Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás obligó al Municipio de Baradero a informar en detalle el destino de los fondos recaudados por la Tasa de Red Vial, que ascienden a unos $ 1.000 millones, tras un reclamo impulsado por productores rurales.

La decisión judicial se originó a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Sociedad Rural local, que no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

La negativa oficial llevó a que la entidad recurra a la Justicia, que finalmente ordenó a la administración encabezada por Esteban Sanzio a brindar datos precisos sobre el manejo de esos recursos.

Según el fallo, el Municipio deberá entregar documentación clave como el listado de cheques emitidos, transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para determinar la Tasa.

Los jueces remarcaron que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que el Estado está obligado a garantizarlo de manera completa y verificable.

El reclamo de los productores se da en un contexto de fuerte deterioro de los caminos rurales, que afecta directamente la actividad agropecuaria. 

Denuncian que gran parte de la red vial se encuentra en condiciones críticas, lo que dificulta el transporte de la producción y el acceso a establecimientos educativos y servicios básicos.

Además, cuestionan que no es coincidente lo recaudado y con las obras realizadas. Y remarcan que la Tasa de Red Vial implica “una contraprestación directa en mantenimiento y mejora de caminos que -según la Rural- no se cumple”.

No es el primer fallo con características similare. Ya hubo uno en Daireaux, donde la Justicia de Trenque Lauquen determinó que “no se puede cobrar si los caminos rurales están en mal estado”.

José María Vellani, abogado representante de 30 trabajadoras del centro asistencial, comentó detalles de lo que será el remate del edificio de lo que otrora fue la Clínica Privada San Pedro.

El mismo comenzará este lunes 29 y se extenderá hasta el 13 de octubre, fecha en la que se definirá el futuro del edificio.

Hasta el momento, hay 11 oferentes interesados en participar, pudiendo hacerlo cualquier persona, inclusive los antiguos dueños de la propiedad.

Este remate forma parte de uno de los pasos legales que se sucedieron a lo largo de una extensa causa, generada a partir de la falta de respuesta por parte de la sociedad anónima que administraba la clínica para cumplir con sus obligaciones judiciales.

Vellani explicó que, antes de llegar a esta instancia, se intentó que los dueños de la empresa cumplieran con las sentencias y obligaciones impuestas por los jueces. Sin embargo, ante la falta de comparecencia se determinó la rebeldía, que finalmente concluyó con la decisión de rematar un patrimonio histórico y emblemático, como es el edificio de Belgrano y Facundo Quiroga.

“En todas las causas judiciales la clínica no se presentó en ninguna y eso hizo que llegue hasta este estado, que no es un común en el derecho llegar a ejecutar a alguien y rematar un bien. Para llegar a eso se tiene que cumplimentar un montón de pasos, de procedimientos. El juez intenta buscar a la persona para que pague o que cumpla la obligación que se demanda. Pero, ante esta rebeldía, se llega a este estado, que justamente es el patrimonio que tiene la sociedad Clínica Privada San Pedro”, le dijo el letrado a Lilia Berardi en Sin Galera.

Un perito rematador estuvo la semana pasada mostrando las instalaciones a los interesados. En la oficina de subastas de San Nicolás se realizará el proceso, siendo confidencial la identidad de los oferentes hasta el día del cierre del remate.

En la charla se recordó lo traumático que resultó el cierre. La clínica dejó de funcionar en medio de la pandemia, un momento crítico en el que los pacientes internados en terapia intensiva fueron trasladados al hospital.

Luego, el personal no recibió la indemnización correspondiente, lo que llevó a un litigio en el que finalmente éstos ganaron el juicio.

En su momento, Vellani le dijo a Sin Galera y La Opinión que se trataba de un hecho histórico haber logrado esta sentencia. “La misma se facilitó al no ingresar en un concurso de acreedores y una posterior quiebra, que hubiese sido perjudicial para quienes reclaman una indemnización, porque en las leyes los principales perjudicados son los obreros. Esto debido a que, aunque son acreedores privilegiados en el orden de prioridades, suelen ser quienes menos tienen de esperar los tiempos judiciales, al momento del reparto por lo recaudado de la venta de los inmuebles”.

