Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

La acusación contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola sobre abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando convivían juntos hace varias décadas todavía sigue en pie: el Tribunal de Casación admitió la revisión del fallo que había desestimado que vaya a Juicio por la Verdad.

El diario El Norte reveló esta semana que Casación será responsable de emitir dictamen respecto de si corresponde o no someter a Espíndola a ese tipo de proceso, que si bien no tiene consecuencias punitivas —no podría ir preso en caso de ser hallado culpable— sí implica conocer la verdad y endilgar responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

El delito prescribió por haber sido cometido hace más de tres décadas, cuando Cintia Espíndola —una de las denunciantes y quien lleva la voz cantante de la causa, cosa que asumió públicamente— y otros sobrinos del sindicalista de Camioneros habrían sido abusados.

Fernando Espíndola también era menor de edad para la fecha en que las denuncias sindican como momentos en que comenzaron los sometimientos, que además habrían seguido cuando él ya había cumplido la mayoría de edad.

Ante la prescripción, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró en su fallo que estaban dadas las condiciones para llevarlo a Juicio de la Verdad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dijo que no.

Los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que "no obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad".

Ello, a pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

Lo extraño de la novedad judicial es que la Cámara de Apelaciones que sugirió a las víctimas iniciar el trámite para el Juicio por la Verdad declaró ahora su incompetencia. Al menos Casación admitió el recurso y lo analizará.

Fernando Espíndola permanece detenido con arresto domiciliario por la causa en la que está acusado de cobrar coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar, caso en el que también está detenido con domiciliaria el líder de Camioneros en la región y concejal de San Nicolás en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás deberá decidir si el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido con prisión domiciliaria por pedir coimas a una empresa, es sometido a un juicio por la verdad tras ser denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos cuando convivían juntos, hace más de tres décadas.

Como el delito prescribió, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró que estaban dadas las condiciones para un juicio de esas características, que si bien no contempla sanciones punitivas en términos de condenas a prisión sí permite echar luz sobre los hechos y considerar si ocurrieron o no y si el acusado es responsable de ellos.

El caso fue a Cámara porque el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Nicolás que integran los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que no están dados los extremos para habilitar un juicio por la verdad.

"No obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad", dijeron en sus argumentos los jueces.

A pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

La Cámara fue la que había recomendado el juicio por la verdad, al confirmar que el paso del tiempo favoreció a Espíndola y dejar firme la prescripción, y ahora deberá decidir sobre el rechazo del Tribunal.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

La Justicia ordenó la detención del hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola. Al igual que el gremialista y exconcejal, fue denunciado por abuso sexual de menores.

Identificado como Ricardo Antonio Espíndola, de 67 años, fue detenido en su domicilio, ubicado en la zona de Lavalle al 100, tras la orden del Juzgado de Garantías interviniente.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. La víctima tiene 7 años. Su declaración en cámara Gesell fue contundente.

Ante las psicólogas de la Asesoría Pericial, la víctima relató los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada, que incluyeron la exhibición de material pornográfico.

Con la orden judicial, la policía detuvo a Espíndola en su casa, que había sido allanada con anterioridad para secuestrarle el teléfono celular y otras pertenencias.

La denuncia fue radicada en mayo pasado en la Comisaría de la Mujer y desde entonces la Justicia trabajó para establecer medidas de prueba que derivaron en la detención.

Ricardo Antonio Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, quien está detenido con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por pedido de coimas en su rol sindical junto al líder regional de su gremio y concejal nicoleño en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

Además, Fernando Espíndola enfrentará un juicio por la verdad por las denuncias por abuso sexual reiterado que radicaron contra él sus sobrinos, que lo acusaron de someterlos durante años cuando convivían y todos eran menores de edad.

La causa entró en un compás de espera y la resolución para llegar a juicio está en manos de la Cámara de Apelaciones que debe resolver el pedido de la defensa que promovió su intención de objetar la llegada a esta instancia.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los meses de enero y febrero de 2021. Comenzaron como un reclamo por falta de baños y terminaron con una investigación por "coimas, aprietes y amenazas". 

Viviani estuvo desde el primer día a cargo de la investigación, de hecho, era la primera vez que una fiscal se hacía presente en el bloqueo de una empresa. No sólo soprendió a los dirigentes sino a los dueños de la firma que no esperaban la dimensión que cobró el caso tras una comprobación directa por parte de la justicia. 

