Una joven denunció haber sido víctima de un caso de ciberacoso y extorsión, que comenzó durante la madrugada de este miércoles y se extendió con amenazas constantes a través de distintas plataformas.

Todo inició alrededor de la 1.30, cuando la mujer recibió un mensaje a través de TikTok que abrió sin sospechar.

A partir de allí, los delincuentes lograron acceder a su cuenta vinculada con Google, desde donde obtuvieron fotos personales, algunas de carácter íntimo.

Con ese material, comenzaron las amenazas, donde le exigían el pago de dos millones de pesos para no difundir las imágenes en redes sociales.

Además, aseguraban conocer datos personales, como su identidad, domicilio y que tiene un hijo, e incluso le advirtieron que tuviera cuidado al llevarlo a la escuela.

“Decían que no me iba a escapar fácil, me pedían que les transfiera plata que no tengo”, expresó la damnificada.

La víctima también contó que recibió llamados constantes y mensajes en los que insistían con el pedido de dinero.

Ante la situación, llamó a la Comisaría, donde le tomaron los datos para radicar la denuncia correspondiente.

"La verdad fue horrible, me hackearon la cuenta y me continúan llamando por Whatsapp", concluyó la joven.

La tarea de la fiscal María del Valle Viviani llegará a su fin si la defensa de los imputados finalmente accede a la fijación de la audiencia previa al juicio oral y público que juzgará las conductas de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad y de otros seis imputados del gremio Camioneros que participaron del bloqueo a la empresa Rey Distribución.

Actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos del diario La Opinión de San Pedro, y registros de transferencias y cheques forman parte de la documentación recolectada durante los últimos años por el Ministerio Públicao Fiscal.

Todos recuerdan el “no vaya a ser cosa…" de los audios que Sin Galera difundió como apertura de un programa de sábado con las amenazas que el sindicalista profirió al abogado Daniel Spirópulos. Ese fue el principio y probablemente el fin de la impunidad para el gremio que ponía condiciones a todas las empresas para “dejarlas trabajar sin inconvenientes”. 

Entre las pruebas y documentos que se ventilarán en el juicio hay 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios pendrives con archivos de audio.

Cabe recordar que tanto Espíndola como Cabaleyro lograron cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico aunque antes ambos estuvieron privados de su libertad en el penal de San Nicolás. Una medida inédita en el marco de la impunidad de la que gozaron hasta entonces.

Las partes tienen un plazo de 10 días para ofrecer sus pruebas y, si lo consideran, recusar al tribunal antes de la audiencia que tiene fecha para el 16 de abril desde las once de la mañana en la sede del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La nómina de acusados que enfrentarán el debate oral incluye a dirigentes de peso y manifestantes que fueron identificados por orden de la fiscal Viviani, quien se presentó en las puertas de la planta para ordenar las medidas que permitieron que esta causa llegue a plasmar un antecedente hasta entonces inédito en la región.

Sobre todo porque el líder sindical Cabaleyro se desempeñaba como concejal en ejercicio en San Nicolás y Espíndola -también acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal de menores- fue concejal suplente en la ciudad de San Pedro.

Maximiliano Emanuel Cabaleyro (Secretario General del Sindicato de Camioneros de San Nicolás), Fernando José Espíndola (titular del mismo gremio en San Pedro), Edgardo Di Mayo. Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez deberán comparecer por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tanto consumada como en grado de tentativa, todos en calidad de coautores y en concurso real.

Los hechos que originaron la casa cobraron repercusión el 15 de enero de 2021 y se agravaron el 22 de febrero del mismo año cuando manifestantes del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la familia Rey, impidiendo la salida y entrada de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical. 

Una casilla rodante estaba estacionada en el acceso y desde allí Cabaleyro impartía órdenes que los afiliados al gremio debían cumplir pese a prestar funciones en otras empresas de la zona. La presencia incluía vehículos y uniformes de varias firmas que operan como distribuidoras en la ciudad. 

La presencia de La Opinión & Sin Galera fue repudiada por los dirigentes ya que los videos y coberturas periodísticas permitieron la identificación de los participantes y el registro de las agresiones. 

Cabe recordar que, en el marco de esas coberturas, la periodista y directora de este medio Lilí Berardi sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como el día en el que fueron citados a declarar los acusados. 

