de Provincia ya no alcanza para cubrir la masa salarial, es decir para pagar los sueldos.

El año pasado, San Pedro volvió a ubicarse muy por debajo del promedio del resto de los municipios bonaerenses, con alrededor del 22,2 por ciento de recursos propios sobre el total de ingresos.

El promedio consolidado del resto de los municipios es de 45,9 por ciento, más de la mitad que el porcentaje sampedrino. La curva es descendente en todos lados, pero San Pedro no para de caer desde que en 2019 había alcanzado un porcentaje aceptable.

El recuerdo de "el peor municipio de la provincia" del año 2014, el que le costó la renuncia al intendente Pablo Guacone, regresa: ese año, los ingresos propios fueron del 21,3 por ciento.

Luego, en 2015, subió cinco puntos. Cuando asumió Salazar, logró incrementar de a poquito hasta alcanzar en 2019 el máximo de los últimos años, con 30,5 por ciento.

La pandemia provocó una caída al 27,8 por ciento y desde entonces la curva es descendente: 25,1 % en 2021; 22,2 por ciento en 2022; 21,9 % en 2023; y el récord del porcentaje más bajo, incluso por debajo del de Guacone, en 2024, con 20,2 por ciento. En 2025 aumentaron dos puntos, lo que en dinero contante y sonante es importante.

El promedio provincial tuvo un 50,9 por ciento máximo en 2019 y luego, pandemia de por medio comenzó a descender algunos puntos, aunque la curva de la autonomía municipal en materia de ingresos tuvo su mayor caída en los años 2024 y 2025, coincidente con el ajuste impuesto por el Gobierno nacional, que repercute en Provincia y en los municipios. 

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.

La primera mitad del año del ejercicio económico financiero de la Municipalidad terminó con un déficit de alrededor de 2600 millones que representa aproximadamente un 12 por ciento más de gasto sobre los recursos percibidos.

Que un Gobierno gaste poco más del 10 por ciento por encima de lo que cobró por tasas y recibió por coparticipación a mitad del año no pareciera motivo de preocupación, a juzgar por las dificultades económicas generales.

Pero a la vista de la evolución de los ingresos y de los gastos, con un importante porcentaje que se llevan los sueldos, lo que queda del ejercicio será delicado. En un año electoral, campaña mediante, aún más.

De los 41.500 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto, el Gobierno ya gastó casi 23 mil millones, alrededor del 55 por ciento, bastante menos que en 2024, cuando para la fecha ya llevaba el 70. En materia de recursos, percibió poco más de 20.300 millones, lo que representa menos del 50 por ciento.

Como siempre, los sueldos se llevan el porcentaje mayor: alrededor del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad, mismo nivel que al final 2024, pero por encima que al cierre del primer semestre, que era del 60. Son 10.613 millones sobre casi 14.130 millones.

Así, los salarios del personal municipal, médicos y profesionales de la salud, funcionarios del gabinete y concejales insumen casi 1769 millones por mes. 

Todo antes de pagar el aguinaldo, para el que esta vez hubo que recurrir a Provincia, que inyectó un adelanto de copartipación que habrá que devolver hacia fin de año. Además, ya empezaron los debates para la paritaria.

El 25 por ciento restante más casi 3500 millones de fondos afectados —echaron mano de esta cuenta para pagar aguinaldos y también hay que devolverlos— y poco más de 2700 millones de recursos extrapresupuestarios suman los 12.300 millones con los que la Municipalidad tuvo que hacer todo lo demás.

Los tres hospitales y los centros de salud implicaron más de 7 mil millones de pesos en total para cubrir las prestaciones necesarias. Salud es el área de mayor inyección de recursos en lo que va del ejercicio.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, apunta a profundizar en el segundo semestre lo que denomina su "plan de contención del gasto" para hacer más eficiente el proceso de compras.

Se sabe que las demoras en pago a proveedores implican que quien le vende a la Municipalidad lo hace más caro. En Palacio también entienden que muchos de esos proveedores no le podrían vender a ese volumen a ningún otro cliente.

Borgo reconce que la segunda mitad del año, tras el pago de los aguinaldos y con el necesario cumplimiento de las demandas de los médicos, que vienen atrasadas, será cuesta arriba.

Una vez más, el funcionario llegó a fin del primer semestre con un delicado equilibrio en las cuentas. El resto del ejercicio será muy complejo y llegar a diciembre con los recursos garantizados para hacer frente a los aguinaldos es la meta. 