Literalmente el paso a la planta estaba obstruído y los sindicalistas subestimaron el curso que más tarde tendría la investigación.

Ahora, con Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro privados de la libertad en sus domicilios, la Fiscalía consideró que "hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de co autoría por los delitos de Turbación de la Posesión, dos hechos: Coacción en grado de tentativa, dos hehos; Extorsión, dos hecho y Extorsión en grado de Tentativa, todo en concurso real, respecto de ambos. Para los imputados Carlos Julián Ojeda, Marías Agustín Torees, Edgardo Dimayo, Enzo Ojeda, Macilimiano Pérez y Lucas Torres, los delitos que serán llevados a juicio son de "Turbación de la Posesión, dos hechos y Coacción en grado de Tentativa, dos hechos".

En el caso de Espíndola además de cumplir arresto domiciliario hay otro caso pendiente. Será un “Juicio por la Verdad” al que por primera vez accedió la justicia nicoleña por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravada por el vínculo. Una causa que promovieron sus sobrinas y que llegó a una instancia en la que por el paso del tiempo no podía prosperar.

Desde que las víctimas de Fernando Espíndola rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.

Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.

“Después de tantos años de silencio  y de oprimir el pecho de las angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad  a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de todo la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debesuceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.

En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista que fue acusado por abuso sexual. 

Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.

Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Habían pasado 30 años y ya no podían, condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.

Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad. 

Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.

 “Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.

Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.

Pero su desarrollo otorga el derechoa la víctima para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente. 

Una de las víctimas de Fernando Espíndola pidió juicio por la verdad por abuso sexual contra el sindicalista

Alertan por intento de estafa en publicaciones de vehículos robados en Facebook

Vandalismo y destrozos en las aulas modulares de la escuela Normal

Turistas a puro show en la Escalera de las Flores

Tras los memes de "alunizaje en los cráteres de ruta 1001", tapan baches con tierra

42 años de Malvinas: cine debate en el Museo Histórico

Convocaron a sesión extraordinaria para convalidar prórrogas con Ashira y Vercelli

Falleció Daniel "Pato" Soler, cultor de las tradiciones y reconocido animador de radio y TV

Sumate a nuestro canal de Youtube sin galera lili berardi, suscribite, es gratis, nuestra comunidad ya somos mucho más de 6.100, estás informado y podés participar de todos nuestros sorteos. Este sábado en Sin Galera, sorteamos premios de La Bomba contanos ¿qué es lo que más te gusta del otoño?El sábado 27 de abril Sin Galera premiará a quien envíe la historia más original con su mascota. Envía fotos y audio con tu reclamo o pedido al 3329 47 99 58. También estamos en instagram y Facebook como Sin Galera y La Opinión y siempre atentos en el 4-20-100 🤗Te dimos una mano, ahora danos una mano. Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio.👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion—------------------------------------------------ 

La Justicia nicoleña aceptó como particular damnificada a Cintia Espíndola, una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, en la solicitud de que sea sometido a un juicio por la verdad en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por ella y otros familiares.

En diciembre la Cámara de Apelaciones consideró que, como sostenía su defensa, el paso del tiempo había favorecido a Espíndola ya que los alrededor de 30 años que pasaron desde los hechos denunciados implicaban la prescripción 

Pero también consideró que sería importante que lo sometieran a un juicio por la verdad, que es igual a un proceso común pero sin cumplimiento de pena en el caso de ser hallado culpable.

Para que esa posibilidad avanzara era necesaria la aceptación de las víctimas y Cintia, una de las que desde el primer día hizo pública la situación, decidió instruir al abogado Agustín Tanús para que, en su representación, solicite al Juzgado el inicio del proceso. La Jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, aceptó la presentación, reveló el diario El Norte.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.

Fernando Espíndola fue denunciado por tres sobrinos que convivían con él cuando eran niños y él adolescente. Los denunciantes tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones de las que lo acusan; él, algunos más. Aseguraron que incluso siguió abusando de ellos cuando ya había cumplido la mayoría de edad, por eso la causa se dividió en dos, una en el fuero juvenil y otro en la Justicia ordinaria.