Para ese entonces, la Dra. María Florencia Arietto, junto a la Dra. Cyntia Soledad Liwski habían comenzado a actuar como patrocinantes de la familia Rey en el marco de las acciones que emprendían a favor del MEAB (Movimiento Antibloqueo) con el que varias empresas comenzaron a resistir embates sindicales de la misma naturaleza.

Ahora, la resolución que se conoció este miércoles,  firmada por el Juez Alejandro Gabriel López, establece que la audiencia preliminar será la última instancia para acordar salidas alternativas; de lo contrario, se procederá directamente al juicio oral para determinar la responsabilidad de los ocho acusados.

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Una joven denunció que un conocido le robó su celular y que comenzó a divulgar información e imágenes privadas, a cambio de dinero.

El hecho ocurrió esta semana. La víctima relató que dejó entrar al muchacho a su casa y que, en confianza, le prestó el celular para que pueda ingresar a su cuenta de Facebook.

La mujer expresó que se quedó dormida alrededor de 15 minutos y que al despertar notó que el joven ya no estaba y que su teléfono había desaparecido.  

La damnificada radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría, pero detectó actividades inusuales en sus cuentas personales.

En diálogo con La Opinión, la joven expresó que descubrió que desde sus perfiles en redes sociales comenzaron a "vender fotos y videos" y que está sumamente preocupada por la situación.

"Es mi teléfono, mi privacidad. También están pidiendo dinero a nombre mío. El teléfono es lo de menos, pero quiero que paren de enviar cosas de mi ámbito privado", concluyó la víctima.

“A mí me pasó hace ocho meses. Fue a las dos y media de la madrugada cuando alguien, simulando la voz de una de mis hijas, llamó llorando porque la tenían con un revólver en la cabeza y que la habían lastimado”, contó Analía.

Esta introducción fue para contar a La Opinión que su madre fue víctima de esta situación, a través de un llamado a un teléfono de línea. 

“Esta vez simularon la voz de su hijo, mi hermano, pidiéndole dinero sabiendo que vive sola, y de quién se trata”, indicó.

Si bien es un caso reiterado, nuevamente se dan estos casos, que no es el único en los últimos días. Habitualmente se producen en horas de la madrugada, provocando estupor en quien atiende, pues en algunos puntos existe coincidencia. 

Se relacionan con que los delincuentes conocen si en la familia hay hijos o nietos para amedrentar, amenazar o extorsionar, con la finalidad de obtener su propósito: hacerse de una suma de dinero.

“Siempre tenemos al tanto de estas cosas a nuestra madre, pero es tan desesperante porque aquí era la voz de mi hermano llorando, que lo tenían encerrado, apuntado con un arma, mientras ella le preguntaba por los chicos”, agregó Analía.

“Por suerte me llamó. ‘Mirá lo que me dicen’, me comentó desesperada. Entonces traté de hacerle entender que era una mentira más de todas las que existen, tratando de engañar a la gente. Son mentiras. Eran las mismas preguntas que me hicieron a mí”, agregó Analía, quien finalmente expresó quedarse tranquila cuando se puso en contacto con su hermano, situación que él ignoraba.

“Es importante avisar que esto continúa pasando. No es el único caso, sé de otros. A una vecina le ocurrió lo mismo, pero se dio cuenta enseguida y cortó la comunicación. Y nosotros debemos estar atentos y, principalmente, prevenir a nuestros mayores”, finalizó.

La denominada "causa Camioneros", que tiene a los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola con prisión domiciliaria acusados de pedir coimas a la empresa Rey Distribución, tendrá finalmente juicio oral y público en el que se establecerá si son culpables o no de los delitos que se les imputan.

La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio que había hecho la jueza de Garantías, decisión que el abogado defensor, Mauricio Gugger, había logrado frenar en Casación, donde los jueces cuestionaron a los camaristas y le pidieron un nuevo análisis.

Así, tras una serie de idas y vueltas del expediente, entre apelaciones, devoluciones a Cámara y análisis de jueces tras planteos de la defensa, finalmente habrá juicio y será allí donde las partes deberán exponer con detalle sus posiciones.

Cabaleryo y Espíndola están imputados por dos hechos de turbación de la posesión; dos hechos de tentativa de coacción; y dos hechos de extorsión.

