Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal dio a conocer el veredicto en el que absuelve a todos los involucrados en el juicio a Camioneros.

Los jueces consideraron que "no están acreditados" los delitos de los que fueron acusados Maximiliano Cabaleyro y los exempleados de Rey Distribución Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El sindicalista sampedrino Fernando Espíndola, por otro lado, no participó del debate, ya que eligió el juicio abreviado. 

Este jueves, en la sede de su empresa, los hermanos Gustavo y Ariel Rey convocaron a los medios para brindar su palabra tras el fallo de la Justicia. 

Ariel Rey encabezó solo la reunión y destacó que su hermano no pudo estar presente por motivos personales.  

“Es un fallo que nos sorprende, es una piedra en el camino. Sabemos que es una mafia poderosa y tenemos los elementos contundentes para sostener lo que venimos diciendo. Hablamos de la verdad que venimos sosteniendo”, dijo. 

“El mismo juez, en el fallo, reconoció los delitos que nosotros probamos. Nunca dijo que no hubo bloqueo ni coacción, pero lo justificó con una medida gremial. Este juez garantiza la mafia sindical”, expresó. 

“Este fallo es absolutamente cuestionable desde donde lo miremos. El juez reconoce el delito, esto es un cheque en blanco a la mafia sindical”, recalcó. 

Rey cuestionó los argumentos del fallo y planteó: “¿La huelga justifica bloquear? Estoy a favor de la huelga, del sindicato y de la representación de los trabajadores, pero eso no avala el delito. El derecho a huelga, según este juez, justifica el delito. ¿Para qué estamos en un Estado de derecho con normas?”.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de la resolución judicial: “¿Qué pasa si viene de nuevo con el motorhome? ¿Qué hago yo? La Justicia dice que está cometiendo el delito, pero él puede, Moyano puede”.

“Esto desincentiva el trabajo y la inversión. Considero que tenemos que luchar por una Argentina en la que pueda haber inversiones”, agregó.

El empresario sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones y anticipó que continuará con el proceso judicial.

“No tengo mea culpa para hacer porque vamos con la verdad. Nosotros vamos a ir a Casación, a sostener cada una de las acusaciones y, si es necesario, a la Corte”, dijo. 

“En este juicio hay una instancia para recurrir. Sabemos que no es fácil luchar contra esta mafia, mucho más cuando hay una mafia política, pero sabemos que vamos con la verdad”, indicó. 

También destacó el trabajo de los fiscales: “Tenemos fiscales como Viviani, que bajó al barro y vio los delitos, pese a jueces que les dan la razón, pero los justifican con la huelga”.

“Hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, recordó. 

Al recordar lo sucedido durante el conflicto, Rey aseguró que los hechos quedaron expuestos durante el juicio y el debate.

“Fuimos viviendo lo que fue el juicio y el debate. Ocurrieron esos hechos, hubo gomas prendidas en un galpón, hubo dos días que no se pudo entregar mercadería a las escuelas”, dijo. 

Y explicó las consecuencias que, según sostuvo, tuvo el bloqueo: “En ese momento, cada escuela recibía 200 cajas. Todas esas familias no comieron ese día; eso no se pudo hacer por las gomas prendidas en los depósitos”.

Además, remarcó que la empresa cuenta con “más de 30 empleados que trabajan en blanco, en el gremio que les corresponde”.

Aunque aclaró que no busca politizar el conflicto, Rey también apuntó contra el accionar de funcionarios durante los hechos denunciados.

“No quiero politizar, pero no podemos mirar para otro lado. Acá hubo un intendente que llamó al comisario para decirle: ‘Acá no pasó nada’”.

Asimismo, afirmó que “el contador mintió ante el juez”, aunque señaló que avanzará paso a paso en el proceso.

Por último, hizo referencia a una frase de su esposa y a un supuesto pedido de dinero: “Una palabra de mi señora que dijo ‘aporte’. ¿Piensan que voy a grabar un video mientras me piden un cheque, 500 mil pesos?”.

Rey concluyó que continuará con la disputa judicial y vinculó su reclamo con la defensa de la propiedad privada y la memoria de su padre: “Tenemos los elementos para luchar, por la lucha por la propiedad privada, por la memoria de mi viejo”.

El mismo miércoles, también ante los medios, el sindicalista nicoleño Maximiliano Cabaleyro, tachó a los hermanos Rey de “mitómanos” y aseguró que nunca impidieron que la firme trabaje. 

“Nosotros siempre estuvimos en la vía pública, nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró. 

En el tramo final del histórico juicio oral que se sustancia en los Tribunales de San Nicolás por el conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, la defensa a cargo de Gabriel Rogelio Ruiz, de los seis exempleados imputados y uno de los choferes de habló con Lili Berardi en Sin Galera.

Durante la entrevista, analizaron los alegatos, cuestionaron el pedido de penas formulado por la fiscalía y expusieron el calvario personal que atraviesan los trabajadores desde hace más de tres años.

El proceso judicial, que investiga los sucesos ocurridos en 2021 frente a las instalaciones de la distribuidora local, tiene en el banquillo al dirigente Maximiliano Cabaleyro, para quienes el fiscal solicitó diez años de prisión efectiva, pero también a seis extrabajadores de la firma: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Para estos últimos, la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la carátula de turbación de la posesión.

“El pedido del fiscal nos parece un despropósito absoluto. Mis seis asistidos no cometieron ningún delito; estaban ejerciendo un derecho constitucional de huelga y reclamando lo que legalmente les correspondía por convenio”, sentenció Gabriel Ruiz al fundamentar por qué solicitará la absolución total de los choferes.

