El Gobierno municipal exigió formalmente a los tres sindicatos municipales (ATE, STM y UPCN) que presenten la declaración jurada sobre tasas de interés aplicadas a sus afiliados a través de los códigos de descuento que los autoriza a operar prácticamente como una financiera.

Los sindicatos pueden ofrecer beneficios a sus afiliados como préstamos en efectivo, venta de electrodomésticos, viajes, alimentos, entre otros, que los trabajadores pagan a través de sus sueldos, generalmente en cuotas, y que se descuentan directamente de los haberes.

Para esos beneficios, se aplican tasas de interés que de acuerdo a la normativa no podrían superar las que establece el Banco Nación para operatorias similares, aunque entre los afiliados todos coinciden en señalar que los préstamos "son usurarios, pero es la única posibilidad que tenés".

El Gobierno exigió a los tres sindicatos que se ajusten a la normativa local que establece no sólo eso sino también la obligatoriedad de presentar semestralmente la declaración jurada con la tasa de interés aplicada.

ATE, STM y UPCN deben presentar las declaraciones juradas ante la Dirección de Personal que conduce Sofía Fucci para su control y las deben entregar por Mesa de Entradas, de forma personal en el área o bien vía correo electrónico certificado.

En la notificación, el Gobierno reconoció que a pesar de haber establecido el régimen de declaración jurada a comienzos de 2016, nunca lo implementó como corresponde. 

No lo dice en el texto, pero tiene una razón: lo habían acordado con los sindicatos, a quienes ahora les exige la presentación en medio de un conflicto sindical por el cierre de la paritaria 2025 vía decreto.

Por eso, el Municipio anunció a los sindicatos que establecerá un "régimen transitorio de regularización" para que ATE, STM y UPCN presenten las declaraciones juradas correspondientes a 2022, 2023 y 2024, además del de 2025.

Los gremios deben acreditar con documentación cuáles son las tasas de interés que aplican en la actualidad en las operaciones crediticias con los afiliados, lo que podría revelar lo que es un secreto a voces: no estarían cumpliendo con lo que dice la norma y las tasas serían ampliamente superiores a las del Banco Nación.

El Municipio advirtió que considerará "incumplimiento grave" la aplicación de tasas que superen en más del 50 por ciento las previstas, el ocultamiento de información o la falsedad en las declaraciones juradas y la negativa manifiesta a cumplir con el régimen.

Las sanciones implicarían la revocación definitiva de la autorización para operar con descuentos sobre los haberes, lo que dejaría a los sindicatos sin una de sus principales fuentes de ingreso.

Pero no sólo eso: además, como el Gobierno transfiere con demoras los recursos que se descuentan y los afiliados siguen solicitando préstamos,  los sindicatos tienen deudas con las empresas que financian su actividad crediticia.

El Gobierno sostiene que su intención es proteger el salario de los trabajadores municipales frente a tasas usurarias o abusivas, sobre las que hizo vista gorda durante años, y garantizar la transparencia en las operaciones.

Este año se dio una particularidad: los delincuentes optaron por dos financieras, un comercio donde había una suculenta suma de dinero, y una casa de familia.

En un móvil de Sin Galera, se dejó constancia que era asombroso cómo este tipo de robo con datos precisos se había perpetrado. “Es el corazón del centro, pero es el corazón de la zona bancaria en San Pedro. Es decir, enfrente está el Banco Macro, en la esquina está el Banco de Galicia, en la otra el Banco Provincia, enfrente de éste una financiera, una cuadra más adelante el Banco Santander. Y otras financieras más”, ilustró el móvil tras el asalto a Areco Cambios.

“Es una zona que está llena de policías, de seguridad, es muy temerario. Venir a hacer un robo de estas características, tratando de conectar episodios recientes, es porque efectivamente se cuenta con datos, pero a su vez con cifras donde ninguno de los ladrones de monedas extranjeras se hace rico, y eso llama la atención. ¿Fue una carambola?, se señaló.

La Opinión se refería a los asaltos perpetrados en un corto período de tiempo en lugares donde podían llevarse fuertes sumas de dinero. El primero fue en casa Tita II, allí los delincuentres fueron directo a las oficinas de la parte superior, redujeron a la empleada y se llevaron un botín importante entre moneda extranjera y local en el mes de julio.

El segundo blanco fue Areco Cambios, sobre calle Mitre y frente al Banco Macro. Ocurrió en septiembre y en pleno auge de “la china”, por lo que desde allí partieron rumores que pusieron en alertra a la población. En ese caso llegaron en moto por calle Mitre, ingresaron al sector de cajas y huyeron raudamente.

El tercero, tuvo ribetes absolutamente impensados. Dos personas que pertenecían a las filas de la Policía Federal, ingresaron simulando un allanamiento a pocos días de desbaratada la estafa de Rainbowex. El blanco fue la conocida financiera Reuterfin y fue clave la presencia de un agente de seguridad privada para dar con los delincuentes que fueron arrestados por la Policía. No se llevaron nada, pero tenían todo estudiado como para saquear todo.

El asalto habitualmente está planificado. Saben, previamente, detalles internos de sus víctimas, como los horarios, movimientos, sistemas de seguridad y algo del botín que pueden levantar. Si fuera a alguien personal, hasta el poder adquisitivo y las rutinas. Y también un cómplice que pudiera acercar una llave original para acceder a la vivienda, como sucedió con la docente jubilada de Mitre al 2700.

Mayormente se suceden con bandas organizadas, que se toman el tiempo necesario para observar y analizar, y en consecuencia actuar. Y, además, prefieren el dinero fresco sin demasiado riesgo, y de pronto alcance.