Fiscalía sostiene que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola pidieron coimas a la empresa Rey Distribución bajo la amenaza de no permitirles trabajar y que cuando no hacían efectivo el pago les hacían paro de personal, les bloqueaban la planta y los denunciaban en el Ministerio de Trabajo.

La defensa intentó por todos los medios no llegar al juicio: recusó a la fiscala Viviani, a la jueza Maiztegui y hasta a los camaristas. Sin embargo, ahora deberá esperar al debate oral y público para intentar demostrar la inocencia de los sindicalistas.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos en San Nicolás y lo suspendieron en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. El resto de los imputados está en libertad.

Los jueces Alomar y Moreno, de la Cámara de Apelaciones, resolvieron rechazar los planteos de Gugger y confirmar la elevación a juicio, que tenía hasta sorteado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás para juzgar el caso.

La Justicia ya había rechazado la recusación de los jueces de la Cámara de Apelaciones nicoleña, quienes fueron los que, finalmente, tomaron la decisión de dejar firme la elevación a juicio contra los sindicalistas.

La Cámara consideró que hay elementos probatorios suficientes para considerar probables autores penalmente responsables de esos delitos a los imputados, por lo que la causa amerita el juicio en el que se ventilarán los hechos y se definirá si son culpables o no.

En su fallo, los jueces cuestionan al defensor particular de Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger por "no tomar vista completa" del escrito de elevación a juicio, ya que plantea por qué el debate sería sólo para ellos, cuando en realidad es para todos.

Es decir que Carlos Julián Ojeda, Matías Agustín Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez y Lucas José Torres también irán a juicio, aunque por delitos menos graves que los líderes sindicales.

Además, pasaron de largo una serie de consideraciones que hizo Gugger y señalaron que esos planteos "deberán ser ventilados y abordados en el debate en audiencia oral en donde se analizará y relacionará la totalidad de los  elementos de prueba para arribar luego a una decisión definitiva".

Para los jueces, los elementos que hay en la causa son suficientes para acreditar la materialidad delictiva planteada por Fiscalía y las sospechas de participación de los imputados, por lo que entienden que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Ahora el Tribunal debe poner la fecha.

El hecho que mantuvo en vilo a una familia fue reportado por una vecina que con el afán de alertar a otras posibles víctimas vivió el terror de saber amenazados a sus seres queridos. Según relató, la misma noche en que la contactaron a ella, otras cinco o seis personas fueron víctimas de la misma modalidad.

“Me acabo de enterar que anoche le pasó como a 4 o 5 personas más. Me llamaron a la 1.20, más o menos, de la madrugada; hacía de cuenta que hablaba mi hija, diciéndome que la habían asaltado, que le habían roto la cabeza, la boca”, dijo la vecina que atendió el teléfono.

“Yo le preguntaba y yo pensé que ya se habían ido y que ya la habían asaltado. Le dije ‘enciérrense, ¿dónde están?’. Le pregunté por mi nieto, por mi yerno, los encerraron en la pieza”. Allí vino su mayor temor, cuando quien asumía el rol de hija le avisó: “Me están apuntando con el arma, mami”.

“Era la misma voz”, dijo Estela. “Mientras tanto me decían que si yo la llamaba y sonaba el celular la ejecutaban al momento”, contó.

“Me pedían dólares, mucha cantidad, después bajaron a 20.000 dólares; igual yo le digo: “tengo que salir a buscar para esa cantidad no tengo, no tengo”, agregó.

Ahí escuchó la frase que más la alarmó: “Usted está jugando con la vida de su hija, la vamos a matar porque nosotros tenemos la data de que usted tiene los dólares, asi que vaya, búsquelo y negociamos”.

Estela les juraba que no tenía ese dinero. “Fue terrible, terrible, espantoso y bueno, yo lo publiqué, lo puse en el Facebook pero no se lo deseo a nadie”. Así supo que hubo otras víctimas que compartieron su angustia en la red social.

“A mí no me daban opciones porque pregunté con quién están y me dijeron que no preguntara, que no averiguara porque la mataban pero bueno, a otra gente no le dijeron así; le dieron opción a poder llamar a los hijos y y bueno, poder tranquilizarse más rápido”, relató en relación a otros testimonios que sufrieron amenazas similares.