Después de una sentencia favorable para las empleadas, en febrero de este año el Tribunal Nº 3, de San Nicolás, dispuso la subasta del inmueble.

Una victoria judicial de la provincia de Entre Ríos que permitió recuperar para la propiedad estatal unas 5450 hectéras en la zona de islas trajo a la memoria la situación de decenas de familias sampedrinas que sufrieron, en su momento, el embate de quienes pretendían quedarse con la propiedad insular frente a las costas de San Pedro.

Periodistas de La Opinión recordaron la investigación llevada a cabo en los primeros años del nuevo milenio, respecto al caso que involucró a la empresa Deltagro, que por entonces explotaba las Islas Las Lechiguanas, contra la población, que durante décadas estaba afincada en la zona.

Se trataba de la firma vinculada a Victorio Gualtieri -el Lázaro Báez de Eduardo Duhalde de los 90-, que por entonces logró hacerse de decenas de miles de hectáreas para diferentes emprendimientos, y que utilizaba el puerto de San Pedro como muelle de cabecera para trasladar maquinarias hacia la zona insular.

Gualtieri intentó la apropiación de las tierras, haciéndole firmar a los pobladores un reconocimiento de su permanencia ilegal, lo cual significaba un elemento sustancial para ser despojados de su terruño en los años siguientes.

La indignación por la injusticia se apoderó del grupo de La Opinión, que emprendió una cruzada que Lilí Berardi, Quique Pareta y Matías San Hilario recordaron orgullosamente en Sin Galera, porque en definitiva estaban ilustrando la ocupación indebida en un predio tan enorme como la impunidad de aquellos poderosos que se creyeron ser dueños de lo que nunca les perteneció.

“Para nosotros, Las Lechiguanas son nuestras más allá de que sean territorio entrerriano, porque son el paraíso natural y productivo que los sampedrinos tenemos”, sostuvo Lilí, contundente definición de lo que sentimos los sampedrinos.

En medio de los incendios de 2008, junto a su equipo realizó un trabajo de campo, con viajes en lancha y equipos de comunicación que estaban lejos de la tecnología de esta época, pero que, en definitiva, igualmente conformó un gran despliegue.

Allí lograron recopilar testimonios de los isleños que habían sido engañados para firmar contratos de comodato, que les quitaban sus derechos sobre la tierra. Estos contratos eran obtenidos con artimañas de los abogados de Gualtieri.

Tras las anécdotas surgieron las reflexiones sobre el rol del periodismo comprometido, en momentos en que muchos se hacen eco de los dichos del presidente Javier Milei: “No hablamos lo suficientemente mal de los periodistas”.

Si buscaban justicia, casi 17 años después lograron parte del cometido -pese a la resolución judicial, aún existe más camino por desandar- con el fallo judicial reciente que declara la restitución de aproximadamente 5.450 hectáreas a la provincia de Entre Ríos. 

Si bien la sentencia no recupera la totalidad de las tierras apropiadas, representa una victoria parcial tras años de lucha. 

Lili, Quique, Matías y también Rafael Flaiman, aludieron al significado de este fallo, no solo como un triunfo legal, sino como una confirmación de la importancia de lo logrado, de lo que puede alcanzar el periodismo al momento de desplegar su arsenal más poderoso: la búsqueda de la verdad. 

"Si no pagan las indemnizaciones, va a subasta. La excepción sería que aparezca el dueño y pague todo. Pero, quién es el dueño", expresó en el programa Sin Galera, José María Vellani, abogado representante de 30 trabajadoras de la Clínica Privada San Pedro que dejó de funcionar durante la pandemia, el 8 de julio de 2021.