Así ocurrió con Areco Cambios, donde solo se vieron a dos sujetos en una moto que, raudamente, se llevaron pesos y moneda extranjera. Pero no tuvieron en cuenta las cámaras de seguridad, que los delató.

Lo mismo con el atraco a la Casa Tita II, más cinematográfico aún. Varios sujetos ingresaron al tradicional local, pero sabían que debían llegar al fondo, donde hay una escalera, subir y hacerse de una suma fuerte que nunca se supo a cuánto ascendió con certeza.

En la huida, cambiaron autos y desaparecieron sin dejar rastros. El hecho quedó impune.

Los delincuentes sabían lo que hacían: apuntaron directamente a una oficina donde presuntamente funcionaba una mesa de dinero. Diseñaron un plan y lo ejecutaron.

Más metódica fue la estrategia del asalto frustrado a Reuterfin. Hombres con atuendos de la Policía Federal ingresaron con una orden de allanamiento falsa, acorde a lo que aparentaban, si bien uno de ellos pertenecía a la fuerza. En cambio, todo quedó en el intento. El aviso del vigilador privado de Riesgo Cero, el arribo de la Policía local que había sido alertada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez, que llegó de inmediato, más las sospechas que despertó el pedido al personal de la financiera para que desconecten las cámaras, fueron lapidarias para los delincuentes.

Para la época esta modalidad es la más aplicada. Basta revisar los casos más resonantes en diferentes ciudades y los hechos “express” son los utilizados.

¿Será que en determinados horarios es necesario una mayor presencia policial? Es probable, que podría tornarse sumamente necesaria en otras circunstancias. Por el momento, San Pedro no conoce de las salideras bancarias, que también deben prevenirse.

El caso del falso allanamiento de la Policía Federal en la financiera Reuterfin, ocurrido el 31 de octubre pasado, se resolvió en juicio de trámite abreviado con penas de ejecución condicional, por lo que los dos condenados no irán a la cárcel.

El juicio abreviado se acordó para los dos detenidos ese día, Brian Alexander More, de 23 años, y Lucas Santiago Ruiz, de 24, ambos domiciliados en la provincia de Tucumán, aunque el primero trabajaba en Capital Federal, donde era agente de la Policía Federal. 

El tercer involucrado, el que conducía el Peugeot 408 con patente de un 308 robado nunca apareció tras huir de la escena cuando el golpe que pensaban dar fue desbaratado.

Ambos condenados recibieron una pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional, es decir que recuperaron la libertad tras la homologación del juicio abreviado.

La causa tramitó en la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello, aunque la primera parte de la investigación la llevó adelante la fiscala Viviani, quien tras la indagatoria a los acusados entendió que el caso era de competencia federal y lo derivó allí.

Braian Moré fue condenado por tentativa de extorsión, uso de documento público falso, todo agravado por su condición de policía, en abuso de sus funciones. 

Además de los 2 años y 8 meses de prisión condicional, recibió la pena de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años.

Lucas Ruiz, además de la pena de dos años y 8 meses de prisión condicional, recibió como pena una multa de 10 mil pesos. Tentativa de extorsión, uso de documento público falso, usurpación de título por haber utilizado públicamente insignias y distintivos de la Policía Federal fueron los delitos de los que lo hallaron culpable.

Moré y Ruiz llegaron a San Pedro ese día en horas del mediodía en el Peugeot 408 blanco.

En la zona de la plaza Belgrano, levantaron a una persona para que oficiara como testigo del presunto procedimiento que iban a llevar adelante.

Al llegar a Reuterfin, se bajaron del coche —donde los esperaba el tercer cómplice, que luego huyó sin que se lo haya identificado aún— con una caja plástica y una mochila en las que contenían computadora, impresora y diversos elementos que suelen utilizar los uniformados en sus procedimientos.

Moré sabía cómo hacer un allanamiento de este tipo puesto que era agente de al Federal en Buenos Aires. Además, había participado de los procedimientos que se desarrollaron en San Pedro por Rainbowex, cuya orden copió para falsificar la que presentó en Reuterfin.

Una vez dentro de la financiera, ordenaron bajar las persianas y desconectar las cámaras, aunque quedaron grabados cuando gritaron "allanamiento, policía". 

Luego leyeron la falsa orden, que tenía impresa la firma digital del fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa.

La orden de allanamiento decía que tenían que secuestrar todo, incluido el dinero que hubiera en el lugar, tanto en billetes de moneda nacional como extranjera.

La sospecha de comerciantes del centro alertó a la Policía local, que los siguió y se presentó en el local cuando estaban por comenzar el falso allanamiento. 

A su vez, el auxiliar de Fiscalía 11 Rodrigo Velázquez llegó de inmediato al lugar para detener el procedimiento hasta tanto se clarificara. Cuando confirmó que todo era apócrifo, ordenó detenerlos. 

Tenían una pistola Bersa 9 milímetros de la Policía Federal con 18 municiones, credenciales de esa fuerza —una verdadera y otra falsa—, camperas, chalecos y gorras de la PFA, esposas y otros elementos.

La tarea de investigación de la DDI local permitió reunir un pormenorizado relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas que contribuyeron a la acusación contra los ahora condenados.

La causa que investiga el accionar de los delincuentes que simularon un allanamiento en la oficina de la financiera Reuterfin en San Pedro fueron trasladados a una cárcel Federal, donde permanecerán alojados mientras se sustancia el proceso.

Lucas Santiago Ruiz, de 24 años, y Braian Alexander Moré, agente de la Policía Federal de 23, estaban uno en la Comisaría local y otro en la 5.ª de Avellaneda. Desde esas dependencias fueron llevados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Ruiz está imputado de los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

Moré, por su parte,  está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Ambos son oriundos de San Miguel de Tucumán, pero tenían domicilio en Buenos Aires. El agente de la Policía Federal se desempeñaba en la División Antifraude con asiento en el barrio porteño de Monserrat.