Después de tres recusaciones para la Fiscal María del Valle Viviani, intervención de legisladores nacionales, movilizaciones a la sede fiscal y varias dilaciones en el proceso, durante la tarde del miércoles el Juzgado de Garantías recibió el requerimiento para elevar a juicio la causa por las que están detenidos los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Las noventa y seis páginas del expediente detallan paso a paso todas las pruebas que apuntan a condenar por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “Extorsión” también en dos hechos y “Extorsión en grado de Tentativa” para uno de ellos. En cuanto a los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julién Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Perez, Lucas José Torrez, Matías Agustin Torrez el delito del que se los acusa es el de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Quedan varias instancias que con seguridad la defensa de los imputados intentará pero de la lectura de los fundamentos surgen varios datos que hasta la fecha no habían sido difundidos.

El primero de ellos relacionado a la comprobación de la extorsión a los que eran sometidos los dueños de la empresa para que efectuaran pagos recurrentes para evitar problemas. También se remarca que aquello que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo, no contaban con una contraparte documental que los acredite.

Sobre el allanamiento “realizado el día 02 de Mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, sede central, NADA SE OBTUVO respecto del origen de la deuda a la que se hace alusión”, dice textualmente el escrito.

A ello se agrega un párrafo esclarecedor respecto a mucho de lo que se había afirmado en distintas publicaciones y declaraciones en medios de comunicación sobre el dinero que había sido entregado por el contador “y la caja de chocolinas” de la firma para el supuesto pago de deudas con el fisco: “de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques legítimamente recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, sostiene Viviani para sostener la hipótesis que se había analizado en un principio cuando la firma accedió a “firmar un convenio de pago” que se concretó en tres partes. También se recuerda en otro tramo del escrito que “las víctimas accedieron a la entrega del dinero en efectivo y a la confección y pago de los cheques emitidos, a reconocer la deuda”.

Sobre los días del bloqueo con el motorhome que pertenece al sindicato estacionado en las puertas del establecimiento, la fiscal describe que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a susdueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”.

En la última página y a la hora de solicitar la sanción a los imputados, la titular de la Fiscalía N° 7 expresó “en principio, a los fines de establecer la pena aplicable al caso debe merituarse: Que no hay eximentes ni atenuantes” y luego sostiene que “en función de ello que estimo que la pena para los Imputados Cabaleyro Emanuel Maximiliano y Fernando José Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiendo que resulta procedente el trámite el juicio abreviado”.

Por último indica que “para el Resto de los imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez, Matías Agustïn Torrez es justo aplicar una pena de prisiónefectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes”.

El 13 de Abril de 2022, cuando La Opinión celebró sus 30 años, fue publicada una columna editorial que con el título “Dejen laburar”, escribió Lilí Berardi para recordar las decenas de oportunidades en que empresas sampedrinas se vieron obligadas a aceptar “las reglas del juego“. Un 22 de Junio de 2011, la tapa de la edición papel del semanario ya denunciaba los tiempos que se avecinaban y la escasa reacción de la dirigencia política e institucional que dentro de sus responsabilidades también debe cuidar la defensa de las fuentes laborales y el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales.

Una nueva presentación judicial por parte de la defensa obliga al Juzgado de Garantías interviniente a revisar lo actuado hasta el momento en el marco de la denominada “causa Camioneros”, que mantiene detenidos a los sindicalistas de ese gremio Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

El abogado de los sindicalistas, Mauricio Gugger, elevó una solicitud para que ambos sean liberados y cese la prisión preventiva que pesa sobre ellos, porque considera que hay nuevos elementos probatorios que, a su criterio, permitirían reconsiderar la figura de “extorsión”, delito más grave de los que están acusados.

Gugger sostiene su pedido en un tramo de las escuchas telefónicas que resultan de la intervención judicial ordenada en la investigación sobre el teléfono de Cabaleyro, en el que dialogan el sindicalista y el empresario Gustavo Rey, al que tuvo acceso La Opinión y se reproduce en esta página.

El abogado pidió el cambio de carátula y, a partir de ello, la inmediata liberación de ambos sindicalistas porque entiende que de esa escucha telefónica, que forma parte de una gran cantidad de horas de grabaciones, hay elementos para considerar que el delito de extorsión del que están acusados “no existe y la figura penal pasa a ser más benigna”.

