Continúa el paro que los trabajadores de la empresa Ashira mantienen desde el jueves por falta de pago de los salarios correspondientes.

La medida de fuerza afecta el normal servicio de recolección de residuos, que provocó malestar en los vecinos, que se ven afectados por la situación.

Al menos durante este domingo, se recomienda no sacar bolsas con basura, ya que no serán recogidas.

Este lunes a las 10.00 de la mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo, entre las partes afectadas, incluida la Municipalidad.

En un contexto económico complejo para muchas instituciones, el Concejo Deliberante avanza en la adhesión a una normativa que busca llevar alivio a clubes y entidades civiles: la Ley Provincial N.º 15.553.

La iniciativa establece que las prestadoras de servicios públicos no podrán interrumpir el suministro de electricidad, agua, cloacas y gas a asociaciones civiles sin fines de lucro, establecimientos educativos y sanitarios de gestión pública, incluso en casos de mora en el pago.

El objetivo central de la ley es garantizar el acceso a servicios esenciales, considerados derechos básicos para el funcionamiento cotidiano de instituciones que cumplen un rol social clave en cada comunidad.

En ciudades como San Pedro, donde los clubes de barrio, centros comunitarios y espacios educativos sostienen gran parte de la vida social y deportiva, la medida cobra especial relevancia. “Muchas de estas entidades enfrentan dificultades para afrontar los costos mensuales, que han aumentado significativamente en los últimos años”, indicaron desde el bloque oficialista que son los autores de la propuesta.

Además de impedir los cortes, la normativa contempla la creación de planes de pago accesibles para regularizar deudas y prevé beneficios fiscales destinados a aliviar la carga económica de estas organizaciones.

El proyecto de ordenanza local también faculta al Departamento Ejecutivo a reducir, de manera total o parcial y en forma transitoria, las tasas municipales vinculadas a estos servicios, reforzando así el acompañamiento a las instituciones.

La iniciativa es una herramienta para evitar situaciones que empeoren en las instituciones. La posibilidad de perder servicios básicos “no solo pone en riesgo la continuidad de actividades deportivas o educativas, sino también el rol de contención que cumplen muchos clubes, especialmente con niños y jóvenes”.

En este sentido, la adhesión a la ley provincial aparece como una respuesta concreta: “Sostener abiertas las puertas de instituciones que, más allá de lo recreativo, funcionan como espacios de inclusión y acompañamiento comunitario”.

Desde la semana pasada el basural carece del mantenimiento habitual porque la empresa a cargo de esa tarea vía adjudicación municipal no se presentó con las máquinas a cumplirla.

Los motivos del parate estarían relacionados con los retrasos en el pago del canon al concesionario, que además reclama una redeterminación de precio. La última factura abonada fue por casi 12,5 millones de pesos, el 1 de septiembre. 

La Municipalidad paga con dos meses de atraso, una situación que arrastra con otros proveedores y que en algunos casos es por un lapso y hasta un monto mayor.

“Habría que acercarse al basural para ver el abandono que hay en las calles, con desperdicios por todos lados, por un servicio que no lo presta más el concesionario por falta de pago de la Municipalidad”, fue el mensaje de un lector de La Opinión.

“En el basural hay lugares destinados a volcar basura y residuos que Ashira no levanta. Pero ahora está todo abandonado. Si no se soluciona pronto va a ser un problema mayor”, agregó José, quien acostumbra a trasladar desperdicios hasta el lugar.

Según el Decreto 168/25, el contrato del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Basural Municipal", administrado por Fausto Capre, socio de la empresa adjudicataria, expresa que el costo mensual es de $ 12.476.973,09.

La tarea de la firma es remover y cavar en el lugar para depositar los residuos, método simple —e inadecuado, por cierto— que durante décadas se aplica en el basural a cielo abierto que recoge los deshechos de unos 60 mil habitantes.

En lo que va del año han sido diversas las quejas. El basural a cielo abierto, ubicado a la orilla del río Baradero, se ha convertido en un símbolo de resignación para los vecinos que transitan por la zona. 

La comunidad de alrededores no sólo clama por mejoras, sino también por un mantenimiento que permita una convivencia menos problemática con el lugar de disposición final de los residuos urbanos.

No pasó mucho tiempo desde que La Opinión reprodujo los videos que vecinos de La Tosquera, muchos de los cuales transitan por allí y otros recurren a remover la basura para encontrar algún elemento que permitan ser reutilizado, o algo para comer, que es lo más lamentable.

Hace tres meses dijeron que el basural estaba agarrando la calle y que, tras un reclamo, desde el Municipio le respondieron que no se hacían cargo de la problemática. “Pasen y vean que no mentimos”, expresaron en su momento ante una situación que se hacía insoportable, un panorama similar al que se presenta en estos días.

Las oficinas de Anses San Pedro, ubicadas en 25 de Mayo y Balcarce, cerraron sus puertas y no hay atención en ese organismo nacional hasta nuevo aviso.

Un cartel en la puerta principal informa que se debe a la falta de agua y señalan a los dueños del edificio por la situación.

"Anses  informa que la oficina permanecerá cerrada, ya que por problemas de contratación el consorcio propietario cortó el suministro de agua, perjudicando al personal de la oficina", dice el cartel.