Tras hacer uso de su derecho a no prestar declaración durante la indagatoria, Fiscalía consideró que los delitos de los que están acusados son de competencia federal y pidió derivar la causa a ese fuero.

El Juzgado interviniente hizo lugar, por lo que todas las actuaciones pasaron al juez Carlos Villafuerte Ruzo y al fiscal Matías di Lello.

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

La Justicia resolvió la cuestión de competencia en el caso de los delincuentes que vestidos como agentes de la Policía Federal simularon un allanamiento en la financiera Reuterfin con el objetivo truncado de llevarse todo lo que había, por lo que la causa pasó al fuero Federal.

Además, rechazaron el pedido de excarcelación que Defensoría había interpuesto en favor de los dos detenidos, que seguirán alojados en la Comisaría quinta de Avellaneda mientras se sustancia el proceso en su contra.

Braian Alexander Moré tiene 23 años y es efectivamente agente de la Policía Federal, asignado a la División Antifraude en la ciudad de Buenos Aires.

Oriundo de San Miguel de Tucumán, donde reside su familia, está acusado de extorsión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.

Su cómplice, Lucas Santiago Ruiz, tiene 24 años y también es tucumano. Está imputado por los delitos de extorsión, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de guerra y usurpación de autoridad y títulos.

La Justicia consideró que todos esos delitos son de competencia federal, por lo que la causa pasó de la Fiscalía 11 de San Pedro a la Fiscalía Federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello.

Los delincuentes "se han valido de un documento público apócrifo supuestamente emanado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, un arma de fuego reglamentaria, indumentaria, credenciales y otros elementos oficiales de la Policía Federal", señala la resolución judicial.

Es decir que hay "afectación del interés nacional en los hechos que se investigan".

Los delincuentes llegaron a San Pedro en un Peugeot 408 oscuro con un tercer cómplice como chofer quien todavía no fue identificado y permanece prófugo tras escapar de la escena cuando notó que el golpe que pretendían dar quedaría trunco.

El auto quedó registrado cuando ingresó a la ciudad por ruta 191, alrededor de las 12.45, pero las cámaras de seguridad públicas no lo captaron al salir, por lo que entienden que utilizó caminos alternativos.

Los dos delincuentes vestidos como agentes de la Policía Federal llegaron a Reuterfin alrededor de las 13.30 con una orden de allanamiento trucha que decía que tenían que llevarse todo lo que había en el local, incluido el dinero en pesos y moneda extranjera que hubiera.

Tenían una computadora, una impresora, una caja con diversos elementos de los que suelen utilizarse en ese tipo de procedimientos y el que efectivamente es agente de la Federal llevaba la voz cantante.

El vigilador privado que dio aviso a la central porque le resultó sospechoso, la policía que llegó porque los comerciantes del centro habían avisado ante la actitud extraña de estos presuntos agentes de la Federal y el arribo inmediato del instructor judicial permitieron impedir el ilícito.

Además, la Justicia sospecha que Braian Moré habría participado de los allanamientos que tuvieron lugar en San Pedro en el marco de la causa Rainbowex y que habría utilizado esas órdenes como base para redactar la trucha que presentó en Reuterfin.

Mientras se espera la resolución respecto de la competencia para saber si el caso del falso allanamiento en la financiera Reuterfin pasa al fuero Federal o no, la Fiscalía solicitó información ante la sospecha de que uno de los participantes habría estado en los procedimientos por Rainbowex.

Hay testigos que aseguran que el agente de la Policía Federal que lideraba la banda que intentó llevarse todo lo que había en Reuterfin con una orden trucha habría estado en San Pedro cuando la fuerza a la que pertenecía encabezó los procedimientos ordenados por el juez Villafuerte Ruzo.

Eso fue el 9 de octubre, cuando la Policía Federal irrumpió en la financiera Overcash y en un domicilio del Apart Club San Pedro, al que llegaron por error, con órdenes firmadas por la Fiscalía de Di Lello, cuyo fiscal coadyuvante es el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa.

La firma de Hernando Insúa es la que aparece en la orden de allanamiento trucha, puesto que el documento falsificado es una copia de la que usaron en Overcash pero a nombre de Reuterfin, con un código de causa distinto y con la particularidad de que dice que iban a llevarse el dinero que hubiera en el lugar.

La orden trucha consigna a la División Unidad Operativa Federal Rosario de la Policía Federal para que proceda al "allanamiento contra el inmueble de la calle Pellegrini nro. 529 de la localidad de San Pedro, Buenos Aires -Reuter Group-, a fin de realizar una amplia inspección de dicho lugar y el registro de todas sus dependencias".

Llamativamente, la orden, que resultó trucha, decía que el procedimiento tenía por objetivo secuestrar "toda documentación, libros, anotaciones, máquinas de contar billetes" y también "divisas nacionales y extranjeras", es decir el dinero disponible en pesos, dólares y otras monedas.

Así como teléfonos y "cualquier otro documento o dispositivo de almacenamiento informático y demás objetos que se relacionen con operaciones de cambio, en infracción al régimen de cambios" de la normativa vigente.

El código de causa no era, como los habituales de la Justicia Federal, del sistema Coirón —desde 2022, aparecen como "causa Coirón número tal"—, sino que estaba consignada como "CPE" y el número, es decir proveniente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El efectivo policial detenido fue identificado como Brian Moré, de 23 años, agente de la división antifraudes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal, asignado a la sede del barrio porteño de Monserrat.