En el escrito, sostiene que “el signo vinculante de la extorsión es la intimidación, por lo que se dice que intimidar es más que amenazar” y que, atento a lo que se escucha en el diálogo telefónico, cabe preguntarse si “se puede sostener que el empresario Rey sintió miedo o temor”.

La escucha corresponde a un diálogo telefónico entre Gustavo Rey y Maximiliano Cabaleyro el día 9 de marzo, antes de las 11.00 de la mañana. Gugger cuestionó a la fiscala Viviani por no tener en cuenta esta y otras escuchas en su ponderación de los hechos.

“A la fiscalía se le planteó una hipótesis con el campo visual sesgado, donde se oculta deliberadamente cual fue el verdadero espíritu de la conciliación” que había tenido lugar en el Ministerio de Trabajo, dice el escrito que el abogado presentó ante la Justicia, que ahora debe analizar lo planteado.

Este miércoles, cuando Radio Cuarentena reveló el contenido de esta presentación judicial de la defensa y parte del audio que aquí se reproduce completo, el sindicalista Maximiliano Cabaleyro dialogó con Lilí Berardi desde la celda que ocupa en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, nota que será difundida en publicación aparte.

La Fiscalía que conduce María del Valle Viviani deberá investigar los alcances de una situación que denunció un hombre que acusó a su expareja de extorsionarlo bajo la amenaza de acusarlo por violencia de género.

El denunciante, un hombre de 61 años, se presentó el jueves en la Comisaría para dejar asentado que una mujer con la que mantuvo una relación de pareja durante un año y medio le pidió dinero para no acusarlo.

Señaló que tras la ruptura sentimental, ella comenzó a solicitarle dinero y le advirtió que si no accedía iba a ir a la Comisría de la Mujer para radicar una denuncia penal en la que lo acusaría de violencia de género.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola seguirá detenido en la cárcel. Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, que revocó el arresto domiciliario con que había sido beneficiado en primera instancia.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso y apeló la prisión domiciliaria con pulsera electrónica que por cuestiones de salud del detenido había aceptado conceder el juez de Garantías Román Parodi y el Tribunal hizo lugar al planteo.

Fernando Espíndola no llegó a ser trasladado a su casa para cumplir la prisión preventiva que la Justicia dictó en su contra en la causa en la que está acusado, junto a Maximiliano Cabaleyro, de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

La defensa de Espíndola había planteado la necesidad de que el imputado continuara el proceso en su casa con arresto domicilario y pulsera electrónica porque padece diabetes y las condiciones de detención en la Unidad Penal 3 agravarían su estado.

Viviani se opuso y apeló. La Cámara falló a favor del planteo de la titular de la UFI 7 y decidió revocar la resolución de primera instancia, por lo que el sindicalista seguirá alojado en la cárcel de San Nicolás mientras se sustancia la causa camino al juicio.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.

Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.

Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.

Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.

Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.

Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.

Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.

Este viernes 8 de abril, a las 10.18 de la mañana, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió sobre el pedido de detención que la jueza María Eugenia Maiztegui libró contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola: dejó firme el fallo, por lo que es inminente el traslado a prisión de ambos.

Cabaleyro —referente regional de Camioneros y concejal del Frente de Todos de San Nicolás— y Espíndola —cara visible del gremio en San Pedro y exconcejal del Frente Renovador— serán detenidos imputados por “extorsión y cohecho” luego de que la empresa Rey Distribución los denunciara por “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Cumplidas las dos instancias judiciales de Garantías, el fallo de Cámara deja firme la detención y, aunque la defensa de los sindicalistas puede apelar, ambos serán trasladados por la policía a una celda para esperar el momento de la declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani.

Una vez que presten declaración indagatoria, Viviani tiene entre 15 y 30 días de plazo para solicitar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola, lo que significa que ambos estarán tras las rejas durante ese lapso y hasta tanto la Justicia defina su futuro procesal camino al juicio que deberán afrontar por los delitos de los que se los acusa.

La Justicia libró orden de detención contra los sindiacalistas del gremio de Camioneros Maximiliano Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, en el marco de la causa que comenzó en febrero del año pasado cuando la empresa Rey Distribución los denunció por “pedido de coimas” y el bloqueo de la planta.