El viernes pasado fue la fecha límite que establece la ley para el pago del medio aguinaldo, que se debe abonar al 30 de junio aunque hay una prórroga de cuatro días hábiles otorgada por cuestiones de liquidez.

Los empleados municipales no cobraron y la tensión con los sindicatos crece a medida que pasan los días, puesto que el Gobierno ya anunció que para hacer efectivo del depósito de la primera cuota del sueldo anual complementario no cuenta con recursos propios.

Por ello el intendente Cecilio Salazar hizo gestiones ante el gobernador Axel Kicillof para una asistencia financiera extraordinaria que permita hacer frente a ese compromiso y aguarda respuestas.

En Palacio dicen que el viernes podría haber novedades, por lo que la expectativa es importante para después del feriado y camino al fin de semana. Aunque para que los empleados cobren, es necesaria la transferencia de recursos desde Provincia. Sí o sí.

Mientras tanto, los sindicatos municipales esperan y sus bases preguntan de manera insistente. En el medio, el paro de médicos suma otro frente de conflicto, también relacionado con el pago de los aguinaldos, entre otros planteos.

Los trabajadores tienen tres organizaciones sindicales que los representan, el STM que conduce Juan Cruz Acosta; ATE, cuyo secretario general es Gustavo Gauna; y UPCN, que lidera Walter Belesi.

Hasta ahora, el único que reclamó formalmente fue ATE, que elevó una nota dirigida al intendente Cecilio Salazar y a la directora de Personal, Sofía Fucci, para reclamar "el incumplimiento de los plazos en el pago del aguinaldo".

En ese marco, ese sindicato anunció que se declaró "en estado de alerta, movilización y de asamblea permanente" porque la falta de pago en tiempo y forma "afecta gravemente" a los trabajadores y sus familias.

Pidieron "resolver esta situación a la mayor brevedad posible" y quedaron a disposición del Gobierno, a la espera de respuestas.

Por su parte, y tras la publicación de esta nota, desde el STM informaron a sus afiliados que mantienen reuniones con el Gobierno. 

“El viernes nos confirmaron que esta semana depositaban y ayer nos transmitieron que entre jueves o viernes ya estarían depositando aguinaldo”, dijeron en un mensaje por WhatsApp.

La última comunicación para con los gremios había sido del secretario de Economía, Roberto Borgo, quien les informó acerca de la necesidad de que lleguen recursos extraordinarios de Provincia para hacer frente al pago.

El sindicato Cicop convocó a un paro para este martes, que afecta al Hospital, los centros de salud y el resto de servicios que tienen profesionales en la carrera médico hospitalaria, aunque no tengan injerencia directa en el sistema sanitario.

La medida de fuerza, que implica dos días sin atención porque el miércoles es feriado, fue dispuesta en reclamo de la aplicación de los aumentos salariales que Provincia otorgó este año, bonificaciones, recategorizaciones y otros ítems.

El Gobierno mantiene reuniones con Cicop en el marco de una mesa de trabajo para abordar las demandas, pero la falta de pago del aguinaldo en tiempo y forma, algo que también esperan los empleados de planta, que son alrededor de mil más que los de carrera médico hospitalaria, hizo mella.

El Municipio está retrasado con los médicos y en las reuniones de esa mesa de trabajo habían acordado pagar los retroactivos de incrementos del año pasado que estaban retrasados, lo que terminó de abonar con las guardias de junio.

Ahora le toca comenzar a aplicar la escala salarial que Provincia acordó con los médicos este año en la discusión paritaria, porcentajes que comenzaron en febrero y que todavía no se pagaron en San Pedro, lo que implica una nueva deuda por retroactivos.

Son un 7 por ciento de febrero y un 2 por ciento de marzo, correspondientes al primer tramo de negociación del año, más el 6 por ciento de mayo y el 4 para junio, que completan la paritaria del sector en Provincia.

Las finanzas municipales, lo ha explicado en muchas oportunidades el secretario de Economía Roberto Borgo, no están en condiciones de aplicar los convenios que firma Provincia tal como se pactan y de inmediato.

Por un lado, porque implican un incremento en el presupuesto de Salud que no estaba previsto. Por el otro, porque la coparticipación provincial no alcanza siempre a cubrir ese gasto. 

Borgo asegura que "no se discute" el acuerdo salarial. Pero aplicarlo, insiste, es cuesta arriba y tiene sus bemoles.

"Hasta acá, el Municipio ha buscado no prometer cosas que no podemos pagar. Hasta ahora, lo hemos cumplido. Más adelante, la verdad es que tenemos que ser más responsables, todavía", advirtió el secretario de Economía.