Su cómplice fue identificado como Lucas Ruiz, de 24 años. Ambos son oriundos de la provincia de Tucumán, pero con domicilio en Capital Federal. Este martes llegaron a San Pedro sus familiares, desde la capital tucumana, para ponerse al tanto de la causa.

Aunque los dos detenidos ya no están en la ciudad, puesto que fueron trasladados a la Comisaría 5.ª de Avellaneda, donde esperan la resolución de la Justicia respecto de la competencia federal que planteó la Fiscalía local.

La pareja de Moré se mostró sorprendida por el hecho de su detención, puesto que lo único que sabía es que se había ido a trabajar y desconocía que el allanamiento al que se dirigió al salir de su casa era en San Pedro y falso.

En el caso hubo un tercer involucrado, que escapó de la escena cuando la policía llegó para impedir el falso allanamiento y al que están buscando.

Manejaba un Peugeot 408 oscuro que quedó registrado cuando llegaba a San Pedro ese jueves, alrededor de las 12.45, pero no fue divisado por las cámaras de seguridad cuando salía de la ciudad.

Ese coche está radicado en Junín y ahora tiene pedido de secuestro, junto la orden de captura que pesa sobre su chofer, que no está identificado en la causa, por lo pronto.

Mientras se define el paso a la Justicia Federal del caso de los delincuentes que simularon un allanamiento en la financiera Reuterfin, la policía en función judicial continúan recabando datos para dar con el cómplice que se fugó de la escena.

El tercer delincuente —los otros dos están detenidos y fueron trasladados a Avellaneda— es el que manejaba el Peugeot 408 oscuro en el que llegaron a San Pedro.

El automóvil está radicado en la ciudad de Junín y no pesa sobre él ningún tipo de impedimento legal, certificaron los investigadores del caso.

Las cámaras de seguridad locales lo registraron al ingresar a la ciudad el jueves a las 12.45, unos 45 minutos antes de que llegaran a Reuterfin.

El coche estacionó en Arnaldo, entre Mitre y Pellegrini. Su conductor se quedó a bordo, mientras los otros dos, el verdadero policía Federal y el falso, se dirigían a la financiera.

Cuando todos sospecharon del presunto allanamiento y arribaron al lugar la policía y personal de Fiscalía, el conductor del Peugeot 408 se fue del lugar.

No hay registros fílmicos, hasta el momento, que den cuenta de que haya salido de la ciudad, por lo que se sospecha que tendrían planificada la huida por algún camino alternativo.

Los dos detenidos se negaron a declarar y permanecen alojados en la Comisaría 5.ª de Avellaneda, a disposición de la Justicia, que interviene a través de la UFI 11, desde donde solicitaron el cambio de competencia para que la causa pase al fuero Federal.

Los delincuentes que llegaron con una orden de allanamiento falsa a la financiera Reuterfin fueron trasladados a una comisaría de Avellaneda en calidad de detenidos tras negarse a declarar en Fiscalía.

Ambos están acusados de falsificación de instrumento público y extorsión. De los dos, el que efectivamente es agente de la Policía Federal, afronta además una causa por abuso de autoridad y el civil, otra por tenencia ilegal de arma de guerra.

Este sábado, el móvil de Sin Galera reconstruyó el recorrido que hicieron los delincuentes a bordo del Peugeot 408 oscuro que todavía es buscado por las autoridades judiciales y policiales, puesto que cuando se desbarataron los planes delictivos de sus cómplices, el conductor huyó de la escena.

Las cámaras de seguridad públicas y privadas relevadas establecieron que arribaron a la ciudad el jueves a las 12.45. Ingresaron por ruta 191 y condujeron por calle Mitre hasta Liniers, pasaron por el frente de La Opinión y doblaron en 25 de Mayo.

De allí, los dos delincuentes vestidos con ropas y gorras de la Policía Federal se bajaron en la esquina de Saavedra y fueron vistos en algunos comercios donde pidieron documentos.

En la plaza Belgrano, algunas cuadras más adelante, abordaron a un mensajero que suele hacer base en la zona para que oficiara de testigo del allanamiento trucho que pretendían hacer en Reuterfin.

Así, se dirigieron por calle Belgrano, doblaron en Quiroga y estacionaron, ya en Arnaldo, entre Mitre y Pellegrini, a la vuelta de Reuterfin. El conductor se quedó en el auto y escapó apenas vio que un patrullero llegaba al lugar.

En la puerta de la financiera, el aviso del vigilador privado de Riesgo Cero, el arribo de la Policía local que había sido alertada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez, que llegó de inmediato, más las sospechas que despertó el pedido al personal de la financiera para que desconecten las cámaras fueron determinantes.

Con el presunto procedimiento judicial detenido, las autoridades lograron establecer que la orden de allanamiento era trucha y detuvieron a los dos jóvenes, de 23 y 24 años, que estaban vestidos como agentes de la Policía Federal.

Este viernes, ambos fueron llevados desde Comisaría a Fiscalía para prestar declaración indagatoria hicieron uso de su derecho de permanecer en silencio.

Teras ser alojados en la Comisaría local, finalmente fueron trasladados a Avellaneda, donde aguardan las resoluciones de la Justicia, que debe decidir ahora las cuestiones de competencia, puesto que Fiscalía local consideró que el caso debería ser investigado por el fuero Federal y solicitó el traspaso de las actuaciones.

Los dos detenidos por el intento de robo a la financiera Reuterfin decidieron no prestar declaración en la indagatoria a la que fueron convocados este viernes en Fiscalía.

Ambos fueron trasladados desde la Comisaría, donde están alojados en condición de detenidos, y fueron a la audiencia asistidos por la Defensoría Oficial local.