El letrado puso el acento en la división que, a su criterio, debió haberse hecho desde el primer día entre el reclamo de los asalariados y las imputaciones hacia la cúpula sindical. “Acá se mezcló todo de manera maliciosa. Una cosa son las denuncias de coacción o extorsión que la empresa le imputa a la conducción gremial por presuntos pagos indebidos, y otra muy distinta la situación de empleados que no percibían los salarios de convenio y estaban en la puerta de la fábrica esperando una solución”, sostuvo Ruiz.

En esa misma línea, el abogado profundizó sobre los peritajes que se incorporaron durante el debate: “Las pericias contables y laborales determinaron que la empresa mantenía deudas salariales y diferencias de encuadramiento con los choferes. ¿Cómo se puede calificar de delincuente a un trabajador que está protestando pacíficamente porque no le pagan lo que marca la ley laboral? Si avalamos eso, estamos penalizando cualquier reclamo obrero en la Argentina”.

Uno de los exempleados, Edgardo Di Mayo, imputados tomó la palabra para dar cuenta del costo humano que significó haber participado de aquella medida de fuerza. “Nosotros éramos choferes de reparto, gente humilde de San Pedro que se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar. Lo único que pretendíamos era que la empresa nos reconociera los derechos que marcaba el convenio de Camioneros. De un día para el otro nos echaron, nos inventaron una causa penal y nos arruinaron la vida”, testimonió el extrabajador.

El testimonio dio cuenta de la “marca social que arrastran” desde 2021 a la hora de buscar trabajo en la ciudad: “En San Pedro nos conocemos todos. Vas a tirar un currículum a cualquier empresa, miran tu apellido o salta que estás procesado por el caso Rey y automáticamente te descartan. Nadie te toma. Fueron años durísimos de hacer changas, de tener que pedir ayuda a la familia para pagar el alquiler o darle de comer a nuestros hijos”.

Al ser consultado sobre el supuesto bloqueo que denunció la patronal, el chofer rechazó de plano que hayan existido agresiones físicas o amenazas directas por parte de los dependientes de la distribuidora.

“Nosotros nunca rompimos un vidrio, nunca le pegamos a nadie ni entramos a la fuerza al lugar. Estábamos en la calle, parados, esperando que la empresa y el sindicato se pusieran de acuerdo para que pudiéramos volver a trabajar con los sueldos en regla. La empresa nos dejó tirados y después nos denunció”, remarcó.

Hacia el final de la charla, el trabajador expresó el peso que significa afrontar la posibilidad de una condena penal: “Tener encima una acusación que pide tres años de prisión es una pesadilla constante. No dormís tranquilo, tus hijos te ven mal y la gente te juzga sin saber. Lo único que le pedimos a los jueces del Tribunal es que miren las pruebas con objetividad: no somos una patota ni delincuentes, somos choferes que nos quedamos sin laburo por reclamar lo que nos correspondía”.

El intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar será uno de los testigos que más interés despierta desde la perspectiva que implica para la política local sentarse y declarar en cualquier sentido sobre los hechos en los que se juzga el accionar de un dirigente gremial de peso en el bloqueo y extorsión a la empresa de su principal adversario para las elecciones de 2027. Aunque no es materia de análisis para la justicia es uno de los citados por la postura que adoptó durante los días en los que se extendió el conflicto. 

Este viernes en los Tribunales de San Nicolás, donde se desarrolla el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, se preguntan si definitivamente la dra. Florencia Arietto acompañará a las abogadas que la secundan en su estudio cuando llegue el momento de las preguntas. Hasta el momento, solo participó en la jornada inicial y compartió en sus redes las fotos con sus defendidos.

Desde que se conoció la decisión de Fernando Espíndola de aceptar el ofrecimiento del juicio abreviado, el Dr. Mauricio Gugger, quien actúa en defensa de Cabaleyro logró allanar el camino y centrar la discusión en la refutación de las pruebas documentales y la defensa del derecho a reclamo que asiste a los trabajadores que cuentan con el patrocinio del Dr. Gabriel Ruiz. Este último puso en aprietos en su declaración a uno de los familiares de Rey al hacerle comprender que si “coima” es un delito, lo comete tanto quien la paga como quien la recibe.

Desde el lunes y hasta el jueves, declararon peritos, contadores, los dueños de la empresa y sus esposas, la madre de los hermanos Rey y otros testigos entre los que se incluyó a vecinos que observaron lo acontecido en las puertas de la planta durante el bloqueo. También se tomaron las reservas para someter a careo a quienes se contradijeron con los trabajadores imputados por las condiciones laborales en las que se desempeñaban y ocasionaron los despidos que quedaron firmes tras el conflicto.

Este jueves, la declaración que más interés despertó fue la de un proveedor de servicios de mantenimiento que había indicado que presenció ocasionalmente la entrega de sobres que se llevaban representantes del gremio aunque al ser repreguntado no pudo ratificar que hubiese dinero en esas entregas. 

Sin embargo la defensa comenzó a indagarlo minuciosamente para apuntar a que ofrezca entre otras cosas detalles edilicios ya que es de público conocimiento que el reclamo inicial era por la falta de un cuerpo de baños más amplio y cuando todo se complicó comenzaron a sostener irregularidades en los pagos. Según los empresarios las coimas les fueron exigidas desde el año 2017. 

Hay que recordar que los debates se extenderán hasta el 8 de octubre próximo y que por el momento no se sabe si desistirán de la presencia de algunos de los 80 convocados. 

Fue la fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N.º 7 de San Pedro, quien se hizo presente en la planta de Rey Distribución cuando el motor home en el que estaba Cabaleyro estaba estacionado en el acceso a la empresa y por ende inició la causa con elementos que incluyeron las amenazas de las que fue víctima el por entonces abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos. 

Para impulsar la causa meses más tarde recurrieron a la abogada y por entonces dirigente de Juntos por el Cambio, se encuentra la hoy senadora bonaerense e impulsora del Movimiento Anti Bloqueo Florencia Arietto. En defensa de los imputados actúan los abogados Mauricio Gugger por los gremialistas y Gabriel Ruiz por los seis exempleados.