El sistema de salud local atraviesa desde pandemia serias dificultades. El cierre de la clínica San Pedro, la demanda de urgencias que no se atienden en el sector privado, el aumento de las prepagas y la falta de respuesta de las obras sociales generan un combo que transformó al Hospital en un efector sobredemandado.

El recurso humano fue históricamente uno de los puntos más destacables del sistema sanitario local. Más allá del debate sobre los profesionales que no forman parte del sistema sanitario y que cobran según carrera médico hospitalaria, la problemática del personal es seria si sólo se miran los números.

Con 213 trabajadores del total de la masa de empleados municipales, los de carrera médico hospitalaria son el 18 por ciento del recurso humano. 

Sus sueldos, que con guardias insumieron más de 630 millones de pesos el último mes, lo que representa el 42 por ciento de la masa salarial.

Este martes hay paro a raíz de una serie de demandas que Cicop planteó al Municipio, sobre las que el Gobierno pretende trabajar en una mesa a la que los dirigentes del gremio van con buena voluntad, aunque la falta de respuestas concretas para los afiliados complica el panorama.

A la compleja situación de las deudas, la falta de recategorizaciones comprometidas y la discusión sobre si la bonificación para centros de salud será contra cumplimiento efectivo de horario, se suma el pago de aguinaldos, que viene demorado.

El intendente Cecilio Salazar hizo gestiones ante el gobernador Axel Kicillof para luna asistencia financiera extraordinaria que permita hacer frente a ese compromiso y aguarda respuestas. En Palacio dicen que el viernes podría haber novedades.

Mientras tanto, los sindicatos municipales esperan y sus bases preguntan de manera insistente. En el medio, el paro de médicos suma otro frente de conflicto. Camino a fin de año, con las elecciones en el medio, el segundo semestre será duro.

El Gobierno de Cecilio Salazar logró que el Concejo Deliberante le apruebe la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 gracias a los nueve votos que conforman la bancada oficialista del bloque Unión por la Patria.

La abstención de Vanina Cappelletti —que fue crítica con la gestión, pero eligió pedir que le permitan no votar a favor o en contra— le permitió al oficialismo no tener que desempatar con el voto doble del presidente: el resultado fue 9 a 8 a favor.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Cruz González, fue el encargado de repasar la gestión económico financiera del Gobierno y puso de relieve las decisiones políticas tomadas a partir de, como dijo el propio Ejecutivo en la memoria descriptiva, los recortes de recursos de Nación.

"Fue un año de mucha incertidumbre", dijo el edil que responde al intendente Cecilio Salazar. "Hubo que elegir qué sostener para darle respuesta a la sociedad. El trabajo fue mucho y fue de lo mejor que se podía hacer, tratanto de mantener los servicios activos", señaló.

Repasó el impacto que tuvo la inflación en servicios como electricidad y sostuvo que las prioridades estuvieron puestas en cuestiones como "duplicar la asistencia alimentaria" a familias que lo necesitan y las prestaciones de salud: "Hubo 95 mil atenciones sólo en la Guardia del Hospital Ruffa", señaló.

Destacó la reducción del 83 al 75 por ciento del gasto en sueldos y sostuvo: "Se hizo lo que, a nuestro entender, se tenía que hacer".

En la UCR no estuvo presente Paola Basso, que pidió licencia desde la semana pasada y hasta el 3 de junio, por lo que el vocero del bloque fue Lucas Pisani. A Basso la reemplazó Romairone, que juró y se sumó al bloque Juntos por el Cambio, de Martín Rivas.

Pisani coincidió en que hubo "nuevas reglas" por parte del Gobierno nacional que impactaron en las administraciones provinciales y municipales, al tiempo que destacó algunos aspectos de la gestión Salazar.

"El Ejecutivo ha trabajado y ha hecho un gran esfuerzo en mantener los servicos y las políticas públicas que tiene que tener un municipio. También se ha hecho un esfuerzo en tratar de bajar un poco el porcentaje destinado a sueldos", dijo el radical.

Tras expresar "felicitaciones" al secretario de Economía, Roberto Borgo, y su equipo por pasar "de los peores a los mejores lugares del índice de transparencia", explicó por qué su bloque votaba en contra de la Rendición de Cuentas 2024.

"Es innegable que el déficit sigue presente, ese es un dato no menor", señaló. "Esto de tener un déficit permanente es un criterio que inclina un poco a este bloque a no acompañar", indicó.