Tanto el agente de la Policía Federal como su cómplice civil eligieron no declarar respecto de los hechos y sólo respondieron preguntas de Fiscalía de índole personal.

Ambos detenidos son oriundos de la provincia de Tucumán , tienen  23 y 24 años y residen en Capital Federal.

El efectivo de la Federal quedó imputado por falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y extorsión. Su cómplice civil, además, por portación ilegal de arma de guerra.

Fiscalía considera que los delitos por los que están imputados corresponden que sean investigados por el fuero Federal, puesto que los intereses afectados corresponden a esa órbita.

Es que los delincuentes estaban vestidos como Policía Federal, uno verdadero y el otro falso, y esgrimieron una orden de allanamiento trucha, copia fiel de una real de la Justicia Federal.

Así, la UFI 11 solicitará la declinación de su competencia para que la causa pase al Juzgado de Carlos Villafuerte Ruzo y a la Fiscalía de Matías di Lello. 

Mientras se dirime esa cuestión, las medidas judiciales del fuero ordinario se mantienen firmes y serán válidos si hay cambio de competencia.

La DDI está al frente de las diligencias ordenadas por Fiscalía en procura de dar con el tercer delincuente que participó del delito, quien esperaba a sus cómplices en un Peugeot 408 oscuro y escapó apenas notó que el plan se había truncado.

Los delincuentes arribaron a San Pedro alrededor de las 12.45 en ese coche. Se bajaron en plaza Belgrano y recorrieron algunos comercios, hasta pidieron documentos.

Levantaron a un testigo al que le requirieron que debía acompañarlos para el operativo y se dirigieron a Reuterfin. Allí, esgrimieron la orden de allanamiento falsa y mostraron credenciales, una de ellas verdadera.

El aviso del vigilador de la empresa de seguridad privada Riesgo Cero a la central, el arribo inmediato de la Policía tras la sospecha denunciada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez permitieron evitar el acto delictivo.

Los detenidos por el intento de robo en la financiera Reuterfin que llegaron al local vestidos como agentes de la Policía Federal con el cuento de que iban a hacer un allanamiento, que resultó falso, prestaban declaración en Fiscalía este viernes.

Ambos estaban alojados en la Comisaría y fueron trasladados por personal policial primero a Defensoría, puesto que son asistidos por defensores oficiales, y luego a la sede de Fiscalía 11, donde les tomaban declaración indagatoria.

Mientras tanto, la investigación continuaba para dar con el Peugeot 408 oscuro en el que se movilizaban los delincuentes y en el que escapó el cómplice que los esperaba, quien huyó de la escena cuando notó que el golpe planificado se truncó.

Los detenidos están imputados por el delito de  falsificación de documento público tras presentarse en la financiera ubicada en Pellegrini al 500 con una orden de allanamiento trucha.

Además, uno de ellos es efectivamente agente de la Policía Federal por lo que fue imputado por el delito de abuso de autoridad. El otro, que es civil, está acusado de usurpación de títulos y honores.

Ambos, junto al conductor del Peugeot 408, arribaron a San Pedro alrededor de las 12.45 en ese coche. Se bajaron en plaza Belgrano y recorrieron algunos comercios, hasta pidieron documentos.

Levantaron a un testigo al que le requirieron que debía acompañarlos para el operativo y se dirigieron a Reuterfin. Allí, esgrimieron la orden de allanamiento falsa y mostraron credenciales, una de ellas verdadera.

El aviso del vigilador de la empresa de seguridad privada Riesgo Cero a la central, el arribo inmediato de la Policía tras la sospecha denunciada por comerciantes del centro y el rápido accionar del instructor judicial Rodrigo Velázquez permitieron evitar el acto delictivo.

El insólito intento de robo del que fue víctima la financiera Reuterfin, ubicada en Pellegrini al 500, ocurrió bajo una modalidad que nunca se había visto en la historia policial local: dos delincuentes llegaron con una orden de allanamiento trucha para intentar llevarse todo lo que había en el local.

El vigilador privado de la empresa Riesgo Cero fue el primero que sospechó y dio aviso a la central porque algo extraño ocurría. Mientras tanto, la policía llegaba al lugar porque ya tenían aviso de movimientos sospechosos de dos personas vestidas con ropas de la Policía Federal en el centro de la ciudad.

De no haberse puesto en marcha los protocolos, con el rápido accionar del vigilador, la policía y el personal de Fiscalía que de inmediato arribó y procuró establecer la veracidad de lo que decían los delincuentes, la ciudad habría asistido a un robo de película.

"En un momento piden desconectar las cámaras y ahí se empieza a poner rara la situación", contaron fuentes del caso.

Es que los delincuentes estaban vestidos con ropas de la Federal: ambos con gorras, uno con chaleco y otro con una campera rompeviento que, por cierto, ya estaba bastante deteriorada y tenía las siglas PFA de la espalda despegadas.

A Reuterfin llegaron con un testigo que levantaron en el centro y la orden de allanamiento impresa. Trucha, pero verosímil: era una copia fiel de las que emite la Justicia y hasta tenía un Juzgado Federal como presunto emisor, con código de barras y firma digital incluida.

Apenas arribaro, los delincuentes informaron, con amabilidad, que tenían orden de cumplir con ese procedimiento y que esperaban la colaboración, que los responsables de Reuterfin estaban dispuestos a prestar, aunque informaron que querían la presencia de un asesor legal de la firma, por las dudas. 

Eso también contribuyó, pues generó algunas demoras que permitieron el rápido accionar de la policía y Fiscalía.

Los delincuentes llegaron con una mochila en al que tenían una computadora y una impresora. Contaban con credenciales —una de ellas verdadera, pues uno de los dos era efectivamente agente de la Policía Federal en Buenos Aires— una caja plástica, tijeras, bolsas de consorcio, etc.

