El último episodio relacionado con falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos, ocurrido el 15 de mayo en la escuela Normal, tiene a un estudiante identificado como sospechoso e imputado por el delito de intimidación pública.

El área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal logró establecer las direcciones IP desde donde se enviaron los e-mails con las amenazas, tras lo que la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil solicitó los allanamientos correspondientes.

Este martes por la tarde, personal policial junto a integrantes de la Secretaria de Cibercrimen y Evidencia Digital y de la UFI del joven se presentaron en dos domicilios de San Pedro para cumplir con las diligencias.

En una de las viviendas allanadas, ubicada en la zona de avenida 3 de Febrero al fondo, secuestraron un teléfono celular que sería el utilizado para remitir los correos electrónicos amenazantes.

El adolescente imputado fue trasladado junto a su padre a la Comisaría para la notificación de la causa penal en trámite por el delito de intimidación pública, que tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás.

El hecho corresponde al ocurrido el viernes 15 de mayo en la escuela Normal, que recibió un e-mail con la advertencia relacionada con la presunta existencia de un aparato explosivo dentro del establecimiento.

Ello obligó a evacuar las instalaciones y trasladar a todos los estudiantes de los tres niveles educativos a la plaza Belgrano, mientras desde San Nicolás llegaban los agentes de la División Antiexplosivos de la policía para revisar las instalaciones.

Una vez requisado todo el edificio, que abarca dos manzanas, la policía confirmó que se trataba, una vez más, de una falsa alarma. La denuncia había sido radicada por las autoridades y derivó en la investigación penal.

Además, la escuela Normal tomó la polémica medida de prohibir que los estudiantes del secundario concurran con mochilas, lo que implicó que tuvieran que asistir con los útiles en la mano o en bolsas transparentes.

La medida duró poco más de dos semanas y este martes, antes de que se produjeran los allanamientos, las preceptoras avisaron a las familias que a partir del miércoles ya podían concurrir con mochilas.

El operativo que el viernes por la madrugada terminó con el secuestro de equipamiento y datos sobre el cruce de mails que contenían amenazas de bomba en distintos puntos del partico de San Pedro, puso una pausa para tratar de determinar cuál será la pena que se imponga a quien desde un principio cometió el delito de “alterar el orden público”. Ese es el mínimo de la calificación que implica la acción de poner en riesgo el normal funcionamiento y organización de las personas.

Desde el lunes y hasta el jueves a la madrugada, Lorena López, la Jefa Distrital de Educación estuvo a cargo de comunicar a cada establecimiento escolar la decisión de evacuación que impone el protocolo de protección de la seguridad de la comunidad educativa.

El sábado, en una nota que concedió al programa Sin Galera, analizó junto a Lilí Berardi distintas alternativas y detalló de qué modo se aborda a los alumnos y docentes tras este tipo de situaciones traumáticas. 

El comunicado oficial sobre la actividad de la Justicia Federal fue dado a conocer el pasado viernes y dice:

…"el fiscal Matías Di Lello, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad llevó adelante esta madrugada dos allanamientos en el marco de la causa donde se investiga el origen de las amenazas de bomba que se hicieron a escuelas y bancos de San Pedro durante esta semana.

Investigan lo sucedido “en distintos inmuebles (colegios, bancos y hasta la Municipalidad de San Pedro) se recibieron correos electrónicos anónimos donde se decía que se habían colocado artefactos explosivos dentro de ellos o en las inmediaciones. Esto llevó a la activación de protocolos de evacuación, revisión de edificios con personal policial anti-explosivos e incluso a la suspensión de clases”, detalla la gacetilla.

“Los diversos textos amenazantes -junto con un mensaje enviado desde una cuenta de Instagram- fueron anexados a la causa y se solicitó a distintas empresas que remitieran información sobre las casillas involucradas. En este marco, la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolín, que remitió un informe al respecto”.

Una vez que el fiscal Di Lello tuvo en sus manos esos informes solicitó los allanamientos “realizados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que secuestró distintos elementos electrónicos que serán analizados por tener presuntamente vinculación con la pesquisa”.

Más de 20 instituciones educativas en los turnos mañana y tarde vieron afectado su normal funcionamiento este lunes en San Pedro, Río Tala, Pueblo Doyle y Santa Lucía a raíz de las amenazas de bomba.

La Brigada Antiexplosivos de la Policía bonaernse viajó desde San Nicolás convocada ante las primeras denuncias. Llegó alrededor de las 10.00 de la mañana y tuvo que trabajar más de ocho horas en el distrito porque los casos seguían apareciendo.

Primero fueron al Normal, luego a la escuela 1 y después al Industrial, la 6, el jardín 901 y la 502. Mientras estaban allí, recibieron la novedad de que tendrían que pasar por la escuela 7, la 48 de Los Aromos y la Agraria de Río Tala.

No habían terminado en la secundaria del campo en la exruta 9 cuando apareció otro e-mail en la casilla del presidente del Centro de Estudiantes del Normal con nuevas amenazas que obligaron a continuar la tarea.

El instituto Socorro, la parroquia en plaza Constitución, la Municipalidad, el jardín de Los Aromos, el jardín de Pueblo Doyle y las escuelas públicas y privadas de Santa Lucía, todos esos edificios requirieron revisión de los peritos especializados.

La Justicia investiga el origen de los e-mails para establecer responsabilidades, puesto que las amenazas de bomba en escuelas, por más falsas que resultaron, implican la comisión del delito de intimidación pública, que está penado con hasta seis años de prisión.

Cerca de las 14 la brigada antiexplosivos de la Policía Bonaerense habilitó el ingreso de los empleados que habían sido evacuados del banco tras la amenaza de bomba que se recibió en sede policial.

Una vez cumplido el protocolo y requisado el edificio pudieron retomar tareas tras recibir la autorización interna de la entidad para volver a la rutina normal con cierre a las 15 horas.

Cuando la policía y los inspectores de tránsito recibieron la comunicación quitaron el vallado y el tránsito veihicular quedó habilitado.