Respecto de la caída de la cobrabilidad de tasas, uno de los temas relevantes del ejercicio 2024, Pisani aseguró: "Los vecinos no pagan porque no pueden" y pidió "seguir trabajando para llegar a la mayor cantidad de contribuyentes posibles" vía "revisar criterios de cobro".

Desde La Libertad Avanza, Mauro de Rosa destacó que si bien hubo una "optimización de recursos", el Gobierno tiene un gabinete de "más de 50 funcionarios" y "sostiene privilegios y acuerdos".

En ese marco, cuestionó: "Siguieron entrado empleados y en eso no estamos de acuerdo. Se hace un esfuerzo administrativo y no se toma la decisión política de hacer un ajuste ahí, siguen metiendo gente".

A su turno, desde Juntos por el Cambio Martín Rivas volvió a cuestionar la falta de acceso constante a Rafam y aseguró que "no es cierto que la culpa sea de Milei" porque "hubo sucesivos déficits", que vienen desde años anteriores, aun cuando Salazar respondía a los gobiernos provinciales y nacionales.

En un pasaje, el edil opositor citó a Juan Domingo Perón para recordar que "el que gasta más de lo que gana es un insensato", una frase del tres veces presidente que suelen repetir referentes de Milei para enrostrarles a la oposición sus políticas de ajuste del gasto público.

Rivas puso de relieve las dificultades históricas que tiene el Municipio respecto de la dependencia de Nación y Provincia: apenas el 20 por ciento de los recursos son de origen municipal.

Respecto del cobro de tasas, cuestionó que no haya una política activa de intimación hacia quienes no pagan. "No hay intención manifiesta de cobrar", sostuvo.

Al igual que De Rosa, cuestionó la política en materia de personal, aunque fue un poco más allá que su colega libertario: consideró que el Municipio "debería rever la matriz de empleados municipales" porque, dijo, hay "un empleado cada 58 habitantes", lo que consideró excesivo tras comparar con San Nicolás.

Rivas planteó que debería "gestionarse la provincialización del Hospital", algo que compartió luego la concejala Vanina Cappelletti. En ese marco, cuestionó la gestión en Salud que, señaló, "se lleva el 41 por ciento del presupuesto, con 560 empleados" pero obtiene "sólo el 9 por ciento" de su presupuesto por recupero de obras sociales.

"Tenemos una fuga de recursos que hace que tengamos un Municipio deficitario año tras año", sostuvo y agregó: "San Pedro se distingue por la baja calidad de sus servicios". Antes de finalizar su alocución, consideró que el Concejo debería llamar a interpelación al intendente.

Cappelleti, además de coincidir con Rivas en lo de provincializar el Hospital, señaló la necesidad de que el Gobierno optimice recursos y cuestionó que el área de Producción tenga menos presupuesto que Turismo.

Cuando se refirió a las deficiencias de los servicios públicos, con las dificultades que se aprecian en las calles y otros aspectos, al contrario de quienes hablaron antes consideró que el Gobierno debería "multiplicar las cuadrillas para atender las calles".

Además, aseguró que el "índice de incobrabilidad" de tasas no puede estar en el 45 por ciento sino que no debería superar el 5 o 10 por ciento.

Diego Lafalce, finalmente, hizo hincapié en el problema de la recaudación propia y consideró que así como Milei "hizo un trabajo de shock para bajar los costos", Salazar debería hacer lo mismo en San Pedro.

Luego de que aprobaran la abstención de Cappelletti, los concejales votaron la Rendición de Cuentas con el resultado 9 a 8 a favor.

Candelaria Cuscuela, Juan Cruz González, Daniel Creus, Tamara Vlaeminck, Soledad Llull, Rita Leguizamón, Matías Franco, Christian Leguizamón y Pablo Vlaeminck votaron a favor.

Lucas Pisani, Yanina Batalla, Hugo Binimelis, Martín Rivas, Victoria Romairone, Fernando Negrete, Mauro de Rosa y Diego Lafalce, en contra.

Este jueves el Concejo Deliberante votará la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 del Gobierno de Cecilio Salazar, el primero de su tercer mandato y el primero desde que Roberto Borgo volvió a la Secretaría de Economía.

La comisión de Presupuesto dictaminó en la reunión de este martes. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el expediente, incluso si los ediles que no forman parte de su bancada —algunos opositores y otros no tanto— votaran en contra, puesto que cuenta con nueve más el desempate del presidente, Pablo Vlaeminck.

La Rendición de Cuentas entró en tiempo y forma, antes del 31 de marzo, y debe ser tratada antes del 31 de mayo, por lo que los ediles tuvieron casi dos meses para analizar el expediente y, además, hacer las consultas pertinentes, tal como prevé la normativa.