El Tribunal Oral y Criminal Nº 2 de San Nicolás continúa este jueves con el relevamiento de cada una de las pruebas que la fiscalía reunió para fundamentar la comisión de los delitos  y por las que ahora sólo tiene en el banquillo al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de Distribuidora Rey ya que Fernando Espíndola accedió a un juicio abreviado. El miércoles fue señalado como el “recaudador” o “cajero” de los aportes o coimas que según las víctimas debían ser entregadas mes a mes “como lo hacen todos tus colegas” a razón de un sueldo por mes para “el kiosco de Cabaleyro”. 

El miércoles se vivieron momentos de máxima tensión procesal porque desde la defensa de los trabajadores hay intención plena de llegar a una etapa de careos donde puedan contrastarse los dichos de los empleadores con los ex empleados de la firma. 

Tras tres extensos días de debate, -solo se para media hora para comer y otros 15 minutos de pausa-  las declaraciones de los titulares de la empresa mostraron algunas fisuras que abrieron la puerta al escenario deseado: la confrontación cara a cara. 

Sin embargo no hay nada que puedan rebatir las imágenes que se grabaron durante el bloqueo ni que desmientan la presencia de la fiscal en el lugar cuando el motorhome de Camioneros estaba estacionado en el acceso a la planta.

Tanto los hermanos Ariel y Gustavo Rey como el contador de la firma Víctor Grabovieski y los letrados intervinientes quedaron legalmente reservados a pedido de las defensas para someterse a careos. La situación sobrevino cuando se detectaron contradicciones entre los convenios en los que estaban encuadrados los empleados y la pretensión de su derivación al gremio de los Moyano. En ese sentido el titular del estudio Ruiz que patrocina a seis trabajadores advirtió las diferencias y planteó la legalidad del reclamo de sus defendidos amparados por el derecho a huelga. 

Uno de los momentos de mayor fricción en la sala se produjo con el testimonio de la esposa de Ariel Rey. Durante las audiencias previas y en sus declaraciones iniciales en fiscalía, la testigo se había referido a las sumas de dinero entregadas —incluso en la recordada caja de Chocolino— bajo el concepto de “aportes”.

Sin embargo, ante los magistrados, la testigo calificó dichos montos directamente como “coimas”, atribuyéndolo a una confusión inicial. Esta rectificación fue capitalizada por las defensas técnicas, que sostienen que los desembolsos respondieron a acuerdos de recomposición salarial, liquidaciones adeudadas a los choferes y aranceles convencionales de la actividad, y no a una maniobra ilícita de extorsión.

Para esa hipótesis resultaron útiles las declaraciones del propio contador de la empresa Rey y de los peritajes: según trascendió en la sala, los pagos efectuados (que rondaron los 500.000 pesos) contaron con respaldo documental pero todos apuntan a que Espíndola llevará la peor parte porque su sanción ya está conlcuída y era quien según consta en el expediente, el que “pasaba a cobrar”.

El abogado Gabriel Ruiz, representante legal de los seis exempleados imputados (Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez), fue tajante al evaluar la declaración de Ariel Rey y cuestionar la selectividad de la acusación penal porque había mencionado a dos decenas de manifestantes y solo quedaron acusados seis.

El letrado también cargó contra la postura del empresario sampedrino ante fallos laborales previos: “Rey vive en su propio mundo; admitió en la cara del tribunal que desobedeció una orden judicial de reincorporación de Di Mayo simplemente porque a él le parecía que no correspondía. Pretenden convertir el derecho constitucional de huelga en un delito penal” y agregó que sus representados nunca ejercieron ninguna presión física.

En la misma jornada declararon otros testigos. Una vecina de la planta, citada para dar cuenta de la magnitud del corte, reconoció la presencia de manifestantes y molestias en la cuadra, pero al ser interrogada por la defensa descartó haber presenciado amenazas, extorsiones o agresiones.

Para este jueves, el debate oral retomará su cauce con testimonios del entorno familiar y comercial de los denunciantes —entre ellos se aguarda la comparecencia de Sofía Rotundo la titular de la Secretaría de Trabajo de San Pedro— y nuevos testigos ofrecidos por las partes. 

Nota: La Opinión & Sin Galera agradecen a la periodista del Diario El Norte, Silvia D'Angelo por su aporte en la cobertura de las audiencias.

Los Tribunales de San Nicolás fueron sede este martes de la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al dirigente del Sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

En el inicio de la audiencia, la contadora de la firma Rey Distribución brindó un detallado informe sobre el perjuicio económico sufrido por la compañía durante el piquete y medida de fuerza llevado adelante por la organización gremial a la vez que según indicó el abogado de los trabajadores, Gabriel Ruiz reconoció que los empleados estaban declarados dentro del marco de empleados de comercio y que sus recibos de sueldo eran por media jornada ya que no eran literalmente choferes. De allí surgen las diferencias que se reclaman en favor de los seis trabajadores.

La contadora Patricia Butti sostuvo que se constató una pérdida de unos $ 13.500.000, a valores de febrero de 2021, que traducidos al valor dólar de entonces, significaron más de 140 mil dólares. Todo motivado por el bloqueo que paralizó las actividades de la firma sampedrina a lo largo de cinco días consecutivos, entre el 22 y el 26 de ese mes.

Después del testimonio que posibilitó darle relevancia a las implicancias de la medida adoptada por el gremio, llegó el turno de la declaración de la perita de la Asesoría Pericial, cuyo rol en la audiencia fue la examinar “la validez de los montos exigidos por el gremio y posteriormente abonados por los titulares de la distribuidora”. Tal como informó La Opinión, la pericia es concluyente si se toma como base lo que estipula el convenio del gremio Camioneros y no el de Comercio.