El exconcejal y sindicalista de Camioneros cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, expediente penal por el que también tendrá que rendir cuentas en un juicio.

Si bien los denominados "juicios por la verdad" no tienen consecuencias penales —un veredicto de culpabilidad no implica cárcel— permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.

Un fallo del Tribunal de Casación anuló la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres, en el marco de la causa que mantiene a los dos sindicalistas detenidos con arresto domiciliario.

El abogado Mauricio Gugger, que ejerce la defensa de los acusados, logró que Casación deje sin efecto la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había declarado inadmisible el recurso presentado para revisar la elevación a juicio que hizo la jueza Maiztegui a solicitud de la fiscala María del Valle Viviani, que consideró cerrada la instrucción del caso.

La defensa fue a Casación para poner en tela de juicio el cumplimiento del doble conforme judicial y lo logró. Los casacionistas advirtieron que "un proceso que no garantice una amplia revisión, podría traer aparejada responsabilidad internacional del Estado".

Gugger pidió la revisión de la elevación a juicio porque, como defensor de Cabaleyro, Espíndola y el resto de los imputados, planteó que hay instancias probatorias determinantes que deberían tenerse presente antes, como una pericia contable solicitada.

El caso tenía hasta sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás como el que se haría cargo de juzgarlo, pero ahora volvió a la instancia de origen para que "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho", lo que implica que Casación consideró que el primer fallo de los camaristas no se ajustó al debido proceso.

El fallo de Casación, al que tuvo acceso La Opinión, parece decirles a los camaristas que es importante que lean el expediente antes de emitir resolución. 

"Se utilizaron, a lo largo del pronunciamiento, categorías conceptuales claramente diferenciables y con requisitos distintos y consecuencias diversas, como si se trataran de lo mismo", dice, por ejemplo.

Los camaristas habían señalado que para admitir un recurso de apelación como el que solicitó Gugger era necesaria "la específica mención de los motivos y fundamentos que le dan sustento". Ello sorprendió a Casación: "No encuentro que esa reflexión haya tenido correlato en el contenido del recurso", sostuvo la jueza María Florencia Budiño.

Por el contrario, subrayó, el escrito de más de 30 páginas que presentó la defensa expuso los motivos por los que apelaba la elevación a juicio y detalló en cada ítem con fundamentos que, acertados o no en su postura, debían ser atendidos para al menos considerar la revisión del fallo de Maiztegui, lo que no ocurrió.

"Tal postura, sin una explicación adicional, ausente en el caso, conduce a una restricción sustancial de la vía de la apelación, que no encuentra anclaje legal y que, además, afecta irremediablemente la garantía de la defensa en juicio", cuestionó Budiño a los camaristas.

Por ello, los jueces María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello, de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata, dejaron sin efecto la elevación a juicio y enviaron el expediente a la instancia de origen "a fin de que, debidamente integrada, dicte una nueva resolución conforme a derecho, donde se dé adecuando tratamiento al fondo del recurso de apelación articulado por la defensa de los acusados Cabaleyro y Espíndola".

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

La causa implica delitos como turbación de la propiedad, por el bloqueo, y coacción y extorsión. Se los acusa de "cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, que radicó la denuncia respaldada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab).

El exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, que cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, podría ser protagonista de uno de los primeros juicios por la verdad en la región, en el marco de las denuncias por abuso sexual que radicaron contra él tres sobrinos con los que vivía cuando era adolescente.

Espíndola tuvo que enfrentar dos causas por abuso sexual a sus sobrinos, que tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones que denunciaron. Una en el Fuero de Responsabilidada Penal Juvenil, puesto que los delitos se habrían cometido cuando él era menor de edad; y otra en el fuero penal común, puesto que en las denuncias las presuntas víctimas aseguraron que siguió abusando de ellas cuando ya había cumplido 18 años.

Respecto de la primera, Espíndola fue favorecido por el paso del tiempo. El juez había elevado la causa a juicio pero la Cámara de Apelaciones falló a favor del planteo del abogado defensor del sindicalista, puesto que los presuntos hechos denunciados habrían sucedido hace más de 30 años.

La Cámara declaró la "extinción de la acción penal por paso del tiempo", pero en un fallo innovador los jueces recomendaron la continuidad de la causa en los términos de los denominados "juicios por la verdad", que si bien no tienen consecuencias penales permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.