Borgo fue citado a la comisión de Presupuesto el 23 de abril. Ese día, tras casi un mes de revisión de la gran cantidad de páginas que conforman uno de los expedientes más importantes del año en el Concejo, algunos ediles de la oposición plantearon consultas.

Ese día, Borgo fue acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, que además oficia como "articulador" con el HCD. Dieron un pantallazo general de la ejecución presupuestaria y respondieron preguntas de Paola Basso, Matías Pisani y Diego Lafalce, presentes en la reunión.

Llamó la atención la ausencia del concejal opositor Martín Rivas, una de las voces más críticas del Gobierno en cada sesión y en redes sociales. Ese martes por la mañana se lo vio en los pasillos del Concejo y en su oficina, pero no participó de la comisión, de la que si bien no forma parte puede participar como oyente con voz pero sin voto para dictaminar.

Además, era la primera reunión con Borgo, de manera tal que todos los concejales podrían plantear dudas, consultas y acordar modalidades de trabajo para que en el mes que restaba pudieran observar, como les asiste el derecho, facturas, comprobantes de pago, decretos reservados y otra documentación que no tiene carácter público.

En ese encuentro, Basso fue la que mayor cantidad de consultas hizo. Tenía sentido: recién empezaban a mirar el expediente y es la concejala más experimentada. 

Acaso por eso también llamará la atención su ausencia el jueves, ya que no estará porque pidió licencia desde el 19 de mayo y hasta el 3 de junio, por lo que su banca la ocupará la suplente Victoria Romairone, quien tendrá pocos días para abordar el asunto y votar a favor o en contra.

Además. gran parte de la reunión se la llevó el análisis de la cobrabilidad de tasas, sobre todo por la situación de Seguridad e Higiene, la de mayor cobrabilidad, y la de Red Vial, que cayó respecto de sus números históricos.

Como ese día habían acordado mecanismos de consultas puntuales al secretario de Economía, con anticipación para que el secretario del área requerida pudiera acompañar cada requerimiento, en el Ejecutivo quedaron a la espera.

Hasta el dictamen, no hubo ningún pedido de documentación. La única excepción es un expediente que el lunes a las 13.40 remitió al presidente de la comisión el concejal Martín Rivas y que contiene, en su mayoría, consultas acerca de cosas que están publicados en los boletines oficiales, disponibles en la web, como establece la  normativa.

El proceso para ese expediente implica que el presidente de la comisión lo eleve al titular del HCD para que remita al Ejecutivo la solicitud y desde Economía envíen la información requerida. Por eso, acaso, Rivas se quejó de que se haya dictaminado para este jueves, aunque quedaba una semana más para la fecha límite.

En la Secretaría de Economía estuvieron, tras pedir reunión, los concejales De Rosa, Cappelletti y Lafalce, de manera individual, para solicitar datos de saldos y de algunas ejecuciones presupuestarias, consultar por algunos proveedores y por otros detalles acerca de las tasas.

Además, Borgo mantuvo varias reuniones con los concejales oficialistas para explicarles detalles que querían consultarle respecto de la ejecución presupuestaria que, después de todo, deberán defender en el recinto para votar a favor.

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al resultado del artículo 44 de Rafam o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados.

En el primer cálculo, representa menos del 3 por ciento del presupuesto total y en el segundo, alrededor del 5 por ciento, lo que para el Gobierno, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional que nunca llegaron, implica un número más que aceptable.

Por primera vez en mucho tiempo, San Pedro no contó con recursos extraordinarios de Nación o Provincia vía "aportes del tesoro", los conocidos ATN y ATP, aunque el Gobierno provincial dispuso un Fondo de Fortalecimiento que el Municipio "ahorró" para hacer frente a, por ejemplo, el pago de aguinaldos en tiempo y forma.

En materia de personal, el ejercicio 2024 bajó del 83 al 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad el gasto en salarios, lo que implica una importante reducción respecto del año anterior aunque mantiene un número elevado incluso por encima de otros años de la gestión Salazar.

La cobrabilidad de tasas bajó de manera importante respecto del año anterior y el Municipio se lo atribuyó a las políticas nacionales que impactaron en el bolsillo de los contribuyentes.

Uno de los logros que Borgo mostró a tirios y troyanos es el 93,38  por ciento de cobrabilidad de la tasa de seguridad e higiene, la que pagan comercios y empresas en San Pedro, que además es la que mayor recaudación aporta al erario.