En este caso, lo actuado por la profesional tuvo como finalidad precisar si la deuda reclamada por los representantes sindicales se encuadraba dentro de las normativas existentes o si fue una extorsión contra los empresarios, que sustenta las bases de este juicio.

En la primera jornada, durante más de cinco horas, se pudo escuchar a Gustavo Rey, quien aparece a cargo de la empresa local. En la segunda, además de los contadores comenzó la declaración de Ariel Rey que continuó en la mañana de hoy. Para las próximas jornadas se esperan los testimonios de las partes citadas por los abogados y estiman que no habrá conclusiones hasta la semana próxima.

“No vaya a ser cosa”… fue la lapidaria frase que se escuchó en el teléfono del abogado Daniel Spirópulos cuando el principal dirigente del gremio Camioneros de la región y ahora exconcejal Maximiliano Cabaleyro profirió las amenazas que resonaron en el aire del programa Sin Galera un sábado por la mañana a principios del año 2022. De ahí en más y por primera vez en la historia de los constantes aprietes a empresarios locales que hasta hoy guardan silencio, se conocieron las condiciones que los representantes del gremio imponían sin compartir beneficios con sus representados.

En el caso de esta empresa comenzaron con un reclamo por la falta de baños y luego mutaron los argumentos hacia el incumplimiento de pagos a los que obliga el convenio que rige la actividad. La historia es conocida pero tiene una particularidad; por primera vez una fiscal se hizo presente en el lugar donde un motohome bloqueaba el acceso a la planta de la distribuidora y frente a la policía y a la prensa dio la orden de apertura del acceso mientras continuara la medida de fuerza.

Ni Fernando Espíndola, el dirigente local y ex concejal ni Cabaleyro imaginaron que terminarían tras las rejas cuando la carátula de la causa se complicó hasta llegar a intentar probar las exigencias en dinero y las extorsiones que denunció la familia Rey. 

En la mañana de lunes 28 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás, presidido por el juez Alejandro López, abrió formalmente el juicio contra el líder del Sindicato de Choferes de Camiones seccional San Nicolás y el exconcejal Maximiliano Cabaleyro ya que Fernando Espíndola cerró su expediente en un juicio abreviado. Hay además seis exempleados de la empresa: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez que deberán rendir cuentas por su participación pero solo en el bloqueo a la planta. 

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, en conjunto con Florencia Arietto como representante del particular damnificado y quien reemplazó al Dr. Daniel Spirópulos cuando el caso escaló en el ámbito del Movimiento Antibloqueo (MEAB). 

Una publicación compartida por María Florencia Arietto (@florenciarietto)

Las imputaciones formales se concentran en concurso ideal de turbación de la posesión con dos hechos de coacción y tres de extorsión  en concurso real. 

La defensa del dirigente, encabezada por los abogados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, sostiene que las medidas respondieron a un “reclamo gremial lícito” y para ello han batallado durante los últimos años para lograr que la reclusión de sus defendidos en San Nicolás se transformara en arresto domiciliario para los dirigentes acusados.

La primera audiencia estuvo concentrada de manera exclusiva en la declaración de Gustavo Rey, uno de los titulares de la firma familiar sampedrina. Durante más de cinco horas y con la exhibición de registros audiovisuales y llamadas, el empresario relató cómo operaba el mecanismo de presiones. Muchos de ellos pertenecen al archivo de La Opinión & Sin Galera y de hecho, la directora del medio ha sido citada a declarar a pedido de la defensa de los trabajadores.

Archivo de cobertura: Mirá el registro del bloqueo en Rey Distribución y los testimonios de los titulares de la firma en el archivo de La Opinión.

Rey detalló ante el Tribunal que las exigencias monetarias comenzaron en 2017 bajo la modalidad de pagos mensuales fijos para "dejar trabajar" a la empresa. Dijo que “al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos” y de acuerdo con el expediente, el primer corte total del acceso se ejecutó el 15 de febrero de 2022. Ese día empezó todo y una semana después, desde la madrugada del 22 y hasta el 26 de febrero, apostaron un colectivo motorhome frente al portón de ingreso impidiendo toda carga y descarga.

El denunciante ratificó también las entregas de dinero en efectivo —una de ellas embalada en una caja — y cheques librados para frenar los impedimentos laborales que ponían en riesgo la continuidad de la empresa familiar.

Rey vivió momentos difíciles en la sala de audiencias cuando fue interrogado en varias oportunidades por los abogados defensores de los imputados. Hubo momentos de extrema tensión y llamados de atención a las partes.

La causa iniciada en 2022 marcó un punto de quiebre y un antecedente increíble para toda  la región no sólo por la orden de detención dictada el 8 de abril de ese año por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, sino por el nivel de violencia desplegado en las coberturas periodísticas.

Durante aquellas jornadas de bloqueo en el portón de la empresa, el trabajo de cobertura fue blanco  de intimidaciones, insultos,  y escupitajos. En momentos en que la periodista Lilí Berardi realizaba la transmisión en directo y el registro testimonial del corte ilegal sobre el acceso comercial, integrantes de la patota sindical apostada en el lugar agredieron físicamente, insultaron y pretendieron impedir su labor de prensa para ocultar el accionar desplegado frente a los galpones y posteriormente frente a la sede de la Fiscalía donde una manifestación con Julio Cabaleyro (padre del detenido y de estrecha relación con Hugo Moyano) al frente arremetieron y rodearon con una bandera a la periodista contra una pared para “bañarla en agua saborizada” que curiosamente aportaron empresas locales como colaboración a la movilización.

Archivo documental: Revisá la cobertura del 2022: El día que la patota gremial atacó a la prensa durante el corte a Rey Distribución.