El que luego se comprobó que es agente de la Federal llevaba la voz cantante. Leyó la orden de allanamiento y explicó el procedimiento que presuntamente tenían que llevar a cabo.

Aunque todo parecía real, el llamado del vigilador a la central de la empresa de seguridad, la alerta que ya tenía la policía y el arribo inmediato del instructor de Fiscalía Rodrigo Velázquez impidió la comisión del delito.

Cuando confirmaron que efectivamente la orden de allanamiento que esgrimían era apócrifa, dispusieron la detención de ambos. Mientras tanto, un cómplice que los esperaba en un Peugeot 408 huyó de la escena y era buscado intensamente en toda la región.

El intento de robo en la financiera Reuterfin que fue desbaratado tras establecer que los presuntos agentes de la Policía Federal que llegaron al local para "un allanamiento" mentían, tiene un tercer cómplice al que están buscando.

Se trata del conductor de un Peugeot 408, que tendría patente adulterada, en el que circulaban los delincuentes y que huyó de la escena cuando un patrullero de la policía bonaerense llegó al lugar ante la sospecha.

La DDI estaba a cargo de la solicitud de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan haber captado la trayectoria del vehículo y dieron aviso a las dependencias policiales de toda la región para intentar atrapar al prófugo.

Los otros dos fueron detenidos y la investigación penal confirmó que uno de los dos era, efectivamente, un agente de la Policía Federal.

Es decir que que conocía a la perfección la modalidad del tipo de procedimiento que pretendían simular, todo indica con fines de robo.

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El episodio ocurrió pasadas las 13.00, cuando dos personas vestidas con chalecos, camperas y gorras de la Policía Federal llegaron a Reuterfin, financiera ubicada en Pellegrini al 500, casi en la intersección con Arnaldo.

Al ingresar, le dijeron al personal que trabaja en el local que tenían que cumplir con una orden de allanamiento y exhibieron un documento con la presunta autorización de un juzgado.

Antes habían estado en el centro y había entrado a otro comercio a "pedir documentos", lo que llamó la atención y fue difundido entre el grupo de WhatsApp del comerciante, además de dar aviso a la Comisaría.

Apenas habían bajado la persiana cuando un patrullero de la Policía local entró a Reuterfin e impidió el asalto que se avecinaba. El instructor de la Fiscalía 11 Rodrigo Velázquez arribó de inmediato y los retuvieron para hacer las consultas.

En el Juzgado Federal de San Nicolás no sabían nada. La Policía Federal de la región, tampoco. La confirmación de la falsedad llegó desde el mismísimo juzgado que figuraba en la orden de allanamiento apócrifa.

La Policía Comunal y la DDI San Pedro - Baradero palparon a los delincuentes y encontraron en su poder una pistola 9 mm con varios proyectiles en el cargador.

Confirmada la falsedad del procedimiento invocado, los esposaron. Les quitaron todas las pertenencias y los trasladaron para prestar declaración indagatoria.

La inmediatez con la que la Justicia Federal intenta actuar en el caso Rainbowex llevó a la División Antifraude de la Policía Federal a allanar una vivienda por error tras revisar "fotos de Instagram".

Este miércoles, personal de la Federal irrumpió en la financiera Overcash, ubicada en Mitre al 800, en el marco de la investigación que sospecha que la plataforma de captación de inversión en criptomonedas del denominado Knight Consortium está vinculada a delitos como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

En ese marco, las órdenes de allanamiento fue libradas a nombre de quien, dice el documento oficial, "sería el responsable de la financiera Overcash". Además del local, tenían que allanar un domicilio en el barrio cerrado Apart Club San Pedro, con coordenadas precisas que llevaban a una vivienda.

Allí los resultados fueron negativos. No sólo porque no hallaron nada relacionado con Rainbowex, el Knight Consortium o la financiera Overcash sino porque la persona que fueron a allanar no tiene nada que ver con la casa en cuestión.

En la vivienda reside el excomisario general Sergio Pérez, uno de los sampedrinos que más alto llegó en la Policía Bonaerense, de la que fue segundo a cargo durante el Gobierno de María Eugenia Vidal tras ser superintendente de Seguridad Vial.

Pérez se sorprendió no sólo de la situación sino también de la difusión que se hizo del procedimiento, puesto que, a pesar de que resultó negativo porque se equivocaron de casa, difundieron fotografías de personal de la Policía Federal en la puerta.

Lo más extraño es que en la premura por allanar al responsable de la financiera, la Policía Federal habría considerado que ese era su presunto domicilio extraordinario "por fotos de Instagram".

Es que en su perfil, el titular de Overcash tiene imágenes de una fiesta de año nuevo, del 1 de enero de 2021, a la que fue invitado por la entonces pareja de Pérez, lo que hizo suponer a la Federal que podría ser la casa del responsable de la financiera.

 “Llegaron por las coordenadas de la fotografía sin haber hecho un chequeo previo", señaló Pérez.

“Al llegar acá y constatar que yo era el propietario simplemente realizaron un acta con la realidad de lo acontecido”, relató el excomisario a La Opinión.

"Me retiré por la puerta grande en la Policía, me conoce todo el mundo y realmente bien, y me encuentro de la nada por una foto de una persona en mi casa en medio de una situación que nada que ver y que realmente afecta mi honor", agregó Pérez.

La Policía Federal tenía orden de secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad y su almacenamiento.

También biblioratos y cualquier otro documento relativo a contabilidad, cheques, pagarés, títulos de valor, máquinas contabilizadoras de dinero y cualquier otra documentación que pudiera estar relacionadas con operaciones vinculadas a Rainbowex y al Knight Consortium, tal como hicieron en la financiera de Mitre 860.