Este lunes, sobre la fecha límite para su presentación, el Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 y los concejales podrán, una vez digitalizados los archivos, comenzar con el análisis, para el que tendrán un máximo de dos meses.

Además, el Municipio cumplió con la obligación de difundir públicamente la situación económico financiera del Estado local, cosa que hizo a través de una solicitad en La Opinión, que está disponible desde pasadas las 13.00, una hora después del ingreso formal en el Concejo.

La Rendición de Cuentas 2024 es la primera del tercer mandato de Cecilio Salazar y también es la primera de Roberto Borgo como secretario de Economía tras su regreso al área luego de conducirla durante los años 2014 y 2015, dos de los más complejos para las finanzas públicas locales.

El presupuesto aprobado para el año pasado ascendía a 17 mil millones, pero en el marco del contexto inflacionario hubo gastos e ingresos de casi el doble para un año signado por el ajuste nacional y las dificultades económicas provinciales, que se sumaron a las debilidades propias del Municipio.

Los recursos percibidos totales ascendieron a 31.460.182.466,89 pesos y los gastos devengados totales, a $ 33.121.664.499,50, lo que arroja un déficit de 1.661.482.032,61 pesos, alrededor del 5,2 por ciento de los ingresos.

El resultado del artículo 44 de Rafam (recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda) arroja un déficit formal de 871.980.310,70 pesos.

Así calculado, representa menos del 3 por ciento del presupuesto, es decir unos dos puntos por debajo del déficit formal del año pasado, que ascendía a alrededor del 5 por ciento.

De los primeros números disponibles tras la publicación de la situación económico financiera al 31 de diciembre puede desglosarse uno de los puntos relevantes a la hora de analizar la performance: el gasto en sueldos.

Para 2024, San Pedro no contó con recursos extraordinarios tanto en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ni del provincial (ATP), por lo que tuvo que hacer frente a los aguinaldos con recursos propios,  para los que utilizó el dinero del Fondo de Fortalecimiento que envió Provincia.

En gasto de personal devengaron 17.641.946.537,94 pesos, lo que representa el 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad, es decir sin contar recursos afectados, que sumó $ 23.517.221.208,46. 

Esto implica una importante reducción respecto del año anterior, aunque aun así es un número elevado.

En 2023, el gasto en sueldos sobre los recursos de libre disponibilidad había representado el 83 %. En 2022 había sido del 74 % y en 2021, del 71 por ciento.

El sindicato de trabajadores municipales solicitó formalmente al Honorable Concejo Deliberante que se le permita participar en la próxima sesión de la Comisión de Presupuesto. El pedido está vinculado al tratamiento de un proyecto de ordenanza que aborda la exención de tasas para empleados municipales, tanto activos como jubilados, así como para otros beneficiarios.

Como ya informó La Opinión, el intendente Cecilio Salazar envió el 22 de octubre un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para modificar el régimen de beneficios del que gozan los empleados municipales, estableciendo que aquellos que superen los cuatro salarios mínimos vitales y móviles (equivalente a $1.084.000 al 1 de octubre) comiencen a pagar tasas, derechos y contribuciones al Estado local.

Hasta ahora, los empleados municipales en planta permanente, temporarios, jornalizados y jubilados, cuentan con exenciones en tasas municipales para una sola vivienda, servicios varios, derecho de cementerio y licencias de conducir. Sin embargo, el nuevo proyecto busca que quienes perciban los salarios más elevados contribuyan como cualquier otro ciudadano.

En este contexto, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, solicitó al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaemick, “hacer partícipe a esta asociación sindical en la Comisión de Presupuesto”, argumentando que la medida podría “afectar gravemente la economía de los trabajadores y de sus familias”.

La medida impulsada por el Ejecutivo se da en un contexto de negociación salarial en la Mesa de Relaciones Laborales, que reúne a representantes del sindicato y el gobierno municipal. 

Esta coyuntura ha generado especulaciones sobre si el ajuste en los beneficios es un intento de mejorar los ingresos públicos o si su inclusión en el debate podría tener fines estratégicos en la negociación paritaria.

El cierre del primer semestre del ejercicio económico financiero de la Municipalidad de San Pedro terminó, como adelantó el análisis de La Opinión de los primeros cuatro meses, con un delicado equilibrio en las cuentas, pero con una expectativa para la segunda parte del año de turbulencias.

Al 30 de junio, los gastos devengados sumaron poco más de 11.800 millones de pesos, lo que representa el 68 por ciento de los casi $ 17.426 millones presupuestados según el cálculo de recursos y gastos aprobado en diciembre por el Concejo Deliberante.