Maximiliano Cabaleyro afronta el juicio tras cumplir prisión preventiva efectiva y haber obtenido en 2023 la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo. El debate continuará en las próximas jornadas con la ronda de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas técnicas. Cabe acotar que los trabajadores acusados cuentan con el patrocino letrado del Estudio Ruíz y que en el momento de los hechos sólo se los observó participando de la protesta. En las últimas semanas una pericia los favoreció con un dictamen que indica que tienen diferencias para cobrar a su favor que deberían haber sido abonadas por la empresa, aunque todas ellas enmarcadas en el convenio que rige a Camioneros.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, delegado en San Pedro del gremio de los Moyano, no estará presente en el juicio oral y público de la causa que investiga presuntas extorsiones y pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, que comienza el lunes próximo en los Tribunales de San Nicolás.

Espíndola decidió acogerse al procedimiento de juicio de trámite abreviado, por lo su caso no irá a debate y se resolverá con las pruebas que obran en el expediente, sin necesidad de audiencia oral y pública.

El sampedrino, que permanece detenido con arresto domiciliario y ya lleva cuatro años y medio en prisión preventiva, acordó someterse a ese régimen con una pena máxima, en caso de ser hallado culpable, de 6 años de cárcel.

Si bien no comporta reconocimiento alguno de culpabilidad, por lo general acceden al juicio abreviado quienes consideran que el riesgo de ser condenado en juicio oral es alto. El objetivo es lograr, en caso de sentencia condenatoria, una pena menor que la que surgiría del debate.

El juicio oral y público comenzará el lunes 28 en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro será juzgado allí por los delitos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa y extorsión.

Por los mismos delitos, la situación de Espíndola será analizada mediante las reglas del trámite abreviado, sin debate.

A juicio oral van también los exempleados de Rey Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

En su caso, están acusados de turbación de la posesión por participar del bloqueo a la planta en el marco de reclamos laborales que, durante el trámite de esta causa, una pericia reveló tenían asidero, puesto que surgieron diferencias salariales en la comparación entre sus recibos de sueldo y el convenio colectivo de trabajo vigente.

El 28 de septiembre comenzará el juicio contra los dirigentes de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otras seis personas vinculadas al gremio, extrabajadores de la empresa Rey Distribución.

Los primeros están acusados de extorsionar a la empresa y "pedir coimas para dejarlos trabajar". Los otros llegan al juicio como parte del grupo que bloqueó la planta en el marco de las protestas que tuvieron lugar cuando se desató el conflicto.

A la espera del debate oral y público, al que Cabaleyro y Espíndola llegan detenidos con prisión preventiva, una pericia contable oficial que forma parte de la causa revela que hubo "diferencias salariales", lo que favorece a los empleados en su reclamo inicial ante la empresa.

Firmada por la contadora Carolina Ricardini, la pericia detectó categorizaciones laborales incorrectas, horas extras cargadas como "no remunerativas", omisión de adicionales por nocturnidad y por frío, diferencias de cálculo sobre la antigüedad, entre otros ítems.

Ello surgió tras comparar los recibos de sueldo aportados por el abogado de los empleados que tuvieron conflicto laboral con la empresa y lo que establece el convenio colectivo del sindicato de Camioneros.

Además, la pericia observó irregularidades e inconsistencias en los libros laborales, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente respecto de la ley de contrato de trabajo.

El informe concluye que la empresa Rey Distribución SRL pagó salarios por debajo de lo que corresponde según el convenio de Camioneros, lo que además implicó diferencias en aportes de obra social y en contribuciones de los afiliados al sindicato.

Entre quienes están representados por el abogado Gabriel Rogelio Ruiz destacaron que esa pericia respalda el reclamo laboral que inició el conflicto y que luego derivó en el presunto pedido de coimas por parte de los sindicalistas que la empresa denunció en la Justicia.

En ese marco, consideran que lo que ocurrirá en el juicio debería favorecerlos, en la medida en que al hallar inconsistencias en las liquidaciones, el conflicto laboral tendría razón de ser.

"Lo que pasó después entre el sindicato y la empresa es un problema de ellos", aseguran fuentes cercanas a los trabajadores que también van a juicio, en su caso no por la presunta extorsión sino por delitos de "turbación de la posesión", es decir por el bloqueo de la planta durante la protesta.

Finalmente, el sindicalista de Camioneros y exconcejal de San Pedro Fernando Espíndola será sometido a Juicio por la Verdad en el marco de la causa por abuso sexual infantil por la que fue denunciado por su sobrina y otras personas que lo acusaron de ser sus víctimas cuando eran menores de edad.

La Cámara de Apelaciones, que se había declarado incompetente pero volvió a recibir el expediente desde Casación para resolver, dispuso que es admisible un debate de esas características para los hechos denunciados.

Así lo reveló el diario El Norte, que indicó que los camaristas revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1, que había considerado que como no se trataba de delitos de lesa humanidad no correspondía encuadrar el caso en un Juicio por la Verdad.

La primera denuncia fue radicada por Cintia Espíndola. Luego sobrevinieron otras. En todas acusaron a Fernando Espíndola de cometer delitos de abuso sexual reiterado contra menores de edad cuando él mismo era menor y también cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

La causa tramitó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Justicia determinó que los delitos estaban prescriptos por el paso del tiempo, por lo que no podían ser juzgados.

Sin embargo, la propia jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, consideraron viable que el caso se ventile en un juicio por la verdad ante la aberración de los hechos relatados.

El juicio por la verdad no puede imponer penas de cárcel, pero sí atribuir responsabilidades en los hechos denunciados. Reparatorio y simbólico, no impone años de prisión pero sí puede establecer culpabilidades.

Ahora, el TOC n.° 1 está en condiciones de llevar adelante las audiencias de debate oral y público. El abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús, había considerado la decisión de Casación como "una victoria para todas las víctimas" porque "abre las puertas a muchas situaciones parecidas".