Pese a la “desprolijidad delictiva” de salir a gastar llamativamente 500 mil pesos en prendas de vestir, los autores del asalto a la financiera Areco Cambios tendrían como virtud saber esconder el botín.

Hasta el momento, nada se sabe del papel moneda, pese a que la investigación judicial persiste y procura hacerse de la mayor cantidad de detalles que permitan acercarse a los 3 millones de pesos sustraídos en la financiera.

Algo similar sucede con el dinero del asalto perpetrado al tesorero y un secretario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ocurrido el viernes 13 de septiembre, en Campana. 

En una emboscada a los sindicalistas, tras dejar el Banco Nación, con datos precisos, los ladrones supieron dónde actuar y apoderarse de unos 150 millones de pesos, según denunciaron las víctimas.

En este caso, tampoco se conoce el destino de semejante suma que, según el propio sindicato, estaba destinado a pagar sueldos a los obreros de la remodelación edilicia que se llevan adelante en su sede.

Las cámaras de seguridad de la vecina ciudad posibilitaron establecer que los autores serían Federico Nicolás Rodríguez (34), Cristian Ezequiel Weber (36) y Pedro Oviedo García (44), pero no fueron encontrados en los lugares que solían frecuentar.

Posteriormente, se conoció el asalto a Areco Cambios y la detención de esos tres delincuentes en una vivienda ubicada en calle Combate de Obligado al 500.

El cruce de datos no dejó dudas. Además de sorprenderse de que los clientes en una tienda deportiva no paraban de sacar muchos billetes de 10 mil pesos del bolsillo, uno de ellos tenía una seña particular que resultó contundente para saber que se trataba del mismo autor de los hechos: una gota con un ancla tatuada debajo de un ojo.

Sin Galera invitó el sábado a una de las más reconocidas especialistas a exponer sobre los peligros que acechan a quienes terminan presos de su adicción a las apuestas. Influencers, famosos, periodistas, equipos de fútbol y acceso instantáneo al juego on line ya forman parte de una actividad que crece sin límites desde 2020. En CABA, el gobierno decidió bloquear en todas las escuelas el acceso a los sites pero no es suficiente.

En San Pedro hay un proyecto del Concejal Martín Rivas que expone la situación y solicita el arbitrio de medidas, pero la comuna no puede ir más allá de sus propios límites. De hecho, ni siquiera forma parte de la comunidad digital como para estudiar el tema.

El problema más grave es para los menores de edad que a través de las redes sociales, influencers y sitios web ilegales acceden con facilidad al mundo de la ludopatía. 

Débora Blanca recalca que es importante que los padres estén informados sobre el problema de las apuestas online en menores de edad y que “tomen medidas para proteger a sus hijos. La ludopatía es una enfermedad grave que puede tener consecuencias”, muchas de ellas lamentables e irreversibles. 

Buscar ayuda profesional, infomarse sobre las conductas adictivas, no prestarse como cómplice “a un juego” que en muchos casos comparten padres e hijos durante una transmisión deportiva, forman parte de las herramientas que la profesional puso al alcance de la audiencia del programa Sin Galera.

Entre las apuestas online y la ilusión financiera que plantean inversiones mínimas que terminan en estafas piramidales hay similitudes: la búsqueda de ganancias rápidas y fáciles sin tener en cuenta los riesgos.

Precisamente la inmediatez y la facilidad son dos de las claves más recurrentes en  la observación de estas conductas y por ello Débora Blanco hizo hicapié en tratar de frenar la idea de que “nada puede esperar” cuando se trata de niños.

Algunos contactos a los que se puede recurrir, incluidas charlas y videos que esta psicóloga ya tiene publicados son: www.deborablanca.com.ar o a su cuenta de Instagram @debora_blanca_lj y también hay programas de asistencia del Gobierno de la Provincia y por supuesto, el grupo de autoayuda conocido como Jugadores Anónmos que incluye teléfonos de emergencia. Débora Blanco es autora de varios libros, entre ellos: "Cuándo el juego no es juego, ¿es una adicción?" y coautora de “Tratado sobre el juego patológico”.

Un hombre de 54 años denunció en la Comisaría local haber sido víctima de estafadores que le solicitaron sus datos desde una presuntaa financiera, para la obtención de un préstamo, pero lo que hicieron fue sacar uno en su nombre.

La víctima se contactó por Facebook la semana pasada, el miércoles 18, con el perfil de lo que entendió era una financiera en la que podría tramitar un préstamo de dinero. En el marco del diálogo con su interlocutor, entregó todos sus datos personales.

Luego se percató de que había sido estafado, puesto que con esos datos los delincuentes que lo engañaron obtuvieron un préstamo en otra financiera, por lo que ahora debe abonar una gran cantidad de cuotas con altos intereses que le reclama la entidad emisora.

Tras la denuncia penal en sede policial, el caso recayó en la Fiscalía Nº 7 que conduce María del Valle Viviani, que instruye una causa por estafa.

La investigación por el asalto a la sede local de la financiera Tarjeta Fértil, ubicada en Obligado 125, tenía este lunes una importante medida de prueba que se suspendió por una insólita situación: hubo que postergar la rueda de reconocimiento porque familiares del detenido se ocuparon de “visitar” a las testigos.

“Están en condiciones de reconocerlo”, había dicho la fiscala María del Valle Viviani a La Opinión respecto de las empleadas del local. Se refería al único detenido, Mauro Adrián Escobar, de 36 años.

La rueda de reconocimiento fue citada para el lunes a las 9.30 en la Comisaría local, donde permanece alojado Escobar. La medida consistía en que un grupo de personas pasara por frente a las testigos para que señalen cuál de ellos coincidía con el que les apuntó el día del robo.