En el diálogo que mantuvo con Lili Berardi, Vellani consideró que “es un hecho histórico haber logrado esta sentencia”. La misma se facilitó al no ingresar en un concurso de acreedores y una posterior quiebra, que hubiese sido perjudicial para quienes reclaman una indemnización, porque en las leyes los principales perjudicados son los obreros. Esto debido a que aunque son acreedores privilegiados en el orden de prioridades suelen ser quienes menos tiempo tienen de esperar los tiempor judiciales, al momento del reparto por lo recaudado de la venta de los inmuebles.

“Las trabajadoras se consideraron despedidas por injuria laboral. Durante la causa los dueños de la empresa nunca contestaron los telegramas. Hoy están en rebeldía porque nadie respondió. Además, se trata de una sociedad (Clínica Privada San Pedro S.A.) con acciones viejas, donde figuran médicos del año 2005 y no existen presentaciones posteriores”, explicó el representante de las trabajadoras. 

Previamente hubo sentencia favorable para las empleadas. Luego vino la determinación del Tribunal Nº 3, de San Nicolás, que fue la de rematar el antiguo y valioso edificio de Belgrano y Facundo Quiroga. Para ello la Justicia hizo tasar la propiedad y con lo recaudado hacer frente a las sentencias favorables para las trabajadoras -tendrán prioridad-, como así también a otros acreedores.

“Base sería las dos terceras partes de la valuación fiscal. Para ello interviene un perito martillero. La oficina de la subasta está en San Nicolás y la misma se realizará electrónicamente al mejor postor”, explicó Vellani.

Consultado sobre posibles impedimentos para que esto se suspenda, fue categórico cuando indicó que “por más que se presenten darán por tierra todo, porque nunca se lo hicieron en la causa”.

Si bien aún no hay fecha para la subasta, por el momento se desconoce en cuánto ha sido valuado el edificio. Al menos algo sí es certero: la deuda total de Clínica Privada San Pedro S.A. asciende a más de 100 millones de pesos, y dentro de este monto están contempladas las indemnizaciones.

Luego de que la Cámara confirmara que el sorteo organizado por el municipio para adjudicar las casas del barrio no es válido, el móvil de Sin Galera recorrió el barrio. Los anuncios del mes de febrero habían confirmado que las casas serían entregadas a su nuevos propietarios a fines del mes de junio o en julio.

El revés judicial y las demoras en las obra abren ahora un compás de espera. Hay unidades habitacionales que ya están pintadas pero otras que todavía no. La mayoría ya tiene los pisos colocados pero faltan las aberturas. En el predio todavía persisten las montañas de tierra entre las filas de viviendas.

Desde el Municipio aún no hubo declaraciones respecto de cómo seguirá el proceso, puesto que mientras la Justicia resuelve la cuestión de fondo todo lo relacionado con el sorteo carece de validez, de acuerdo a la cautelar que quedó firme tras la resolución de la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Humano había comenzó a constatar la situación de cada preadjudicatario para, en caso de alguna observación, dar lugar a los suplentes.

El Gobierno y la empresa Arcor, que reclama el cumplimiento de la ordenanza sancionada cuando se donaron los terrenos con la condición de que sean destinados a las familias que por entonces ocupaban los terrenos de propiedad de Indalar, mantienen conversaciones extrajudiciales.

El plan del Municipio era hacer entrega de este plan de viviendas, el primero en San Pedro desde el año 2007, antes de las elecciones Primarias, pero el revés judicial y las demoras en la obra lo impiden.

El futuro de las 84 casas construidas detrás del antiguo caserío de Depietri dependerá de lo que resuelva la Justicia o de lo que puedan acordar la empresa y el Estado local por fuera del fuero contencioso administrativo, donde tramita la causa.

Arcor pidió que se cumpla el cargo de la ordenanza de 2004 o que le devuelvan el terreno; en última instancia, que le paguen el predio a valor actual de mercado. La Municipalidad sostiene que los términos de aquel acuerdo están cumplidos. Esa diferencia es la que deberá resolver la jueza Fulgheri.