Fernando Espíndola permanece detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio por la causa Camioneros, que tendrá lugar a fines de septiembre, y en la que está acusado junto a Maximiliano Cabaleyro de "pedir coimas" para dejar trabajar a la empresa Rey Distribución, entre otros delitos.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola más otros seis afiliados a ese gremio que eran empleados de la firma Rey Distribución irán a juicio oral y público desde el próximo 28 de septiembre.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 2 tras las audiencias preliminares. Está previsto que el debate se extienda al menos hasta el 6 de octubre.

Además de los dos sindicalistas, van a juicio Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El juicio ventilará los hechos relacionados con el presunto pedido de coimas por parte del Sindicato de Camioneros a la empresa Rey Distribución a cambio de "dejarlos trabajar tranquilos".

Además de los delitos de extorsión y extorsión en grado de tentativa, están imputados por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a la planta durante los días de protesta posterior a la denuncia inicial de la empresa.

Cabaleyro y Espíndola llegarán al juicio detenidos con prisión preventiva, aunque ambos están alojados en sus casas con el beneficio de arresto domiciliario otorgado oportunamente por la Justicia. Llevan cuatro años presos.

El resto de los imputados llegará en libertad al debate oral y público que se desarrollará en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás.

Tras la notificación que recibieron Maximiliano Cabaleyro, Fernando Espíndola y otros seis imputados en la denominada causa Camioneros, la Justicia recibió un nuevo planteo de nulidad que demorará el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos investigados.

El abogado de Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez recurrió la decisión de Tribunal en lo Criminal 2, que había declarado inadmisible la apelación presentada, y volvió a plantear una serie de cuestionamientos a la causa.

Gabriel Ruiz, representante legal de esos seis acusados, solicitó que se suspendan las acciones procesales relacionadas con el juicio para analizar sus planteos, lo que, de ser admitido, demorará el juicio, que tenía prevista una audiencia preliminar para el 16 de abril próximo.

Ruiz recusó a los jueces de Cámara y pidió su apartamiento; planteó cuestiones de competencia; pidió la nulidad de la elevación a juicio; y cuestionó las actuaciones como patrocinante de Florencia Arietto —había intervenido como miembro del Movimiento Antibloqueo (MEAB)—, por su condición de senadora provincial.

Los seis defendidos por Ruiz eran trabajadores de la empresa Rey Distribución y están acusados junto a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

La causa que investiga el presunto pedido de coimas para dejar trabajar a esa firma y actos de "turbación de la posesión", relacionados con el bloqueo de la planta.

De los ocho, sólo Espíndola y Cabaleyro están detenidos. Ambos cumplen arresto domiciliario en sus viviendas en el marco de una causa que comenzó en febrero de 2021 y que todavía aguarda para ser ventilada en debate oral y público.

A casi seis años desde que el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando vivían juntos, el Tribunal de Casación Penal de La Plata tomó una decisión que permite inferir que, finalmente, habrá un "juicio por la verdad" en su contra.

Cintia Espíndola, la sobrina del exconcejal que radicó la primera de las tres denuncias, había pedido junto a su abogado, Agustín Tanús, un juicio por la verdad —que puede adjudicar culpabilidad, pero no condena de prisión— tras la recomendación de la Cámara de Apelaciones.

Es que la Justicia consideró prescriptos los delitos de los que fue acusado Espíndola por el fiscal de menores José María Guadagnoli —Espíndola era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados por sus sobrinos—, por lo que no hay posibilidad de condena penal.

Pero ante la aberración de los hechos relatados, tanto la jueza María Eugenia Maiztegui como los integrantes de la Cámara de Apelaciones consideraron viable la figura del juicio por la verdad y Cintia Espíndola avanzó con ello.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 dijo que no: consideraron que como "no se trata de un delito de lesa humanidad", no correspondería la figura. 

El abogado de Cintia Espíndola apeló y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, por lo que hubo que ir a Casación, que le devolvió la decisión a la propia Cámara.

El juicio por la verdad no tiene consecuencias punitivas, es decir que en caso de ser declarado culpable no implicará pena de prisión, pero sí permitirá que la Justicia establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

"El juicio por la verdad es reparatorio y simbólico", dijo el sábado en Sin Galera el abogado de Cintia Espíndola, Agustín Tanús. 

"Es una herramienta que la jurisprudencia dio a lugar para que cuando hay delitos que no pueden tener sentencia dentro del plazo de prescripción, en el caso de abuso sexual es de 12 años, que no se puede aplicar pena, las víctimas puedan tener derecho a ser reparadas y que haya una resolución judicial", agregó.

Aseguró que plantearán ante la Cámara de Apelaciones "un debate oral y público, aunque las consecuencias para el acusado no puedan ser aplicados en términos de pena" por las tres denuncias contra Fernando Espíndola.

"Cintia es una guerrera", dijo Tanús, quien también destacó la actitud del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, José María Guadagnoli, y de la titular de la Fiscalía general, Sandra Bicetti.

"Pudimos lograr que nos escuchen y que nos den lugar, esto tiene que resolverse", dijo el abogado.

“Esperamos que la Cámara dé su resolución y que ordene a los tribunales que hagan el juicio por la verdad”, agregó Tanús.

"Nosotros solicitamos debate oral y público, lo que va a ser novedoso. Esto es un derecho y es una victoria para todas las víctimas, porque abre las puertas a muchas situaciones parecidas. El Estado argentino asumió esta responsabilidad y se tiene que hacer valer", reflexionó.

A la espera de la resolución para este caso, Fernando Espíndola permanece detenido en prisión domiciliaria, al igual que el líder de Camioneros de la región y exconcejal peronista Maximiliano Cabaleyro, involucrados en una causa por pedido de coimas.

Ambos están acusados de pedir dinero a la empresa Rey Distribución a cambio de permitirles trabajar. Tras la denuncia, hubo un bloqueo de la planta de esa firma, que derivó en causas por turbación de la posesión que, al igual que las de extorsión y coacción, los llevará a juicio.