Es normal que a mitad de año el presupuesto supere el 50 por ciento de lo previsto para todo el ejercicio, sobre todo en contextos inflacionarios y volátiles como el que atraviesa el país. También hay una lógica política histórica que dice que gestiona mejor quien sabe comprometer su presupuesto a tiempo.

Pero en la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo el 30 por ciento restante para todo el año encendió alarmas. Se lo dijo al resto de los funcionarios en aquella reunión de gabinete ampliado a mediados de mayo.

Uno de los indicadores que más preocupan, como siempre, es el del gasto en sueldos. Aun habiendo bajado el porcentaje final del año pasado, que fue del orden del 83 por ciento, el monto es elevado.

Tiene al  menos dos situaciones que deben contemplarse: hubo que usar fondos afectados, 400 millones a principio de año, y se otorgaron dos aumentos no remunerativos, de 15 por ciento cada uno, que pasan al básico en los sueldos de julio y agosto.

Según el estado de situación económico financiera que el Gobierno cumplió en hacer público tras el cierre del primer semestre, el gasto en personal superó los 5.532 millones de pesos. Representa el 60 por ciento de los más de 9.194 millones de recursos de libre disponibilidad percibidos.

El objetivo del primer semestre era pagar aguinaldo en tiempo y forma. Lo lograron. Para ello, Borgo retaceó el uso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal enviado por Provincia. Fueron más de 420 millones que se depositaron al 19 de junio.

En Palacio consideran el cierre equilibrado del primer semestre como un logro de gestión, sobre todo porque no hubo que mendigar para pagar aguinaldos y porque en el contexto de ajuste la situación es complicada pero llevadera.

El asunto es lo que viene. Como ya se dijo en varias oportunidades en estas páginas, el panorama está sujeto a variables que involucran la asignación o no de recursos por parte de Nación, las posibilidades de Provincia, que tiene sus propias complicaciones presupuestarias, y la recaudación genuina.

Tras la primera semana de julio, el Gobierno todavía no anunció si finalmente hará uso de la autorización aprobada por el Concejo Deliberante para proponer para el segundo semestre un nuevo incremento de tasas.

A partir de la semana que viene volverá a reunirse la Mesa de Relaciones Laborales para debatir paritaria, que en septiembre, cuando pasen la última cuota de 15 % no remunerativo al básico habrá alcanzado un 97,7 por ciento.

Entre los proveedores hay quienes esperan cobrar, quienes reciben llamados de varios actores del Gobierno para "ir conversando" las deudas existentes. Hay quienes escuchan, quienes tienen espalda para esperar y quienes responden que la única manera de resolver es "pagando lo que deben".

El camino a diciembre será cuesta arriba. En el Gobierno lo saben. Serán seis meses duros. Al cierre del ejercicio 2024 se sabrá el resultado.

El Municipio atraviesa el último mes del primer semestre del año, antes de pagar el medio aguinaldo, con un delicado equilibrio en las cuentas, de acuerdo a la información que hizo pública desde mediados de abril en la web y  la que La Opinión relevó en la Secretaría de Economía y Hacienda.

Desde tiempos de Sánchez Negrete que no existía la posibilidad de revisar la ejecución de los recursos del año en curso, por lo que el área que conduce Roberto Borgo dio un paso adelante respecto de la transparencia en la administración al publicar la documentación.

San Pedro aparece todos los años en los últimos puestos del ranking de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública (Asap), una organización que analiza los índices de transparencia de los recursos públicos.

Los primeros cinco meses de gestión del ejercicio 2024 muestran un delicado equilibrio en las cuentas —La Opinión accedió al resultado financiero al 31 de mayo— sostenido en una premisa básica que el Gobierno tuvo que comenzar a cumplir a rajatablas para evitar un colapso financiero en tiempos de crisis: no se puede gastar en exceso por encima de lo que ingresa, para lo que tomó nota del mantra mileista que repite “no hay plata”.

Así, a pesar de una deuda interna de 400 millones de pesos que se tomaron de fondos afectados para pagar sueldos en enero, el retraso con la cancelación del total de las facturas de Ashira (que en abril se va a $ 157 millones) y el saldo de los aumentos que Provincia otorgó a los médicos, el Municipio surfea sobre la ola de la crisis.