"El juicio por la verdad autoriza a buscar la verdad real, aunque llegue tarde para cerrar heridas y es una posibilidad también para el imputado de defenderse si cree que hubo un ataque infundado a su honor", dice el fallo que difundió esta semana el diario EL Norte de San Nicolás.

Respecto de la otra causa, que investiga los abusos denunciados por los sobrinos de Espíndola y que habrían sido cometidos cuando él era mayor de edad, sigue su curso y ahora se espera una resolución de Cámara respecto de la apelación a la elevación a juicio que hizo la defensa, con el abogado Miguel Arzagot a la cabeza, en los mismos términos que en la correspondiente a cuando era menor.

Los pasos que siguen para que avance el proceso de Juicio por la Verdad implican la aceptación de las víctimas respecto de la continuidad de la acción judicial tras la declaración de sobreseimiento por prescripción que establecieron los camaristas. Para ello, se estima que aguardarán el fallo de Cámara.

Los Juicios por la Verdad comenzaron en el país como una manera de encontrar estrategias alternativas de reparación ante la imposibilidad de perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad durante la vigencia de las denominadas leyes de obediencia debida y punto final.

La jurisprudencia favorece la idea de que "no debe desatenderse la obligación del Estado de asegurar el derecho de conocer la verdad de los hechos aun cuando se hubiera dispuesto la prescripción de la acción penal", tal como señalan los camaristas, que citan un fallo del Tribunal de Casación bonaerense, fundamentalmente en casos con víctimas "sujetos de especial protección" y "sometidas a aberrantes conductas de abusos sexuales extendidas en el tiempo".

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola deberá enfrentar al Tribunal en juicio por el caso de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal contra dos sobrinas y un sobrino, que lo denunciaron penalmente antes de que lo detuvieran por la causa por pedido de coimas junto a Maximiliano Cabaleyro.

El juzgado de Garantías interviniente rechazó los planteos de la defensa de Espíndola, que había pedido sobreseimiento del imputado, prescripción de la causa y nulidad de la requisitoria de elevación a juicio que hizo la Fiscalía.

El sindicalista está acusado de abusar reiteradamente de sus sobrinos cuando convivían y eran todos menores de edad. Para el juzgado, existen “elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener” que Fernando Espíndola “es probablemente autor penalmente responsable del delito que se ivestiga”.

El juez ordenó elevar la causa a juicio para que el Tribunal disponga la fecha y modalidad en la que se juzgará al sindicalista sampedrino denunciado por abusar sexualmente de dos sobrinas y un sobrino.

La causa cuya denuncia fue radicada en 2019 por una familiar que fue víctima de este delito terminó su etapa de instrucción y desde el 22 de marzo comienza a recorrer el camino hacia el juicio.

El expediente contiene declaraciones y testimonios que indican que el ex concejal del Frente Renovador y dirigente del gremio Camioneros sometió a sus propios sobrinos durante años. Uno de ellos se quitó la vida tras sufrir una profunda depresión que, según refieren, se produjo a raíz de la situación de silencio a la que se vio sometido.

Quien rompió el silencio en los medios, fue una de sus víctimas. Por entonces relató que ella había sido vejada por el gremialista desde los 7 a los 13 años. Sus tres hermanos también fueron sometidos en la casa que compartían cuando eran niños y en el transcurso de su adolescencia.

Ahora, con 45 años, Cintia Espíndola pudo sobreponerse y confirmar que asistirá a las audiencias y que pese a que su presencia es optativa le gustaría ver qué dice quien pese a su resistencia volvió a abusar de ella a los 16 años.

La causa cuya instrucción en principio estuvo a cargo del Dr. Marcelo Manso fue derivada tiempo después a los fiscales Agustina López Abellán y Alejandro Gabriel López quienes se desempeñan en la UFI N° 2 del Fuero Penal Juvenil.

En principio, la defensa de Espíndola intentó demostrar que el delito había prescripto pero ya hay jurisprudencia suficiente y proyectos de ley que consideran que es imprescriptible.

Cintia, contó con el apoyo de sus hermanas y las tres han recurrido a tratamiento de contención psicológica por los traumas que aún acarrean.