La acusación contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola sobre abusos sexuales cometidos contra sus sobrinos menores de edad cuando convivían juntos hace varias décadas todavía sigue en pie: el Tribunal de Casación admitió la revisión del fallo que había desestimado que vaya a Juicio por la Verdad.

El diario El Norte reveló esta semana que Casación será responsable de emitir dictamen respecto de si corresponde o no someter a Espíndola a ese tipo de proceso, que si bien no tiene consecuencias punitivas —no podría ir preso en caso de ser hallado culpable— sí implica conocer la verdad y endilgar responsabilidades respecto de los hechos ocurridos.

El delito prescribió por haber sido cometido hace más de tres décadas, cuando Cintia Espíndola —una de las denunciantes y quien lleva la voz cantante de la causa, cosa que asumió públicamente— y otros sobrinos del sindicalista de Camioneros habrían sido abusados.

Fernando Espíndola también era menor de edad para la fecha en que las denuncias sindican como momentos en que comenzaron los sometimientos, que además habrían seguido cuando él ya había cumplido la mayoría de edad.

Ante la prescripción, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró en su fallo que estaban dadas las condiciones para llevarlo a Juicio de la Verdad. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dijo que no.

Los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que "no obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad".

Ello, a pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

Lo extraño de la novedad judicial es que la Cámara de Apelaciones que sugirió a las víctimas iniciar el trámite para el Juicio por la Verdad declaró ahora su incompetencia. Al menos Casación admitió el recurso y lo analizará.

Fernando Espíndola permanece detenido con arresto domiciliario por la causa en la que está acusado de cobrar coimas a la empresa Rey Distribución para permitirles trabajar, caso en el que también está detenido con domiciliaria el líder de Camioneros en la región y concejal de San Nicolás en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás deberá decidir si el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido con prisión domiciliaria por pedir coimas a una empresa, es sometido a un juicio por la verdad tras ser denunciado por abusar sexualmente de sus sobrinos cuando convivían juntos, hace más de tres décadas.

Como el delito prescribió, la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui consideró que estaban dadas las condiciones para un juicio de esas características, que si bien no contempla sanciones punitivas en términos de condenas a prisión sí permite echar luz sobre los hechos y considerar si ocurrieron o no y si el acusado es responsable de ellos.

El caso fue a Cámara porque el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Nicolás que integran los jueces Belén Ocariz, Cristian Ramos y Laura Fernández consideraron que no están dados los extremos para habilitar un juicio por la verdad.

"No obstante lo aberrante de los hechos referidos ni las secuelas que dejaran en las personas afectadas, no se trata de un delito de lesa humanidad", dijeron en sus argumentos los jueces.

A pesar de que la jurisprudencia indica que este tipo de delitos, aun prescriptos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de niños y niñas consagrados por la Constitución.

La Cámara fue la que había recomendado el juicio por la verdad, al confirmar que el paso del tiempo favoreció a Espíndola y dejar firme la prescripción, y ahora deberá decidir sobre el rechazo del Tribunal.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

La Justicia ordenó la detención del hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola. Al igual que el gremialista y exconcejal, fue denunciado por abuso sexual de menores.

Identificado como Ricardo Antonio Espíndola, de 67 años, fue detenido en su domicilio, ubicado en la zona de Lavalle al 100, tras la orden del Juzgado de Garantías interviniente.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. La víctima tiene 7 años. Su declaración en cámara Gesell fue contundente.

Ante las psicólogas de la Asesoría Pericial, la víctima relató los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada, que incluyeron la exhibición de material pornográfico.

Con la orden judicial, la policía detuvo a Espíndola en su casa, que había sido allanada con anterioridad para secuestrarle el teléfono celular y otras pertenencias.

La denuncia fue radicada en mayo pasado en la Comisaría de la Mujer y desde entonces la Justicia trabajó para establecer medidas de prueba que derivaron en la detención.

Ricardo Antonio Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, quien está detenido con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por pedido de coimas en su rol sindical junto al líder regional de su gremio y concejal nicoleño en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

Además, Fernando Espíndola enfrentará un juicio por la verdad por las denuncias por abuso sexual reiterado que radicaron contra él sus sobrinos, que lo acusaron de someterlos durante años cuando convivían y todos eran menores de edad.

La causa entró en un compás de espera y la resolución para llegar a juicio está en manos de la Cámara de Apelaciones que debe resolver el pedido de la defensa que promovió su intención de objetar la llegada a esta instancia.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los meses de enero y febrero de 2021. Comenzaron como un reclamo por falta de baños y terminaron con una investigación por "coimas, aprietes y amenazas". 

Viviani estuvo desde el primer día a cargo de la investigación, de hecho, era la primera vez que una fiscal se hacía presente en el bloqueo de una empresa. No sólo soprendió a los dirigentes sino a los dueños de la firma que no esperaban la dimensión que cobró el caso tras una comprobación directa por parte de la justicia. 

Literalmente el paso a la planta estaba obstruído y los sindicalistas subestimaron el curso que más tarde tendría la investigación.

Ahora, con Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro privados de la libertad en sus domicilios, la Fiscalía consideró que "hay elementos de convicción suficientes e indicios vehementes de co autoría por los delitos de Turbación de la Posesión, dos hechos: Coacción en grado de tentativa, dos hehos; Extorsión, dos hecho y Extorsión en grado de Tentativa, todo en concurso real, respecto de ambos. Para los imputados Carlos Julián Ojeda, Marías Agustín Torees, Edgardo Dimayo, Enzo Ojeda, Macilimiano Pérez y Lucas Torres, los delitos que serán llevados a juicio son de "Turbación de la Posesión, dos hechos y Coacción en grado de Tentativa, dos hechos".