El déficit financiero —recursos percibidos menos devengados— alcanza alrededor del 0,85 por ciento al 31 de mayo. Si bien es una foto del momento previo al pago del medio aguinaldo para entrar en el segundo semestre, ya muestra una diferencia importante respecto a diciembre, cuando el déficit de mil millones de pesos era de casi el 9 por ciento sobre los recursos percibidos. El objetivo para fin de año es bajar esa performance a la mitad.

El problema, acaso, esté a la vista en los propios números. Se los advirtió Borgo a los funcionarios en la reunión de gabinete ampliado en la que compartieron choripanes en la Secretaría de Producción a mediados de mayo: la ejecución de los recursos por área es mínima —con excepción de Salud, Obras Públicas y, en menor medida, Seguridad—, pero el total en pesos ya había superado el 50 por ciento del presupuesto en el primer cuatrimestre.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por ley para que Provincia inyecte recursos no reintegrables en los distritos permitirá al Gobierno pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. Lo que sigue, saben en Palacio, está sujeto a muchas variables que involucran, también, asignación de recursos de Nación, pero no sólo: habrá debate por aumento de tasas.

En Economía entienden que la propuesta aprobada en diciembre que dejó abierta la posibilidad para un nuevo incremento de tasas a mitad de año deberá comenzar a debatirse más temprano que tarde, porque el 100 por ciento aprobado, aun si todos los contribuyentes pagaran, queda desfasado con el costo de los servicios, especialmente con el de Coopser —alumbrado público, bombas de agua, edificios municipales— y el de Ashira.

Para adentro, Borgo destaca como logro la disminución de la importante deuda flotante con la que terminó el ejercicio 2023 y la baja deuda generada en lo que va del período. Junto a Silvio Jaime en Compras de Salud, lograron corregir diferencias de precios con proveedores y unificar las compras.

Para lo que resta del año, una vez cruzado el umbral del pago de aguinaldos, saben que deberán enfrentar un nuevo debate salarial con los gremios municipales más lo que Provincia acuerde con los médicos y que la cobrabilidad de recursos propios podría disminuir aún más por el contexto económico, que además atenta contra los recursos coparticipables.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo logró aprobar las cuentas 2023 con los votos propios y la abstención de Cappelletti. En la oposición, volvieron a reclamar acceso permanente a Rafam y mayor transparencia. 

Aunque mucho no dijeron sobre las finanzas del año pasado, tienen a disposición la ejecución de recursos y  gastos del primer trimestre para analizar el devenir del ejercicio en curso, cuyo segundo semestre, todo indica, será cuesta arriba para el Estado local.

Un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a San Pedro entre los peores municipios de la provincia de Buenos Aires respecto de la transparencia fiscal al obtener cero puntos en el ranking y ser considerado un distrito con “nulo cumplimiento” de la difusión de las cuentas públicas.

El informe de la ASAP analiza la información presupuestaria, económico financiera y el comportamiento fiscal municipal para evaluar la política de transparencia de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, una cuestión considerada “fundamental para la toma de decisiones de la población en el marco de la democracia representativa”.

El ranking puntúa a los distritos de acuerdo a la publicación del Presupuesto, la situación económica financiera trimestral, la difusión de la ejecución presupuestaria, la publicación de gastos clasificados, del stock de deuda pública, entre otros ítems.

El informe tiene 31 municipios considerados de “alto cumplimiento”, entre ellos distritos grandes como Mar del Plata, La Matanza o San Martín, pero también otros medianos como Junín y Olavarría, y más pequeños como Salto, Ameghino, General Pinto, Bragado.

Entre los 21 de “cumplimiento medio” aparecen Vicente López y Bahía Blanca, Lanús y Tres de Febrero, los vecinos Baradero y San Antonio de Areco, y otros distritos como Guaminí y Pellegrini, entre otros.

Los de “bajo o regular cumplimiento” son 49, la mayoría, y hay allí distritos del conurbano como Ezeiza, Malvinas Argentinas, Florencio Varela y Quilmes, y cercanos a San Pedro como Zárate, San Nicolás, Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Andrés de Giles y Pergamino.

Los de “nulo cumplimiento” son 34, entre los que está San Pedro, son aquellos municipios que a la fecha del relevamiento no publicaron en la web información económico financiera del ejercicio en curso ni el presupuesto vigente. Son muchos y hay municipios grandes como San Isidro, La Plata, San Fernando y Berazategui, y pequeños como Rojas, Ramallo o Pila.

“Más del 61 por ciento de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un índice de transparencia y visibilidad bajo, regular o nulo, lo cual demarca el intenso trabajo a realizar para cumplir con las disposiciones de la normativa de Responsabilidad Fiscal”, advierte el informe.