El Juzgado interviniente ordenó detenerlos por los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” pero para que se efectivice la medida habrá que esperar la resolución de Cámara, puesto que la medida fue apelada.

En febrero de 2021, la empresa denunció a Cabaleyro, a Espíndola y a empleados de la firma que forman parte del Sindicato de Camioneros por “pedido de coimas”: los acusaron de solicitarles dinero a cambio de que los dejen “trabajar tranquilos”.

En ese momento se viralizaron audios del propio Cabaleyro en un tenso intercambio con el abogado de la empresa, Daniel Spirópulos. Luego tomó intervención en el caso el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) y la abogada Florencia Arietto asumió la representación de la familia.

Desde enero del año pasado la empresa sufrió varios bloqueos en su planta y en febrero, en el marco de ese conflicto, decidieron radicar la denunca penal para que la Justicia intervenga ante lo que consideraron delitos de extorsión, además de los de “turbación de la posesión” relacionados con la imposibilidad de que salieran los camiones a trabajar.

“La denuncia tiene sustento”, había dicho en medio de la instrucción la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa penal en la Justicia.

“El sindicato viene y te dice ‘si vos querés trabajar, tenés que poner algo para trabajar tranquilo’, si no, no te dejan trabajar”, habían revelado a La Opinión desde la empresa.

Desde que denunciaron la situación en la Justicia, empresa y sindicato vivieron en “tensa calma”, con algunos conflictos menores y otros que tramitan en el fuero laboral, puesto que decidieron despedir al delegado del sindicato que aparece involucrado en la causa por extorsión.

El fin de semana, La Opinión reveló el caso de un hombre de 57 años que mantuvo un intercambio de mensajes y fotos hot con una joven a través de Facebook y fue extorsionado por presuntos policías que le pedían dinero a cambio de no elevar el expediente a la Fiscalía interviniente, porque, le decían, la chica en cuestión sería menor de edad.

La víctima de la extorsión había tenido ese intercambio de sexting la semana pasada. El viernes comenzaron a amenazarlo.

El sábado le contó la situación a La Opinión & Sin Galera e intentó hacer la denuncia en la Comsisaría local, donde le advirtieron que tendría que radicarla en sede judicial porque el denunciado era un presunto efectivo policial.

El lunes se dirigó a la Fiscalía y fue atendido por el propio fiscal Marcelo Manso, que además de tomarle la denuncia y la declaración pertinente, puso en marcha una serie de medidas de prueba y hasta le hizo recomendaciones a la víctima para evitar que vuelva a tener situaciones de estas características.

Antes de llegar a Fiscalía, el hombre recibió nuevos mensajes de los presuntos policías, que lo contactaban por WhatsApp a través de textos y audios.

“Necesito una respuesta señor. ¿Nos esta tomando el pelo?”, le preguntaron para luego enviarle audios intimidatorios en los que repetían su condición de efectivos policiales que podían “archivar” la presunta denuncia en su contra para evitarle una causa penal por haber intercambiado fotos sexuales con una joven que sería menor de edad.

“Buenos días, somos policía de la comisaría sexta de El Palomar. El viernes nos comunicamos con usted y no tuvimos novedad. ¿Está dispuesto a colaborar o quiere que subamos el expediente a Fiscalía pidiendo su inmediata detención?”, le preguntaron.

“Señor, necesitamos que nos den una respuesta, si no procederemos”, amenazaron. La advertencia incluía no sólo “elevar el expediente” a la presunta Fiscalía interviniente sino también contactarse con su familia y con su trabajo para informar sobre la situación.

“El fiscal llamó al número y no lo atendieron. Me dijo que no los atienda más y que los bloquee o que cambie el número. También me dio una lección a mí”, dijo el hombre a La Opinión.

Manso le explicó que debe evitar ese tipo de situaciones con personas desconocidas porque ya van varios casos similares. La sospecha es que detrás hay una modalidad delictiva que busca generar el pago de sumas de dinero.

Para ello, primero contactan a la persona vía Facebook haciéndose pasar por una mujer, mantienen una charla que sube de tono hasta tener tintes sexuales y la coronan con fotografías de desnudos de la presunta joven que luego solicita imágenes similares al hombre contactado.

Una vez que envió la imagen de sus partes íntimas, le dicen que está hablando con una menor de edad. Tras ello, aparecen los hombres a extorsionar.