En el caso de Espíndola además de cumplir arresto domiciliario hay otro caso pendiente. Será un “Juicio por la Verdad” al que por primera vez accedió la justicia nicoleña por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravada por el vínculo. Una causa que promovieron sus sobrinas y que llegó a una instancia en la que por el paso del tiempo no podía prosperar.

Desde que las víctimas de Fernando Espíndola rompieron el silencio para denunciar las vejaciones y abusos que sufieron cuando eran menores de edad, los tiempos, el escepticismo y la resignación solían ganar el escenario.

Cuando el acusado estuvo en prisión en el marco del delito perpetrado por representantes del gremio Camioneros se abrió la esperanza de ganarle a la impunidad. Tras décadas de silencio se conocieron las denuncias y la Justicia comenzó a tramitar la causa.

“Después de tantos años de silencio  y de oprimir el pecho de las angustia y de todos los abusos, ¡el día llega para que podamos manifestar toda la verdad  a los daños causados! Cuánta infelicidad hemos recibido por parte de todo la familia que no supieron cuidarnos y amarnos. Eso no debesuceder con ningún infante en el mundo”, dijo Cintia con expreso pedido de que su voz se escuche públicamente.

En abril de 2024, por primera vez, la Justicia nicoleña la aceptó como particular damnificada. Ella es una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista que fue acusado por abuso sexual. 

Su testimonio no era el único, en ese hogar se vivió un verdadero infierno y hasta hoy penan la ausencia de un hermano que se quitó la vida.

Fernando Espíndola fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo. Habían pasado 30 años y ya no podían, condenarlo pero sí acceder a un Juicio por la Verdad, que la Cámara de Apelaciones recomendó.

Los niños tenían entre 6 y 10 años cuando fueron ultrajados y, según el expediente y las declaraciones, reiteró sus abusos cuando ya habían llegado a la mayoría de edad. 

Hay que recordar que Espíndola cumple arresto domiciliario por la causa que investiga su responsabilidad en el bloqueo a la planta de Rey Distribución en la que también se investigó el pago de coimas que él mismo recibía tras extorsionar a la empresa.

 “Mi nombre presente es mi lucha y yo no tengo que avergonzarme de nada”, dijo Cintia el martes 14 cuando tuvo en sus manos el expediente que tramitó su abogado, Agustín Tanús.

Este Juicio por la Verdad que, con fecha 13 de mayo, dispuso elevar el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui no tendrá como consecuencia la fijación de una pena de privación de la libertad.

Pero su desarrollo otorga el derechoa la víctima para que se conozcan los hechos, a ser resarcidos pública y moralmente. 

Una de las víctimas de Fernando Espíndola pidió juicio por la verdad por abuso sexual contra el sindicalista

Alertan por intento de estafa en publicaciones de vehículos robados en Facebook

Vandalismo y destrozos en las aulas modulares de la escuela Normal

Turistas a puro show en la Escalera de las Flores

Tras los memes de "alunizaje en los cráteres de ruta 1001", tapan baches con tierra

42 años de Malvinas: cine debate en el Museo Histórico

Convocaron a sesión extraordinaria para convalidar prórrogas con Ashira y Vercelli

Falleció Daniel "Pato" Soler, cultor de las tradiciones y reconocido animador de radio y TV

Sumate a nuestro canal de Youtube sin galera lili berardi, suscribite, es gratis, nuestra comunidad ya somos mucho más de 6.100, estás informado y podés participar de todos nuestros sorteos. Este sábado en Sin Galera, sorteamos premios de La Bomba contanos ¿qué es lo que más te gusta del otoño?El sábado 27 de abril Sin Galera premiará a quien envíe la historia más original con su mascota. Envía fotos y audio con tu reclamo o pedido al 3329 47 99 58. También estamos en instagram y Facebook como Sin Galera y La Opinión y siempre atentos en el 4-20-100 🤗Te dimos una mano, ahora danos una mano. Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio.👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion—------------------------------------------------ 

La Justicia nicoleña aceptó como particular damnificada a Cintia Espíndola, una de las sobrinas del exconcejal y sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, en la solicitud de que sea sometido a un juicio por la verdad en el caso de abuso sexual por el que fue denunciado por ella y otros familiares.

En diciembre la Cámara de Apelaciones consideró que, como sostenía su defensa, el paso del tiempo había favorecido a Espíndola ya que los alrededor de 30 años que pasaron desde los hechos denunciados implicaban la prescripción 

Pero también consideró que sería importante que lo sometieran a un juicio por la verdad, que es igual a un proceso común pero sin cumplimiento de pena en el caso de ser hallado culpable.

Para que esa posibilidad avanzara era necesaria la aceptación de las víctimas y Cintia, una de las que desde el primer día hizo pública la situación, decidió instruir al abogado Agustín Tanús para que, en su representación, solicite al Juzgado el inicio del proceso. La Jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, aceptó la presentación, reveló el diario El Norte.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo.

Fernando Espíndola fue denunciado por tres sobrinos que convivían con él cuando eran niños y él adolescente. Los denunciantes tenían entre 6 y 10 años cuando habrían comenzado las vejaciones de las que lo acusan; él, algunos más. Aseguraron que incluso siguió abusando de ellos cuando ya había cumplido la mayoría de edad, por eso la causa se dividió en dos, una en el fuero juvenil y otro en la Justicia ordinaria.

El exconcejal y sindicalista de Camioneros cumple arresto domiciliario en la causa por pedido de coimas a la empresa Rey Distribución, expediente penal por el que también tendrá que rendir cuentas en un juicio.

Si bien los denominados "juicios por la verdad" no tienen consecuencias penales —un veredicto de culpabilidad no implica cárcel— permiten atravesar un proceso judicial similar a cualquier otro de manera tal que la víctima pueda acceder a justicia, reparación civil, moral y pública o bien el acusado a limpiar su buen nombre y honor mancillado por la sospecha.