Sin embargo, la medida de prueba no pudo llevarse a cabo porque las testigos fueron “visitadas” por familiares del detenido.

“Familiares fueron al lugar donde viven las víctimas a mostrarles quién era el hermano y a mostrarles otra persona que era el que supuestamente había cometido el asalto”, explicó a La Opinión la fiscala Viviani.

De licencia, la titular de la UFI 7 fue subrogada por su par de la 11, Viviana Ramos, quien a raíz de esta situación tomó la decisión de suspender la rueda de reconocimiento. “Me pareció perfecta la decisión, porque las víctimas ya lo tenían reconocido de esa manera”, dijo Viviani e informó que las víctimas “no reconocieron el arma de fuego” secuestrada en la casa de Escobar.

Consultada por La Opinión, la fiscala Viviana Ramos explicó: “Se suspendió la rueda de reconocimiento en virtud de que las víctimas que tenían que presentarse en la diligencia denunciaron amenazas por parte de familiares del detenido”.

“Se presentaron con una foto de él para instarlas a que no lo reconozcan”, dijo Ramos.

Se desconoce cómo supieron dónde ubicar a las testigos, pero familiares de Escobar se presentaron en las viviendas de las víctimas del asalto y también lo hicieron en las puertas de la Comisaría antes de que se desarrollara la medida de prueba. Aunque no tuvieron una actitud “amenazante”, la situación generó preocupación.

Mauro Escobar fue detenido al otro día del asalto, en un domicilio de Brenan al 700, donde además secuestraron un revólver calibre 22, una pistola tipo réplica, ropa de la empresa de seguridad Prosegur como la que usó el asaltante, dinero en efectivo y un celular.

En su declaración indagatoria, Escobar dijo que el dinero era de su pareja y que es inocente. Está acusado por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. A dos semanas del asalto, Fiscalía tiene todavía tiempo de reunir elementos probatorios que permitan solicitar su prisión preventiva.

En el hecho está implicado otra persona, identificada como Ramiro Mansilla, sobre quien Viviani sospecha fue el que esperó a Escobar en el Nissan Tiida que fue secuestrado por haber sido el automóvil en el que escaparon el asaltante y su cómplica.

Adelantándose a una eventual decisión del Juzgado de Garantías respecto de su situación, Mansilla presentó una solicitud de eximición de prisión incluso antes de que el automóvil fuera hallado por los investigadores.

Un hombre de 36 años fue detenido el miércoles por la noche en un allanamiento en un domicilio de Brenan al 800 acusado de ser quien el martes al mediodía asaltó la financiera Tarjeta Fértil.

El procedimiento, solicitado por la Fiscalía N° 11 de María del Valle Viviani y avalado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, lo realizó la Policía que encontró en la casa 21.200 pesos, ropa de la empresa de seguridad Prosegur que es la que se sospecha utilizó para cometer el robo, un celular y un revólver calibre .22 largo cargado con seis cartuchos. Todos esos elementos serán expuestos a las víctimas, las cuatro epleadas de la empresa, en una rueda de reconocimiento.

El ladrón fue trasladado a la Comisaría donde quedó alojado a disposición de la Justicia que este jueves al mediodía le tomará declaración indagatoria.

En simultáneo, hubo un procedimiento en una casa de Belgrano al 1500 con el objetivo de dar con su cómplice que fue quien lo esperó en un auto en la esquina de Salta y Obligado y con quien se fugó de las escena. Ese requerimiento dio negativo aunque la persona está identificada.

El asalto fue el 16 de marzo minutos antes de las 13.00 cuando un hombre entró a la oficina vestido con un uniforme similar a los que usan los empleados de la empresa de seguridad privada Prosegur, con gorra y barbijo. Al cerrar la puerta tras de sí, extrajo un arma de fuego y apuntó a las empleadas.

En Tarjeta Fértil hay tres cabinas de atención al público. En cada una había una trabajadora y una cuarta estaba en otra zona. El asaltante apuntó con el arma a la del medio y la increpó para que le dieran el dinero. En ese momento, la empleada estaba haciendo el arqueo de caja de la jornada. El ladrón les gritó que no apretaran botón alguno, que tuvieran sus manos en un lugar visible y que pusieran el dinero en una bolsa. Obtenido el botín, huyó del lugar.

El delincuente salió corriendo por Obligado en dirección a calle Salta. Detrás de él, una de las empleadas se acercó a la puerta y lo vio huir hasta la esquina, donde lo esperaba un cómplice a bordo de un vehículo en el que escaparon ambos.

El malviviente, que fue detenido gracias a filmaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad, cuenta con antecedentes delictivos y hasta hace pocos meses estuvo en prisión. Uno de los sucesos más reconocidos que cometió fue un asalto a un comercio de venta de baterías ubicado en Liniers al 100 el 5 de marzo de 2008. En aquella ocasión, ingresó al local con un arma, robó y huyó pero fue detenido en la plaza Constitución mientras escapaba.

Además, en 2011 el acusado de asaltar días atrás la financiera Tarjeta Fértil ubicada en Obligado al 100 fue aprehendido con pedido de captura por diversos delitos que se les acusaba. Mientras circulaba en moto por inmediaciones de la estación de trenes en Villa Igoillo, la Policía lo divisó y, aunque intentó huir incluso a pie tras abandonar el rodado, fue detenido tras esconderse en una vivienda.

Entre los robos cometidos años atrás sobresale el de la agencia de Loterías El Zurdo. También, en una ocasión protagonizó una persecución con la Policía en el centro de la ciudad en la que mantuvo un enfrentamiento armado y escapó.