Es menester recordar que Fernando Espíndola está actualmente detenido por haber sido considerado responsable junto a Maximiliano Cabaleyro del bloqueo a la planta de la Distribuidora Rey y también por extorsión y sobornos.

Después de tres recusaciones para la Fiscal María del Valle Viviani, intervención de legisladores nacionales, movilizaciones a la sede fiscal y varias dilaciones en el proceso, durante la tarde del miércoles el Juzgado de Garantías recibió el requerimiento para elevar a juicio la causa por las que están detenidos los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Las noventa y seis páginas del expediente detallan paso a paso todas las pruebas que apuntan a condenar por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “Extorsión” también en dos hechos y “Extorsión en grado de Tentativa” para uno de ellos. En cuanto a los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julién Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Perez, Lucas José Torrez, Matías Agustin Torrez el delito del que se los acusa es el de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Quedan varias instancias que con seguridad la defensa de los imputados intentará pero de la lectura de los fundamentos surgen varios datos que hasta la fecha no habían sido difundidos.

El primero de ellos relacionado a la comprobación de la extorsión a los que eran sometidos los dueños de la empresa para que efectuaran pagos recurrentes para evitar problemas. También se remarca que aquello que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo, no contaban con una contraparte documental que los acredite.

Sobre el allanamiento “realizado el día 02 de Mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, sede central, NADA SE OBTUVO respecto del origen de la deuda a la que se hace alusión”, dice textualmente el escrito.

A ello se agrega un párrafo esclarecedor respecto a mucho de lo que se había afirmado en distintas publicaciones y declaraciones en medios de comunicación sobre el dinero que había sido entregado por el contador “y la caja de chocolinas” de la firma para el supuesto pago de deudas con el fisco: “de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques legítimamente recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, sostiene Viviani para sostener la hipótesis que se había analizado en un principio cuando la firma accedió a “firmar un convenio de pago” que se concretó en tres partes. También se recuerda en otro tramo del escrito que “las víctimas accedieron a la entrega del dinero en efectivo y a la confección y pago de los cheques emitidos, a reconocer la deuda”.

Sobre los días del bloqueo con el motorhome que pertenece al sindicato estacionado en las puertas del establecimiento, la fiscal describe que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a susdueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”.

En la última página y a la hora de solicitar la sanción a los imputados, la titular de la Fiscalía N° 7 expresó “en principio, a los fines de establecer la pena aplicable al caso debe merituarse: Que no hay eximentes ni atenuantes” y luego sostiene que “en función de ello que estimo que la pena para los Imputados Cabaleyro Emanuel Maximiliano y Fernando José Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiendo que resulta procedente el trámite el juicio abreviado”.

Por último indica que “para el Resto de los imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez, Matías Agustïn Torrez es justo aplicar una pena de prisiónefectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes”.

El 13 de Abril de 2022, cuando La Opinión celebró sus 30 años, fue publicada una columna editorial que con el título “Dejen laburar”, escribió Lilí Berardi para recordar las decenas de oportunidades en que empresas sampedrinas se vieron obligadas a aceptar “las reglas del juego“. Un 22 de Junio de 2011, la tapa de la edición papel del semanario ya denunciaba los tiempos que se avecinaban y la escasa reacción de la dirigencia política e institucional que dentro de sus responsabilidades también debe cuidar la defensa de las fuentes laborales y el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales.

El Juzgado de Garantías que interviene en el caso Camioneros – Rey rechazó el pedido de recusación a la fiscala Viviani que hizo el abogado de los imputados sampedrinos que estén en libertad y ratificó su condición de involucrados en la causa.

Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres y Enzo Ivo Ojeda siguen imputados por “turbación de la posesión y coacción”, puesto que la jueza María Eugenia Maiztegui rechazó también el pedido de sobreseimiento que había elevado su defensa.

Los cuatro están involucrados en la causa que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, ambos alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás con prisión preventiva y procesados, además del bloqueo y el pedido de coimas, por el delito de “extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos”.

Esta es la tercera recusación de Viviani que la Justicia rechaza. El abogado de los imputados sampedrinos, Gabriel Rogelio Ruiz, lo había solicitado por considerar que la fiscala tenía “parcialidad manifiesta” en el caso, algo que la jueza no respaldó.