Dentro del organismo la versión es que ese corte forma parte del reclamo que llevan adelante los dueños ante el Gobierno nacional, porque desde hace meses la administración Milei no paga el alquiler del edificio.

"El público con turno será contactado y returnado. Disculpe los inconvenientes", finaliza el cartel que dispusieron en Anses San Pedro, organismo nacional que conduce Analía Corvino, coordinadora política seccional de La Libertad Avanza.

En las puertas de las oficinas, La Opinión dialogó con vecinos que se acercaban para cumplir con trámites y se encontraban con el cartel que informa que no podrán ser atendidos.

"Vinimos de Río Tala, teníamos turno para hoy", dijeron unas mujeres que viajaron en colectivo para hacer sus trámites y se anoticiaron de la situación.

"Ahora no sé cómo vamos a hacer. Habíamos pedido el día en el trabajo", dijeron mientras sacaban fotos al cartel para justificar ante sus empleadores.

También algunos dejaron un papel por debajo de la puerta para informar a los empleados del organismo que estuvieron, ante el temor de perder el turno.

Nueve meses “sin percibir un solo peso”, esa es la queja que este grupo de más de cien abogados decidió hacer pública. 

Los profesionales que prestan servicios como defensores oficiales emitieron un documento en el cual comunican que se les adeuda nueve meses de pago en sus honorarios, y que, en caso de no recibir una respuesta se verán obligados a tomar medidas más severas.

Los profesionales aseguran que ya se radicaron los reclamos pertinentes desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y desde los Colegios Departamentales pero que aun así siguen sin recibir respuestas por parte de los organismos responsables de asignar las partidas presupuestarias.

De concretarse la detención en las actividades, se verían afectadas aquellas personas que carecen de recursos y que necesitan ser atendidas por asesores legales pagos por el estado. 

“A los ciudadanos de San Pedro venimos a exponer nuestra preocupación por la problemática que nos afecta”.“Somos Asesores de Menores e Incapaces y Defensores Ad Hoc del Juzgado de Paz de San Pedro, que continuamos desempeñando nuestra función sin dejar de atender a nadie a pesar la demora en el pago de facturas ya emitidas, la que ha escalado a niveles preocupantes e imposibles de soportar por cualquier trabajador”.“Se nos adeuda desde el mes de diciembre de 2.022, por lo que es fácil deducir que llevamos nueve meses sin percibir un solo peso. Desde el Colproba (Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires) y desde los colegios departamentales se vienen realizando los reclamos pertinentes por ante la Procuración de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Julio Conte Grand y ante el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Lic. Pablo Julio López, organismos responsables de asignar las partidas presupuestarias para el pago de nuestros honorarios”.“Mas allá de las gestiones realizadas, continuamos sin cobrar y creemos necesario poner en conocimiento de los ciudadanos de nuestra ciudad que no deseamos tener que tomar medidas mas drásticas que seguramente redundarán en perjuicio de las personas que necesitan de nuestros servicios pero que, de continuar sin percibir nuestros honorarios evaluaremos los pasos a seguir. Necesitaremos la comprensión y el acompañamiento de Uds. Ningún trabajador puede estar 9 meses sin percibir su sueldo o sus honorarios y nosotros estamos padeciendo esta situación en silencio hasta hoy en que decidimos hacerla pública”, dice textualmente el comunicado.

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, la terapista ocupacional Ana Barros brindó detalles del reclamo que mantienen profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad ante la falta de pago de honorarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, que no depositó a las obras sociales el dinero para abonarles.

Por las manifestaciones hoy se está hablando en los medios nacionales y locales, pero novedades de cobro de mes de mayo no hemos tenido. En las redes sociales vemos gestiones de que esto se va a regularizar en los próximos días, pero es un problema administrativo que no se sabe de dónde viene. Hay una interna que uno no lo sabe. Al día de hoy en nuestras cuentas no hay dinero de cobro”, aseguró.

En ese sentido, explicó que algunas obras sociales llevan más tiempo sin abonar por las prestaciones: “Cada profesional atiende muchas obras sociales. Yo por ejemplo antes de la pandemia, hace dos o tres años, dejé de atender IOMA porque tenían atraso de dos años de pago. Hasta Osde no respeta el nomenclador. Es una vergüenza, está pagando mil pesos menos de una sesión por discapacidad”.

La sesión, según la última actualización en el Boletín Oficial, “es de 2200 pesos por una sesión de 45 minutos”, indicó Barros. Sin embargo, a ese tiempo hay que sumarle el trabajo que no contemplado en ese lapso: “En el medio tenés que hacer informes, vamos a reuniones de gabinetes, reuniones con familia, todo eso incluye esa sesión, imaginate la cantidad de horas que representa”.

En tanto, también se refirió al circuito de facturación, que dura “tres meses”: “Uno factura, la obra social lo audita, de ahí lo pasa a la Superintendencia, la superintendencia desglosa la parte tributaria para Afip, la Afip lo devuelve a la Superintendencia y la Superintendencia envía los fondos a las obras sociales. La obra social recupera ese dinero y lo deposita en nuestras cuentas”.

“Son años de formación, cuando alguien trabaja con algo tan delicado como la discapacidad, esta lucha, este estar peleando es lamentable. Tantos años de estudio, y tengo que estar pensando si me depositan o no un trabajo que hice en mayo”,