Vecinos de la zona de Hermano Indio y Riobamba denunciaron el funcionamiento de un presunto bar clandestino que provoca ruidos molestos todos los días de la semana y genera situaciones de violencia durante las madrugadas.

Según relataron, el problema comenzó en febrero y desde entonces realizaron reiterados llamados a la policía y a la línea de ruidos molestos.

“Vienen, hacen su trabajo y cuando se van vuelven a subir la música. Somos gente que trabaja todos los días y estamos cansados de no tener una respuesta”,  señalaron.

Los denunciantes sostienen que los fines de semana la situación se vuelve aún más complicada, con peleas, gritos y hasta “piedrazos sobre los techos”.

“Los sábados a la noche es cuando más fuerte se escucha el volumen, ni siquiera la televisión se puede escuchar”, expresaron.

Además, indicaron que el lugar no está habilitado para funcionar como boliche bailable y cuestionaron la falta de controles.

“Fuimos varios vecinos a realizar la denuncia donde corresponde y siempre nos preguntábamos por qué nunca vino alguien a verificar”, concluyeron.

El reclamo por la falta de control ante exceso de volumen es una situación recurrente, ya que a pesar de la existencia de una ordenanza que regula estas prácticas, San Pedro no tiene decibelímetro. 

La Dirección de Tránsito y Nocturnidad desbarató el fin de semana cinco fiestas clandestinas y en una de ellas secuestró el auto de un hombre que chocó a un móvil cuando se iba y dio positivo el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió el sábado a la madrugada. El automovilista se retiraba de una celebración en la esquina de Depietri e Irigoyen de la que participaban unas 30 personas y que fue terminada por el personal de inspección. En calle 24 de Febrero impactó en la parte delantera derecha a un auto del área que conduce Luis Caramún, los inspectores lo interceptaron y constataron que tenía 1,16 miligramos de alcohol en sangre.

El rodado del masculino, secuestrado junto a otro por falta de documentación, fue incautado y trasladado al corralón municipal ubicado en Crucero General Belgrano hasta que su propietario complete el trámite correspondiente en el Juzgado de Faltas.

En la misma situación hay trece motos que fueron secuestradas en operativos realizados en diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos en avenida 3 de Febrero y Uruguay, por falta de documentación y escapes deficientes. Además, se labraron dos multas a autos mal estacionados.

El fin de semana también se detectaron otras cuatro fiestas clandestinas y fueron finalizadas por el personal municipal. Una de ellas fue en avenida 11 de Septiembre 2010 con alrededor de 20 personas; otra en Rojas y Rómulo Naón con unos 30 vecinos; y una tercera en calle 60 en el barrio Depietri donde se contabilizaron seis decenas de concurrentes.

El domingo a la madrugada, alrededor de las 5.00, se desbarató una fiesta en Pueblo Doyle de la que participaban más de cincuenta personas, informó la Policía. El organizador era un joven de 23 años quien fue notificado de la causa judicial que se le inició por quebrantar las normas que rigen en el marco de la pandemia de coronavirus.

Las “fiestas clandestinas” son un fenómeno que se propagó durante la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus por parte de jóvenes y no tanto. En el último año se sucedieron un sinfín de eventos los cuáles muchos fueron desbaratados pero en su mayoría se desarrollaron con éxito para sus organizadores.

Entre el sábado y domingo a la madrugada una menor de edad aprovechó la ausencia de sus padres en el departamento que habita en San Martín y Padre Santana y organizó una fiesta clandestina para la cual convocó a pares a través de redes sociales.

El edificio cuenta con siete viviendas. En una de ellas, al lado de en la que se llevó a cabo la celebración, habita una mujer con su familia la cual, alrededor de las 4.00, desalojó a los alrededor de 80 adolescentes que disfrutaban la noche con música, luces y alcohol.

Los jóvenes habían dejado la puerta de acceso al edificio abierta, guardaron sus motos y circulaban por el mismo sin tener en cuenta que había otras personas que intentaban descansar. Incluso, la mujer mantuvo un intercambio verbal con algunos de los chicos los cuáles se le burlaron y hasta dañaron su auto con una moto que se les cayó.

La Policía acudió al lugar cuando los jóvenes se estaban retirando y, según pudo saber La Opinión, no se iniciaron actuaciones ante el Juzgado Federal. El domingo, la menor de edad pidió disculpas personalmente a cada uno de sus vecinos pero pidió que la “entiendan” por ser “adolescente”.

Este domingo fue clausurado el restobar de la playa de Vuelta de Obligado por organizar una fiesta sin autorización en el sitio montado en el corazón del espacio público que inauguró el Gobierno municipal a orillas del río. El motivo: falta de habilitación municipal.

En los últimos fines de semana vecinos de Vuelta de Obligado habían elevado su queja por la música a alto volumen y la presencia de una gran cantidad de jóvenes en lo que consideraban “fiestas” en la playa pública.

Personal policial del Destacamento de Gobernador Castro y de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad se hicieron presente en el lugar alrededor de las 22.00 y, en efecto, se encontraron con una fiesta en pleno desarrollo.

Las autoridades procedieron a la clausura del local en los términos de la ley provincial de Nocturnidad, puesto que carecían de habilitación para el desarrollo de un evento como el que estaba en marcha en ese momento, puesto que se trata de un restobar que tiene autorización para actividades comerciales no vinculadas a las que encontraron Policía e Inspección.

El comercio emplazado en la playa de Vuelta de Obligado —que todo indica tiene a su cargo la concesión del restaurante de ese espacio público, aunque se desconoce el proceso de adjudicación— había sido señalado por los vecinos por actividades nocturnas.

La Opinión había publicado un reporte ciudadano en el que advertían por el desarrollo de este tipo de fiestas con DJ que continuaron cada fin de semana hasta este domingo, en el que las autoridades clausuraron el lugar.

La primera convocatoria de la tarde de ayer para recibir el Año Nuevo y que ya está en manos del Juzgado Federal de San Nicolás fue sorprendente por sus más de doscientos asistentes y la aprehensión de su organizador, un joven de 25 años que utilizó una finca de calle Gomendio 3280, pero no fue la única.

Horas más tarde, la policía llegó a otros dos lugares donde se congregaban alrededor de dos centenares de jóvenes en cada una.

El primer llamado de vecinos para denunciar lo que acontecía en el barrio progino de la zona de calle Almafuerte y Pavón. Allí estaban en pleno festejo cuando los concurrentes fueron invitados a retirarse y trasladaron a sede policial al organizador del evento, un chico de 25 años que ahora está acusado de quebrantar el distanciamiento social y contribuir a la propagación de la enfermedad tal como describe el artículo 205 del Código Penal.

La otra tuvo lugar en un domicilio de calle Caseros y Aníbal de Antón. El responsable de la fiesta tiene 29 años y de allí al menos otros 200 asistentes fueron obligados a dispersarse.

Entre sábado y domingo son más de 600 los jóvenes que asistieron a este tipo de encuentros de los que no hay constancia si abonaron entradas como sucedió en otras oportunidades.