Maiztegui no sólo rechazó la recusación, sino que además mantuvo la imputación que pesa sobre los cuatro defendidos de Ruiz y además no hizo lugar al pedido de “nulidad del procedimiento” que había interpuesto el abogado.

“Todas las acusaciones respecto de mi actuación no tienen argumentos legales que produzcan mi apartamiento en esta investigación”, se había defendido Viviani ante la jueza tras el planteo de Ruiz.

La primera recusación la habían planteado Cabaleyro y Espíndola, cuyo abogado, Mauricio Gugger, había pedido que se declare la incompetencia de Viviani porque consideraban que no le correspondía intervenir a la UFI 7 por la fecha en la que ocurrieron los hechos. El Juzgado la rechazó.

La segunda fue en mayo del año pasado, cuando plantearon que habría un ocultamiento malicioso del legajo y que se habían transcripto conversaciones entre cliente y abogado en el marco de las escuchas telefónicas, todo rechazado por el juez Román Parodi, que subrogó a Maiztegui en ese momento.

Viviani sostuvo que su actuación fue “conforme a la ley” y que no se excedió en sus facultades. Incluso señaló que los planteos de Ruiz eran “conjeturas” que desconocen “la normativa procesal y los elementos típicos que configuran los delitos que menciona”. La Justicia le dio la razón.

La causa por extorsión y turbación de la propiedad por la que los dos dirigentes del gremio Camioneros continúan detenidos, transitará durante los próximos meses sobre los imputados sampedrinos. Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro esperan ahora las nuevas pericias contables dispuestas para el mes de febrero mientras que los trabajadores que participaron del bloqueo siguen imputados en el marco del mismo expediente. Esta semana la fiscal trabaja para la elevación a juicio del caso que torció el rumbo y develó entretelones que desnudaron prácticas habituales de presión que excedían las protestas por reivindicaciones laborales.

Enzo Ivo Ojeda , Carlos Julián Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres y Edgardo Dimayo serán informados de la oportunidad que tendrán sus defensas para que cese su situación de imputados por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa” o se les imponga una pena. Hubo un pedido de sobreseimiento para dos de los mencionados, pero la Fiscal María del Valle Viviani ya respondió que considera que todos participaron de los hechos que se investigaron.

Por su parte Maximialino Cabaleyro quien tuvo que ser evaluado para ser alojado en otra dependencia por los conflictos que generaba con otros internos y Fernando Espíndola suman agravantes por estar acusados de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa mas los delitos de Extorsión en calidad de coautores, Extorsión en grado de tentativa y Extorsión en su calidad de coautores por suscripción de documentos con efectos jurídicos.

La fecha aún no está dispuesta pero se sabe que al menos dos de los involucrados a nivel local ya cuentan con nuevos lugares de trabajo asignados con anuencia de propio gremio en empresas que operan en la zona.

En pocos días se cumplen tres años desde que se desató al conflicto que comenzó como un reclamo para la construcción de un cuerpo de baños que luego desembocó en la requisa de documentación que es parte de la causa en la que encontraron pruebas sobre la presión que a cambio de dádivas ejercían los sindicalistas sobre los empresarios. Aún no se sabe si la fiscal irá también por la colaboración que otras empresas propietarias de camiones brindaron el día en el que se produjo el bloqueo puesto que esos vehículos sólo llegaron a inmediaciones del establecimiento Rey y al sitio donde se cargaban los alimentos que debían ser distribuidos en las escuelas del partido.

Luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución, este mates hubo novedades en la causa.

El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a Fiscalía la posibilidad de oponerse, lo que ocurrió durante la jornada en los Tribunales de San Nicolás, aunque sólo para uno de los dos detenidos.

El abogado de defensor de Fernando Espíndola expuso respecto de la situación de salud de su patrocinado, puesto que padece diabetes y las condiciones de detención agravaría su estado. Por su parte, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en la Unidad Penal 3, donde cumple prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este martes sólo se trató el caso de Espíndola, puesto que para hacer lo propio con Cabaleyro deben esperarse unos estudios médicos que serán ponderados por el juez a la hora de tomar la decisión.

Respecto del sampedrino, la Justicia tiene ahora cinco días para expedirse tras escuchar los argumentos de ambas partes respecto de por qué otorgarle el beneficio de arresto domiciliario o no.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.